Gobierno en el exilio: cómo funcionará y qué hará? | VilaWeb

Hace diez días que las visitas que el presidente Puigdemont recibía hasta ahora en un hotel de Bruselas se desplazan a Waterloo. En este municipio de la Valonia francófona, en la calle de los Abogados, está la famosa casa que se dijo que debía ser el domicilio de Puigdemont en Bélgica. Lo es, él reside. Pero es mucho más que eso, como comprueban las visitas en muchos casos con un poco de sorpresa. Quienes trabajan lo llaman la Casa de la República ‘. Este es el primer impacto que reciben los visitantes.

Estos últimos días ha desfilado desde un grupo de alcaldes hasta periodistas de diversos medios y países, científicos o artistas, pasando por diputados y representantes políticos de todo tipo, que observan con curiosidad la nueva realidad que es el Consejo de la República . Cuando Puigdemont anunció a finales de la semana pasada que proponía Jordi Sánchez para presidir la institución autonómica, había comunicado antes de que era la hora de empezar a construir en Bélgica ‘las instituciones de la República Catalana’, la que se proclamó el 27 de octubre.

Y la primera es la sede. Cuando los visitantes acceden al edificio, la primera sorpresa es descubrir que aquello no es una casa sino una oficina. Cuando pasan del recibidor en la sala de reuniones que hay en la primera planta, todo el mundo observa que hay gente, a veces también algunos consejeros en el exilio, trabajando en varias tablas. Son los que podrían definirse como los primeros ‘funcionarios’ de la república, aunque este no es su régimen laboral, como es obvio. Son trabajadores contratados y por sus manos ya pasan los proyectos que han de hacer que, como muy tarde, medio año después de la proclamación de la república empiece a tomar cuerpo en una estructura real que Carles Puigdemont ha diseñado con los demás consejeros y su equipo y que ha validado con los tres partidos independentistas y con las asociaciones cívicas.

Para llegar, sin embargo, han de saltar el cerco de las cámaras de los medios españoles. Según afirman, un buen número de agentes del CNI y de la policía española se dedican a entorpecer el trabajo ya intentar obtener toda la información posible, no siempre por vías regulares.

Un gobierno en el exilio gracias a la Europa de las libertades
El presidente de la Generalitat ha definido la estructura como un gobierno en el exilio ‘. Pero ha matizado que no lo es en sentido tradicional gracias a la Europa de las libertades que se ha construido las últimas décadas. Los seis políticos que ahora mismo se encuentran (él, las consejeras Ponsatí y Serret, los consejeros Comín y Puig y la líder de la CUP Anna Gabriel) son ciudadanos libres a todos los efectos. España no se ha atrevido a reclamarlos, consciente de que las justicias europeas no atenderían la petición para ser una causa indigna de un país democrático. La retirada de la euroorden puso sobre la mesa la magnitud del problema que tiene España. En el caso del exilio en Suiza de Anna Gabriel ya ni siquiera se ha pedido la orden de búsqueda y captura. El resultado, paradójico,

En el denominado espacio libre de Bruselas ‘, pues, el todavía presidente de la Generalitat y su gobierno se disponen a desplegar de forma inmediata las estructuras que han construido y negociado hasta ahora. Un gobierno y un parlamento en el exilio que tendrán como misión poner contra las cuerdas España desde el punto de vista jurídico y diplomático e intentar liderar las acciones de esta mayoría de ciudadanos de Cataluña que votó por la independencia en el referéndum de autodeterminación y en las elecciones convocadas ilegalmente por Mariano Rajoy.

En una entrevista a The Guardian el pasado viernes, Puigdemont decía que el Consejo de la República no era clandestino y que su gabinete prefería trabajar en un espacio libre sin amenazas ni miedos y que desde Bélgica podrán actuar sin los problemas que impone la policía y la justicia españolas. Añadía que el consejo debe representar la diversidad del país, razón por la que ‘también tendrá representación de las comunidades locales y de las asociaciones’. Repetía también un lema que los últimos meses ha sido el centro de sus reflexiones: ‘hay que moverse del viejo modelo del gobierno “para la gente” a un sistema nuevo que es el gobierno “con la gente”‘. Por eso los preparativos en la Casa de la República tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías y el ejemplo estonio.

El diseño previsto en principio y que en los próximos días tomará cuerpo pasa por la creación de dos instituciones: el Consejo de la República y la Asamblea de Representantes. El Consejo de la República será el gobierno en el exilio y los partidos han acordado que tendrá cinco miembros, dos de Juntos por Cataluña, dos de ERC y uno de la CUP. El Consejo se reunirá cada semana y se coordinará políticamente con el gobierno de la Generalitat, que si acaba por formarse mediante un acuerdo de los grupos independentistas, reconocerá formalmente la primacía del Consejo Republicano a la hora de marca las iniciativas políticas.

En cuanto a la Asamblea de Representantes, ésta será el equivalente al parlamento en el exilio, encargado como cualquier otro del control del ejecutivo. La Asamblea de Representantes contará con los diputados de los partidos independentistas que ahora representan la mayoría del parlamento autonómico pero sumará representaciones de los ayuntamientos y de más instituciones, con la voluntad de constituir una institución nacional catalana de gran representatividad. Tanto el Consejo como la Asamblea se reunirán generalmente en Bruselas pero no se descarta que todo la última pueda reunirse también en Cataluña, lo que causaría un nuevo dolor de cabeza a las instituciones españolas.

Unas instituciones privadas para no quedar atrapados por el estado español
Formalmente las dos instituciones serán instituciones privadas, a fin de no terminar atrapadas en la telaraña legal que España quiere construir. Políticamente, su actuación pública será cubierta por la propia Generalitat, que incorporará las decisiones tomadas por el consejo en la medida que les resulte posible de forma legal. El consejo, sin embargo, escapará de la represión española y podrá asumir tareas que no se podrían llevar a cabo de otra manera, como es el caso de las delegaciones catalanas en el exterior. Con el 155 es evidente que continuarán prohibidas por el gobierno español pero se podrán activar desde el espacio libre de Bruselas prácticamente con el mismo formato que habían funcionado hasta ahora.

En Bruselas también se pilotará la redacción de la Constitución de la República a partir de un amplio movimiento de discusión popular que replicará experiencias como la de la Constitución de Islandia. De nuevo, el hecho de ser formalmente una entidad privada permitirá al gobierno catalán en el exilio de hacer incluso dentro Cataluña cosas que la represión ejercida por tribunales a las órdenes de Mariano Rajoy no permitiría.

Y en este sentido, la conexión entre el Consejo de la República, el gobierno autonómico y los dos millones de votantes independentistas permitirá un cuestionamiento constante de los fundamentos de poder de España en Cataluña. El Consejo y la Asamblea fomentarán alternativas para que los ciudadanos catalanes puedan evitar la necesidad, hoy casi imposible de driblar, tener los ahorros en bancos que colaboran con la represión, por ejemplo. Pero también se propiciará una democracia electrónica que permitirá a la Generalitat, por ejemplo, de hacer consultas telemáticas a través de la red para esquivar la legislación española. En realidad, el concepto va más allá de la democracia electrónica, como se conoce tradicionalmente, y se adentra en la democracia conocida como ‘activa’,

La financiación del gobierno en el exilio, en consecuencia, será también completamente privado y se llevará a cabo a través de un fondo que será abierto a la participación de la ciudadanía y que será absolutamente transparente. Todo el que quiera, podrá contribuir al mantenimiento de estas dos instituciones que no esperan, sin embargo, necesitar de una cantidad grande de trabajadores. Las tareas de gestión del día a día permanecerán en manos del gobierno autonómico y el gobierno en el exilio se concentrará en las operaciones que el gobierno español pueda prohibir hacer al gobierno autonómico, sobre todo desde el punto de vista legal y de la internacionalización de la causa.

Una complicada patata caliente también para la Unión Europea
El nacimiento oficial del gobierno catalán en el exilio ha sido recibido con displicencia por el gobierno español de cara al exterior, pero las reacciones y la virulencia de los ataques que ha generado ponen de relieve la gran preocupación que despierta en Madrid.

De hecho, las últimas semanas los conflictos abiertos por España con varios miembros de la Unión Europea han subido de tono. Fuentes del gobierno español llegaron a insinuar que podrían incluso llegar a romper relaciones diplomáticas con Bélgica fuentes, una amenaza antes nunca vista. Su ministro de Asuntos Exteriores, Dastis, se refirió a Suiza con los mismos términos cuando Anna Gabriel anunció su voluntad de quedarse. La retirada del plácet diplomático al cónsul de Finlandia en Barcelona la semana pasada es la cuarta que motiva España por el conflicto con Cataluña. Ahora, esta vez ya ha sido contestada por la totalidad del cuerpo consular en Barcelona y por la misma embajada de Finlandia. El debate ha llegado al parlamento del país y el gobierno tendrá que dar explicaciones.

Tras el nerviosismo español existe la conciencia, cada vez más asumida, que el proceso judicial contra el gobierno catalán es un error de consecuencias monumentales. Viola todos los principios de la separación de poderes y el derecho de un juicio justo. Además, el encarcelamiento de miembros del gobierno y la creación de otro en el exilio en la Unión Europea provoca un problema grave de definición en la misma Unión. La UE ya tiene muchas dificultades para explicar cómo es que Hungría y sobre todo Polonia llevan a cabo políticas que contravienen las leyes europeas y los principios democráticos más elementales. Que esto no ocurre sólo en el antiguo bloque del este y que un estado occidental como es España se comporta también con un total desprecio de la separación de poder y los derechos civiles complica y mucho la situación de la Unión.

El permiso que en su momento otorgó la UE para aplicar de manera completamente extralimitada el 155 ha tenido como consecuencia un retroceso de las libertades no sólo en Cataluña sino en el conjunto del estado español y los escándalos comienzan a ser difíciles de esconder. La censura de una exposición artística en ARCO porque había obras que hacían referencia a los presos políticos catalanes ha dado la vuelta al mundo, como las condenas a prisión a dos músicos, Valtònyc y Pablo Hassel, por las canciones y por haber hecho unas Tweets críticas.

La semana pasada, por primera vez, el presidente Puigdemont reconoció que se había equivocado el diez de octubre al haber aceptado congelar la independencia tal como le pedía en público Donald Tusk. El gobierno catalán esperaba que aquel gesto fuera seguido por una reacción de la Unión Europea para ayudar a encontrar una solución política a la evidente problema constitucional que tiene España. No fue así sino todo lo contrario, aunque el gobierno catalán remarca que Europa es mucho más que la Comisión Europea y pone de relieve la comprensión y el apoyo de países como Bélgica, Eslovenia, Dinamarca, Irlanda o Letonia que ha permitido al gobierno en el exilio de tomar conciencia de que Europa y el espacio de libertad que ha creado es la solución del conflicto político, aunque los actuales dirigentes europeos sean incapaces de verlo.

Para la estrategia del gobierno en el exilio, pues, es fundamental demostrar hasta el extremo más grande posible como es de incompatible con los estándares democráticos europeos el comportamiento del estado español. Con la voluntad, evidente, que llegue un momento en el que el coste de justificar la arbitrariedad totalitaria del estado español sea muy difícil de asumir para Europa. Y esto se puede hacer casi más fácilmente con una casa situada a dieciséis kilómetros de Bruselas que con una Barcelona sometida a una represión constante e indiscriminada.

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