30.000 millones en subvenciones. La locura – Javier Benegas / Disidentia

Por Javier Benegas

Recientemente, Diego de la Cruz, economista y profesor del IE Business School, me facilitaba un dato: según le habían indicado funcionarios de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el gasto anual en subvenciones en España estaría en torno a los 30.000 millones de euros. (podría alcanzar incluso los 35.000 millones, porque no son cifras definitivas).

Para hacerse una idea de la magnitud, lo gastado en subvenciones en el más prudente de los supuestos superaría en 6.000 millones todo lo recaudado mediante el Impuesto de Sociedades en 2018, cantidad que, según los Presupuestos Generales del Estado, ascendería a 24.258 millones de euros.

Lógicamente, dentro del concepto de subvenciones cabe de todo, desde las ayudas para obra civil, pasando por las subvenciones agrarias (el PAC por sí solo supone unos 5.000 millones de euros), hasta las concedidas a diarios y medios de información (quizá sea por esta razón que las subvenciones suelan quedarse en las tinieblas informativas) o, incluso, subvenciones para la conservación de la “gallina chulilla” o para impartir cursos donde aprender a masturbarse con maestría.

Aunque se supone que de oficio son las propias administraciones que conceden las subvenciones quienes deben auditarlas y evaluarlas, desde 2017 el organismo encargado de realizar lo que se conoce como “spending review” (revisión de gastos) es la AIReF, una entidad independiente creada a instancias de la Unión Europea (no siempre la UE es malvada), al fin y al cabo, que fueran unas administraciones politizadas las que auditaran sus propias subvenciones era como poner al zorro a cuidar del gallinero.

Una orgía de gasto entre tinieblas

En la orgía de las subvenciones participan con gran entusiasmo la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Y su evaluación externa requiere de una recopilación de datos extraordinariamente complicada, máxime cuando las propias administraciones o bien facilitan datos incompletos o bien equivocados o bien, directamente, fantasmagóricos, como es el caso de la Junta de Andalucía, donde, con el traspaso de gobierno, han aflorado 2.000 millones de euros en subvenciones y otras ayudas de las que nadie tenía noticia.

El propósito de crear la AIReF no solo era evaluar la eficiencia del gasto de las administraciones y el cumplimento de los límites de déficit, también se trataba de mejorar la trasparencia, es decir, saber cómo y en qué exactamente gastan las administraciones el dinero de los contribuyentes. Lo cual, supuestamente, beneficiaría a la Ley de transparencia, que entró en vigor en 2013.

Sin embargo, la Ley de transparencia, que fue creada para prevenir el derroche presupuestario aflorado con la Gran recesión, ha terminado siendo más una declaración de intenciones que una medida efectiva, algo habitual en entornos administrativos refractarios al buen gobierno. Al final, las administraciones, si bien cumplen a regañadientes con la letra de la ley, ponen gran empeño en sabotear su espíritu. Incluso el gobierno central, que es de todas las instancias la más cumplidora, no parece interesado en que el contribuyente sepa cómo se dilapidan sus dineros.

El caos intencionado

Para entender la viciada relación administraciones-contribuyentes sirve una metáfora cinematográfica. El típico argumento del abogado con principios que demanda a una gran corporación, y se enfrenta en solitario al todopoderoso equipo de abogados del bufete que representa a la corporación demandada.

En un acto de astucia, el modesto abogado logra que el juez dicte una orden para que la gran corporación le facilite todos los registros de sus operaciones, incluyendo valiosos memorándums internos. El demandante se las promete muy felices porque sabe que en esos documentos están las pruebas que necesita para ganar el caso. La empresa, obligada por el juez, cumple la orden… pero la cumple a su manera.

A los pocos días, alguien llama a la puerta del pequeño despacho del esforzado abogado. Es un pasante del poderoso bufete que viene a traerle la documentación solicitada. Pero no se la entrega en un soporte informático, sino que le invita a salir a la calle. Ahí le aguarda un camión, en cuya plataforma hay apiladas cientos de cajas de cartón. Y dentro de ellas, centenares de miles de papeles desordenados.

El esforzado abogado, estupefacto, se echa las manos a la cabeza. Toda la información, en efecto, le ha sido entregada. Se ha cumplido la ley. Pero necesitará varias vidas para hallar la verdad en esa montaña de papeles.

Este es poco más o menos el comportamiento de las administraciones. Cumplen la ley, sí, pero lo hacen como el malvado y poderoso bufete de la película: hacen todo lo posible para que al ciudadano común no pueda obtener una imagen nítida de en qué y cómo se derrochan sus impuestos.

¿Transparencia? 

Como prueba, un enlace, el de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), donde se recopilan todas las subvenciones gubernamentales, autonómicas y municipales, las concedidas y las que están por conceder.

Bajo el título “Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones” y la palabra “transparencia” (tiene guasa), lo que hay es un enorme camión con miles de cajas y cientos de miles de datos desagregados. Ni una sola gráfica orientativa, ni un esquema, ni una tabla con magnitudes principales, nada, absolutamente nada que ayude al ciudadano a hacerse una idea del gasto.

No hace falta llegar al nivel de virtuosismo de The New York Times, que pone enorme esmero en sus gráficos para que los lectores se hagan una idea cabal de los fenómenos más complejos con un simple vistazo. Basta comparar con un diario cualquiera que ponga interés en trasladar datos a gráficos para comprender – digámoslo claramente- la tomadura de pelo que es el portal del BDNS. Ni adrede puede crearse algo más mostrenco.

¿Quiere usted averiguar la verdadera dimensión del inaprensible universo de las subvenciones?, pues prepárese, porque, para dar información, la Administración es el trilero número uno.

Parece evidente que lo que se pretende con herramientas tan cutres es no infringir de forma flagrante la letra de la ley, pero, sobre todo, evitar a toda costa cumplir con su espíritu. No interesa que el ciudadano pueda hacerse una idea del gasto y su naturaleza de un vistazo; mucho menos que descubra subvenciones enloquecidas, como aquella mítica que fue otorgada para “el bienestar y salud de conejas reproductoras” o la del “estudio de la reproducción del lenguado senegalés”. O, en el colmo del surrealismo, las que se otorgan para… ¡pagar impuestos! ¿Qué le viene mal abonar el IBI? No se preocupe, una subvención y resuelto… siempre y cuando tenga el salvoconducto oportuno. Porque estas partidas no son para el común de los mortales, sino para echar una mano a los que corresponde.

Disparar con pólvora ajena… y fallar el tiro

¿A cuánto asciende la broma de las subvenciones en España?, ¿30.000, 32.000, 35.000 millones de euros? Ni siquiera la AIReF parece ser capaz de saberlo con certeza. Pero ¡será por dinero! El pasado 13 de marzo, el gobierno de Pedro Sánchez anunciaba su medida estrella, el subsidio para parados de larga duración mayores de 52 años. Una paga de 430,27 euros mensuales de la que, se supone, iban a beneficiarse 400.000 personas.

La medida apestaba a compra de votos masiva. Y de eso se trata demasiado a menudo. Después de todo, paga usted, querido lector, no Sánchez. Pero es tal el despropósito en materia de subvenciones que la ley está tan pésimamente redactada que no hay manera de saber cuáles son los requisitos para obtener este subsidio, y su otorgación ha tenido que ser suspendida de manera indefinida.

La cuestión es, ¿redactaron mal la ley porque son un atajo de incompetentes? ¿O lo hicieron mal adrede porque la caja está vacía y lo que importaba era la propaganda? No se sabe. En cualquier caso, no parece muy probable que los abogados que dan forma jurídica a estos untamientos en masa sean tan necios. Tal vez lo que sucede es que, cuando lo que interesa es el desorden y el barullo, y que nadie se entere de nada, al final el que hace la ley no es que haga la trampa, es que cae en ella de bruces.

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