Acostumbra Pablo Iglesias a aprovechar cualquier ocasión para deslegitimar las instituciones, y el desafío independentista catalán no iba a ser menos. Haciendo gala de su nulo sentido de Estado y exhibiendo una vez más su afán de desgastar la democracia, Iglesias irrumpe ahora con una iniciativa que pretende debilitar el estado de derecho.

La convocatoria de una asamblea extraordinaria de parlamentarios y alcaldes para denunciar “la deriva represiva del PP” no solo confunde el sujeto y el objeto de la acción política, sino también su papel como partido en un Parlamento democrático. Por fortuna, España tiene un Congreso y un Senado elegidos por los ciudadanos; también alcaldías y Gobiernos autonómicos salidos de las urnas. De ahí que cualquier intento de crear nuevas asambleas o foros, supuestamente representativos, no solo sea innecesario, sino también ilegítimo.

Podemos sabe de sobra que no es el PP quien ha emprendido una deriva antidemocrática sino el Govern y la exigua mayoría del independentismo en el Parlament, que trata de forzar una secesión unilateral privando a la minoría parlamentaria (que además sumó más votos en las últimas elecciones) de sus derechos y libertades. Si no quiere atender la voz del Constitucional o de las leyes, bastaría con que escuchara la de muchos demócratas de izquierdas que reclaman que se respete la Constitución que tanto nos logró conseguir.

Quien ha emprendido una huida antidemocrática son la antigua CiU, ERC y la CUP, que han trasladado a los alcaldes su deriva ilegal y señalado de forma totalitaria a quienes no se adhieren. El Gobierno del PP, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, no puede por menos que aplicar la ley con la proporcionalidad y el equilibrio que requiere el respeto al Estado de derecho.

Hay algo evidente en las intenciones de Podemos, como en las de los partidos de extrema izquierda que utilizan las instituciones en las que han logrado representación para desequilibrarlas: deslegitimar al Gobierno, subirse al carro del descontento independentista para obtener los réditos que no logró con la moción de censura, ampliar su acción con ruido mediático y callejero y canibalizar parte de los apoyos del PSOE.

Podemos ha caído en la actitud más nociva que puede elegir un partido en democracia: debilitar al sistema para reforzarse él. Porque hoy no se está dirimiendo el apoyo al PP, sino el futuro del sistema constitucional. Una misión grande que requiere demócratas convencidos, no aprovechados dispuestos al expolio.

Por lo demás, sus declaraciones sobre la existencia de “presos políticos en España” y su movilización contra la acción judicial le coloca fuera del consenso constitucional, y no en la equidistancia de la que intentaba presumir.

Que el partido que ha sido tan incapaz de reconocer la existencia de presos políticos en Venezuela como de condenar la brutal represión que allí sufre la oposición pretenda ahora dar lecciones de democracia y derechos humanos a los españoles es un escándalo de tal magnitud que debería merecer la reprobación más severa por parte de la ciudadanía y, esperemos, de sus votantes y simpatizantes.