Soplos, soplones, sopladores y soplagaitas

Óscar López es actualmente secretario de Organización del PSOE y su cargo anterior fue el de secretario general del PSOE de Castilla y León. Candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las últimas elecciones autonómicas consiguió los peores resultados de los socialistas hasta entonces en aquella Comunidad. Esto no debería sorprender a ningún observador enterado porque su jefe de filas, Rubalcaba, logró los peores resultados del PSOE en unas elecciones generales desde las primeras que se  convocaron, y ahí está. López es casi tan locuaz como Elena Valenciano, su vicesecretaria general, aunque su locuacidad es menos gritona. Les une su afán por disparar contra todo lo que se mueve.

A López le inquieta últimamente que se hayan conocido los ERE que ha planteado el PSOE en su sede central de Ferraz y en algunas federaciones regionales, como la de Madrid. Está por ver si aplicando en todo o en parte la denostada reforma laboral de Rajoy que emana, como todo el mundo sabe, de unas exigencias de reformas de la Unión Europea que ya obligaron a Zapatero a hacer tímidos intentos reformistas, fallidos entre otros motivos porque no creía en ellos.

Resulta que una colaboradora de la ministra Báñez, o que después lo sería, se dirigió, según dicen los socialistas, a un medio de comunicación informando de ese ERE del PSOE que afectará, al parecer, a 180 trabajadores. Los ERE no son menos vulnerables informativamente que los sumarios judiciales, y todos los lectores, y yo mismo, nos hemos desayunado habitualmente con detallados textos que desgranaban sumarios, como el del GAL, el caso -ya diluido: “fuese y no hubo nada”- de los trajes de Camps, y tantos otros; la verdad es que casi todos ellos unidireccionales, o sea: afectaban a ex–afiliados del Partido Popular. No seré yo quien apruebe los soplos, las filtraciones y las imprudencias, y mucho menos los delitos cuando los haya, pero me parece una exageración de diarrea verbal que López y Valenciano pidan la dimisión de la ministra Báñez cuando no movieron un dedito por filtraciones de mucha más entidad.

Voy a refrescar la memoria al derrotado y luego aupado López. ¿Qué es más importante el caso del soplo de los ERE del PSOE o el soplo del bar “Faisán”? Uno afecta a una empresa, porque en este caso no se trata de una actuación del PSOE como partido sino del PSOE como empresario, y el otro afecta a la seguridad del Estado. Uno pudo proceder, si se prueba, de una persona particular; el otro del titular de un Ministerio, o de sus más inmediatos colaboradores: el secretario de Estado de Seguridad, un Jefe Superior de Policía, algunos comisarios relevantes e inspectores varios… En la investigación del “caso Faisán” aparecían números de teléfonos oficiales, incluso el de algún responsable de Ferraz. Esa investigación se paró durante mucho tiempo, luego se reabrió contra infinitas presiones y, al parecer, sigue su curso judicial, aunque ha dejado de ser tema de interés prioritario, no sé el motivo; el asunto, con eco mediático o sin él, es grave.

En todo soplo hay un soplón. Ni que decir tiene que el “caso Faisán” tuvo los suyos, que eran nada menos que responsables de nuestra seguridad que alertaron a unos desalmados de que iban a ser detenidos. Eran los ángeles de la guarda que en aquella ocasión guardaron el trasero de los malos y no el de  los buenos. En el asunto de los ERE del PSOE, la información se hubiese conocido de cualquier manera, incluso sin la intervención del soplón de turno. Los propios trabajadores afectados lo hubiesen contado; ya lo contaban a quienes quisieron oírles.

Hay que recordar el caso de los despidos en UGT. No faltaron trabajadores que se manifestaron con pancartas ante el antiguo edificio de los sindicatos franquistas, hoy sede principal de UGT en Madrid, para contar a los viandantes y a las televisiones que les despedían y que les iban a aplicar la denostada reforma laboral. Eso es lo que dijeron. UGT no actuaba como sindicato sino como empresario que prescindía de trabajadores. El oscurantismo no es fácil de mantener en este tipo de asuntos. No desde luego como en el “caso Faisán” en el que el soplón material y los inductores sabían perfectamente que estaban cometiendo un grave delito y que les convenía mantener la boca cerrada.

Lo mismo puede decirse de los despidos en el PSM-PSOE. Tomás Gómez decidió prescindir de trabajadores en la empresa que dirige. Nada más. Cuando se alzan voces contra los ajustes y recortes en una realidad de déficit y esquilmada como la que el Gobierno del PSOE dejó, los propios socialistas deben, aunque naturalmente no les gusten, como no les gustan a nadie, hacer sus ajustes y sus recorte en su condición de empresarios. Pero es chocante que Tomás Gómez ponga en la calle a trabajadores por no apretarse el cinturón en otras partidas presupuestarias. Una de sus primeras medidas como dirigente del PSM-PSOE fue trasladar la sede de los socialistas madrileños de unos locales en propiedad en el popular barrio de San Blas a unos locales en el antiguo Palacio de la Prensa de la Plaza del Callao, por cuyo alquiler paga 12.000 euros mensuales. Es una de las zonas más caras de Madrid.

Le he dado alguna vuelta a aquella decisión del “invictus” vencido que, como López en Castilla y León, consiguió, no sin esfuerzo, el peor resultado de los socialistas en unas elecciones autonómicas madrileñas. He llegado a la conclusión de que Gómez quería acercarse físicamente a la Puerta del Sol. Desde San Blas el salto resultaba imposible. Desde Callao sólo es improbable. Cuestión de entrenamiento, y horas de gimnasio no le faltan a Gómez. Acaso por eso una de sus campañas se tituló “457 pasos” que son los pasos que separan la sede socialista de la sede del Gobierno de la Comunidad. Amargos 457 pasos que Gómez sólo recorre para asistir a actos oficiales como invitado.

La actualidad nacional cuenta, además de con soplos y soplones, con la actividad de sopladores. En una de las acepciones del sabio Diccionario de doña María Moliner el calificativo de soplador “se aplica a la persona que promueve o fomenta discordias o rebeldías”. Que agita o engresca. Y en ese caso están los rebeldes de la minería.

No entro en si las reivindicaciones de los mineros del carbón son humanamente lógicas o ilógicas, solidarias o insolidarias con la situación del país, ellos sabrán, pero sí entro en sus métodos. Y en lo que sus métodos dañan a la imagen de España en este momento. Unos encapuchados que lanzan proyectiles pirotécnicos desde armas caseras con el resultado hasta ahora de varias decenas de heridos, que cortan carreteras y líneas ferroviarias, provocan incendios y dañan vías que son de todos y cuya reparación habrá de ser costeada con el dinero de todos, no merecen respeto ni siquiera compresión. Y se multiplica el desmadre. Por ejemplo, en los cortes de carreteras no permiten el paso ni a los servicios sanitarios de urgencias; seguro que si las ambulancias trasladasen a algún familiar de estos violentos permitirían su paso. Tampoco permiten a los bomberos apagar los incendios que provocan.

La minería del carbón hace años que está condenada al cierre por la Unión Europea, la producción de esas minas es de muy baja calidad, no es competitiva, todas sus empresas están en pérdidas, siempre sirvió poco más que para consumo interior, y en los actuales Presupuestos Generales del Estado es el sector al que se destina una dotación más importante, casi setecientos millones de euros, en una situación de recortes generalizados.

Sobre la minería del carbón planean algunos nubarrones que no son el obligado cese de  todas las ayudas en 2018, ni son imputables a los trabajadores. Se ha destapado que 47 de las 48 empresas subvencionadas incumplieron la Ley de Subvenciones en la utilización de los 2.820 millones que recibieron entre 1998 y 2001. Tras un informe, la Intervención General de la Administración del Estado propuso la devolución de 499,4 millones de euros empleados irregularmente, pero el Consejo de Ministros de 30 de enero de 2009 desestimó la propuesta de la Intervención y la archivó. Nada menos que el Consejo de Ministros, presidido por Zapatero, amparó una grave y costosa irregularidad, en una más que posible dejación de funciones. La minería es históricamente el sector más subvencionado del conjunto de la Industria.

Ahora el PSOE actúa de valedor y soporte de la indignación minera. Y fue Miguel Sebastián, siendo ministro de Industria Turismo y Comercio, quien reiteró en agosto del año pasado a la Unión Europea la intención de su Gobierno de cumplir el calendario de cierre de las minas de carbón. Pero eso los mineros del pasamontañas no lo saben, o lo han olvidado, o se dejan utilizar.

El mismo Miguel Sebastián en 2010 amenazó a dos empresas mineras con tomar “medidas contundentes” por no haber pagado dos nóminas a sus trabajadores “pese a haber recibido 367 millones de euros en ayudas, 141.000 euros por minero”. Y el mismo Miguel Sebastián se acaba de permitir dar consejos a Rajoy sobre qué hacer con la minería, recordándole que el Gobierno de Zapatero dejó abierta la posibilidad de “hacer un reajuste hasta 2018 para salvar una parte del sector”. Pero lo que hizo Zapatero no fue un reajuste, ni reconvirtió el sector para mantener el empleo, sencillamente se comprometió ante la Unión Europea a cerrar las minas, y miró para otro lado ante las irregularidades, con un claro despilfarro del dinero público. Otro caso de cinismo.

Tras el documento remitido en su día por Sebastián, y ante la situación de violencia minera que reflejan desde hace más de cuarenta días los medios de comunicación europeos, la Unión Europea  “exige con urgencia el plan de producción y actuación de las explotaciones mineras de aquí a 2018”. En ese año deben poner fin a su actividad las minas de carbón deficitarias, que son todas las españolas, según la decisión que adoptaron los Veintisiete en el Consejo Europeo de diciembre de 2010. Cada una de las minas de carbón que percibe ayudas públicas debería haber presentado un plan de cierre irrevocable para continuar percibiendo subvenciones a partir del 1 de enero del 2011.

Pese a estos antecedentes, el actual Gobierno ha mantenido buena parte de esas ayudas que figuran en los Presupuestos de este año, pero la decisión de los Veintisiete está tomada, y con la firma de Zapatero, desde 2010. Y ahora le estalla el vidrioso asunto a Rajoy. Con el aplauso cínico del PSOE. Pero la situación de la minería del carbón no surge de repente, en 2012. Viene de atrás.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2011 ya se recortaron sustancialmente las dotaciones a la minería del carbón, según el Gobierno de Zapatero “por necesidades de reducción del déficit”. La izquierda no se movió. En marzo de 2011 se dio un nuevo tajo a esas dotaciones y los fondos mineros se redujeron a 688 millones; las actuales protestas se producen porque los fondos presupuestados son de 656 millones; 32 millones menos. En marzo del año pasado la izquierda no se movió. Y ahora se alzan las comarcas mineras con extrema violencia.

En el mismo año 2011 el Gobierno de Zapatero dejó sin abonar el último cuatrimestre. Las repercusiones de ese incumplimiento en las empresas son el origen real  de la situación que padecemos. La izquierda no se movió.

En 2009 el BOE publicó la «Memoria 2008 del Instituto del Carbón», donde se reconocía que los fondos presupuestados no se habían transferido. Lo denunció el Partido Popular en el Congreso y en el Senado porque suponía un fraude. La izquierda no se movió.

Mientras, la plantilla de la minería se ha reducido a menos de la cuarta parte desde 2006. Las que se han incrementan y muchísimo son las prejubilaciones previstas, bien pagadas. Se prejubilan mineros de 42 años y, mientras, se acude a subcontratas de trabajadores polacos y checos. Todo eso se parece demasiado a una tramoya teatral o a un trampantojo. La izquierda, proclamada defensora del empleo, no se movió.

En septiembre de 2009  Zapatero prometió en Rodiezmo, para su presidencia rotatoria  del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre de 2010, la pervivencia de la minería del carbón más allá de 2020. El asunto ni estuvo en su agenda. Al contrario, el Comisario de la Competencia, el socialista español Almunia, presentó su propuesta para que las minas se cerraran en 2014. El Partido Popular consiguió introducir enmiendas para alargar el cierre a 2018, con el apoyo de los socialistas europeos pero con el voto en contra de IU-Los Verdes. Más allá de ese apoyo de los socialistas europeos, la izquierda no se movió. Ni tampoco se movió cuando Zapatero comunicó el plan de cierre a cada empresa en mayo de 2011.

El balance es de más de 11.000 millones de euros de apoyo a la minería del carbón en los últimos años. Y los mineros, de cuya inicial buena fe no quiero dudar, dan en Europa la imagen de una España incontrolada que responde con desatada violencia ante el obligado cumplimiento de una decisión del Consejo Europeo que en su día firmó un presidente del Gobierno llamado Zapatero en nombre del Reino de España. ¿Cómo Bruselas y aún menos los mercados van a considerar a España un país fiable?

Y queda por tratar el enunciado de los soplagaitas, que el mismo Diccionario de doña María Moliner recoge como “majadero”, “que dice majaderías”. Y una majadería es “dicho o hecho imprudente, inoportuno, molesto o que desvela falta de discreción”. Nada que ver con el “tonto contemporáneo” que, según una columna de Ernesto Sáenz de Buruaga, una de mis lecturas de cabecera, está buscando mi amigo/hermano Luis del Val para otorgarle la Tiza de Oro de la Cadena Cope. No negaré que en este post aparece más de un soplagaitas, pero no merecerían la Tiza de Oro porque soplagaitas no es sinónimo de tonto.

Me han sorprendido dos declaraciones sucesivas de Felipe González. Y me han sorprendido porque le tengo por persona inteligente desde que en el lejano 1976 compartí bastantes sabrosas horas con él cuando le dediqué el primero de una colección de fascículos que dirigí y que llevaba el revelador título de “Los líderes”. Todavía era “Isidoro”, su nombre en la clandestinidad. Felipe González  ha dicho: “En Europa nadie cree a España”. Y al poco se ha preguntado: “¿Vamos a confiar la recuperación a un puticlub?”; se refería al macrocomplejo de Eurovegas.  Dos majaderías en la nítida acepción del término que anoto más arriba.

No voy a explicar el motivo por el que me parecen majaderías estas declaraciones de González, que tiene no poco que ver con su condición de antiguo presidente del Gobierno de España, del que cabe esperar más rigor. Además, podía esperarse más rigor de un responsable y bien pagado consejero de Gas Natural (126.000 euros al año), persona de confianza de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, y bien situado en los entresijos mexicanos, de modo que cuando le piden una entrevista desde España a Enrique Peña Nieto, próximo presidente de México, encaminan al peticionario a la oficina de Felipe González en Madrid. Debería tener más rigor aunque sólo fuese por vergüenza torera.

PD.- Dos noticias me llevan a escribir estas líneas. Una me da risa. La otra me produce tristeza. La que me da risa: Resulta que el expresidente Zapatero corrió de incógnito la media maratón de Edimburgo. Para no ser reconocido utilizó el nombre falso de “José García”. Qué raro es este hombre. De verdad piensa que si llega a utilizar el nombre de José Luis Rodríguez, que es el suyo, hubiese pasado menos inadvertido…en Edimburgo. La que me produce tristeza: La Delegada del Gobierno en Madrid, mi querida Cristina Cifuentes, fue increpada, insultada, escupida y acorralada por integrantes no funcionarios de una manifestación de funcionarios. Caminaba por su barrio, sin escolta. Perseguida, se refugió en un restaurante. Ni viandantes, ni periodistas, ni manifestantes defendieron a una mujer en apuros. Esto es lo que debemos esperar de una parte del buen pueblo español. Se pide que los políticos sean “ciudadanos normales”. Probablemente desde ahora mi amiga Cristina se pensará más salir a pasear por el barrio prescindiendo de su escolta, como una “ciudadana normal”;  lo que siempre fue, lo que es, y lo que siempreserá. Bueno, si la dejan. 

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