El artículo 155, la insumisión autonómica y dos posdatas

Un burgués licenciado del Ejército napoleónico llamado Henri Beyle y conocido como Stendhal hizo decir a uno de sus personajes  en “La cartuja de Parma” o acaso en “Rojo y negro”, no voy a comprobarlo ahora, algo así: “Las leyes cuando no se cumplen dañan al común de las gentes no sólo a quienes afectan”. “La cartuja de Parma”, monasterio que pese a darle título sólo aparece citado de pasada al final del relato, es una gran novela cuya publicación fue recibida con indiferencia; sólo gustó a Balzac que no era opinión despreciable. Aquel personaje del genial escritor francés vería en España el reflejo de su acertado aserto. En nuestro país cumplen las leyes los ciudadanos de a pie pero las instituciones las incumplen con pasmosa desvergüenza dañando al conjunto de la sociedad ya que olvidan que, como instituciones que son, deberían dar ejemplo.

Viene esto a cuento no sólo del pertinaz incumplimiento de las sentencias judiciales por parte de la Generalidad de Cataluña  en cuanto al uso del idioma común de los españoles en la enseñanza, sino también por el carácter insumiso de ciertas Comunidades Autónomas sobre el  respeto al equilibrio presupuestario. Es un mandato constitucional que incluyó Zapatero, con el apoyo del Partido Popular y a instancias de la Unión Europea, en la reforma de la Carta Magna de 2011. El artículo 135,2 quedó así: “El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto”.

Este texto reformado de la Constitución me parece en su redacción una chapuza que no sé cómo el Servicio Jurídico del Estado y los pulcros letrados de las Cortes dejaron pasar. Las Comunidades Autónomas son Estado, y no es riguroso hablar de “Estado” y “Comunidades Autónomas” como realidades  diferenciadas. Se empieza con estos pinchazos y se termina propiciando que las Comunidades se consideren a sí  mismas “miniestados”.

Ahora Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado que llevará el límite de deuda al Tribunal Constitucional. Otra Comunidad que forcejea para no cumplir las Leyes, y en este caso la Constitución, porque es de suponer que el Tribunal Constitucional no va a contradecir lo que señala claramente la Carta Magna.

Lo más curioso es que el Griñán, que declara que por el límite de deuda tendrá que cerrar diecinueve hospitales o dañar las prestaciones educativas, es el mismo Griñán que miró para otro lado (y la Justicia dirá si amparó) mientras se producía el fraude de los ERE, que supuso un montante de  1.000 millones de euros destinados a los afines, que supone más o menos 733 euros por cada uno de esos 1.362.900 parados que padece Andalucía. Explica Griñán, con mucho cuajo y caradura, que no puede reducir la Administración Autonómica, ni suprimir organismos duplicados (el sector público andaluz tiene un coste, según la Cámara de Cuentas, de 5.000 millones anuales), ni ahorrar en el costosísimo Canal Sur (más de 200 millones al año) “porque son un mandato del Estatuto de Autonomía y las normas están para  cumplirlas”. Resumen: Griñán que se niega a cumplir la Constitución se siente obligado a cumplir el Estatuto de Autonomía. Muy chusco. Para más información léase el post “Así se gasta Griñán el dinero de todos” (16/5/2012).

¿Y qué hace Rubalcaba? Atiza el fuego. Asegura, una vez más, que “arrimará el hombro” pero hasta ahora sólo pone la zancadilla al Gobierno y utiliza a Griñán como ariete contra Rajoy lo mismo que Zapatero en la oposición utilizó a Chaves contra Aznar. Un ejemplo de irresponsabilidad hacia el exterior en un momento delicadísimo para España que padece la herencia de un Gobierno en el que Rubalcaba fue todopoderoso Vicepresidente.

Siempre me ha producido grima el victimismo autonómico, sobre todo, hay que decirlo, por la cantinela de la Generalidad de Cataluña. La Comunidad de Madrid es la que más aporta al Estado en su conjunto y la que menos recibe. En 2013 Madrid recibirá de las arcas centrales 11.475 millones de euros (6,06 de su PIB), mientras Cataluña recibirá 15.777 (7,88 de su PIB) y Andalucía 15.967 (10,98 de su PIB); más de 4.000 millones de diferencia en cualquiera de los dos casos. Esperanza Aguirre comenzó a hacer ajustres en la Comunidad de Madrid  hace varios años y es la que soporta menor déficit, un 1% del PIB frente a la media del 2,4% del PIB, y la que tiene menor deuda, un 8,7% del PIB frente al 13,5% de la media de las Comunidades.

Desde estos mimbres, la Comunidad de Madrid ha denunciado que el sistema de financiación autonómica “fue diseñado para beneficiar a dos Comunidades Autónomas de un determinado signo político coincidente entonces con el signo del Gobierno de la Nación que había en ese momento”. Debe recordarse que el actual modelo de financiación sustituyó, con no poca controversia y sin consenso, al que había consensuado el Gobierno de Aznar con todas las Comunidades Autónomas, y cuya negociación pilotó con buen tino Antonio Beteta, entonces Secretario General de Política Fiscal Autonómica, Territorial y Comunitaria y hoy Secretario de Estado de Administraciones Públicas. Beteta es un lince y, además, un gran negociador.

Ya está bien, por aburrida, la cantinela de Mas, que viene de los tiempos de Pujol, de que los catalanes son víctimas “de Madrid” como si los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma estuviesen sufragando con su trabajo los supuestos despilfarros de los demás. En cuanto a solidaridad Cataluña no puede tampoco dar lecciones. La Comunidad de Madrid aporta cada vez más proporción al Fondo de Garantía. Cada madrileño aporta al Fondo una media de 385 euros para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales de Comunidades Autónomas menos prósperas o que, lo que es peor, no cuidan el empleo de sus recursos.

La insumisión de ciertas Autonomías es letal para la imagen exterior de España porque en la Unión Europea se preguntarán a quién representa Rajoy cuando su Gobierno adquiere compromisos ante Bruselas. Justo después de conseguir acuerdos beneficiosos o esperanzadores para España hay dos, tres o cuatro Comunidades que se desmarcan, se manifiestan contrarias a cumplir cualquier condición del Gobierno, e incluso recurren al Tribunal Constitucional las Leyes y el cumplimiento de la propia Constitución que es un procedimiento considerado serio por esos mundos menos, al parecer, en España.

La incomparecencia del consejero catalán de Economía en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la espantada de la consejera andaluza han tenido fuerte repercusión mediática en Europa, lo mismo que la irresponsable posición mantenida por el primer partido de la oposición que fue Gobierno hasta hace pocos meses. El Vicepresidente de aquel Gobierno socialista al que la Unión Europea había apretado las clavijas, que había mentido en sus cifras de déficit, y que se comprometió a cumplir con responsabilidad, es ahora como jefe de la oposición quien lidera la insumisión de las Comunidades Autónomas que gobierna y quien, al tiempo que asegura su apoyo al Gobierno de Rajoy y pide “acuerdos de Estado”, alienta la curiosa petición de un “referéndum” sobre los ajustes y no hace ascos a la estrategia declarada de los Sindicatos de “derrocar” al Gobierno. Y todo ello a pocos meses de unas elecciones generales que han otorgado al Partido Popular una amplísima mayoría absoluta, la mayor desde la de Felipe González en 1982, y han sumido al PSOE en sus peores resultados desde las primeras elecciones democráticas en España.

Rajoy tiene cuatro años para sacar a España de la crisis o, al menos, para que se vea el final del túnel. Es para lo que le mandataron los votantes, no para que resuelva en unos meses el grave problema recibido. Que se pida un “referéndum” no es otra cosa que un intento de suplantación de la voluntad electoral, y que se hable de “derrocar” al Gobierno es sólo un deseo que encubre un ejercicio antidemocrático; a los gobiernos se les “derroca” desde la violencia y se les “cambia” en las urnas. Al locuaz dirigente sindicalista que ha esgrimido el verbo “derrocar” le faltan lecturas o le traiciona el subconsciente. Y que Elena Valenciano, comúnmente afectada por diarreas verbales que no trata con el fármaco adecuado de la prudencia, acuse a Rajoy con lo que está cayendo de incumplir su programa, es patético. Zapatero incumplió su programa y aprobó Leyes que no había anunciado y que dividían a los españoles. Aquella promesa de conseguir pleno empleo aún nos grita desde algunos muros de la España profunda que probablemente le creyó. Para recordatorio de las mentiras de Zapatero puede recurrir el lector curioso a anteriores post como los titulados “La mentira considerada como una de las bellas artes” (13/1/2010) y “Sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas…o casi” (17/7/2012).

En medio de estas insumisiones autonómicas, la Secretaria de Estado de Presupuestos,  Marta Fernández Currás, recordó que el incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y por ello de lo recogido en la Constitución, facultaría al Gobierno “desde a recuperar las competencias en cesión de tributos hasta llegar a la situación que contempla el artículo 155 de la Constitución”.  No sé si el “buenismo” que padece el ambiente le habrá costado un rapapolvo a Currás o si la Secretaria de Estado hablaba con conocimiento y aprobación previa del Gobierno; me malicio que no.

Sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución he escrito en este blog en varias ocasiones, la primera de ellas en el post titulado “El artículo 155 y los moriscos” (4/12/2009).  El artículo 155 literalmente señala: “1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y en el caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. “Y el que quiera entender que entienda” apostillaba yo en aquel post. Hay que recordar que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el Senado que es la Cámara competente en este asunto.

La aplicación de este artículo constitucional es un asunto grave, para situaciones límite. Pero la senda demencial emprendida por algunas Comunidades Autónomas, que hubiese justificado en no pocas ocasiones anteriores la aplicación de tal artículo, y que no se asumió por debilidad del Gobierno de turno o por prudencia explicable, podría obligar ahora a plantearse esa aplicación por resultar indudable el atentado “a los intereses generales de España” que en la actual situación supone la insumisión autonómica.

El asunto no tiene antecedentes desde la creación del llamado Estado de las Autonomías  pero una norma similar, amparada en la Constitución republicana de 1931, facultó al Gobierno de la Segunda República para que, por Ley votada en Cortes el 2 de enero de 1935, suspendiese en el ejercicio de sus funciones a la Generalidad de Cataluña y nombrase a Manuel Portela Valladares Gobernador General para Cataluña.

El entonces Presidente de la Generalidad, Companys, había proclamado el Estado Catalán  el 6 de octubre de 1934 dando lugar a la declaración del estado de guerra y a la intervención del Ejército. En un primer momento el general Domingo Batet,  Comandante General de Cataluña, asumió todos los poderes en la región y apresó a Companys y a su Gobierno autonómico. Batet, ejemplo de los contrastes de un momento convulso, recibió la Cruz Laureada de San Fernando por su acción contrarrevolucionaria en Barcelona en octubre de 1934 y fue fusilado en Burgos por los franquistas en febrero de 1937 por no haberse sumado al alzamiento militar del 18 de julio de 1936.  La Generalidad fue repuesta en sus funciones y su Presidente rehabilitado tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936.

Pese al calado de sus medidas el artículo 155 debe desdramatizarse. Se trata de un mecanismo  que no representa violentar nada,  se mantiene estrictamente la normalidad constitucional y no lleva aneja la declaración de ningún estado especial como pudieran ser los de Alarma, Excepción o Sitio que la Constitución recoge en su artículo 116, apartados 1, 2, 3 y 4. Hay que entender que la aplicación del artículo 155, no siendo deseable, supone un antídoto contra esa irresponsabilidad autonómica que representa la insumisión y su repercusión perniciosa en la credibilidad exterior de España. No es momento de paños calientes sino de que cada institución asuma su responsabilidad. Ya lo resumió certeramente el personaje de Stendhal. Y más el incumplimiento del equilibrio presupuestario en esta situación que todos padecemos. No caben excepciones. Que se apriete el cinturón el vecino es muy nuestro, pero nada solidario. Y ofrecer la otra mejilla a quien te abofetea es una reconfortante actitud cristiana pero en el día a día de la política es más que un error. Es apuntarse a un suicidio colectivo.

PD.- 1: Murió Gore Vidal al que sus incondicionales consideraban “un Montaigne a la americana”. Demasiado. Aunque aventuro que se le recordará como ensayista y no por sus novelas. Fue aguafiestas,  polemista y broncas. Escribió que no quería ni trabajo, ni respeto, ni premios, pero trabajó mucho, le encantaba ser tan respetado como temido y acabó aceptando premios. Era egocentrista y ególatra; dejó escrito: “No habría ni un problema humano irresoluble si la gente simplemente hiciese lo que yo aconsejo”. Fustigó a sus conciudadanos y sobre todo a la clase política; pese a ello intentó llegar al Congreso en 1960 y al Senado en 1982, sin éxito. A su muerte casi todos han hablado bien de él porque todas las sociedades en general, y la norteamericana en particular, tienen vocación de viudas y glorifican, sintiéndolo o no, a sus cadáveres exquisitos. Me decepcionó “La ciudad y el pilar de sal”, me interesó “Washington D.C.” y me encantó “Juliano, el apóstata”. Le han llorado más de los que le leyeron. Cuando en 1963 murió Elsa Maxwell, la gran chismosa, monarca “avant la lettre” del periodismo de la farándula, del corazón y otras vísceras, todos proclamaron sentirlo muchísimo, aunque la mayoría de los supuestos dolientes tenían cuentas pendientes con ella. Medio siglo después sólo se la recuerda porque intentó seducir a María Callas. Deseo que a Gore Vidal dentro de cincuenta años no se le recuerde sólo por haber sido en su juventud amante del  deportista Jimmie Trimble, muerto en la batalla de Iwo Jima, o primo de Al Gore.  Vivimos en un mundo de mitologías; será que necesitamos mitos aunque tengan fecha de caducidad. 2: Unas líneas con protagonista faltón y chusco.  Resulta que Tomás Gómez sigue presente en el circo de la política; a veces equilibrista, a veces clown, a veces forzudo. Si no existiese habría que inventarlo. Como cabeza de la oposición es una bendición del cielo para Esperanza Aguirre. Acaba de pedir que el Congreso de los Diputados declare “por Ley” que “personas que pertenezcan a pseudosectas, como el Opus Dei, no puedan ocupar responsabilidades públicas” y ello porque “luego dicen y hacen burradas”. Y lo ha dicho pretendidamente en serio. Gómez debería leer el artículo 14 de la vigente Constitución de 1978 o, si le es más grato y como recuerdo histórico, los artículos 27, 40 y 41 de la Constitución de la República Española de 1931. Su propuesta es sencillamente totalitaria. Además no sabe qué es una pseudosecta ni que el Opus Dei es una Prelatura Personal cuyo fundador está en el santoral. A él le parecerá bien o mal pero doctores tiene la Iglesia y entre ellos no se encuentra el león/ratón letal de Parla. Que siga así, diciendo y haciendo burradas, de lo que él acusa a los demás,  y que Dios nos lo conserve muchos años y sin que cambie ni un pelín. Amén. Con este jefe de la oposición  el Partido Popular no perderá unas elecciones en Madrid ni con siete crisis como la que padecemos, sobre la que él, por cierto, no dice ni hace nada serio; su aportación a la crisis se limita a crear paro en el PSM. Más rigor, Gómez, más rigor.                           

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