La verdad sobre ETA, no un relato

«No hay proyecto de resolución de conflictos, mal llamado “proceso de paz”, sin pagar un precio político. Por ello, la gravedad radica en la potencia que adquiere la exigencia de la autodeterminación, del derecho a decidir, aunque se llame de otra manera, que exige previamente un cambio de la política penitenciaria y sobre todo un proceso de desdramatización de aquella reivindicación, que es a lo que vamos a asistir en los próximos tiempos»

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El pasado 4 de mayo, en Cambó, asistimos a la culminación, que no final, a un punto y seguido de un largo proceso de un proyecto standard denominado de «resolución de conflictos», mal llamado «proceso de paz». Asistimos a la culminación de una metamorfosis y transformación de ETA en proyecto político, a través de sucesivas treguas trampa que se escenificaron primero en Estella, 16 de septiembre de 1998, con un pacto con el Partido Nacionalista Vasco, posteriormente en Perpiñán, con Esquerra Republicana de Cataluña y finalmente con el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Antes de esta fecha, y solo con la finalidad de explicar mi posición, permítanme que me remonte al mes de noviembre de 1997 –cuatro meses después de la liberación de Ortega Lara y del asesinato de Miguel Ángel Blanco–, momento en el que recibí en mi despacho del Ministerio de Interior a Cristopher R. Mitchel, un conocido experto en proyectos de resolución de conflictos al que había conocido años antes.

Me explicó de manera sencilla y muy gráfica el significado de un proceso de estas características, a través de un ejemplo deportivo: dos escaladores incapaces de alcanzar una cima, y, por el contrario, en pelea permanente.

Un proceso de esta naturaleza exigía la irrupción de un tercero, de un mediador internacional, que indicaba y ordenaba los diferentes movimientos que cada uno tenía que llevar a la práctica, indicando el lugar donde debían colocar sus manos y sus pies, uno y otro, y al cabo de muy pocos movimientos, ambos alpinistas alcanzarían la cumbre de la paz, y lo que parecía un objetivo inalcanzable se trasformaba en una auténtica realidad sin aparente explicación.

Al final de su descripción, le pregunté refiriéndome a la propuesta concreta para la resolución del mal llamado «conflicto vasco», si además de la paz, con qué nos íbamos a encontrar en la cumbre: España o la autodeterminación de los pueblos de España, a lo que me contestó que era la única pregunta que no tendría respuesta, ya que el proceso arrancaba en la paz, pero era imposible determinar el final político del mismo.

Diecisiete años después, el 9 de enero de 2014, es la otra fecha que jalona este recordatorio personal, cuando me entrevisté con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le comuniqué que yo no debería ser el candidato a las siguientes elecciones del Partido Popular en el Parlamento Europeo, a celebrar cuatro meses más tarde, debido a mi opinión y convicción sobre el «proceso» que estaba viviendo España, que había impulsado en su momento tanto Rodríguez Zapatero como ETA.

El presidente, al oír la palabra «proceso», me interrumpió y me señaló que nunca había negociado con ETA, a lo que le respondí que estaba seguro de ello, y que además creía que no lo iba a hacer nunca en el futuro, pero al mismo tiempo le señalé que también era verdad que estaba más vivo que nunca. Añadí en aquel momento lo mismo que pienso hoy, que ese «proceso» –lo transcribo literalmente tal y como lo dije, era «letal para la derecha, para la izquierda democrática y constitucional y para España».

Cuando se pacta con ETA, no se puede olvidar que no solo es una organización terrorista, sino que esencialmente desde su origen, es un proyecto de ruptura de España. Nació para romper España, no para acabar con Franco, convencida que el PNV iba a ser incapaz de llevarlo adelante.

Con la perspectiva del tiempo transcurrido, tengo que decir que en modo alguno me arrepiento de no haber ni impulsado ni favorecido este proceso.

El punto más débil de España era y es la nación, y por ello, el riesgo de un proceso que en su culminación se alejara drásticamente de la Constitución democrática de España de 1978, y el temor a que, por el contrario, nos aproximáramos aceleradamente a un estado confederal, asentada en la autodeterminación o un sucedáneo, era y es una realidad cierta.

Todo lo que está sucediendo en España desde el momento en que arrancó este plan, la evolución del nacionalismo singularmente en Cataluña, pero también en Navarra, Baleares, Valencia… confirma los temores que albergaba en aquel noviembre de 1998, cuando escuché por primera vez lo que hace pocos días se ha solemnizado en Cambó. No dejo de comprender, aunque no lo comparto en absoluto, la otra posición, la que se ha impuesto, en la que lo único importante es que ETA dejara de matar, que el fin justifica los medios, y que la prevalencia de la mentira sobre la verdad es lo más eficaz.

Esto es, que nos podemos abrazar a la ficción de que Bildu, Sortu o Batasuna se habían rebelado contra ETA, cuando todos sabemos que es mentira, o que España como nación no corre riesgo alguno, por lo que el proyecto de ruptura que significa ETA es irrelevante como tal.

Reconozco que cuando escucho que la palabra clave es el relato de lo sucedido, como si de una competición de historietas se tratase, me rebelo contra la enorme capacidad de expansión de la mentira.

El relato, los relatos, forman parte de la naturaleza de un proyecto de resolución de conflictos, y por ello no podemos depender de una parte nuclear del mismo, sino que esencialmente la clave es la verdad de lo sucedido; esto es, si ha habido negociación o no, si ha habido precio político o no, si hemos vivido un proyecto de resolución de conflictos o no. Se imaginan ustedes lo que yo pienso.

Por el contrario, afirmo por incómodo que sea, que ETA, como proyecto de ruptura, no solo no ha desaparecido, sino que se ha extendido territorialmente, y está más presente que nunca en nuestra sociedad y en nuestro horizonte político y social a través de la autodeterminación como objetivo próximo.

Cuando terminó el plan Ibarreche, esto es, la ruptura sin rebelión, cuando el Plan Puigdemont, esto es la ruptura con rebelión, está en un incierto desenlace, no es difícil diagnosticar más que predecir un horizonte político en el que muchos van a defender que no se puede seguir así, que el empate infinito, una vez más, entre España y Cataluña o País Vasco no puede continuar, y que por ello hay que hacer legal lo que hoy es ilegal. Que resulta indispensable aprobar, antes que después, una ley nacional para la legalidad de los referéndums, en definitiva, una ley para una segunda transición, para la ruptura de la primera, utilizando la misma preposición «para» que determinó la transición democrática española, aquel proceso histórico de transformación de España desde la reforma.

No hay proyecto de resolución de conflictos, mal llamado «proceso de paz», sin pagar un precio político. Por ello, lo más preocupante no es esta escenificación, ni quién tenía razón, el proyecto de Rodríguez Zapatero o el que representaba José Mª Aznar, que son antitéticos. La gravedad radica en la potencia que adquiere la exigencia de la autodeterminación, del derecho a decidir, aunque se llame de otra manera, que exige previamente un cambio de la política penitenciaria y sobre todo un proceso de desdramatización de aquella reivindicación, que es a lo que vamos a asistir en los próximos tiempos.

Jaime Mayor Oreja es presidente de la Fundación Valores y Sociedad

Origen: La verdad sobre ETA, no un relato

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