7 razones para calificar a Venezuela como un “Estado mafioso” Escrito por Unidad Investigativa de Venezuela – The Insight Crime

No hay ninguna definición universalmente aceptada de lo que constituye un “Estado mafioso”. A continuación se presentan siete argumentos por los que pensamos que Venezuela puede ser considerada como tal y cuáles son las implicaciones de ello para esta turbulenta nación andina como centro regional del crimen.

1. Penetración del crimen organizado en altos nivel de las instituciones del Estado

Durante los últimos tres años, InSight Crime les ha seguido la pista a individuos que, creemos, tienen vínculos con el crimen organizado y han ocupado u ocupan actualmente altos cargos en las instituciones del Estado venezolano. Hemos encontrado a 123 funcionarios quienes, creemos que con seguridad, están involucrados en actividades criminales. Por razones legales no publicamos la lista completa, pero algunos de los casos más evidentes se nombran en la sección denominada “El narcotráfico al interior del régimen venezolano: El Cartel de los Soles”.

Nuestras investigaciones han dejado claro que en los niveles más altos de las siguientes instituciones trabajan personas que creemos que están o han estado involucradas en actividades criminales: La Vicepresidencia, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Estado para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

La penetración criminal en tantas instituciones y el hecho de que estas constituyan los órganos principales del Estado en la lucha contra el crimen organizado, significa que Venezuela no puede ni siquiera detener el crimen organizado, mucho menos combatirlo con eficacia. Con tantos actores estatales con intereses en la actividad criminal, bien sea que se trate del contrabando de combustible, la venta de alimentos y medicinas en el mercado negro, o el tráfico de cocaína, solamente este factor es suficiente para considerar a Venezuela como un Estado mafioso.

2. Evidencia de cleptocracia

¿Cómo es que un país que se asienta sobre una de las mayores reservas de petróleo del mundo después del Medio Oriente cae en la quiebra? Debido a unos niveles asombrosos de incompetencia, corrupción y cleptocracia.

Las arcas del Estado han sido saqueadas a escala industrial por la élite Bolivariana. Dado que no hay transparencia ni contabilidad pública de los presupuestos o gastos del Estado, es difícil calcular cuánto ha sido saqueado del país. Una investigación llevada a cabo por un Comité del Congreso calcula que la cifra llega a US$70 mil millones. Un exministro ha afirmado que la cifra se acerca más bien US$300 mil millones.

Debido a que no hay datos confiables, lo único que podemos hacer es reconocer la magnitud de la corrupción y analizar a algunos de sus principales promotores. Uno de ellos es la falta de transparencia. Venezuela ocupa el puesto 166 de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. Si nadie sabe cuánto gana el Estado ni cómo lo gasta, no hay tampoco rendición de cuentas y, por lo tanto, los funcionarios que controlan los presupuestos pueden fácilmente desviar fondos hacia sus bolsillos o los de sus amigos. Esta cleptocracia ha sido sin duda uno de los principales factores que ha llevado a Venezuela al borde del colapso económico y a la quiebra.

Los controles que el Gobierno venezolano estableció sobre los precios y la moneda desde febrero de 2003 fueron uno de los principales activadores de la corrupción y la cleptocracia durante el gobierno de Hugo Chávez. Y esto continúa actualmente, aunque a una escala mucho menor porque los recursos han mermado.

“El sistema fue creado para que pudiera ser violentado”, dijo Alejandro Rebolledo, abogado venezolano especializado en crimen organizado, durante una entrevista con InSight Crime en Caracas. Las tasas de cambio diferenciales fueron creadas con la premisa de evitar la fuga de capitales a raíz de las huelgas generalizadas que habían conducido al golpe de Estado en 2002. Inmediatamente dieron lugar a “perversos incentivos”, según Carlos Miguel Álvarez, analista del centro de estudios venezolano Ecoanalítica. Empresas sin escrúpulos y funcionarios corruptos podían comprar dólares “baratos” a la tarifa oficial y venderlos por muchos más bolívares en el mercado negro.

Los importadores “inflaron agresivamente el valor de los bienes introducidos al país, con el fin de obtener dólares estadounidenses a bajísimas tasas de cambio. A veces, incluso falsificaban los cargamentos y no importaban absolutamente nada”, según una investigacióndel New York Times.

Actualmente, el sistema cambiario se utiliza para mantener la lealtad de ciertos sectores clave, que tienen acceso privilegiado a los dólares estadounidenses, lo que les permite obtener enormes ganancias. Hoy en día, el principal beneficiario es el ejército, que controla la importación y distribución de alimentos y medicinas y se beneficia criminalmente de este monopolio.

3. Delegación de poderes estatales a actores irregulares e ilegales

Tras el golpe militar de 2002 que derrocó a Hugo Chávez durante 48 horas, el presidente hizo cambios claves en las palancas del poder para asegurarse de que no volvería a ser derrocado. Una de las medidas que adoptó consistió en delegar funciones del Estado a elementos irregulares e incluso criminales. Además, las fuerzas de seguridad perdieron el monopolio sobre las armas. En su lugar, ha habido una proliferación de armas y municiones en manos criminales, bien sea a propósito o mediante la corrupción. En esta serie investigativa hay dos artículos dedicados a dos temas que son ejemplos de esto último: “La delegación del poder estatal: Los ‘colectivos’” y “La delegación del poder estatal: Los ‘pranes’”

Los colectivos son grupos irregulares, generalmente armados, que ejercen control sobre muchos barrios, principalmente en Caracas. Históricamente han disfrutado de la aprobación del Gobierno y por lo tanto de cierto grado de legitimidad, pero, en última instancia, no rinden cuentas ante nadie. Estos grupos ejercen “vigilancia policial” en sus áreas de influencia y algunos incluso proveen un sistema de justicia paralelo. Si bien inicialmente fueron financiados por el Gobierno de Venezuela, han recurrido cada vez más a actividades criminales para autofinanciarse, principalmente el narcomenudeo y la extorsión. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha utilizado a los colectivos para ejercer control social en sus áreas de influencia y para disolver las protestas de la oposición.

Los colectivos también ejercen funciones de vigilancia policial. Foto Cortesía: Carlos Ramirez

Los pranes son los jefes criminales en el sistema carcelario de Venezuela. Durante la administración de la ministra Iris Varela, el Gobierno ha entregado a los pranes gran parte del control del sistema penitenciario, asumiendo que ellos controlan la violencia y evitan los desórdenes al interior del sistema penitenciario. El sistema de pranes ha llegado a ser tan poderoso y exitoso, que sus estructuras criminales ya operan por fuera de las paredes de las prisiones, a menudo en conjunto con las llamadas “megabandas” —estructuras criminales que ejercen el control sobre gran parte del hampa venezolana—.

4. Crecimiento exponencial del crimen organizado venezolano

Venezuela no tiene una larga tradición de crimen organizado. De hecho, hasta hace muy poco eran las mafias colombianas las que controlaban gran parte del tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro, crímenes que se daban sobre todo en los estados fronterizos.

Hoy en día la criminalidad es rampante, y Venezuela es quizá la capital del secuestro en América Latina (aunque no se dispone de datos sólidos para apoyar esta afirmación).

Desde el principio, el régimen bolivariano adoptó una actitud extraña frente a la criminalidad. En un famoso discurso de Chávez poco después de llegar a la presidencia, él perdonaba a quienes robaban para alimentar a sus familias; sus comentarios han sido interpretados como un fomento de la delincuencia.

“La verdad es que sí, si yo fuera un joven con una hija a punto de morir de hambre, creo que saldría a medianoche a hacer algo para para evitar que fuera a la tumba, ¿no creen?”, dijo en un discurso público.

“Los ricos son malos y los pobres son explotados; los pobres son delincuentes o violentos porque son pobres y explotados,” así es como Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), describe la justificación ideológica del régimen para tolerar la criminalidad.

Ha habido una serie de políticas gubernamentales que han beneficiado directamente al crimen organizado. Uno de ellos comenzó en 2013, cuando el gobierno empezó a implementar lo que se conoce como su política de “zonas de paz”. Esta política, dirigida por José Vicente Rangel Ávalos, actual alcalde del municipio de Sucre en Caracas, pretendía generar inversión social en áreas de alta criminalidad y negociar con las comunidades locales con el fin de reducir el crimen. Lo que realmente ocurrió fue que Rangel Ávalos se juntó con los líderes de las megabandas.

Según algunos informes, parte de las negociaciones entre el Gobierno y las megabandas consistió en un arreglo verbal para no permitir que las fuerzas de seguridad del Estado ingresaran a ciertas zonas sin un acuerdo previo. Rangel Ávalos negó que aquello fuera cierto, pero algunos analistas y medios de comunicación informaron que el Gobierno efectivamente les había entregado el control de dichas áreas a las pandillas. Estas se convirtieron entonces en la ley de facto, y de esta manera aumentaron su confianza, poder y control territorial. La ausencia de las fuerzas de seguridad fue el factor fundamental para el crecimiento de las pandillas. Así como los pranes en las cárceles, las megabandas lograron crear un Estado dentro del Estado.

“Abandonaron a la gente cuando le dijeron a la policía local, municipal y estatal que no podían patrullar estas [zonas de paz] para evitar malos entendidos […] Y entonces los criminales dijeron: ‘¡hey! hermano, esta es mi oportunidad para convertir esta área en nuestro territorio, para traer secuestrados, cobrar rescates, para proteger a las personas que viven aquí’”, dijo Fermín Mármol, abogado y exdirector de la policía, en conversación con InSight Crime.

La política de las zonas de paz, que nunca fue reconocida oficialmente por el Gobierno, ya no continúa vigente, pero las zonas en las que se ejerció siguen siendo algunas de las áreas con mayores índices de criminalidad.

Las investigaciones adelantadas por InSight Crime indican que hay entre 12 y 16 megabandas, algunas con más de 300 miembros, actualmente en operación en Venezuela, principalmente en los estados de Miranda, Guárico, Carabobo, Aragua, Zulia, Bolívar, Táchira y en la capital, Caracas.

En estrecha relación con el crecimiento de las bandas criminales se ha dado también el aumento de las economías ilegales. La más grande de estas ha sido el contrabando de combustibles subsidiados, cuyo precio de compra es el más barato del mundo, hacia Brasil y Colombia. Este negocio está en gran parte en manos de la Guardia Nacional, en cooperación con grupos colombianos. Pero se ha creado una serie mucho más generalizada de mercados negros mediante el sistema de subsidios gubernamentales para los alimentos y los medicamentos. Este mercado negro ha promovido el crecimiento de los actores criminales, que se benefician de su comercio o tráfico. Actualmente, casi todos los venezolanos negocian en los mercados negros, y muchos actores estatales, así como actores criminales, se beneficien de ellos; de nuevo, esto disuelve la línea entre el Estado y los criminales, socavando la legitimidad del Gobierno.

5. Altos índices de violencia por parte de actores estatales y no estatales

Aunque no se cuenta con estadísticas oficiales sobre homicidios, los datos más realistas los tiene el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Este situó a Venezuela en 89 homicidios por 100.000 habitantes durante 2017, lo que convierte a este país en el más peligroso de Latinoamérica, una región con las tasas de homicidios más altas del mundo. Caracas se sitúa como una de las ciudades más peligrosas del planeta, con una tasa de homicidios de 130 por 100.000 habitantes.

De los 26.616 homicidios registrados por el OVV en 2017, 5.535 ocurrieron a manos de los organismos de seguridad, una proporción muy alta, en medio de acusaciones generalizadas por ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Estas son ofensivas contra la delincuencia emprendidas por el presidente Nicolás Maduro, que buscan bajar las descontroladas tasas de delincuencia. Estos operativos se han caracterizado por los altos números de ejecuciones y por acusaciones de operar bajo la premisa de “disparar primero y preguntar después”. Otro factor en los altos índices de ejecuciones estatales ha sido la respuesta autoritaria ante las protestas de la oposición. Las Naciones Unidas ya han cuestionado el alto número de ejecuciones por parte de los organismos de seguridad.

Estas tasas de homicidios pueden atribuirse sin lugar a dudas al Gobierno. Cuando Chávez asumió el poder en 1999, las tasas de homicidio rondaban los 25 por 100.000 habitantes, y se contaron menos de 6.000 muertes violentas a finales de 1999, según el OVV. A partir de 1999, los homicidios comenzaron a incrementar y han aumentado de manera constante de año en año.

6. Exportación de la criminalidad

Durante décadas, Colombia exportó conflicto y criminalidad a Venezuela, con el desbordamiento del conflicto civil del país por la frontera con Venezuela. Organizaciones narcotraficantes colombianas y facciones rivales establecieron su actividad allí, convirtiendo a Venezuela no solo en base logística, sino además en refugio y en uno de los principales países de tránsito para la cocaína colombiana. Sin embargo, con los índices de criminalidad en ascenso y el contrabando a gran escala hacia países vecinos, incluyendo muchas islas pequeñas y vulnerables en el Caribe, Venezuela se está convirtiendo en un exportador neto de criminalidad.

Gran parte de esto es atribuible a la total desesperación de sus ciudadanos. Venezolanos hambrientos y sin dinero, muchos de ellos con poca educación o habilidades en demanda se han visto obligados a salir del país buscando formas de sobrevivir. Ellos son presa fácil del crimen organizado, bien sea como víctimas o como reclutas.

La Cruz Roja estima que por lo menos un millón de venezolanos salieron huyendo de su país hacia Colombia en los últimos doce meses, y calcula que unas 37.000 personas cruzan la frontera cada día.

Muchos de estos desposeídos están siendo reclutados por el crimen organizado. Los mayores reclutadores han sido la mafia colombiana y los grupos insurgentes, pero InSight Crime ha hallado en su trabajo de campo a mujeres venezolanas trabajando en servicios sexuales en toda Colombia, incluso en lugares tan distantes como Nariño, en la frontera con Ecuador. Además en el capítulo “Colombia y Venezuela: Siameses criminales” hay detalles sobre la presencia de estos grupos irregulares en la frontera entre ambos países.

En el apartado sobre el trayecto de la cocaína de Venezuela hasta el Caribe, titulado “República Dominicana y Venezuela: Tráfico de cocaína por el Caribe”, hallamos indicios de la creciente participación de venezolanos en una amplia gama de actividades criminales.

7. Acusaciones internacionales generalizadas de conducta criminal

Otro indicador de un Estado mafioso es cuando un número suficiente de actores internacionales cuestionan la legitimidad de un Estado, no solo por sus credenciales democráticas, sino también por su actividad criminal.

No es sorprendente que Estados Unidos haya liderado la condena al Gobierno venezolano. En una de las declaraciones más recientes, Nikki Haley, embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, señaló que los venezolanos de a pie eran “las víctimas renuentes de un narcoestado criminal”.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha acusado a la administración de Maduro de usar “bandas criminales para poder ejercer un mayor control de la sociedad, del pueblo, una asociación macabra, bandas criminales con fuerzas del orden para controlar a la población”.

Las Naciones Unidas han recibido denuncias de “cientos de ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, tanto durante las protestas como en operativos de seguridad”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein.

Panamá incluyó a 54 figuras del Gobierno venezolano, incluido el presidente Maduro, en una lista de personas en “alto riesgo” de incurrir en lavado de dinero o financiación del terrorismo.

La Unión Europea impuso sanciones a siete altos funcionarios del Gobierno, incluyendo al ministro del Interior Néstor Reverol, al presidente de la Corte Suprema Maikel Moreno, al jefe de inteligencia Gustavo González López y al segundo al mando del partido socialista en el poder, Diosdado Cabello. Ahora tienen los activos congelados y vetos de viaje.

Incluso Suiza, que no es conocida por su política exterior agresiva, anunció sanciones contra Venezuela, declarándose “seriamente preocupada por las reiteradas violaciones a las libertades individuales en Venezuela, donde el principio de la separación de poderes está gravemente mermado y el proceso a la vista de las próximas elecciones carece seriamente de legitimidad”.

Los venezolanos irán a las urnas este fin de semana para elegir a su próximo presidente. Nadie cree que habrá elecciones libres o justas, y el favorito es el presidente en funciones, Nicolás Maduro. Si gana, es muy probable que las tendencias mafiosas del Estado venezolano se consoliden aún más, y que este país andino se convierta en uno de los centros regionales del crimen en Latinoamérica, lo que acarreará graves consecuencias para sus vecinos y para la región en general.

Foto superior: Seth Wenig

Narcotráfico en el régimen venezolano: El “Cartel de los Soles”

INVESTIGACIÓN:

En Latinoamérica, es tradición que empresarios criminales en la forma de carteles se dediquen al narcotráfico. En Venezuela este se maneja desde el interior del gobierno, y si Nicolás Maduro gana otra vez las elecciones presidenciales, Venezuela afianzará su posición en el negocio global de cocaína.

Por largo tiempo, los narcotraficantes han buscado penetrar el Estado, para facilitar su actividad y, de ser posible, poner recursos del estado a su disposición. Pero en ocasiones actores estatales corruptos deciden que no basta hacer la vista gorda a cambio de sobornos, y quieren que se les garantice participación directa. Eso fue lo que sucedió en Venezuela; a esos elementos del narcotráfico en el régimen venezolano se les llama el “Cartel de los Soles”.

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

El término “Cartel de los Soles” responde a las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) llevan en sus charreteras. El término se usó por vez primera en 1993 cuando dos generales de la Guardia Bolivariana, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. Hoy en día, se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. Y hay muchos, diseminados en todos los organismos del Estado.

Durante los últimos tres años, InSight Crime ha estado haciendo acopio de información sobre altos oficiales, activos o retirados, que han estado implicados en tráfico de cocaína. Tenemos 123 archivos. Sin embargo, por motivos legales no publicaremos la lista completa. En lugar de eso adjuntamos aquí algunos datos de aquellos contra quienes creemos tener evidencia muy sólida.

El presidente Maduro, en lugar de hacer a un lado a los acusados de narcotráfico, los ha ascendido a los más altos cargos, quizás calculando que si el régimen cae ellos serán los que más tengan que perder y por consiguiente harán lo máximo posible para preservar al régimen, y a su cabeza.

Las figuras más influyentes del régimen bolivariano llevan ahora el estigma del narcotráfico en diversos grados:

Diosdado Cabello se proclama ya como la segunda figura más influyente del régimen en Venezuela, ya como el titiritero, el poder detrás de Maduro. De cualquier forma, con su influencia en la designación de funcionarios en posiciones claves, en especial dentro del ejército, no es posible que no tenga conocimiento de la dinámica del narcotráfico en el país. Fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos hablaron sobre Cabello con InSight Crime bajo condición de anonimato.

“Mire, este tipo está metido hasta el cuello en todo tipo de actividades ilegales en Venezuela y estamos armando un caso contra él. Pero sabe cómo protegerse y mantener distancia del trabajo sucio”, señaló la fuente.

En mayo de 2015, el Wall Street Journal revelóque se estaba investigando a Cabello por narcotráfico y por ser jefe del cartel de los Soles. De eso han entregado evidencia, entre otros, Leasmy Salazar, quien trabajó como jefe de seguridad para Cabello. Él ha atestiguadoque Cabello tiene un rol importante en el paso de narcóticos por Venezuela.

Salazar con Cabello y el expresidente Chávez

Cabello de inmediato demandó al Wall Street Journal por difamación, pero su pretensión fue rechazada por un juzgado estadounidense en abril de este año. También se nombraba en el artículo a su hermano José David Cabello.

Sobre el papel, el segundo hombre más importante del gobierno es el vicepresidente Tareck El Aissami. A él también se lo ha acusado de actividades ilegales, incluyendo narcotráfico. Antes de ser vicepresidente, fue gobernador del estado de Aragua. InSight Crime estuvo recogiendo testimonios de sus nexos con el crimen organizado en esta estratégica provincia de la costa Caribe.

Unos de los cargos más importantes en términos de seguridad son los de Ministro de Relaciones Interiores y comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Ambos cargos los ha ocupado el Mayor General Néstor Reverol, quien ha sido imputado por narcotráfico en Estados Unidos. El pliego de cargos en su contra afirma que Reverol alertó a narcotraficantes de operativos contra ellos, obstruyó investigaciones, puso en libertad a narcos arrestados y se aseguró de que se devolviera narcóticos incautados a los traficantes.

Cilia Flores, esposa del presidente Maduro y por tanto la Primera Dama, también se ha visto implicada en narcotráfico por asociación. No fue solo la condena de sus sobrinos por tráfico de cocaína en Estados Unidos; también su hijo, Walter Jacob Gavidia, juez del área metropolitana de Caracas, tiene una investigación en su contra. También ha resultado vinculada al caso del capitán Yazenky Antonio Lamas Rondón, piloto venezolano extraditado desde Colombia a Estados Unidos para responder por cargos de drogas. Este fue acusado de participar en más de cien narcovuelos del estado venezolano de Apure al Caribe durante la última década.

El desarrollo del Cartel de los Soles

Las estructuras narcotraficantes en el estado venezolano no son un cartel, sino una serie de redes muchas veces antagónicas enquistadas dentro del régimen chavista, con nexos que se remontan a casi dos décadas.

Venezuela siempre iba a tener un papel en el tráfico de drogas, dada su ubicación junto al principal productor mundial de cocaína, Colombia. Sin embargo, en un inicio eran los narcos colombianos quienes llevaban el negocio en Venezuela, y pagaban a oficiales del ejército en la frontera para que ignoraran el paso de cocaína por la frontera. Luego, lo inevitable: la corrupción se ahondó. En lugar de simplemente mirar hacia otro lado, narcos colombianos pidieron a elementos de la GNB que protegieran e incluso que transportaran cargamentos. Su función en la protección de fronteras, aeropuertos y puertos los hacían aliados perfectos para los traficantes.

Pero Colombia no estaba contenta con la sola exportación de cocaína a Venezuela. Para la década de 1990 también exportaba su conflicto civil; los ejércitos insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estableciéndose en los estados fronterizos de Venezuela. Ambos grupos llevan mucho tiempo implicados en el negocio de la droga y han desarrollado estrechos vínculos con funcionarios del gobierno venezolano, muchas veces con la venia del presidente Hugo Chávez. Archivos encontrados en el campamento del comandante de las FARC Luis Édgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, abatido en un bombardeo aéreo en Ecuador en marzo de 2008, revelaron los nombres de varios altos funcionarios del gobierno venezolano. Algunos de ellos se han visto implicados en actividades de narcotráfico; entre ellos están:

-Ramón Rodríguez Chacín, quien fue ministro del interior y de justicia en 2008, se reunió muchas veces con miembros de las FARC, quienes lo llamaban por el alias de “El Cojo”.

-Hugo Armando Carvajal Barrios (director de inteligencia militar) y Henry Rangel Silva (director de Servicios de Inteligencia y Prevención de la Policía, o DISIP) tenía contactos con el ejército insurgente. Ambos fueron sancionados posteriormente por “ayuda material en las actividades de tráfico de narcóticos de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), una organización narcoterrorista”.

-Freddy Bernal, exalcalde; Cliver Acalá Cordones, General de la Guardia Bolivariana, y Ramón Madriz Moreno, importante oficial de inteligencia; todos ellos se reunieron con jefes de las FARC y ayudaron a coordinar su seguridad cuando se encontraran en suelo venezolano. Bernal y su mano derecha, Amílcar de Jesús Figueroa, supuestamente ayudaron a coordinar con las FARC un adiestramiento para los Colectivos Bolivarianos en guerra urbana y explosivos.

Los nexos entre el cartel de los Soles y las FARC fueron decisivos en el desarrollo del narcotráfico en Venezuela. Aunque las FARC se desmovilizaron en 2017 después de la firma de un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, aún hay un creciente número de elementos disidentes en Venezuela, muy implicados en el tráfico de drogas. Se cree que estos elementos siguen trabajando con miembros del Cartel de los Soles.

Un momento clave en el fortalecimiento del narcotráfico en Venezuela se dio con la expulsión de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en 2005, después de que Chávez declarara que estaba “usando como máscara la lucha contra las drogas para, incluso, apoyar el narcotráfico y hacer inteligencia contra el gobierno [de Venezuela]”. Esto, combinado con la suspensión del acuerdo de sobrevuelo para monitoreo de narcovuelos, implicaba que Venezuela de pronto se convirtió en un hoyo negro para el acopio de inteligencia estadounidense en la lucha antinarcóticos. El crimen organizado estuvo presto a aprovechar esto, y las organizaciones narcotraficantes (ODT) incrementaron el uso de territorio venezolano.

También en 2005, la aprobación de una nueva ley (la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias) decretó que las investigaciones y operaciones antinarcóticos ya no serían competencia exclusiva de la Guardia Nacional Bolivariana, sino que incluirían a todas las demás ramas de las fuerzas armadas: el ejército, la marina y la fuerza aérea. El cartel de los Soles se extendió de pronto de la GNB a todas las ramas del ejército. Mildred Camero, zar antinarcóticos de Chávez en esa época, declaró a InSight Crime que fue en ese momento que los militares pasaron de ser facilitadores a participantes activos en el tráfico de drogas. Antes de la aprobación de la ley, el narcotráfico se limitaba en mucha medida a la Guardia Nacional, pero una vez se dio jurisdicción a todas las ramas del ejército “se desató una guerra”, según Camero. El Ejército y la Guardia Nacional comenzaron a competir entre ellos por las rutas y comenzaron a negociar directamente con las FARC en lugar de hacerlo con los narcotraficantes civiles colombianos.

Esto, junto con la presión internacional, llevó a la detención de varios grandes narcos colombianos en Venezuela durante 2011 y 2012. Estos arrestos profundizaron aún más la participación del cartel de los Soles en el negocio de las drogas. Entre los detenidos estaban Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”, jefe de la organización criminal la “Oficina de Envigado”, capturado en noviembre de 2011; Héctor Germán Buitrago, alias “Martín Llanos”, comandante paramilitar, quien durante mucho tiempo pasó narcóticos por los llanos orientales de Colombia hacia Venezuela, arrestado en febrero de 2012; Diego Pérez Henao, alias “Diego Rastrojo”, jefe militar de la ODT Los Rastrojos, capturado en junio de 2012; y luego Daniel Barrera Barrera, alias “El Loco”, uno de los más prolíficos traficantes colombianos de cocaína, detenido en septiembre de 2012. Estos traficantes habían tenido protección de altos funcionarios venezolanos. Luego de sus capturas, el cartel de los Soles tomó el control de muchas de las rutas que los colombianos habían manejado, con lo cual pasaron de proteger los cargamentos a comprar y vender, y negociar directamente con compradores internacionales, entre los que se destacaban los carteles mexicanos.

Casos emblemáticos del cartel

La primera persona que habló con conocimiento desde dentro de la penetración del narcotráfico en el gobierno venezolano fue Walid Makled.

A finales de los noventa, Makled era uno de los narcotraficantes más poderosos de Venezuela. Su poder se derivaba de sus estrechos nexos con miembros del ejército venezolano, y su imperio criminal creció de manera exponencialdurante los primeros años del gobierno de Chávez. Él controlaba el negocio del narcotráfico en el estado de Carabobo, que alberga el principal puerto venezolano, Puerto Cabello. Según la DEA, más del 70 por ciento de los narcóticos que se enviaban desde Colombia por medio de Venezuela se despachaban desde Puerto Cabello. Makled estaba conectado con el exgeneral de la Guardia Nacional, y por ese tiempo gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles. El general Alexis Maniero, quien era el jefe del 7o Comando Regional del Ejército en el estado de Sucre, expidió credenciales oficiales para Makled, quien lo consideraba un aliado valioso, según la zar antinarcóticos Mildred Camero.

En 2004, Makled perdió momentáneamente cuatro toneladas de cocaína en manos de la policía local de Valencia. Las drogas le fueron devueltas por Jesús Itriago, entonces jefe de la unidad antinarcóticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), luego de que Makled le pagara un millón de dólares, según documentos de la DEA a los que tuvo acceso El Nuevo Herald. Más adelante se abortó una investigación oficial en la legislatura del estado de Carabobo, cuando, según se dice, Makled también pagó a políticos claves para que abandonaran la indagación. Posteriormente Itriago fue promovido a jefe de la división antinarcóticos del CICPC.

En abril de 2006, se vinculó a Makled con 5,5 toneladas de cocaína halladas en 128 maletas de un avión que aterrizó en el sur de México (Ciudad del Carmen), tras despegar del aeropuerto de Maiquetia (actualmente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar) en las afueras de Caracas. El piloto del vuelo que quedó preso mencionó que la Guardia Nacional supervisó la carga y la salida del avión.

Los vínculos entre Makled, las FARC y el gobierno de Chávez se hicieron más evidentes luego de la detención de Makled en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia, en agosto de 2010. En ese momento, Makled era probablemente el narcotraficante venezolano más poderoso de su país —su nombre se agregóa la Lista Clinton en 2009—. Su posición como operador entre las FARC y elementos corruptos de las fuerzas armadas venezolanas, entre otras, implicaba que probablemente sabía más de la mecánica de la corrupción y el narcotráfico en Venezuela que cualquier otra persona. En entrevistas con los medios luego de su arresto, Makled alegó “todos mis socios comerciales son generales”, y que había pagado hasta a 40 generales venezolanos como parte de sus actividades en el tráfico de drogas.

Los miembros de la milicia, en servicio o retirados, nombrados por Makled incluyeron al general del ejército Henry Rangel Silva (quien posteriormente fue nombrado ministro de defensa), el exdirector de Inteligencia del Ejército Hugo Carvajal, el general de la Guardia Nacional Bolivariana Dalal Burgos, y el excapitán Ramón Rodríguez Chacín, quien era en ese momento ministro del interior y de justicia. Makled declaró que solía pagar US$50.000 semanales a Carvajal por su ayuda y cooperación. Silva, Carvajal y Rodríguez ya habían sido sancionados por el Tesoro estadounidense por su implicación con las FARC y el narcotráfico.

Makled declaró que cada día salían hasta seis narcovuelos del estado fronterizo de Apure, con cocaína hacia Honduras, desde donde se embarcaba hacia México y se introducía a Estados Unidos. Insistía en que había laboratorios de drogas en Apure y Maracaibo, y que estaban “vigilados por el gobierno”. Aunque Makled admitió que no había tratado directamente con Chávez, dijo que sí había hablado con “parientes suyos muy cercanos” (se cree que se refería a Adán, hermano de Chávez), y también alegaba que había financiado una de las campañas de Chávez a la presidencia a cambio de concesiones en Puerto Cabello.

Actualmente, Makled permanece en los calabozos de la policía política (Sebin), al igual que muchos de los secretos sucios del régimen.

En septiembre de 2013, Francia realizó una de las mayores redadas de su historia a una operación de cocaína, y halló 1,3 toneladas de cocaína, empacadas en 31 maletas, a bordo de un avión de Air France que aterrizó en París. El vuelo había salido del aeropuerto de Caracas, fuertemente controlado por la Guardia Nacional. El escándalo internacional obligó a actuar al gobierno venezolano. Se realizaron 28 arrestos, entre ellos el de un teniente coronel y otros miembros de la Guardia Nacional. Con estas capturas, el gobierno venezolano interrumpió las investigaciones y no se hicieron intentos por seguir líneas de investigación que llevaran a figuras de mayor jerarquía.

En noviembre de 2016, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la esposa de Maduro y primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron condenados por un tribunal de Nueva York por conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a ese país.

Los sobrinos planeaban sacar la cocaína, suministrada por las FARC, del aeropuerto internacional de Caracas usando sus privilegios como miembros de la élite venezolana y su relación con el ejército. Volaron a Haití en noviembre de 2015, donde planeaban cerrar el negocio de drogas, pero fueron arrestados por la DEA. El avión lo pilotaban Pablo Urbano Pérez, oficial del Ejército, y Pedro Miguel Rodríguez, teniente coronel de la Fuerza Aérea Venezolana.

La evidencia de que uno de los sobrinos, Efraín Antonio Campo Flores, planeaba poner algo de las ganancias del negocio con las drogas en la campaña política de su tía a la dirección de la Asamblea Nacional, indica que la Primera Dama no era ajena a las actividades de sus sobrinos y adónde llevaban su dinero.

El cartel hoy

El cartel de los Soles es hoy una red dispar de traficantes, que incluye actores estatales y no estatales, pero que operan en su totalidad con la venia y la protección de importantes figuras del gobierno venezolano. Sin esa fachada política clave, y el pago a las personas correctas, se detienen las operaciones de contrabando.

Con el país al borde de la bancarrota, la cleptocracia y el saqueo sistemático del erario público se han reducido. Simplemente no hay más dinero que robar del presupuesto gubernamental. Pero hay que mantener aceitadas las ruedas de la corrupción, especialmente dentro del ejército, que es el puntal que sostiene el gobierno de Maduro y que será quien corone al nuevo gobernante en cualquier cambio de régimen. InSight Crime cree que el narcotráfico es uno de los lubricantes principales de la corrupción en Venezuela actualmente, y que este atribulado país andino se está convirtiendo en uno de los principales centros del tráfico de cocaína en el mundo.

*Foto superior: Fernando Llano, AP.

La delegación del poder estatal: Los “colectivos”

acero” por sus motocicletas y por ser los más ardientes defensores de la Revolución Bolivariana en Venezuela. Sin embargo, actualmente parecen más bien pandillas criminales con un enorme control social. Nos referimos a los “colectivos”.

En el año 2002, el presidente Hugo Chávez sufrió dos intentos de desbancarlo del poder: un golpe militar y una huelga del poderoso sector petrolero. Después de estas amenazas, se dio cuenta de que necesitaba estructuras de seguridad paralelas que pudieran ejercer contrapeso a los militares y tuvieran la capacidad de reunir rápidamente tropas de choque contra los manifestantes de la oposición. La solución que encontró en ese momento fueron los colectivos.

El término “colectivos” tiene sus raíces en los grupos guerrilleros venezolanos de la década de los sesenta, pero fue apropiado por la Revolución Bolivariana de Chávez. En 2001, Chávez estableció una nueva generación de grupos políticos, los “Círculos Bolivarianos”, para construir apoyo político de base.

Estos Círculos Bolivarianos demostraron su lealtad, así como su disposición a usar la violencia, durante el intento de golpe de abril de 2002. Los videos del 11 de abril muestran cómo los manifestantes en contra del Gobierno son enfrentados por hombres armados, quienes posteriormente fueron identificados como miembros de los Círculos Bolivarianos, los cuales abrieron fuego desde el Puente Llaguno en el centro de Caracas. Al final de la jornada, quedó un saldo de 20 personas muertas y decenas más heridas, tanto de los grupos chavistas como de los manifestantes.

Los generales de la Fuerza Armada rechazaron las órdenes de Chávez de movilizarse contra las protestas antigubernamentales. Finalmente, Chávez aceptó renunciar, a condición de que él y su familia pudieran exiliarse en Cuba. Sin embargo, 48 horas después, Chávez estaba de nuevo en el poder, gracias sobre todo al general Raúl Baduel, entonces comandante de la 42ª Brigada de Infantería Paracaidista, que reunió a sectores clave del Ejército. Aquel fue el momento en el que Chávez radicalizó su revolución y decidió aferrarse al poder a toda costa.

Solo tres personas fueron encarceladas después de los violentos acontecimientos del 11 de abril. Uno de ellos fue Iván Simonovis, el entonces jefe de la Policía Metropolitana de Caracas, quien fue sentenciado a 30 años de prisión.

InSight Crime lo entrevistó en su casa, donde ha estado bajo arresto domiciliario desde 2014. Para él, la violencia de los Círculos Bolivarianos y la impunidad en torno a los asesinatos que cometieron ese día son el precedente del poder y la violencia que los colectivos ejercen actualmente.

“Dicen que las personas que dispararon desde el puente utilizaron la fuerza en defensa propia contra la policía. ¿Cómo se puede justificar diciendo que una persona que le dispara a la policía está haciendo uso legítimo de la fuerza?”, dijo Simonovis.

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

El término “colectivo” comenzó a remplazar al de Círculos Bolivarianos en el lenguaje público del Gobierno después del golpe. En 2006, estos grupos de apoyo al gobierno quedaron cobijados bajo los “consejos comunales” del Gobierno, a través de los cuales recibían fondos y recursos estatales, incluyendo armas. Se les otorgó legitimidad y poder en sus áreas de influencia.

Civilices armados bajo la figura de colectivo

“El trabajo que muchas de estas personas (de los colectivos) realmente desempeñan es el de servicios de seguridad para los funcionarios del Gobierno, lo cual les da acceso directo a recursos del Gobierno, pero además a armas del gobierno y muchas otras cosas”, afirma Alejandro Velasco, profesor de New York University y autor de “Barrio Rising”, un libro sobre política urbana en Venezuela.

Al interior del 23 de Enero

El lugar más emblemático de la Revolución Bolivariana y de los colectivos en Venezuela es el barrio 23 de Enero de Caracas, lugar donde se asientan muchos de los más infames y poderosos colectivos.

El Cuartel de La Montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez, es una fortificación al estilo de los castillos europeos que se levanta sobre el barrio 23 de Enero —un barrio en constante expansión donde casas de madera y viviendas improvisadas se agrupan alrededor de altos bloques de apartamentos—. El Palacio de Miraflores, la casa presidencial, se observa abajo.

Imágenes de Chávez, de los colectivos y de la Revolución Bolivariana adornan los muros del barrio.

El Cuartel de la Montaña, en el 23 de Enero, Caracas

Sin embargo, en los últimos años sus residentes han empezado a cuestionar no solo el régimen chavista, sino también a su rostro local, los colectivos. Si bien algunos pocos todavía permanecen desarmados y continúan fieles a sus raíces culturales y comunitarias, la mayoría se han convertido en actores armados que juran lealtad a la revolución, y que en parte se financian con actividades criminales.

InSight Crime ingresó a la zona con un respetado líder comunitario, nuestro boleto de ingreso a un vecindario donde se sospecha de los forasteros. Muchos de los jóvenes con quienes nos cruzamos tenían pequeños bolsos de cuero (bolsos modelo 5.11) atados a sus pechos. Nuestro guía nos dijo que muchos miembros de los colectivos cargan sus pistolas de esa manera: fuera de la vista, pero al alcance de la mano.

Los residentes nos dijeron que cada centímetro del barrio 23 de Enero es actualmente controlado y monitoreado por los colectivos. Estos establecen barricadas y a menudo cobran impuestos por la circulación de los vehículos.

Los colectivos tienen varias fuentes de ingresos, algunas legales, y otras ilegales. Dentro de las legales, la mayoría provienen del Gobierno, aunque algunos colectivos han establecido negocios que generan ingresos legales. La renta del Gobierno llega cada vez menos mediante pagos en efectivo, y más a través de concesiones, como la distribución de alimentos, que ahora es un negocio muy lucrativo.

“Ellos (los colectivos) controlan la (distribución de) comida y tienen a todo el vecindario aterrorizado. Esa es la palabra: aterrorizado”, dice en voz baja Claudia, una residente del barrio.

Otra residente, Rosa, también los denunció. “No sé de dónde sacan la comida, o si la compran, pero luego la venden en el mercado negro”, dijo. “Hablan de igualdad y de la revolución y no sé qué otras cosas, pero luego venden paquetes de comida a altos precios”.

Uno de los líderes del tradicional colectivo Tupamaros, Lisandro Pérez, más conocido por su alias “Mao”, comparó el tráfico de alimentos con el tráfico de drogas en términos de ingresos.

“Muchos de los que vendían drogas ahora se dedican al tráfico de alimentos. Es menos riesgoso y más rentable”, le dijo a InSight Crime.

Lisandro Pérez, alias “Mao”, de los Tupamaros

Lo mismo ocurre con la venta de medicinas, cuyo suministro también está reducido y llegan a comercializarse a precios desorbitantes a los desesperados pacientes.

En lo que respecta a las ganancias ilegales, InSight Crime descubrió evidencias de participación en la venta y distribución de drogas, así como en la extorsión y los juegos de azar ilegales.

“Lo más (común) aquí es la venta de drogas y van por ahí con armas a cualquier hora”, dijo Rosa, mientras nos servía un café dentro de su casa.

“La venta de drogas aquí es tan común como la venta de Coca-Cola. Los colectivos controlan la distribución de drogas —los que tienen el poder de hacerlo—”, admitió un líder de un colectivo del 23 de Enero, quien se identificó solamente como “Galeano Marcos”.

En las entrevistas con residentes y líderes de los colectivos también se pudo constatar que los colectivos están al frente de casinos clandestinos en el 23 de Enero.

“Los colectivos administran (los casinos). Escoltan a las personas que llegan allí a apostar, y luego las escoltan a la salida”, dijo Claudia.

Mao confirmó la existencia de los casinos como la más reciente empresa criminal en el 23 de Enero. También reconoció que eran administrados por los colectivos, aunque insistió en que está en desacuerdo con ellos por razones éticas.

“No se le puede negar a la gente el derecho a divertirse, pero no puedo decir que estoy de acuerdo con los casinos porque generan una cultura comercial, la idea de que el ser humano debe tener más para ejercer dominio”, dijo.

Mao desestima a algunos de los colectivos más recientes. Tupamaros, el colectivo al que pertenece, es anterior a la era de Chávez, pues se conformó en 1979. Sin embargo, su poder aumentó exponencialmente durante la administración Chávez.

“El término colectivo se está utilizando por todas partes […] pero creo que hay colectivos que desafortunadamente tienen que desaparecer”, dice Mao.

Galeano Marcos va aún más allá.

“Cada colectivo tiene un jefe y un comandante, y todos quieren ser colectivos porque desean armas. Aquí todos quieren tener más armas que los demás. Cada líder está a cargo de su territorio y hace lo que le place. Dicen que son demócratas, pero realmente se hace lo que el jefe diga”, señaló.

La Piedrita

La mitología mesiánica de uno de los colectivos más conocidos del barrio 23 de Enero se ilustra perfectamente en esta imagen. Jesús, con su corona de espinas, empuña un Kalashnikov, y a su lado, la Virgen acuna en sus brazos al niño Jesús y carga otro AK-47.

Este es el rostro público de La Piedrita.

El colectivo La Piedrita nació antes del chavismo. Sus fundadores, Valentín Santana y Carlos Ramírez, crearon el grupo en septiembre de 1985, en un intento por acabar con la violencia que azotaba a sectores del barrio 23 de Enero. Varios hermanos de Santana y miembros de su familia extendida pertenecen al colectivo, que se guía por fuertes principios marxistas-leninistas.

Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, y presuntamente implicado en homicidios

La Piedrita dirige una estación de radio local; además proporcionó instalaciones para médicos cubanos que, en algún momento, vinieron a servir a la comunidad pero que se marcharon hace tiempo. El colectivo también posee una pequeña granja urbana donde sus miembros crían pollos y cultivan verduras, que se venden en la localidad a bajos precios. También planea montar una panadería.

Pero el colectivo es más conocido por sus actos violentos, y ha llegado a convertirse en símbolo de la agresión asociada con los grupos progubernamentales.

Los miembros de La Piedrita han atacado a manifestantes de la oposición y a periodistas con gases lacrimógenos, acusándolos de entorpecer el proceso revolucionario.9 Santana, quien tiene experiencia militar, la cual ha utilizado para inculcar disciplina y una fuerte estructura vertical dentro del grupo, ha declarado que La Piedrita está dispuesta a defender la revolución bolivariana “a toda costa”.

A la fecha, Santana tiene tres órdenes de arresto en su contra, dos de ellas por homicidio. A pesar de ello, aparece frecuentemente en público y ha sido entrevistado por medios de comunicación internacionales. En febrero de este año, Santana publicó un video en su cuenta de Twitter, donde aparece abrazando a altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el general Fabio Zavarse Pabón, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de tropas del ejército del Distrito Capital, y quien fue sancionado recientemente por Estados Unidos por las represiones durante las manifestaciones.

La toma de los poderes del Estado

El poder de los colectivos no se limita a actos ilegales en sus áreas de influencia. Desde que la Policía Metropolitana fue desmantelada por Chávez en 2011, el régimen entregó la seguridad en el 23 de Enero, así como en otras partes de la capital, a los colectivos. Las fuerzas de seguridad del Estado están obligadas a coordinarse con ellos para entrar en estas áreas. Manuel Mir, líder comunitario del 23 de Enero, le dijo a InSight Crime que los colectivos han convertido al barrio en un “Estado dentro del Estado”.

Miembros del colectivo Alexis Vive

Algunos de los colectivos trabajan junto con las fuerzas de seguridad, a menudo haciendo el trabajo sucio para ellos.

Se sabe que colectivos como “Tres Raíces” y “Frente 5 de Marzo” tienen estrechos vínculos con elementos de las fuerzas de seguridad.

Tres Raíces es uno de los colectivos mejor armados, y varios de sus miembros están trabajando en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía del Municipio Libertador (PoliCaracas), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), adscrita a la Policía Nacional Bolivariana.

Aunque los miembros de Tres Raíces han sido vinculados a secuestros y asesinatos, contactos en altos niveles de las fuerzas de seguridad han insinuado que no han sido enjuiciados por estos crímenes.

El colectivo Frente 5 de Marzo fue fundado por un expolicía, José Miguel Odremán, quien murió durante una operación de las fuerzas de seguridad en 2014. Su colectivo fue investigadopor siete asesinatos, así como por robo y extorsión. También estableció un servicio de guardaespaldas, la Asociación Bolivariana de Escoltas de Venezuela, quienes en muchos casos están involucrados en actividades criminales.

También ha habido acusaciones de que los colectivos han participado en la polémica Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una campaña lanzada por el presidente Nicolás Maduro en su intento por disminuir las altas tasas de criminalidad. Dicho operativo ha sido relacionado con un alto número de asesinatos, y se dice que está guiado por la mentalidad de “disparar primero y hacer preguntas después”.

Las OLP han fracasado en su objetivo primordial de reducir la delincuencia, pero han generado altas tasas de asesinatos, en medio de acusaciones según las cuales las fuerzas del Gobierno han participado en ejecuciones extrajudiciales. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas dicen que los participantes de las OLP disparan para matar.

“Las OLP han matado a gente inocente, porque entran a las casas y matan a las personas sin preguntar quiénes son”, afirma Claudia.

Los testigos dicen que la participación de los colectivos en las OLP es diversa. A menudo trabajan con las fuerzas de seguridad del Estado en el 23 de Enero, pues tienen un mejor conocimiento de la zona.

“Los OLP vienen con los diferentes cuerpos de seguridad, y los colectivos siempre se encapuchan y se mezclan con ellos”, dice Claudia.

Otra residente del 23 de Enero le dijo a InSight Crime que la participación de los grupos progubernamentales es aún más siniestra.

“Son los colectivos los que hacen las ejecuciones”, dice.

Los colectivos siguen desempeñando su papel tradicional como tropas de choque y fueron desplegados contra la ola de protestas que se presentaron en 2017, usando gas lacrimógeno e incluso haciendo disparos de pistolas para disolver las protestas de la oposición.

Luis Cedeño, quien dirige la organización no gubernamental Paz Activa, dedicada al estudio de la criminalidad en Venezuela, considera a los colectivos como grupos de trabajo mercenario para el Gobierno, y cada vez más para el crimen organizado.

“Se les paga para generar violencia […] Son pagados por intereses específicos que buscan crear caos”, dijo en un video producido por su organización.

La investigación de InSight Crime indica que en el barrio 23 de Enero hay presencia de 46 colectivos, que van desde los “tradicionales” hasta los “emergentes”, a los que en nuestro mapa nos referimos como “híbridos”. Algunos de estos grupos son pequeños y no se conocen con un nombre específico, pero hemos incluido los que consideramos que son los más significativos.

Muchos de los miembros de los colectivos con quienes hablamos todavía se refieren a Chávez con respeto. En su mayor parte, muestran desprecio por Maduro.

“La muerte del comandante Chávez nos dejó en una encrucijada. No es lo mismo el liderazgo de Chávez que el de los que han asumido el poder”, dice Marcos, líder de uno de los colectivos.

Está claro que el control del Gobierno sobre los colectivos se ha debilitado, y en muchos casos quizá ha desaparecido. Ello se debe en parte al actual caos político y al desplome económico, que los colectivos no ven como una debilidad de la Revolución Bolivariana, sino como una traición de los principios revolucionarios por parte de Maduro. También se debe a que el Gobierno está en bancarrota y ha recortado los recursos en todos los niveles, incluyendo la financiación de los colectivos, lo que los ha obligado a ser más autosuficientes económicamente, y en muchos casos los ha llevado a involucrarse en actividades criminales.

También existen conexiones entre algunos colectivos y grupos guerrilleros colombianos —una relación que inicialmente fue fomentada por Chávez pero que se le ha salido de las manos a Maduro—. Algunos colectivos han recibido capacitación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En una de nuestras visitas al 23 de Enero encontramos un busto del legendario fundador y líder de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda”.

Pruebas de diversas fuentes de disidentes de las FARC y de las fuerzas de seguridad colombianas indican que se están desarrollando relaciones con grupos venezolanos como los colectivos, sobre todo por intereses en empresas ilegales más que por afinidad ideológica.

Si la oposición gana las próximas elecciones presidenciales y se reinstaura la Asamblea Nacional como el principal órgano legislativo de Venezuela, es probable que los colectivos enfrenten una enorme presión por desarmarse y disolverse.

Por lo tanto, la supervivencia de los colectivos depende de la supervivencia del régimen. Si el partido gobernante cae, también desaparecerá el apoyo y la tolerancia de la que todavía disfrutan los colectivos, pues quedarán en una disyuntiva: disolverse, o transformarse en agrupaciones puramente criminales.

*Foto superior: Carlos Ramírez

La delegación del poder estatal: Los “pranes”

*Este reportaje fue publicado inicialmente en septiembre de 2017, como parte de una investigación sobre prisiones realizada por InSight Crime y se publica nuevamente como parte de una nueva investigación llamada Venezuela: ¿Un Estado mafioso?, disponible aquí.

En mayo de 2011, el líder de 26 años de edad de una pandilla carcelaria dejó en jaque por varias semanas a 4.000 miembros de las fuerzas de seguridad venezolana, respaldados por tanques y helicópteros. Aquella humillación a nivel nacional e internacional llevó al entonces presidente Hugo Chávez a asumir una posición diferente, pero que resultó desastrosa, frente al sistema penitenciario.

Con más de 4.700 presos, en el año 2011 la cárcel de El Rodeo era una de las más grandes del país. Los disturbios en mayo de ese año comenzaron como una riña entre pandillas carcelarias rivales. Los líderes de las pandillas, conocidos como los “pranes” de Rodeo II, destronaron a un pran de Rodeo I, las instalaciones vecinas. Se trataba entonces de un cambio de “carro”, como se denomina a la estructura de gobierno criminal en las cárceles. Pero aquel no fue un simple motín con patadas y palizas; se trataba más bien de una verdadera batalla con armas automáticas y semiautomáticas.

Las autoridades penitenciarias pidieron refuerzos. En total, 3.000 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 400 paracaidistas y un contingente de la policía militar fueron desplegados en el caluroso estado de Miranda, a sólo 40 kilómetros al este de Caracas. El 17 de junio los soldados atacaron. Esto desató una batalla. Cuatro presos murieron y varios soldados resultaron heridos. El ejército logró tomar el control de Rodeo I, el edificio más cercano a la carretera principal. La devastación de las instalaciones penitenciarias parecía sacada del centro de Alepo.

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(Transmisión en televisión de la cárcel El Rodeo durante  los disturbios de 2011)

Al interior de Rodeo I, las autoridades encontraron 20 pistolas semiautomáticas, 7 rifles de asalto, 5 escopetas, 8 granadas, 5.000 balas, 45 kilos de cocaína y 12 kilos de marihuana.

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(Las autoridades venezolanas exhiben las armas incautadas tras el motín en El Rodeo en 2011)

Rodeo II —el bloque detrás de Rodeo I donde hay más de 1.200 presos— resultó ser mucho más difícil de controlar. Allí los presos estaban mejor organizados bajo la dirección de su pran, un hombre llamado Yorvis Valentín López Cortez, alias “Oriente”, de sólo 26 años de edad. Las autoridades temían que continuara una batalla sin cuartel. Para entonces los medios de comunicación ya habían llegado y las cámaras mostraban los enfrentamientos desde todos los ángulos.

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(Yorvis Valentín López Cortez, alias “Oriente”)

Las negociaciones con los presos de Rodeo II comenzaron el 21 de junio. Oriente hablaría en representación de los presos. el gobierno envió al pastor evangélico José Argenis Sánchez (quien antes se dedicaba a vender autos de segunda), acompañado de Ronald Gregorio García Tesara, alias “Satanás”, miembro de “La Piedrita”, uno de los grupos patrocinados por el Estado que actuaban como brigadas de choque del régimen chavista. Se suponía que este par de agentes, “uno bueno y otro malo”, haría a los presos entrar en razón. El agua y la electricidad de la prisión habían sido cortadas. El calor era insoportable. Después de dos días de conversaciones, lo único que las autoridades lograron obtener de los presos fueron cuatro cadáveres putrefactos que sacaron de la prisión. No se sabía exactamente qué era lo que querían; de lo que no había duda era de su tono agresivo.

“Nos engañan con líderes evangélicos que no conocemos. Nosotros no vamos a hablar con gente que no nos genere confianza. Esta es una guerra y vamos a luchar”, decía Oriente.[1]

Al gobierno le tomó 27 días restablecer el control de El Rodeo. Las cifras oficiales hablan de 23 muertos y 70 heridos —pero la realidad es quizá hayan sido muchos más—. Sólo se logró tomar control de la prisión después de que Oriente escapó, tal vez  logró cruzar la malla de acero que rodea la prisión. Según algunos rumores, el entonces ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, quien actualmente es el vicepresidente del país, llegó a un trato para dejar a Oriente en libertad a cambio de que pusieran fin a los enfrentamientos. También hubo denuncias de que la GNB se retiró por órdenes de sus superiores.[2] Oriente fue recapturado posteriormente, pero luego escapó de otra prisión en diciembre de 2016.[3]  

El poder entregado a los reclusos

Avergonzado por el caos y la amplia cobertura de los medios de comunicación, Chávez anunció una investigación exhaustiva y una transformación del sistema penitenciario. Dos funcionarios de prisiones fueron arrestados, entre ellos el director de El Rodeo II, así como un capitán de la GNB responsable de la seguridad de la prisión. Se descubrió que las armas en manos de los reclusos ingresaron a la cárcel mediante el pago de un “peaje” a los funcionarios. Como con todo lo que entraba a la prisión, se había establecido un sistema de impuestos: US$2.300 por un rifle de asalto, US$70 por una pistola y US$45 por una granada.[4]

El entonces vicepresidente Elías Jaua se comprometió a tomar medidas contra el sistema de pranes.

“Vamos a ir a fondo. La revolución no va a dejarse chantajear por estas mafias. Nosotros vamos a recuperar el pleno ejercicio del gobierno en los penales del país”, sostenía.[5]

Pero el gobierno hizo precisamente todo lo contrario.

El 26 de julio de 2011 se conformó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. La primera ministra de este despacho fue una política, representante de la Asamblea Nacional. Iris Varela, conocida como la “Comandante Fosforito”, tenía poca experiencia en el tema de prisiones, pero poseía las condiciones que el presidente requería: era una fervorosa política leal al chavismo,

El nuevo ministerio se presentó como una continuación de la política establecida por Chávez en la Constitución de 1999. El Artículo 272 de la Constitución se refería específicamente a las prisiones. Sus primeras palabras dicen: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos”.

Carlos Nieto, abogado director de la ONG Una Ventana a la Libertad, un observatorio de las prisiones,[6] ayudó a elaborar dicha sección de la Constitución.

“Nos parecía increíble que lo que nosotros estábamos planteando se fuera a incluir en la Constitución” le dijo Nieto a InSight Crime, mientras nos tomábamos un café en Caracas. “El gobierno insistía en que se incluyera. Claro que en ese entonces no teníamos ni idea de que nada de eso llegaría a ser implementado”.

El presidente Chávez reiteró la noción de las cárceles como centros de rehabilitación, cuando anunció el nuevo ministerio diciendo: “Hay que convertir a la cárcel en un centro de formación del hombre nuevo, que salga transformado, capacitado para la vida, para el amor”.[7]

Pero Varela tenía una tarea titánica. La infraestructura de las cárceles se estaba derrumbando, el hacinamiento estaba en niveles epidémicos, los guardias y administradores recibían malos salarios y eran vulnerables a los intereses criminales y a la intimidación, y en los penales campeaban la criminalidad y la corrupción, como lo había dejado claro el motín de El Rodeo.

(Población carcelaria de Venezuela)

A estas cifras se suman las de otros 33.000 detenidos que se estima hay actualmente en celdas policiales, construidas para albergar 5.000 personas. Las condiciones en las celdas de la policía son peores que las de las cárceles. Dichas instalaciones fueron diseñadas como celdas temporales para mantener a los presos durante la noche hasta que pudieran comparecer ante un juez. Pero están tan atiborradas que los presos tienen que turnarse para dormir en el suelo. La policía no tiene recursos para proveerles alimentos. Y lo que es peor aún: los guardias les cobran a los familiares de los presos para permitirles dejar alimentos a los detenidos.[8] Otros cientos de prisioneros, especialmente los que han sido detenidos en las protestas políticas, son llevados al emblemático edificio de El Helicoide, sede de la temida policía secreta, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Muchos más han tenido que esperar, ya sea en la cárcel o en una celda de la policía, durante incluso más de dos años hasta recibir una condena.[9] O hasta que se determine que son inocentes.

El sistema penitenciario de Venezuela es además uno de los más violentos del mundo; entre 1999, año en el que Chávez asumió la presidencia, y 2014, se registraron 6.472 asesinatos. [10] En el primer semestre de 2015, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) contabilizó 109 muertos y 16.417 heridos.[11]

 

(Homicidios en cárceles venezolanas) 

Varela tenía una tarea casi imposible. Se le pidió que eliminara los motines en las prisiones, que disminuyera los homicidios dentro del sistema penitenciario, y que no aparecieran más noticias negativas en los medios de comunicación. Ante todos estos retos, y con recursos limitados, Varela adoptó una nueva política para cumplir con su misión: se hizo cercana de los pranes más importantes y comenzó a hacer tratos con ellos. Lo que querían, y que finalmente consiguieron, era el poder dentro de las prisiones. Obtuvieron el control de todo lo que pasaba en su interior. A cambio, nada debía salir de las paredes de las cárceles, ni llegar a los medios de comunicación. Se trataba de una Pax Mafiosa que más tarde tendría profundas consecuencias.

2Sistema penitenciario de Venezuela

(Desgloce del sistema penitenciario de Venezuela)

Wilmito y el ascenso de los pranes

iris varela

(Iris Varela con Wilmer José Brizuela, alias “Wilmito”)

Se cree que la palabra pran proviene del acrónimo de las palabras “Preso Rematado Asesino Nato”.[12]

Uno de los primeros pranes, que ayudó a establecer las estructuras criminales en las cárceles, fue Wilmer José Brizuela, alias “Wilmito”. Campeón de boxeo local y padre de nueve hijos, con seis mujeres diferentes, Wilmito era el típico criminal cuya primera sentencia fue por el delito de secuestro. Por muchas razones, se encontraba más seguro en las cárceles que por fuera de ellas. Cuando Alfredo Meza, el periodista que hizo las crónicas más completas sobre la vida de Wilmito, lo visitó en Vista Hermosa, una prisión de Ciudad Bolívar, en diciembre de 2013, Wilmito tenía un rifle de asalto AR-15 colgado en la pared de su celda, junto con una pistola 9 mm.[13]

Fue en Vista Hermosa donde Wilmito comenzó su vida como pran, dirigiendo una sección de la prisión, después de lo cual comenzó a eliminar sistemáticamente a sus rivales. Entre 2005 y 2006, Wilmito comenzó a tomarse el control de las secciones  de la cárcel , una por una, para finalmente convertirse en amo y señor de ellas. Con el tiempo se conformaron nuevas estructuras. Los lugartenientes se empezaron a conocer como “luceros”. Si un lucero era lo suficientemente fuerte, podía heredar el lugar del pran cuando este salía de la cárcel o cuando era asesinado. Los pranes también ofrecían servicios de cobro de deudas, comités sociales y seguridad. Wilmito, por ejemplo, nunca se movía por la cárcel sin sus guardaespaldas, cada uno de los cuales cargaba un rifle de asalto.

En el año 2009 hubo un intento de destronar a Wilmito en Vista Hermosa. Recibió un disparo en el hombro, pero logró llegar hasta su cuarto, tomar el rifle que mantenía allí, y matar a cuatro de los siete revoltosos. Para entonces, su “carro” (como se les llaman a las estructuras de gobierno informales) en Vista Hermosa generaba más de US$3 millones de ganancias al año.[14]

El ascenso de Wilmito en la cárcel le ganó su fama a nivel nacional y popularizó la noción del pran. Incluso el presidente Chávez lo mencionó alguna vez en su programa semanal “Aló Presidente”, burlándose del entonces gobernador del estado de Bolívar, Francisco Rangel Gómez: “Este Wilmito como que manda más que tú”.

El poder de los pranes estaba creciendo.

Para Humberto Prado, director del OVP, el año 2008, cuando Tareck El Aissami se convirtió en ministro de Interior y Justicia fue un momento determinante. El Aissami introdujo cambios en los horarios de visitas dentro del sistema penitenciario, lo que permitió que a las cárceles ingresaran aun más bienes y servicios, y creó una economía próspera tras las rejas.

“Tareck El Aissami fue quien le dio reconocimiento a la figura del pran. Y le dio, de paso, la autorización para que los familiares pernoctaran dentro de las cárceles”, le explicó Prado a InSight Crime. “Tú sabes que aquí los días de visita, anteriormente, eran dos días a la semana: el miércoles, día de visita conyugal, y el domingo, día de visita familiar […] O sea, anteriormente la visita llevaba una bolsa de comida y una de ropa limpia para la persona privada de la libertad. Pero desde ese momento empezaron a llevar fue maletas. Tú veías la cola de las visitas y las mujeres iban con maleta para quedarse con su familia”.

Para Carlos Nieto, de la ONG Una Ventana a la Libertad, la llegada de las familias era sólo parte del problema. No se trataba sólo de esposas e hijos. Las prostitutas y los juerguistas, así como las drogas y alcohol, empezaron a fluir con mayor libertad.

“Ahí se comenzaron a armar unas fiestas que comenzaban el viernes y terminaban el lunes […] O sea, donde lo único que había era sexo, fiesta, alcohol y droga. O sea, son un coctel molotov, eso no puede traer nada bueno”.[15]

Prisiones en Venezuela pranes y criminalidad revolucionaria 01Las visitas fueron clave para el poder de los pranes; fueron el medio por el cual ejercieron su voluntad y expandieron su economía criminal. En el núcleo del sistema de los pranes se encontraban las extorsiones que cobraban dentro de la prisión, muchas de ellas relacionadas con las visitas. Cada semana, todos los presos tenían que pagarle al pran una cuota denominada “la causa”, la cual, de no ser pagada, se castigaba con golpes o incluso con la muerte. Si un preso quería una celda buena, debía pagar más causa; y si quería un buen televisor de pantalla plana, tenía que pagar mucho más.

Actualmente, todo lo que entra a la prisión tiene un impuesto y puede costar hasta diez veces lo que vale por fuera. Por lo tanto, entre más presos tenga una cárcel, más visitantes tiene, y más ricos y poderosos son su pranes. Todos los negocios que hay en una cárcel, como restaurantes, tiendas y barberías, también le deben hacer pagos al pran. En la cárcel de Tocorón en Aragua, que es más poblada y tiene unos 7.000 reclusos, se cree que la causa recolecta más de US$2 millones al mes.[16]Gracias a estos millones de dólares, las estructuras criminales han crecido en tamaño, poder y sofisticación.

La decisión de Varela de entregar las cárceles a los presos fortaleció aún más el sistema criminal. Los pranes se convirtieron en actores políticos, en una extensión de la revolución de Chávez. Aquello era similar a la negociación a la que habían llegado los chavistas con los colectivos partidarios del gobierno y con los grupos criminales en los barrios pobres. Sólo que, en el caso de los pranes, el gobierno no tenía jurisdicción.

“El gobierno decidió no hacer nada y entregarles las cárceles a los presos”, le dijo a InSight Crime Roberto Briceño León, el director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). “La policía y la GNB tienen que pedir permiso para entrar”.

Wilmito apareció otra vez en las noticias el 17 de febrero de 2017, cuando sufrió otro atentado, esta vez no en la cárcel, donde debía estar cumpliendo una condena de 14 años por asesinato, sino en una playa de la isla de Margarita. Wilmito estaba allí de vacaciones con su familia, y llevaba “una autorización para salir de la cárcel” firmada por Varela misma[17].

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(Una carta de Iris Varela que autoriza la libertad temporal del pran “Wilmito”)

Wilmito había estado en libertad desde diciembre de 2016. El escándalo desatado por el incidente fue tal que no fue enviado de vuelta a su “hogar”, en la cárcel de Vista Hermosa, sino a otra prisión, la de Tocorón, en el estado de Aragua. Allí no disfrutaba del mismo estatus ni protección que en Vista Hermosa. En las primeras horas del 1 de abril, Wilmito fue asesinado a tiros en su celda. Acababa de celebrar sus 35 años.

El Conejo y la exportación del sistema de los pranes

Si las visitas son la clave del poder de los pranes, realizar una gran fiesta es la máxima manifestación de ese poder. En ese sentido, ninguna cárcel era mejor que San Antonio, una prisión en la isla de Margarita. Con cuatro piscinas, una discoteca e incluso un ruedo para peleas de gallos, esta penitenciaría estaba dirigida por otro de los pranes más cercanos a Varela, Teófilo Rodríguez, alias “El Conejo”.

El Conejo recibió su apodo por sus dientes de roedor y por su gusto por la pornografía de Playboy. Él adoptó la imagen de las conejitas de Playboy y las hizo pintar en los muros de todas las zonas comunes de la prisión. La única excepción era un mural donde aparecía orgullosamente la imagen de Conejo al lado de Chávez.

chavez y conejo

(Mural del pran Conejo y Hugo Chávez)

La isla de Margarita, que hace parte del archipiélago de Nueva Esparta, tradicionalmente ha sido uno de los lugares favoritos de los venezolanos para pasar sus vacaciones. Con un sol radiante y perfectas playas caribeñas, el lugar también se convirtió en la mejor cárcel para estar preso. El Conejo ofrecía grandes fiestas, pero tras su generosidad se escondía una ambiciosa mente que logró construir una estructura criminal dentro de la prisión que se llegó a proyectar en toda la isla.

san antonio

(Foto tomada dentro de la cárcel de San Antonio)

Las comodidades de la cárcel de San Antonio se conocieron en todo el mundo cuando el New York Times visitó a El Conejo y realizó un tour sin restricciones por la cárcel.[18] Sin embargo, no se informó sobre las acciones criminales de El Conejo por fuera de la prisión, entre ellas actividades de narcotráfico en la isla —una importante punto de transito para la cocaína en su paso por el Caribe—.

Así como las estructuras criminales dentro de las prisiones recibieron el nombre de “carros”, las estructuras criminales vinculadas al sistema de pranes que operaban por fuera de las prisiones pasaron a llamarse “trenes”. El Conejo dirigía su propio tren, denominado “Tren del Pacífico”.[19]

El Conejo no era el único pran que trabajaba por fuera de las cárceles. Muchos otros pranes dirigían operaciones criminales desde sus celdas. Carlos Nieto, de Una Ventana a la Libertad, dijo que uno de los ejemplos más notables de las estructuras criminales dentro y fuera de las cárceles es el “Tren de Aragua”, dirigido supuestamente desde la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua. “Desde allí no sólo se planean crímenes, secuestros, extorsiones y robos, sino que además se distribuyen drogas y se dirigen las megabandas “, dijo Nieto.[20]

Esta estructura criminal llegó a ser una de las más poderosas de Venezuela mientras Tareck El Aissami fue gobernador de Aragua (cargo que desempeñó desde 2012 hasta que asumió la vicepresidencia este año). Nieto considera que esto no es casualidad. Los organismos de seguridad internacionales también lo creen así: El Aissami ha fomentado las estructuras del crimen organizado en todos los cargos oficiales que ha tenido.[21]

Otros pranes y luceros que han cumplido sus penas han salido de las prisiones y han replicado sus estructuras por fuera de ellas. Para Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa, que se dedica al estudio del crimen organizado en Venezuela, el sistema de pranes fue fundamental para el establecimiento de las llamadas “megabandas”, organizaciones criminales (algunas de las cuales tienen hasta cientos de miembros) que controlan la distribución local de drogas, así como la extorsión y el secuestro, en muchas partes del país.

“Muchos presos que habían sido ‘pranes’ o ‘luceros’ adquirieron el  knowhow criminal en las prisiones y lo replicaron por fuera de ellas, creando las megabandas”, dijo Cedeño en Caracas, sosteniendo en la mano una copia de su informe sobre la evolución del fenómeno de las megabandas.

En ambos casos, la relación que estos criminales establecieron y mantuvieron con funcionarios del gobierno fue fundamental para lograr sus objetivos, a pesar de que el gobierno niegue estas afirmaciones. Cuando se le preguntó a Varela por una foto del año 2011 en la que aparece abrazando a El Conejo, ella se burló de la pregunta y amenazó a quien la había interrogado.

el consejo iris

 (Iris Varela en una foto con El Conejo en 2011)

“Uy, por favor, ¿usted va a preguntar eso? Yo voy a demandar a quien me esté difamando de esa manera”, dijo. “Yo soy madre de familia, yo soy ministra de las cárceles, me he fotografiado con 100.000 presos en este país.”[22]

Pero, aun así, como ocurrió con Wilmito, las conexiones de El Conejo con el gobierno no lograron protegerlo de todos sus enemigos. El 24 de enero de 2016, mientras se encontraba en libertad condicional, fue asesinado en las afueras de una discoteca en la isla de Margarita, liquidado en una balacera junto con varios de sus guardaespaldas. El asesinato aún no se ha resuelto, pero los rumores sobre una deuda que tenía con narcotraficantes parece ser la teoría más aceptada. Su funeral fue un evento fastuoso, dentro y fuera de la cárcel de San Antonio. Los presos se reunieron en el techo, disparando una cantidad impresionante de armas de fuego para lamentar la muerte de su líder. El escándalo que se desató fue tal, que Varela clausuró la prisión poco después.

La situación actual

Altos niveles de violencia. Criminalidad rampante. Corrupción. La Venezuela de hoy tiene los mismos problemas dentro yfuera de las prisiones. La situación ha empeorado después de la muerte de Chávez en 2013. Luego de que Nicolás Maduro, el sucesor elegido por Chávez, asumió el poder, la inflación ha quedado fuera de control, los alimentos escasean en los supermercados, y el gobierno ha asumido una posición aún más dura frente a los disidentes políticos.

Sin embargo, irónicamente, el gobierno de los pranes parece ser más eficiente que el de Maduro: administran justicia con rapidez, y mientras que la comida escasea en los supermercados, los pranes parecen ser capaces de obtener todos los alimentos que necesitan. De hecho, se ha sabido que los habitantes del estado Aragua van a la cárcel de Tocorón cuando no pueden comprar alimentos en ningún otro lugar. Los pasillos de la prisión parecen la cueva de Aladino, con mercancías apiladas contra las paredes, y vendedores que hacen jugosos negocios tanto con los reclusos como con la población en general.[23]

La Pax Mafiosa que Varela estableció permitió disminuir los homicidios en las cárceles. Aunque se presentaban disturbios, escándalos y episodios de violencia, ella logró ocultar lo que en realidad ocurría al interior de las prisiones. Sin embargo, este sistema dio luz a una nueva generación de estructuras del crimen organizado, y los pranes, trenes y megabandas se han extendido por todo el país generando aún más criminalidad y asesinatos. Todo ello ha contribuido a hacer de Venezuela uno de los países más peligrosos del mundo.

En el mes de junio, Iris Varela, la ministra con más tiempo al servicio del gobierno, renunció para postularse a un puesto en la Asamblea Nacional Constituyente, el más reciente mecanismo de Maduro para eliminar cualquier tipo de oposición a su gobierno. Para nadie fue sorprendente que la Comandante Fosforito ganara un escaño en la Asamblea. Antes de abandonar su cargo, ella tenía una última palabra que decir acerca de los pranes.

“Yo niego la existencia de los pranes”, dijo. “Desconozco la existencia de esa figura”.[24]

Pocos días antes de las elecciones en el mes de julio, ella fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por “socavar la democracia”.[25] Su nombre se suma entonces al de numerosos miembros de la República Bolivariana incluidos en la lista de la OFAC, entre quienes se encuentra el vicepresidente El Aissami. Esta fue su respuesta, la misma que le dio al estado de derecho, al respeto por los derechos humanos y a los presos puestos bajo su cuidado:

varela

Las estructuras carcelarias y su argot*

Achicharrao Preso que no recibe visitas, que no le importa a nadie.
Alta Máximo gobierno, conformado por “luceros” y “pranes” de otras secciones de la cárcel.
Batanero El que roba dentro de la cárcel. El castigo es apuñalarle las manos varias veces. Las marcas, mal cicatrizadas por lo general, lo persiguen a donde es trasladado. Al verle las manos, cualquier preso sabe que es un batanero.
Boca cosida Cuando un preso acaba de ser traslado y se siente en desventaja, o si quiere protestar por su nueva situación, se cose los labios y declara huelga de hambre y “brazos caídos”. Nadie puede arremeter contra esa persona.
Caleta Escondite de armas y dinero en efectivo.
Carro Gobierno dentro de la cárcel, ajeno a guardias, custodios y director. Los cambios de “carro” son golpes de Estado, que se producen en reyertas con muertos y heridos. Un pran deja de serlo cuando es asesinado por otro que ocupa su lugar con otros luceros.
Castigos La idea es provocar sufrimiento: “puñaladas sobre puñaladas, tiros sobre tiros”. Abren heridas sin cicatrizar. Pueden aplicar el “reventarle las piernas”, que consiste en dispararle en ambos miembros inferiores, o “guindar”: colgar a alguien con una soga al cuello hasta que casi desfallece. Solo en ese momento lo sueltan.
Causa Es lo que el preso le paga periódicamente al pran y su “carro” por vivir en ciertas zonas y disfrutar de algunos “privilegios”; por ejemplo, los que venden alimentos y drogas deben pagar por eso.
Cincuenta de cincuenta Es un balazo en el centro del estómago; “si te mueres, te moriste, y si vives, aprendes que tienes que pagar a tiempo”.
Cochinos En algunas cárceles hay corrales con inmensos cerdos a quienes se les lanzan pedazos humanos para desaparecer un cadáver.
Garita Lugar desde donde los reclusos cuidan, armados y por guardias periódicas que no se incumplan las reglas impuestas por el pran. El que se duerme en una garita, se muere.
Gandules También denominados “brujas”, “escoria” o “basura”, se drogan todo el día. No respetan las reglas.
Luceros Secundan al pran. Conforman con él un sistema de gobierno que se llama “carro”.
Luz Una regla. “Comerse la luz” es irrespetarla. Cometer esta falta puede costar la vida instantáneamente.
Mancha Faltar a la rutina es un error que puede costar la vida. “Mancharla” es desobedecer las leyes carcelarias que imponen los presos.
Número Todos los días, las autoridades oficiales del penal pasan número y revisan que no falte un privado de libertad.
Pacificación Significa “pranificación” para los reos. Es una negociación en la que las autoridades del ministerio le dicen al pran de una cárcel: “¿qué quieres?” y él pide mujeres, discoteca, piscina, sonido, lo que sea, a cambio de no matar a nadie ni alborotar a los periodistas con reyertas y muertos. Si él cumple, tiene sus beneficios y todo parece tranquilo.
Paria Un preso que no pelea, no tiene armas, “no habla duro”, y la regla dice que nadie debe meterse con él. Quien lo hace, es asesinado por la población penal.
Pran Líder carcelario. En algunos penales hay un pran principal y varios secundarios, por sectores que le rinden cuentas.
Tela de juicio En medio de un círculo, todos de pie y frente al carro, se juzga a un preso por su actuación y se toma una decisión con respecto al castigo que recibirá.
Varones Cristianos evangélicos, que tienen sus propias leyes. Caminan más libremente por los penales y suelen ayudar a trasladar presos de un lado a otro por alguna necesidad.
Visita Familiares y amigos que acuden a la cárcel en los horarios establecidos y en ocasiones pernoctan. Es ley que se respeten por encima de todo: en algunos penales no pueden mirarse a los ojos, no se piropea a las mujeres, no se presentan ante ellos sin camisa o descalzos.

 

* Esta lista es reproducida con permiso de Runrun.es. El original puede encontrarse en: https://runrun.es/relax/dda/147803/diccionario-de-la-pran-academia-espanola.html

* Foto superior: Carlos Ramírez


[1] Informe 21, “El pran “Oriente” dijo que las autoridades amenazan a su familia y ministro Reverol lo desmiente”, 30 de junio de 2011. https://informe21.com/actualidad/pran-oriente-dijo-las-autoridades-amenazan-su-familia-ministro-reverol-desmiente

[2] Últimas Noticias, “Manu Pelua ordenó retirar la GN del Rodeo II”, 15 de julio de 2011, https://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/mano-pelua-ordeno-retirar-a-la-gn-del-rodeo-ii.aspx

[3] José Rafael Ramírez, “Yorvis Valentín López Cortez, alias pran “Oriente”, se volvió a fugar de un penal”, Noticias JR, 15 de diciembre de 2016. https://noticiasjr.com/yorvis-valentin-lopez-cortez-alias-pran-oriente-se-volvio-a-fugar-de-un-penal/

[4] Infobae, “Descontrol y muerte en las prisiones de Venezuela”, 21 de junio de 2011. https://www.infobae.com/2011/06/21/1027571-descontrol-y-muerte-las-prisiones-venezuela/

[5] EFE, “Chávez ordena desmantelar mafias que administran cárceles”, El Espectador, 11 de junio de 2011. https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/chavez-ordena-desmantelar-mafias-administran-carceles-articulo-279264

[7] Semana, “Chávez crea Ministerio de Cárceles en Venezuela”, 26 de julio de 2011, https://www.semana.com/mundo/articulo/chavez-crea-ministerio-carceles-venezuela/243733-3

[9] Prison Insider, Venezuela Country Profile, consultado el 6 de septiembre de 2017. https://www.prison-insider.com/countryprofile/prisonsinvzla?s=la-population-carcerale#la-population-carcerale

[10] Observatorio Venezolano de Prisiones, “Situación carcelaria en Venezuela, 2014”, https://www.oveprisiones.org/assets/informe-2014-pdf.pdf

[11] Observatorio Venezolano de Prisiones, “Situación Carcelaria en Venezuela, 2014”, https://www.oveprisiones.org/assets/informe-2014-pdf.pdf

[12] Entrevista de InSight Crime con Humberto Prado. Caracas, 7 de julio de 2016.

[13] Alfredo Meza, “El gobierno de Wilmito”, Armando Info, 19 de marzo de 2017. https://www.armando.info/historias/7431=el-gobierno-de-wilmito

[14] Jorge Benezra, “On the Inside: Venezuela’s Most Dangerous Prison”, Time, 6 de junio de 2013.   https://time.com/3800088/on-the-inside-venezuelas-most-dangerous-prison/

[15] Entrevista de InSight Crime con Carlos Nieto. Caracas, 6 de julio de 2016.

[16] Runrunes, “En Tocorón, el riesgo es que te quieras quedar”, 7 de agosto de 2015.  https://runrun.es/nacional/venezuela-2/217111/en-tocoron-el-riesgo-es-que-te-quieras-quedar.html

[17] Runrunes, “Jueza Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”,” 1 de marzo de 2017. https://runrun.es/nacional/actualidad/299100/jueza-casado-quiero-que-la-ministra-varela-me-explique-por-que-mi-hermana-esta-muerta-y-wilmito-en-la-playa.html

[18] Simon Romero, “Where Prisoners Can Do Anything Except Leave”, 3 de junio de 2011. https://www.nytimes.com/2011/06/04/world/americas/04venez.html?mcubz=3

[19] Para mayor información sobre los “trenes” vea la reseña de InSight Crime sobre “El Tren del Llano”. /noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/el-tren-del-llano

[20] Entrevista de InSight Crime con Carlos Nieto. Caracas, 6 de julio de 2016.

[21] En febrero de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a El Aissami en su lista de presuntos narcotraficantes (“kingpin”) por haber “facilitado cargamentos de narcóticos desde Venezuela”. Vea: Unidad Investigativa sobre Venezuela, “Vicepresidente de Venezuela es el funcionario de más alto rango en recibir sanciones de EEUU hasta la fecha”, InSight Crime, 15 de febrero de 2017. Disponible en: /analisis/sanciones-eeuu-vicepresidente-venezuela-apuntan-altos-rangos-gobierno

[22] Lorena Meléndez, “Lo que dice Iris Varela cuando le preguntan sobre “El Conejo”, Runrunes, 1 de enero de 2016.

https://runrun.es/nacional/246190/lo-que-dice-iris-varela-cuando-le-preguntan-sobre-el-conejo.html

[23] InSight Crime, “Venezuela supera escasez comprando en la cárcel”, 24 de agosto de 2016, /noticias-del-dia/venezuela-supera-escasez-comprando-carcel

[24] José Silva, “Iris Varela niega que haya pranes en las cárceles del país”, El Universal, 29 de marzo de 2017.   https://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/iris-varela-niega-que-haya-pranes-las-carceles-del-pais_645866

[25] US Department of the Treasury, “Treasury Sanctions 13 Current and Former Senior Officials of the Government of Venezuela,” 26 de julio de 2017.   https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0132.aspx

Colombia y Venezuela: Siameses criminales

Colombia y Venezuela han compartido la dinámica criminal durante décadas. Colombia ha traficado cocaína por Venezuela, en su trayecto hacia los mercados de Estados Unidos y Europa; por su parte, la gasolina de contrabando de Venezuela ha fluido en la dirección contraria. Pero actualmente los vínculos criminales de ambos países son mucho más complejos y reflejan una simbiosis cada vez mayor.

Durante décadas, el conflicto civil colombiano se reflejó en Venezuela, en tanto los ciudadanos huían desesperados de la violencia y los actores del conflicto buscaban un refugio. Actualmente la ola humana fluye en la otra dirección, principalmente por venezolanos desplazados por la situación económica, así como por la escasez de alimentos y medicinas, en busca de una vida mejor y dispuestos a trabajar por un plato de comida.

El conflicto civil colombiano está amainando, y solo queda una facción beligerante activa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Venezuela ofrece el último refugio para el ELN y es la principal base desde la cual este ejército guerrillero planea su expansión. El refugio que Venezuela significa para el ELN explica en gran parte la poca voluntad del ELN para comprometerse en la mesa de negociaciones.

La frontera colombo-venezolana es actualmente una de las regiones con mayor criminalidad en Latinoamérica. Desde allí se generan cientos de millones de dólares, producidos por múltiples economías criminales, y allí prosperan varios grupos delictivos.

Las economías criminales en la frontera

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander en el lado colombiano de la frontera, es el lugar más barato del mundo para producir cocaína. Y actualmente es una de las áreas de Colombia más prolíficas en el cultivo y la producción de drogas. Las montañas de los Andes en esta región tienen unas de las tasas de producción de cocaína más altas por hectárea —más de siete kilos al año—, según fuentes de la policía antinarcóticos de Colombia.

El principal precursor químico en el procesamiento de la cocaína es la gasolina, y gracias a los subsidios a los combustibles de Venezuela, esta es baratísima. Los otros dos factores definitivos para el comercio de cocaína son la proximidad a un punto de partida, en este caso Venezuela, y un flujo de mano de obra barata para cosechar, procesar y transportar los cargamentos de cocaína. Los venezolanos ofrecen cada vez más esa fuerza laboral y están dispuestos a asumir cada vez mayores riesgos, y por mucho menos dinero, que los colombianos. En la región existe actualmente una gran oferta de trabajadores criminales, compuesta por venezolanos desesperados en toda la frontera.

La cocaína colombiana está cruzando la frontera con Venezuela a través de tres ejes principales: directamente desde el centro de producción en el Catatumbo, con dirección hacia Táchira y Zulia; a través de los Llanos Orientales colombianos, hacia Apure; y a lo largo de los ríos entre ambos países, verdaderas autopistas en medio de las junglas que se internan en el estado sureño del Amazonas.

No existen cifras claras sobre la cantidad de cocaína que ingresa a Venezuela, pero dos fuentes de inteligencia internacional, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que no les sorprendería que la cifra estuviera por encima de las 400 toneladas al año. Al precio actual de US$4.000 por kilo en Venezuela, esa cantidad de droga equivale a US$1,6 billones. Los costos del tráfico en Venezuela se estiman en unos US$1.000, lo que significa que el crimen organizado en esta atribulada nación andina se estaría obteniendo unos US$400 millones al año, solo por el comercio de cocaína.

Pero la cocaína no es la única economía ilegal en esta frontera.

El contrabando de gasolina, en gran medida ejecutado por el ELN, es otro de los focos que se han detectado en la región. Un litro de combustible venezolano de 95 octanos tiene un costo de seis bolívares, lo que en dinero colombiano representa 0.25 pesos. Sin embargo, en la frontera es comerciado por 6.000 o 7.000 pesos (169.956 bolívares).

Cientos de barriles son transportados desde Apure hasta Arauca en total complicidad con miembros de la Guardia Nacional Venezolana, quienes reciben pagos a cambio de su silencio, hecho que pudo comprobar InSight Crime por medio de material fotográfico.

Por otro lado, en los estados Amazonas y Bolívar, al sur de Venezuela, el ELN y las disidencias de las FARC aprovechan la riqueza del suelo para extraer oro y coltán y llevarlo a Guainía y Vichada, en límites con Colombia. Una vez más, esto se lleva a cabo con la complicidad del ejército venezolano y sometiendo a las comunidades indígenas que históricamente han ocupado esta región.

Los alimentos subsidiados que el Estado venezolano entrega a sus ciudadanos también se convirtieron en una forma de subsistencia que no solo es utilizada por los grupos ilegales, sino también por los ciudadanos del común. Desde Apure hacia Arauca y desde Zulia a La Guajira y Cesar, los víveres son transportados por rutas clandestinas, entre ellos la carne de res, que es comerciada por un precio inferior al oficial en Colombia, y aun así representa importantes ganancias debido a que el costo en Venezuela está muy bajo por el gran diferencial cambiario y por la falta de liquidez en este país.

Sin embargo, la gran escasez de alimentos en Venezuela ha reducido el tráfico, e incluso ha generado el efecto contrario: el tráfico de Colombia a Venezuela por la falta de provisiones.

El cierre de la frontera en el año 2015 por parte del presidente Nicolás Maduro reforzó aún más el control que la Guardia Nacional tenía en el contrabando de todo tipo de bienes. Los controles fronterizos más estrictos detienen a muchas personas que contrabandean al por menor y pasan el monopolio criminal al ejército venezolano. Mientras que las operaciones de contrabando al por menor realizadas por individuos se vieron limitadas, las grandes mafias con estrechos vínculos con la Guardia Nacional florecieron.

Refugio de criminales

La tolerancia política y la corrupción oficial en Venezuela, junto con la proliferación de economías ilegales, han convertido a los estados fronterizos venezolanos en refugios criminales. Si bien las estructuras del crimen organizado venezolano —tanto estatales como no estatales— se están fortaleciendo, son los grupos colombianos los que tradicionalmente han ejercido más influencia en la región fronteriza con Venezuela. Tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017 hubo un gran cambio en el panorama criminal en la frontera.

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

La tolerancia frente a los grupos guerrilleros marxistas colombianos comenzó durante la administración Hugo Chávez. Al parecer, tanto el ELN como las FARC fueron tolerados, o quizá incluso apoyados en Venezuela durante al mandato de Chávez. Él veía a estos grupos ideológicos como aliados, aunque su actitud hacia ellos era compleja, y variaba según sus intereses. Chávez les permitió a ambos grupos utilizar territorio venezolano pero también se puso en su contra cuando le convenía. Durante la administración de Maduro, Venezuela cumplió un papel importante en el proceso de paz con las FARC; pero aparte de eso no ha habido evidencias de que él apoye la presencia de guerrilleros en Venezuela. Sus esfuerzos por la supervivencia política han acaparado toda su atención, lo que significa que los grupos colombianos en territorio venezolano han operado tranquilamente y esto les ha permitido prosperar.

El ELN

Quizá el principal grupo colombiano que opera actualmente en territorio venezolano es el ELN. Por más de 30 años, muchos líderes y combatientes del ELN se han establecido en los estados venezolanos de Apure y Zulia, y recientemente se han expandido a Táchira y Amazonas.

La división más aguerrida del ELN, el Frente de Guerra Oriental, tiene bases en Apure y su departamento gemelo en Colombia, Arauca. Según fuentes militares colombianas, hasta el 90 por ciento de la logística y el poder de lucha del Frente de Guerra se encuentra en Apure. También se ha confirmado la presencia del ELN en los municipios de Páez, Rómulo Gallegos y Muñoz, donde los guerrilleros llevan a cabo operaciones de contrabando.

Fuentes en el lado venezolano de la frontera también han detectado presencia del ELN en Táchira, particularmente el municipio de Fernández Feo, cuyos habitantes han visto guerrilleros caminando con ropa de civil, pero cargando rifles y armas pequeñas. Otras fuentes han confirmado la presencia del ELN en los estados de Amazonas y Bolívar. En el Zulia, solamente las fuerzas de seguridad colombianas se han referido a la presencia del ELN en dicho estado, aunque los habitantes del municipio de Tibú, Norte de Santander, han dicho que los guerrilleros del ELN cruzan la frontera. Incluso ha habido informes que el ELN ha repartido material de propaganda en las escuelas, así como paquetes de alimentosdel Gobierno en Venezuela.

El Frente de Guerra Oriental ha estado tradicionalmente dirigido por Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito” quien en 2015 entró a hacer parte del máximo órgano de mando del ELN, el Comando Central (COCE). Actualmente es el jefe militar del grupo. Él ha utilizado su refugio en Apure para fortalecer su Frente de Guerra y lanzar ataques en Colombia. Se cree que durante algunos años se ha establecido una finca en El Nula, expropiada por el presidente Chávez.

Pablito se opone a las conversaciones de paz con el Gobierno colombiano, pues considera que las “condiciones actuales no favorecen las negociaciones”. El jefe guerrillero se está expandiendo desde su bastión en Apure-Arauca hacia los estados venezolanos de Táchira y Amazonas, así como hacia Vichada, en el lado colombiano. Él ha estado llenando el vacío que han dejado los guerrilleros desmovilizados de las FARC, tratando de apoderarse no solo del territorio, sino además de las economías ilegales que anteriormente eran el sustento de las FARC.

A la vez que el grupo está expandiendo sus finanzas y engrosando sus filas, Pablito y otros miembros radicales del ELN no ven ningún beneficio en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano. Venezuela es un factor clave en esta postura del ELN.

Disidentes de las FARC

Si bien las FARC han desaparecido como un actor beligerante con alcance nacional, hay cada vez más facciones disidentes dispersándose por todo el país, y Venezuela se está convirtiendo no solo en una zona de retaguardia sino también en fuente de financiación para algunos de estos elementos.

InSight Crime tiene información de que Gener García Molina, alias “Jhon 40″, uno de los principales narcotraficantes de las FARC y exdirigente del Frente 43 en Meta, ha establecido una base al otro lado de la frontera, en Amazonas, Venezuela, con miembros del Frente “Acacio Medina”. Jhon 40 fue en algún momento el encargado de las finanzas del Bloque Oriental de las FARC, que operaba en siete departamentos: Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada y Guainía. También estuvo relacionado con varios narcotraficantes brasileños y colombianos, como Daniel “El Loco” Barrera, capturado en Venezuela en 2012. Por lo tanto, tiene vastos conocimientos sobre el tráfico de drogas, contactos internacionales y tal vez dirige sus propias rutas de tráfico de cocaína.

Al trasladarse al Amazonas, Jhon 40 puede recibir los cargamentos de droga que se trafican por los Llanos Orientales de Colombia, bastión de los disidentes del Primer Frente de las FARC, así como a lo largo de los ríos que bañan las selvas de la triple frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil. Al parecer también dirige, o al menos cobra “impuestos” sobre las operaciones de minería ilegal en Amazonas, que incluyen oro y coltán.

El exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, denunció la actividad de las FARC y el ELN en el estado de Amazonas y recientemente fue vetado políticamente por el Gobierno de Maduro.

Jhon 40 es solo un elemento de las crecientes disidencias de las FARC, quizá encabezadas por Miguel Botache Santanilla, alias “Gentil Duarte”, quien fue expulsado de las FARC a finales del año pasado. Él es el líder disidente de más alto rango. Estos disidentes tienen sus bases en Guaviare, ciertos sectores de Meta y Vichada, así como en la selva del departamento de Guainía. Venezuela es actualmente un salvavidas económico y refugio de muchos de los disidentes de las FARC. InSight Crime estima que el número total de combatientes milicianos de las FARC que permanecen activos podría llegar a los 2.500, y Venezuela es una importante retaguardia estratégica y financiera para ellos.

El Ejército Popular de Liberación

Otro grupo colombiano que está ingresando a Venezuela es el remanente del EPL, al que el Gobierno llama “Los Pelusos”, con el fin de no reconocer sus orígenes guerrilleros. El EPL se desmovilizó oficialmente en 1991, y esta última facción en Norte de Santander se ha convertido en un actor importante en el tráfico de drogas en la frontera con Venezuela. Después de la desmovilización de las FARC en el año 2017, el EPL inició una agresiva expansión, declarándole la guerra al ELN y expandiéndose por fuera de su bastión en el Catatumbo.

El grupo se vio debilitado por la muerte, en 2015, del exlíder Víctor Ramón Navarro, alias “Megateo” (quien dirigía el tráfico de drogas del ELN y las FARC en el Catatumbo), y tras el arresto de Guillermo León Aguirre, alias “David León”, en 2016. Pero esta vacante fue ocupada por alias “Pácora”, a quien las autoridades aún no han podido identificar. Pácora está liderando la expansión del EPL, lo que incluye incursiones en Venezuela con el fin de conseguir rutas del narcotráfico, fortalecer el poder militar, reclutar miembros retirados de las fuerzas de seguridad y entrenar a sus miembros. Ha habido informes de la presencia EPL en Casigua El Cubo, en el estado venezolano de Zulia.

Mafia colombiana

Desde el año 2006, con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han surgido múltiples grupos criminales en Colombia, a los que el Gobierno colombiano denominó inicialmente BACRIM (“bandas criminales”), pero ahora son llamados Grupos Armados Organizados (GAO). Dos de estos grupos tienen una presencia significativa en Venezuela: Los Rastrojos y Los Urabeños.

De hecho, ha habido enfrentamientos entre los dos grupos en territorio venezolano, que buscan el control de los corredores de contrabando.25 Sin embargo, la fragmentación de estos grupos los ha llevado a verse cada vez más eclipsados a lo largo de la frontera con Venezuela por el ELN, el EPL y disidentes de las FARC; por cierto, en muchos casos están trabajando junto con estos grupos guerrilleros, así como con elementos corruptos de las fuerzas de seguridad de Venezuela.

Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL)

Uno de los principales actores ilegales venezolanos activos en la frontera es el FBL, un extraño fenómeno de un grupo rebelde de partidarios del Gobierno, inspirado en el modelo colombiano. Si bien inicialmente cooperaron con el ELN, ahora ven a este grupo como una competencia, debido a que el ELN tiene una gran presencia en el lado venezolano de la frontera. En los últimos años han tenido mucho más contacto con las FARC y, de hecho, la Defensoría del Pueblo de Arauca se refiere a ellos como un “hijo de las FARC”.

Este grupo, que cuenta con entre 1.000 y 4.000 miembros, se dedica a la extorsión y es activo en la política local, supuestamente recibe financiamiento a través de los concejos comunales. Fuentes en Venezuela han afirmado que tienen nexos con el narcotráfico, pero no hemos encontrado ninguna prueba concreta de esto. Se ha registrado presencia del FBL en los estados Apure, Táchira, Barinas, Zulia, Mérida, Portuguesa, Cojedes y Carabobo, así como en Caracas. Es posible que anteriormente hayan recibido material y formación de las FARC. Dado que ha habido informes de la presencia de disidentes de las FARC en Venezuela, esto puede ser el resultado del trabajo con elementos de las FBL.

El futuro

En primer lugar, hay que decir que Colombia ha estado exportando crimen organizado a Venezuela durante décadas. La diferencia es que ahora Venezuela ha aumentado su participación criminal y actualmente es un socio igual en muchas economías criminales.

Las economías criminales a lo largo de la frontera son transnacionales por su propia naturaleza. Por lo tanto, cualquier respuesta significativa ante ellas debe ser da carácter transnacional. Sin embargo, actualmente hay poca colaboración bilateral entre Venezuela y Colombia, lo que permite la libre operación del crimen organizado.

En una entrevista en el mes de abril, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó al Gobierno venezolano de utilizar bandas de delincuentes para “perpetuarse en el poder”. La respuesta del presidente Maduro consistió en describir a Colombia como un “Estado fallido”. Así las cosas, hay poca esperanza de que las administraciones actuales cooperen en la lucha contra el crimen organizado. ¿Podrían las elecciones presidenciales en Venezuela y Colombia cambiar esta situación?

Si los dos candidatos favoritos para ganar las próximas elecciones llegan al poder, la respuesta es un no categórico. El presidente Maduro está buscando la reelección, y la balanza se inclina mucho a su favor, incluso suponiendo que no manipule abiertamente las votaciones. En Colombia, Iván Duque, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, está liderando las encuestas.

Cuando se le preguntó en una entrevista por la situación en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, claramente reveló su actitud frente al país vecino: “Necesita seguridad, justicia e intervención de infraestructura, porque lo que hay es un corredor del narcotráfico auspiciado por el Cartel de los Soles, que está en la cabeza del gobierno de Venezuela. Voy a ir al Consejo de Seguridad de la ONU a denunciar lo que ocurre en la frontera con Colombia: es la anuencia de un gobierno que tiene estructuras de narcotráfico, valiéndose de un corredor de producción de cocaína”.

¿Qué podemos esperar para el resto de 2018? Un aumento en el flujo de cocaína hacia Venezuela, dado que el cultivo de coca en Colombia sigue en aumento; un fortalecimiento de los grupos ilegales de Colombia en suelo venezolano; y el reclutamiento de los desesperados venezolanos por parte los grupos ilegales y el crimen organizado de Colombia que se enfrentan por la supervivencia, y a los cuales se les ofrecen pocas alternativas legales. Todo esto se suma al fortalecimiento de las economías criminales a lo largo de la frontera, donde el crimen organizado transnacional echa raíces cada vez más profundas en esta atribulada región.

Honduras y Venezuela: Golpe de Estado y tráfico aéreo de cocaína 

En la mañana del domingo 28 de junio de 2009, soldados hondureños irrumpieron en el palacio presidencial de la capital del país, Tegucigalpa, sacaron al presidente Manuel Zelaya de su cama y se llevaron su teléfono celular. Mientras el ejército desarmaba a la guardia presidencial, varios soldados introdujeron a Zelaya en una camioneta y lo llevaron a una base de la fuerza aérea, donde fue escoltado hasta un avión que inmediatamente salió del país. Zelaya dice que no sabía hacia dónde lo llevaban hasta que llegó a San José, Costa Rica.

“He sido secuestrado”, dijo más tarde ese mismo día en una concurrida conferencia de prensa en Costa Rica. “Secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad”.

Aquella acción, que una comisión de la verdad independiente llamaría más tarde “un golpe de Estado”, fue la culminación de meses de agitación política en el país. Zelaya decía que él sólo estaba realizando un referéndum —programado para ese mismo 28 de junio— para determinar si Honduras debería incluir la llamada “cuarta urna” en las elecciones nacionales que se llevarían a cabo en noviembre.

La cuarta urna le daría al electorado la oportunidad de pedir una Asamblea Constitucional. Sus rivales —entre los que se encontraban miembros de su propio partido en el Congreso y de tres de los otros cuatro partidos políticos en el poder legislativo, así como de la Corte Suprema, el ejército, la Iglesia Católica y las principales asociaciones empresariales del país—dijeron que él había ignorado las resoluciones judiciales que consideraban que su referéndum había sido inconstitucional y que buscaba perpetuarse en el mandato, como ya lo había hecho en Venezuela su aliado, el presidente Hugo Chávez, en numerosas ocasiones. Funcionarios estadounidenses dijeron más tarde que habían tratado de evitar la destitución de Zelaya, pero que el ejército de Honduras había interrumpido las conversaciones el día de su derrocamiento.

En efecto, detrás del “golpe” en Honduras estaba el espectro de Venezuela. Durante su campaña presidencial en 2005, Zelaya se había postulado como un hábil empresario y reformista moderado, por el Partido Liberal (PL), de orientación centroderecha. Dada la oposición a muchas de sus propuestas por parte de su propio partido y de su rival, el Partido Nacional (PN), recurrió a coaliciones y uniones con la izquierda en busca de apoyo para su agenda. Para consternación de las élites empresariales, subió los salarios de los empleados de los sectores público y privado, lo que incluía el aumento del 60 por ciento en el salario mínimo de todos los trabajadores. Y para el horror de las élites políticas, se unió a Petrocaribe y a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la alianza económica y política regional de Chávez, que actuaba como contrapunto a los acuerdos comerciales liderados por Estados Unidos en la región.

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

La ironía, por supuesto, es que el ALBA tendría poco impacto en Honduras en comparación con el golpe que derrocó a su principal promotor. De hecho, el caos que se produjo tras el derrocamiento de Zelaya generó un periodo de actividad criminal sin precedentes en el país, que alteró profundamente el panorama político, económico y social de Honduras. Al igual que el ALBA, provenía de Venezuela e incluía la participación oficial venezolana. A diferencia del ALBA, involucraba algunos de los mismos intereses políticos que en Honduras habían tratado de derribar a Zelaya.   

Caos y oportunidad criminal

Tras el golpe a Zelaya, el Congreso instaló al jefe del cuerpo legislativo, Roberto Micheletti, del PL, como presidente interino. La comunidad internacional, incluido el gobierno de Estados Unidos, rechazó la reivindicación de poder por parte de Micheletti. Honduras fue expulsada temporalmente de la Organización de Estados Americanos, numerosas naciones retiraron a sus embajadores, y ningún país reconoció la administración Micheletti.

El aislamiento político aumentó cuando Micheletti declaró numerosos toques de queda, cerró los medios de comunicación de la oposición y envió militares y policías a sofocar las protestas que estallaron tras el derrocamiento de Zelaya. Estas protestas se intensificaron en septiembre de 2009, cuando Zelaya regresó al país atravesando sigilosamente un paso de montaña y se instaló en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, que estaba intentando llegar a un acuerdo que le permitiera retomar la presidencia hasta el final de su mandato. La respuesta de Micheletti consistió en la declaración de un estado de sitio de 45 días, que, entre otras cosas, suspendió varias libertades garantizadas por la Constitución.  

Dado que cada parte estaba atrincherada en su posición, surgió un estancamiento, incluso a pesar de que ya habían comenzado las campañas presidenciales para las elecciones de noviembre. El candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, ganó las elecciones, en las que hubo una abstención del 50 por ciento. Para algunos, aquello fue una afirmación de que los hondureños rechazaban los esfuerzos de Zelaya y sus aliados para boicotear el proceso y reincorporarlo en el poder. Pero para otros fue un déjà vu, una afirmación de que las élites políticas y económicas del país habían retornado a los años ochenta con la ayuda del ejército, destituyendo a un presidente de izquierda. 

El gobierno de Estados Unidos reforzó esta creencia al reconocer a la administración Lobo, pero la surreal crisis política había paralizado la cooperación de Estados Unidos a Honduras, particularmente en materia de antinarcóticos. Días después del derrocamiento de Zelaya, el Gobierno de Estados Unidos retiró US$33 millones en ayuda económica y militar, y detuvo sus operaciones con el ejército hondureño y con las unidades antinarcóticos. Así mismo, el ejército y la policía de Honduras concentraron sus fuerzas en Tegucigalpa para enfrentar la agitación política. Como resultado, surgieron oportunidades para las organizaciones criminales. 

Una de las organizaciones que aprovechó la situación fue una red colombo-venezolana que operaba en una de las fronteras del país, dirigida por José Evaristo Linares Castillo, antiguo socio de Daniel “El Loco” Barrera, quien, junto con otro de sus socios, Pedro Oliveiro Guerrero, alias “Cuchillo”, utilizaba sus redes criminales en Colombia para transportar cocaína por Venezuela. Mientras que Barrera y Guerrero estaban asociados con grupos paramilitares de derecha, Linares supuestamente trabajaba con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Uno de los miembros de la red de Linares era un excarnicero colombiano de mediana edad llamado Gersain Viáfara Mina, quien era originario de la ciudad de Cali, en Colombia, pero se había establecido en San Fernando de Apure, en el estado fronterizo de Venezuela. Cuando Zelaya fue derrocado, Viáfara Mina estaba administrando cargamentos de cocaína de Linares y otras personas, que se traficaban desde Venezuela hacia Honduras. En los documentos judiciales presentados por el Gobierno de Estados Unidos en los que se acusa a Viáfara Mina de narcotráfico, una declaración juramentada que durante el caso presentó un funcionario de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) señala que Viáfara Mina coordinó numerosos vuelos entre los dos países.  

Gersain Viáfara Mina

En la declaración, escrita por el agente Kimojah Brooks, se lee: “Viáfara-Mina organizó el envío de cocaína desde Apure, Venezuela, a Centroamérica, a través de fuentes que suministraban cocaína, aviones y pistas de aterrizaje clandestinas para facilitar las operaciones de tráfico de cocaína”. 

Estos vuelos salían de Apure, se dirigían hacia la República Dominicana, y luego giraban a la izquierda por el paralelo 15, que conduce a Centroamérica, por la frontera entre Honduras y Nicaragua. Esta ruta les permitía a los aviones monomotor y bimotor evadir los radares en Colombia. Los vuelos venían en oleadas, según un funcionario antinarcóticos extranjero que trabajaba en Centroamérica en ese momento y que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, porque algunos de estos casos todavía están en proceso en el sistema judicial estadounidense. Cada monomotor llevaba, en promedio, 500 kilogramos, y cada bimotor cargaba entre 800 kilogramos y una tonelada, según dijo el funcionario antinarcóticos.  

“Los vuelos continuaron proliferando en 2010″, como consta en la evaluación anual del narcotráfico en la región, publicada en 2011 por el Departamento de Estado de Estados Unidos. “La Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Sur (Joint Interagency Task Force South, JIATF-S) registró 75 vuelos sospechosos en Honduras durante el año, en comparación con 54 en 2009 y 31 en 2008”.  

El informe señala que la mayor parte provenía de Venezuela. El funcionario antinarcóticos extranjero fue más específico: “Si había 100 [vuelos], probablemente 95 provenían de Venezuela”, dijo.

Este punto de partida también le permitía a Viáfara Mina y a su equipo vincularse con su red de apoyo, que, según la declaración jurada, incluía a las FARC y posiblemente a partes del ejército venezolano. La declaración es específica en el primer punto, pero ambigua en el segundo. Señala que las FARC “ofrecían seguridad en las pistas de aterrizaje” en Apure. Pero solo hace una mención específica a las autoridades venezolanas, cuando se refiere a una llamada telefónica interceptada en la que Viáfara Mina y un informante secreto, identificado como “CC-1”, hablan sobre la obtención de una aeronave, “de la custodia militar venezolana”, que se había estrellado en Apure en mayo de 2011.

Sin embargo, otras partes de la declaración jurada son menos específicas. En una de ellas, el agente de la DEA se refiere a las reuniones entre Viáfara Mina y “miembros del ejército de un país cercano”. Según la declaración, este personal militar “tenía acceso a los códigos de sonido del transpondedor que podían ser utilizados por los pilotos para volar en el espacio aéreo de ese país y acceder a las pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el transporte de grandes cantidades de cocaína”. El limitado alcance geográfico del equipo de Viáfara Mina lleva a identificar a Venezuela como ese “país cercano”, pero no se ha obtenido respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando se ha intentado confirmar esta información.

Viáfara Mina fue capturado en 2015, cuando cruzó a Colombia para comprar unas luces para su auto. Fue extraditado ese mismo año a Estados Unidos, lo que generó más reacciones en cadena en las relaciones entre Venezuela y sus vecinos. La extradición aparentemente causó conmoción en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde las autoridades venezolanas cerraron temporalmente el paso a Colombia como supuesta represalia por la extradición de Viáfara Mina y de otro presunto traficante colombiano, a quien El Tiempo identificó como “un testigo clave en las relaciones de uniformados bolivarianos con sectores ilegales”. 

El impacto en Honduras

Fue también en 2015, el mismo año en que Viáfara Mina fue arrestado, cuando se descubrió a una de las redes hondureñas forjadas con ayuda del transporte de cocaína en aviones provenientes de Venezuela, y con ello la amplia red política y económica que dicha red había creado. En enero de 2015, Javier y Devis Rivera Maradiaga, los dos hermanos que habían conformado un grupo criminal conocido popularmente como Los Cachiros, viajaron a una isla caribeña y se entregaron a las autoridades estadounidenses. Fueron acusados de narcotráfico y pronto comenzaron a cooperar con las autoridades de Estados Unidos, con el fin de reducir sus condenas y sacar de Honduras a algunos miembros de su familia.

Los Cachiros surgieron como ladrones de ganado en el estado Colón, al oriente del país, en la década de los setenta. Muy pronto establecieron lazos con familias de élite, como el clan Rosenthal, a quienes les podían vender su ganado.27 Los Rosenthal habían empezado estableciendo compañías de seguros en la década de los treinta, pero luego expandieron sus actividades a la industria de empaquetamiento de carne, así como a los sectores de bienes raíces, agricultura, ganadería, productos lácteos, turismo, banca, televisión, telecomunicaciones y otros negocios. En la década de los setenta eran una de las familias más adineradas de Honduras. A fines de los ochenta, Jaime Rosenthal Oliva, el patriarca de la familia, se convirtió en un prominente miembro del Partido Liberal y fue vicepresidente del país. Hacia los noventa, la familia era una de las más ricas y poderosas de toda Centroamérica.

Durante ese mismo periodo, el portafolio criminal de Los Cachiros creció hasta incluir el narcotráfico. Los Cachiros eran particularmente hábiles en el establecimiento de redes que podían recibir y traficar cocaína desde las costas y las pistas aéreas clandestinas desde el este de Honduras hasta Guatemala. En 2004, tras una riña con su principal rival, Los Cachiros iniciaron una misión de búsqueda en tres países, y finalmente lo encontraron en una prisión de Honduras, donde mandaron a matarlo.

En 2009, el año en que Zelaya fue derrocado, Los Cachiros eran uno de los mayores grupos de transportistas ilegales del país. Contaban con equipos de colaboradores en diversas partes, los cuales organizaban los aterrizajes de las aeronaves, instalaban luces en las pistas clandestinas, descargaban las mercancías ilegales y las trasladaban a lugares seguros. También establecían conexiones locales —lo que incluía a policías, políticos y autoridades judiciales locales— para asegurarse de que las drogas no fueran confiscadas, o que, si lo eran, pudieran ser recuperadas a un bajo costo.

Los Cachiros cobraban por este servicio aproximadamente US$2.000 por kilogramo de cocaína, que era la diferencia en el costo de la droga entre Nicaragua y Guatemala. Las sumas de dinero que generó este negocio fueron inmensas, especialmente para un lugar como Honduras. Las autoridades hondureñas estiman que, para el momento en que comenzaron a confiscar propiedades de Los Cachiros en 2013, el grupo había acumuladounos US$800 millones en activos, o aproximadamente la mitad del total de la principal exportación del país, el café, durante un año.

A medida que los negocios ilícitos de Los Cachiros crecían, también lo hicieron sus conexiones y su capacidad para penetrar en los más altos niveles de la vida política. A comienzos del nuevo siglo, habían forjado lazos con los Rosenthal y otras élites en la banca, hoteles, agroindustrias, y mediante un equipo de fútbol que ayudaron a financiar. Utilizaron sus negocios legítimos para obtener contratos estatales para construir y hacer el mantenimiento de carreteras, así como para trabajar en otros proyectos de infraestructura. Y se convirtieron en socios de la primera familia de la entonces, y posiblemente futura, primera familia.

Poco después de que los hermanos Rivera Maradiaga se entregaron a las autoridades estadounidenses, surgieron consecuencias para las élites que habían trabajado con Los Cachiros. En mayo de 2015, en una redada coordinada con las autoridades haitianas, Estados Unidos capturó a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, el mismo hombre que había ganado las polémicas elecciones de noviembre de 2009 tras el derrocamiento de Zelaya. En octubre de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres miembros de la familia Rosenthal y a uno de sus abogados por lavado de dinero de su conglomerado empresarial, en relación con las redes de corrupción y tráfico de drogas.

Fabio Lobo

El caso de Lobo fue particularmente perjudicial para su familia. Él fue trasladado a Estados Unidos, donde se declaró culpable. En su audiencia condenatoria, Devis Leonel Rivera Maradiaga, el más joven de los dos Cachiros que se habían entregado a las autoridades en el Caribe, testificó en una corte de la ciudad de Nueva York, y dijo que el padre de Lobo había recibido sobornos de parte del grupo de cientos de miles de dólares a cambio de la promesa de que el Gobierno no los extraditaría a Estados Unidos; y que Fabio Lobo había trabajado estrechamente con él para asegurar y transportar al menos dos cargamentos de cocaína desde el área de Colón hasta la frontera con Guatemala. En su testimonio, Rivera Maradiaga también involucró al hermano del actual presidente, Juan Orlando Hernández, por asegurar dinero adeudado a una de sus compañías.

A los hermanos Rivera Madariaga también se les relacionó con el caso de los “narcosobrinos”. Al parecer, Los Cachiros también estaban conectados con Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. 

Ilustración: Elizabeth Williams

Aunque estos vínculos aún no han sido comprobados, se confirmó el intento de usar una ruta por Honduras, y que los parientes del presidente de Venezuela sí tenían relaciones con grupos criminales centroamericanos. Vea más detalles sobre este caso en el capítulo sobre “El Cartel de los Soles”. 

Lo que es claro es que la destitución de Zelaya llevó a la creación de una de las muchas rutas de la cocaína de Suramérica hacia Estados Unidos. Dicha ruta dependía de sofisticadas estructuras de tráfico en Venezuela, y de vías con mínima resistencia en toda Honduras. 

República Dominicana y Venezuela: Tráfico de cocaína por el Caribe

A los narcotraficantes no les resulta fácil exportar drogas desde Venezuela. Allí hay pocos vuelos comerciales, escaso tráfico marítimo, el sector pesquero ha colapsado y no hay turismo. Pero República Dominicana, a 1.400 kilómetros de distancia, tiene todo esto.

Dado que la cocaína pasa casi sin ninguna restricción por la frontera con Colombia, donde la producción de la droga ha alcanzado niveles récord, el crimen organizado ha desarrollado una de las rutas más prolíficas de la región, que conecta con República Dominicana. Si bien hay algunos vuelos ilegales que van y vienen, la mayor parte de las drogas cruza por el Caribe en lanchas rápidas. La isla ofrece al comercio de drogas algunos de los mayores puertos con contenedores del Caribe, un activo sector turístico con vuelos comerciales por todo el mundo, y un floreciente sector de bienes raíces y servicios bancarios dispuesto a lavar narcodólares.

La ruta del Caribe se había venido a menos desde los frenéticos días del Cartel de Medellín, cuando Pablo Escobar y sus socios usaban la isla de Cayo Norman en las Bahamas para reabastecer de combustible los aviones cargados de cocaína con destino a Estados Unidos. A mediados de los años ochenta, más del 75 por ciento de la cocaína incautada en camino hacia Estados Unidos era interceptada en el Caribe. Hacia 2010, esa cifra había bajado al diez por ciento, mientras que Centroamérica registraba más del 80 por ciento de las incautaciones.

El resurgimiento de la ruta del Caribe se explica por dos factores: el aumento de la inversión de Estados Unidos en la guerra contra las drogas en Centroamérica y México, y la creciente importancia de Venezuela como centro regional de la cocaína.

Estados Unidos ha invertido recursos en la Iniciativa Mérida en México, que comenzó en 2008, y en la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI por sus iniciales en inglés), que ha estado transfiriendo fondos principalmente a los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala). Esto también ha afectado el tráfico aéreo de cocaína entre Venezuela y Honduras (para más información sobre este tema, vea nuestra investigación “Honduras y Venezuela: golpe de Estado y tráfico aéreo de cocaína”), lo que ha hecho que se envíen más cargamentos por las altas aguas del Caribe. Si bien Estados Unidos estableció la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe en 2010, a esta se le han dedicado menos recursos y atención, por lo que no se ha logrado detener el creciente comercio de cocaína a través del Caribe.

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha identificado a República Dominicana como uno de los principales países de tránsito de los cargamentos de cocaína que se dirigen hacia el país del norte, principalmente mediante el tráfico marítimo, que incluye el uso de lanchas rápidas y contenedores comerciales, como el principal método para el tráfico de drogas desde y hacia la isla. También fue identificado por las agencias europeas como el país de tránsito utilizado con más frecuencia por los cargamentos de cocaína con destino a Europa.

¿Por qué República Dominicana?

República Dominicana se asienta en el corazón del Caribe. Es el país más poblado de la región, con 10,5 millones de habitantes, y es el que tiene la economía más fuerte. Unos cinco millones de turistas ingresan al país a través de los aeropuertos internacionales y en las decenas de cruceros que llegan a sus puertos cada año. Desde el punto de vista comercial, los seis puertos de República Dominicana lo convierten en un centro regional para el transporte marítimo. Algunos de estos puertos tienen la capacidad de recibir buques Neopanamax, lo más grandes que pueden cruzar por el Canal de Panamá.

Santo Domingo es una de las ciudades más antiguas y grandes del Caribe, con un área metropolitana donde viven casi tres millones de habitantes. Cuenta con hoteles de primera clase, resorts, restaurantes y casinos, todo lo que desean los nuevos narcotraficantes. República Dominicana tiene por lejos la economía y el PIB más grandes del Caribe, junto con un mercado inmobiliario en auge, que ofrece muchas oportunidades para el lavado de dinero.

El país tiene múltiples rutas que pueden ser utilizadas por los cargamentos de cocaína. Para el mercado estadounidense, está Puerto Rico, a solo 381 kilómetros de distancia. Si los traficantes logran ingresar cocaína a Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, es fácil llegar a tierra firme, dado que está dentro de las barreras aduaneras estadounidenses. Algo similar ocurre con los territorios franceses de Martinica y Guadalupe en cuanto a los cargamentos dirigidos a Europa continental.

Los territorios británicos de ultramar, como Anguila, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, así como antiguas colonias como Jamaica, son trampolines hacia el Reino Unido. Sin embargo, gracias a las ventajas lingüísticas y a la gran diáspora dominicana, España sigue siendo el principal punto de entrada en Europa para las drogas que salen de República Dominicana. España ha sido tradicionalmente la nación europea con la mayor cantidad de incautaciones de cocaína.

Otra razón por la que República Dominicana es uno de los países de tránsito favoritos de los traficantes de cocaína es la creciente sofisticación de las organizaciones de tráfico de drogas (OTD) del país. Las estructuras criminales dominicanas solían servir principalmente como transportistas para organizaciones de Colombia y México. Ya esto ha cambiado. Las OTD dominicanas han entrado a las grandes ligas.

Hoy en día, los dominicanos están comprando cocaína en Venezuela, contratando a los venezolanos para hacer el peligroso viaje por el Caribe, y tomando el control directo de los cargamentos una vez llegan a la isla. Pero su trabajo no se detiene ahí: estas OTD pueden llevar drogas hasta la Costa Este de Estados Unidos. Allí, la gran diáspora dominicana vende las drogas, incluso a nivel minorista. Esto significa que los dominicanos controlan actualmente una gran parte de los eslabones de la cadena de la droga y pueden maximizar las ganancias por kilogramo. Los dominicanos, trabajando con los carteles colombianos y mexicanos, también actúan como intermediarios para las mafias internacionales que buscan obtener grandes cargas de cocaína. Las agencias internacionales de inteligencia de Santo Domingo han llamado la atención sobre la creciente presencia de figuras del crimen organizado ruso.

Fuentes de los organismos de seguridad de Estados Unidos reconocen la creciente importancia y alcance de las OTD dominicanas.

“Tenemos actualmente cuatro o cinco casos de grupos dominicanos de alto nivel que llevan cantidades significativas de drogas a Estados Unidos”, declaró una fuente que habló bajo condición de anonimato.

República Dominicana es inmensamente atractiva para los venezolanos que buscan huir de su país, en colapso, o esconder su dinero de la hiperinflación y de la expropiación del Gobierno. La cultura de esta isla caribeña es muy parecida a la de Venezuela, por lo que se sienten como en casa.

Los venezolanos adinerados han invertido durante mucho tiempo en casas de descanso y otras propiedades en República Dominicana, y la inversión ha crecido a medida que las expropiaciones en su país han aumentado. Entre 2010 y 2015, la inversión venezolana en República Dominicana ascendió a US$5 mil millones, principalmente en centros turísticos, bienes raíces residenciales y comerciales, así como en centros comerciales. Pero pocos venezolanos se han quedado a vivir en la isla. Un censo de inmigrantes en República Dominicana en el año 2012 mostró que en el país solo vivían 3.434 personas nacidas en Venezuela, 12 años después de que Hugo Chávez llegara al poder.

Sin embargo, esa situación cambió después de que el presidente Nicolás Maduro asumiera el cargo y el país se hundiera en una crisis económica en 2013. Los primeros en llegar a República Dominicana fueron los venezolanos de clase media y alta que huían de la incertidumbre. En general, establecieron empresas de servicios de tamaño mediano y consiguieron empleos como profesionales. Pero lo que inició como un flujo pequeño se convirtió en una inundación. Muchos de los que llegaron más adelante han entrado a hacer parte de la economía informal, vendiendo arepas venezolanas y otro tipo de comidas rápidas en las esquinas, ejerciendo trabajo sexual o conduciendo taxis.

La llegada de venezolanos a través de los aeropuertos dominicanos aumentó en un 40 por ciento en 2016 en comparación con el año anterior, con un total de 142.540 viajeros, aunque no hay datos claros acerca de cuántos fueron con fines turísticos y cuántos se quedaron en la isla. En un intento por detener este flujo, en diciembre de 2016 el Gobierno dominicano anunció nuevas restricciones a los venezolanos que llegan como turistas, como presentar pruebas de medios financieros o reservaciones de hoteles pagadas. Una fundación que ayuda a los inmigrantes venezolanos en República Dominicana estima que actualmente puede haber unos 200.000 venezolanos residentes en el país.

Varias fuentes dominicanas señalan que los venezolanos vinculados a la administración Maduro están comprando quintas de lujo en resorts de primera clase como Casa de Campo en La Romana, posiblemente con ganancias provenientes del narcotráfico o mediante el saqueo de las arcas del Estado.

Fuentes estadounidenses afirman que en República Dominicana hay presencia de estructuras criminales venezolanas, las cuales trabajan con grupos dominicanos, mexicanos y colombianos.

“En realidad, están en control de las principales organizaciones, orquestando el blanqueo de dinero, el tráfico de cocaína, el transporte e incluso la distribución”, dijo una fuente de los organismos de seguridad estadounidenses ubicados en el Caribe.

Si a todo esto se agregan los altos niveles de corrupción entre la clase política y las fuerzas de seguridad, República Dominicana tiene el potencial de convertirse en un paraíso para el narcotráfico.

Las rutas de Venezuela hacia República Dominicana

República Dominicana se encuentra a unos 1.400 kilómetros de la costa norte de Venezuela en línea recta. Los narcotraficantes están usando esta ruta directa, enviando lanchas rápidas cargadas con hasta una tonelada de cocaína desde las penínsulas de La Guajira y Paraguaná. Esta última, en particular, situada apenas a 27 kilómetros de la isla de Aruba, todavía cuenta con una infraestructura que le permite construir y mantener barcos, usados no solo para transportar turistas, sino también para sostener el floreciente comercio del contrabando entre Aruba y tierra firme venezolana.

Otra ruta usada por los barcos cargados de drogas es el grupo de islas a lo largo del archipiélago caribeño. Hay 834 kilómetros entre Venezuela y Trinidad y Tobago, y allí hay una serie de islas que se alinean hasta Cuba, como Granada, Martinica y San Cristóbal y Nieves. Luego se llega a las grandes islas, comenzando con Puerto Rico y La Española, donde se asientan República Dominicana y Haití, y finalmente se encuentra Jamaica, para luego llegar a la isla más grande del Caribe, Cuba.

Los vínculos de la droga entre Venezuela y República Dominicana

Tal vez el más emblemático y reciente escándalo de la droga venezolana es el de los “narcosobrinos”. Francisco Flores de Freitas y Efraín Campos fueron condenados en noviembre de 2016 por un tribunal de Nueva York por conspirar para traficar 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos.

Ellos son los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Fueron detenidos inicialmente en Haití, al lado de República Dominicana, a donde habían llegado en un avión pilotado por un miembro de la Guardia Nacional de Venezuela. Una vez allí, pretendían recibir un anticipo por un negocio de drogas, que involucraba cocaína supuestamente proporcionada por el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se ha desmovilizado en su gran parte. La conexión dominicana se verificó gracias a la redada a una lujosa mansión propiedad de Francisco Flores en un resort dominicano, donde se extrajeron 127 kilos de cocaína y 10 kilos de heroína de un yate de 41 metros llamado “The Kingdom”, que estaba atracado en sus inmediaciones.

A finales de 2016 fueron capturados 10 narcotraficantes en un Jet Lear que llegaba a República Dominicana cargado con 450 kilogramos de cocaína. El avión pertenecía a Aeroquest, una empresa propiedad de José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado venezolano de Táchira, en la frontera con Colombia, y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, actualmente en el Gobierno.

A mediados de 2016, un capitán del ejército venezolano, Yazenky Antonio Lamas Rondón, también vinculado a la primera dama Cilia Flores, fue arrestado en Colombia bajo una acusación de Estados Unidos, imputado de haber llevado a cabo más de un centenar de narcovuelos en la última década, muchos de ellos a República Dominicana. Los aviones eran enviados sin carga desde México hasta el estado venezolano de Apure, que limita con Colombia; allí eran recibidos por Lamas, quien los cargaba con cocaína y los enviaba a República Dominicana, Haití y las Bahamas. Lamas fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2017.

El director de la Interpol en Venezuela, Eliécer García Torrealba, fue arrestado por autoridades venezolanas y acusado, en abril de 2016, de organizar el transporte de un cargamento de cocaína a República Dominicana. García Torrealba aparentemente usó su cargo para coordinar la carga y el despegue de un avión desde el aeropuerto de Barquisimeto, capital del estado de Lara. Cinco agentes de policía y tres guardias de seguridad del aeropuerto también participaron en la preparación del Cessna para que despegara con cocaína a bordo. Los ciudadanos venezolanos Juan Lanz Díaz y Pablo Cárdenas supuestamente financiaron la operación. Cárdenas también estuvo vinculado a otro cargamento de 349 kilos de cocaína que fueron incautados en el aeropuerto de La Romana, en República Dominicana, en marzo de 2016.

En abril de 2015, cuatro miembros de la Guardia Nacional de Venezuela y un prominente empresario fueron arrestados en Venezuela en relación con un cargamento de 450 kilos de cocaína en un jet privado que voló desde el país suramericano a República Dominicana. Las drogas fueron incautadas por la policía antidrogas dominicana. Los cinco pasajeros del jet privado —todos de ciudadanía venezolana— fueron puestos en custodia en República Dominicana, al igual que cuatro miembros del ejército dominicano, entre quienes se encontraban un capitán y un teniente.

Verny Troncoso, el fiscal principal a cargo de los casos de narcóticos en la provincia de Santo Domingo, afirma que, desde finales de octubre de 2016, cada semana los funcionarios capturan a tres o cuatro venezolanos que llegan a los aeropuertos del país con drogas, ya sea ingeridas o escondidas en maletas.20 Todos llegan en vuelos directos de Aserca que viajan diariamente desde Caracas al aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo.

“Se han superado todos los récords”, le dijo Troncoso a InSight Crime, señalando que las autoridades nunca habían detectado mulas venezolanas. Los venezolanos representan actualmente el 90 por ciento de las mulas capturadas en República Dominicana, según una fuente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). En promedio, los venezolanos que transportan drogas ingeridas llevan un kilo de cocaína, o cinco kilos si la llevan en maletas, señala la misma fuente.

Durante los interrogatorios, varias de las personas que trabajaban como mulas le dijeron a Troncoso que fueron llevadas a la frontera de Venezuela con Colombia para cargar las drogas (bien sea ingeridas o empacadas en su equipaje). Luego salieron volando del aeropuerto internacional de Caracas. El viaje por tierra hasta Caracas desde el Catatumbo en Colombia, donde la coca está en auge, toma más de 10 horas, y se necesita un tiempo similar desde La Guajira colombiana —demasiado tiempo para que las mulas se arriesguen a tener las drogas en sus estómagos—. Esto podría significar que están abordando vuelos domésticos en los estados fronterizos de Venezuela —donde no son detectados ni molestados— y haciendo conexiones con el aeropuerto internacional de República Dominicana a través de Caracas.

Según Troncoso, la operación de las mulas está dirigida sobre todo por colombianos y dominicanos residentes en Venezuela. La mayoría de las personas atrapadas como mulas en el aeropuerto de República Dominicana han dicho que se vieron obligadas a llevar las drogas debido a la desesperada situación económica en su país, señala Troncoso. Dice además que la misma situación se observa en el creciente número de venezolanos que tripulan las lanchas rápidas cargadas de drogas. Todos los indicios señalan que entre tres y cuatro de cada cinco lanchas rápidas que llegan cerca de República Dominicana llevan tripulantes venezolanos.

Es difícil establecer la magnitud de la ruta marítima entre Venezuela y República Dominicana, pero las entrevistas a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos, Reino Unido y República Dominicana nos han permitido determinar que cada semana llegan a aguas dominicanas unas tres lanchas rápidas, llevando entre 700 kilos y una tonelada de cocaína. Con base en estas cifras, se podría estimar que solo la ruta marítima de Venezuela está llevando 9,5 toneladas de cocaína al mes, o 115 toneladas al año, a la isla caribeña. Además de esto, están los contenedores “contaminados” que pasan por los puertos de República Dominicana.

El vicealmirante Félix Pimental, director de la DNCD, le dijo a InSight Crime que por lo menos 120 toneladas de cocaína pasan por la isla cada año, un gran porcentaje de las cuales se dirigen hacia Europa. Esta es una asombrosa cantidad de drogas, que equivale a cerca del 15 por ciento de la producción anual de cocaína a nivel mundial.

La cantidad promedio que el crimen organizado dominicano les cobra a los traficantes por transitar en la isla es de US$1.400 por kilo. Eso significaría que el crimen organizado dominicano está ganando más de US$200 millones al año. Lo más seguro es que la cifra real sea mucho más alta, ya que en muchos casos los dominicanos son los dueños de los cargamentos de cocaína y venden cada kilo por más de US$25.000 en Estados Unidos o US$35.000 en Europa. También están manejando un flujo significativo de la heroína y el fentanilo que pasan a través de la isla.

El futuro

Incluso si el presidente Maduro es derrotado en las próximas elecciones, es poco probable que las condiciones en Venezuela cambien rápidamente. Esto significa que la ruta hacia República Dominicana podría crecer y fortalecerse en el corto plazo. Si bien autoridades como la Agencia Antidrogas de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) conocen sobre este flujo de estupefacientes, hay poco que puedan hacer, ya que no están oficialmente presentes en Venezuela y no reciben ninguna cooperación de las autoridades venezolanas.

La actividad de interdicción en el Caribe es difícil. Las lanchas rápidas suelen partir al anochecer, cuando sale el sol se cubren con lonas de color verde azul que las hacen casi invisibles, y continúan su viaje cuando vuelve a caer la noche. Cuando se acercan a República Dominicana, se encuentran con traficantes dominicanos en el mar, quienes transfieren las cargas. Las tripulaciones, en su mayoría venezolanas, regresan al continente suramericano, y el proceso se repite.

Lo más interesante es que la gran mayoría de las incautaciones de cocaína se realizan en ruta hacia República Dominicana. Esto significa que, una vez en la isla, el crimen organizado logra transportar y exportar los cargamentos de droga con relativa facilidad y seguridad, lo que sugiere que existe corrupción en los altos niveles de los organismos de seguridad locales, en el organismo nacional antidrogas y en las autoridades portuarias, incluso quizá con protección política. Casi todas las fuentes consultadas están de acuerdo con esto, pero fueron reacias a declararlo como parte de las entrevistas.

Entre más tiempo permanezca activa esta ruta de cocaína, más sofisticadas y poderosas se volverán las OTD dominicanas y venezolanas. República Dominicana no es ya solamente un punto de trasbordo, sino un lugar donde las mafias internacionales pueden comprar grandes cantidades de drogas. Esto significa que República Dominicana se convertirá en un centro cosmopolita del narcotráfico, con una creciente presencia criminal venezolana. Ya hay evidencia de que las OTD locales no se limitan a las fronteras nacionales, sino que tienen socios de muchos países diferentes y que pueden modificar sus patrones de tráfico y sus modus operandi para evitar ser detectadas por las autoridades.

Venezuela y El Salvador: La exportación de ayuda y corrupción

José Luis Merino es uno de los personajes más poderosos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), el partido gobernante de El Salvador. Supervisó y lideró la creación del consorcio Alba Petróleos, financiado por la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), estatal venezolana que declaró ingresos por US$2.500 millones en 2015.

La casa matriz del conglomerado apoyó una red que permitió el rápido enriquecimiento de individuos cercanos al régimen de El Salvador y ha servido de base para intentos de expansión del modelo Petrocaribe. En algunos casos también ha trabajado en estrecha colaboración con firmas investigadas por corrupción y lavado de dinero.

La historia del capítulo salvadoreño de Petrocaribe —la iniciativa geopolítica y económica puesta en marcha por Hugo Chávez en 2005 para consolidar alianzas continentales con países de la región usando el petróleo— es una muestra de cómo los recursos de importación de hidrocarburos de PDVSA fueron usados para ampliar la influencia y economía del FMLN.

En los últimos meses, la presencia de Merino, también conocido por el alias de “Comandante Ramiro”, y la importancia de Alba Petróleos en la economía salvadoreña se ha difuminado, debido en parte a que el conglomerado dejó de recibir dinero venezolano por la crisis económica gestada por la administración de Nicolás Maduro, y en parte a que Merino perdió poder interno en el FMLN por los resultados electorales adversos. Durante una década, no obstante, el capítulo PDVSA-Alba Petróleos-FMLN fue definitorio en la política interna de El Salvador.

Alba Petróleos (AP) fue fundada en 2006 como una empresa mixta constituida con capital privado y público, a través de alcaldías salvadoreñas que recibieron millonarios préstamos provenientes de Venezuela entre 2010 y 2015. Los documentos de fundación de AP, a los que InSight Crime ha tenido acceso, indican que la estatal venezolana PDVSA es dueña de 60% de las acciones y 18 alcaldías gobernadas por el FMLN tienen el restante 40%.

Esos documentos especifican el trato comercial con PDVSA: la mitad de los envíos de petróleo se pagan contra entrega del producto y el precio de la otra mitad se financia a través de créditos a 22 años con intereses de entre 1% y 2%.

En la última década, Merino –actual miembro de la comisión política del partido y vicepresidente de inversión extranjera del gobierno del FMLN- fue la principal conexión entre el FMLN y al régimen chavista en Venezuela. Merino se encargó del enlace entre PDVSA y las dos administraciones.

Cuando el FMLN tomó el poder en El Salvador en 2009, la relación política con Venezuela ya había sido establecida a través de Alba Petróleos, pero esta conexión entre los dos países era antigua. Era común para el presidente Chávez enviar mensajes calurosos al FMLN y sus líderes desde Caracas.

Hoy, miembros del Congreso de Estados Unidos apuntan a las conexiones que Merino tiene con Venezuela y PDVSA como evidencia de sus actividades criminales.

“Múltiples reportes de fuentes abiertas indican que estructuras financieras controladas por el señor Merino, actualmente el viceministro de Asuntos Internacionales ha adquirido cientos de millones de dólares en inexplicable riqueza mientras ayudaba la guerrilla de las FARC en Colombia, se encontraron elementos corruptos del gobierno venezolano y movimiento de fondos de otros grupos criminales en una memoria”, dice una carta fechada al día 19 de Junio de 2017 firmada por catorce miembros del Congreso de Estados Unidos -Demócratas y Republicanos- en la cual le piden al Departamento del Tesoro en Washington que abra una investigación a nombre de Merino bajo el acto de ‘persona clave’”.

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

Una sospecha recurrente en Washington es que algunos de estos dineros han sido movidos a través de compañías pertenecientes a Alba Petróleos.

Sigfredo Merino, hermano de José Luis, aparece como el fundador de Alba Petróleos en la escritura original de la compañía. Pero es el comandante Ramiro quien siempre la ha controlado, tras bambalinas, como consejero o intermediario. José Luis Merino ha sido la cara pública de Alba Petróleos.

En la actualidad, dos fuentes de la fuerza pública estadounidense han explicado a InSight Crime, que tanto la Agencia Antidrogas (DEA) como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) han nombrado a José Luis Merino como “sujeto de interés” en pesquisas en las que Alba Petróleos está relacionada. Debido a estas investigaciones, Sigfredo Merino fue retenido temporalmente en el aeropuerto de Houston en febrero pasado.

Cuando la Superintendencia de Competencia de El Salvador (SC) abrió una investigación de rutina a Alba Petróleos en 2013, luego de que el conglomerado pidió permisos para instalar ocho estaciones de gasolina, fue José Luis Merino quien públicamente habló en nombre de la compañía. “Estamos listos para aceptar las sanciones que nos merecemos”, dijo el líder del FMLN.

Fue también José Luis Merino quien enfrentó al público en 2013 en medio de reclamos hechos por la Asociación Nacional Salvadoreña para la Empresa Privada (ANEP) sobre el rápido crecimiento económico de Alba Petróleos. “Hay algunos que están preocupados porque Alba Petróleos se estableció siete años atrás con un millón de dólares y ahora tiene 400 millones de dólares. Déjame corregirme, 800 millones de dólares…”, dijo.

Para 2015, Alba Petróleos tenía 10 compañías envueltas en diversas actividades económicas, desde venta de comida para la aviación, hasta importaciones de medicamentos, servicios de financiación, y por supuesto, la importante distribución de hidrocarburos. Ese año, la compañía reportó ganancias financieras de US$1.1 billones.

Al tratar de explicar públicamente el rápido crecimiento de las ganancias, que eran inusuales en una economía tan pequeña como la salvadoreña, Merino y otros del consorcio, apuntaron a nuevas inversiones internacionales, la expansión del negocio del petróleo, y la diversificación del portafolio de AP. El factor de expansión del petróleo, no obstante, es difícil de justificar, teniendo en cuenta que los años más prósperos de la expansión de AP, entre 2012 y 2015, coinciden con la caída de los precios del petróleo, particularmente en 2014 y 2015 cuando los precios del petróleo se redujeron a la mitad.

Además de las investigaciones de 2013 por presuntas prácticas de monopolio, a la fecha no ha habido investigaciones en El Salvador a las compañías relacionadas con Alba Petróleo, a pesar de que algunas de ellas se han declarado en bancarrota o han despedido a sus empleados sin la transparencia necesaria.

Es el caso de Veca, una aerolínea fundada en 2014 a la cual pertenecían únicamente dos aviones usados, comprados a Cyprus Airways. Veca despidió a todos sus empleados en enero de 2017, en algunos casos sin pagarles los beneficios exigidos por ley. AP contribuyó US$60 millones en la financiación para la creación de la aerolínea.

De hecho, los balances financieros de AP indican que el conglomerado en su conjunto tuvo casi siempre más deudas que ganancias (solo 2013 y 2014 fueron años de superávit). La deuda, según un análisis hecho por la consultora IBI de Washington para el Gobierno de Estados Unidos en 2016, parte del pasivo de Alba Petróleos está relacionado con préstamos hechos desde o hacia compañías off-shore establecidas en Panamá por Sigfrido Merino, el hermano del comandante Ramiro. Por ejemplo, AP le debe US$150 millones a Atlantic Pacific Logistic, mientras que Alba Petróleos El Salvador (APES), una compañía espejo fundada en Panamá, debe a AP US$165 millones.

Aunque no hay indagaciones formales contra AP por sus finanzas, sí hay una investigación abierta contra Merino en la Fiscalía salvadoreña, por sospechas de que ayudó a las FARC colombianas a traficar armas y drogas. Ese expediente fue abierto en 2008, luego de que la fiscalía colombiana envió a El Salvador certificación de correos del líder de las FARC Raúl Reyes -asesinado en marzo de ese año- en los que se identificaba al “Comandante Ramiro” como uno de los intermediarios de las FARC en la compra de misiles y armas.

Pero la investigación más comprometedora es política y está ocurriendo en el seno del Congreso de Estados Unidos. El Comité de Relaciones Internacionales empezó a mirar al interior de los negocios de los políticos salvadoreños después de que el senador republicano Marco Rubio lo acusó en 2016 de tener vínculos de tráfico de droga y lavado de dinero.

Un asistente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes en Washington confirmó a InSight Crime que ese cuerpo legislativo tenía previsto enviar una carta al Departamento de Estado sugiriendo que se amplíen las pesquisas sobre las relaciones entre José Luis Merino y sus finanzas, para determinar si hay delitos financieros que afecten a Estados Unidos. La fuente, que habló desde el anonimato, aseguró que la carta tendrá apoyo de congresistas de los partidos demócrata y republicano.

“La idea es que la administración pueda rastrear el dinero, que busque en las finanzas de Ramiro porque está claro que ahí puede haber dinero venezolano y de las FARC”, dice desde su oficina en la capital estadounidense un ex funcionario republicano que hoy asesora al Congreso en temas relacionados con América Latina, y quien aceptó hablar con InSight Crime con la condición de no ser identificado.

Tras las declaraciones de Rubio, el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, anunció que había reabierto el expediente de investigación sobre los archivos de las FARC de 2008. A la fecha, sin embargo, no ha habido avance alguno en ese caso.

Albaquetzal e Hydroil: Iniciativas para la expansión regional

“Estábamos en el corazón de victorias populares… que ponían de manifiesto la rebeldía de los pueblos de América Latina frente a las imposiciones del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y de otras medidas de los organismos multilaterales que habían impuesto con su fuerza y sus capacidades el modelo neoliberal”. Así, en perfecta adaptación al guion de ALBA y a las líneas discursivas del chavismo, hablaba José Luis Merino en el canal de televisión TVX de El Salvador sobre la evolución del FMLN desde que el partido llegó al poder en 2009.

Merino y su papel en compañías financiadas con dinero venezolano despertó muchas sospechas en Washington hacia el final de la administración de Barack Obama, no solamente por la similitud que hay entre su retórica ideológica y la de Chávez, sino además por sus potenciales vínculos con el crimen organizado en la región.

Adicional a la participación directa o indirecta de Marino en la financiación de compañías por Alba Petróleos y su relación de larga data con las FARC, en el 2016 surgieron también preguntas sobre sus conexiones con el empresario salvadoreño Enrique Rais. Los aviones de Rais fueron detenidos en Estados Unidos por sospecha de tráfico de drogas, y él es un fugitivo que escapa acusaciones de corrupción en El Salvador que implican al ex Fiscal General, Luis Martínez.

En agosto de 2017, el fiscal general de El Salvador ordenó la captura de Rais, del exfiscal Martínez y de una docena de abogados y exfuncionarios públicos por los delitos de corrupción y presunta fabricación de evidencia en casos no relacionados con Alba Petróleos ni con Merino. En enero de este año, luego de que una alta corte anulara una orden de libertad condicional, Rais y otros acusados huyeron del país.

La relación entre Rais y Merino es importante para entender cómo el conglomerado Alba Petróleos ocupó a compañías y actores ya establecidos, y a la postre sospechosos de actos de corrupción, para avanzar la gestión política y comercial de la iniciativa Alba y de los dineros que con esta se movían en El Salvador.

En una entrevista reciente Merino aceptó ser amigo de Rais. “Lo conozco, es mi amigo, hemos compartido sobre muchas cosas. No somos socios en nada, en absolutamente nada…”, dijo el dirigente político. Es cierto que no existen documentos legales en los que los nombres de José Luis Merino y Enrique Rais aparezcan juntos, pero sí los hay, muchos, en los que dirigentes del FMLN o de Alba Petróleos aparecen haciendo negocios con Rais o con sus familiares.

El mejor ejemplo de cómo Merino intentó mover su emporio a nuevos horizontes a través de su alianza con Rais es la empresa Hydroil, propiedad de este último, y que serviría a Alba Petróleo para almacenar parte del petróleo procedente de Venezuela.

En 11 de enero de 2011, Hydroil pactó con Alba Petróleos el almacenamiento y venta de 8.4 millones de galones de diésel a US$2.58 el galón bajo las condiciones de que AP abriera “una carta de crédito irrevocable, a la vista, transferible contra documentos de embarque a favor de Hydroil, S.A. de C.V.”. En total, un negocio de US$21.6 millones.

Seis meses antes, el 7 de julio de 2010, Rais había escrito a un grupo de subalternos que estaba explorando en Kosovo la adquisición de empresas para comprar “producto (para vender) a Alba Petróleos”. Y, de acuerdo a correos electrónicos intercambiados entre Rais y su grupo, a los que InSight Crime tuvo acceso, la comunicación entre Merino y el empresario también sirvió para garantizar negocios durante la administración del presidente Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, o para intentar expandir los negocios a Honduras o Nicaragua.

Algunos ejemplos de correos enviados por Rais a sus socios revelan el objetivo de sus relaciones. El 23 de febrero de 2011, Rais escribió, en un correo electrónico dirigido a sus socios comerciales: “Disculpa, he estado muy complicado en cosas políticas. Ramiro ha estado en Venezuela, no me ha dado todavía la fecha, yo estoy saliendo para Washington…”. También el 1 de septiembre de 2011 envió un mensaje: “Estoy con el presidente (Funes) ahora. Y con Ramiro. Estamos en la parte final… Estoy trabajando en el nuevo proyecto para Honduras, él (Ramiro) viaja conmigo”.

Comunicaciones anteriores muestran el mismo tono. El 8 de febrero de 2010 escribió: “Como te mencioné, visitamos a la señora en Managua, con todos sus consejeros. Sí, hemos estado en negociaciones con ellos a través de Ramiro, estamos invitados a participar…”. Luego el 13 de marzo de 2010: “Esta mañana, a las 10 a.m., me reuniré con Ramiro y con el ministro de finanzas (Hacienda)…”

Al final, la relación entre los dos hombres se amplió a relaciones entre las múltiples empresas de ambos grupos y a interconexiones con líderes políticos del FMLN o sus familiares. Y todo empezó a redundar en contratos importantes.

Así se observa en un contrato firmado por Alba Petróleos y Vifasa, otra de las compañías de Rais, para la construcción de una ruta de acceso de tanques de petróleo en el Puerto de Acajutla por más de US$1,3 millones. Más importante que la cantidad de negocios resaltados en ese documento, son las firmas que lo acompañan: además de la de Rais, están las de Luz Estrella Rodríguez, la vicepresidenta de Alba, y de Orestes Ortez Quinanar, el notario que certifica la legalidad del contrato. Los nombres hablan de lo cercanos que han sido los vínculos entre Alba Petróleos, Merino, el FMLN, sus gobiernos y los negocios de Rais.

Luz Estrella Rodríguez fue alcaldesa por el FMLN en Apopa. Ortez Quintanar es el hijo de Orestes Ortez, la mano derecha de José Luis Merino, exdiputado y actual ministro de agricultura en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.

Todas estas conexiones le han servido a Merino, además de avanzar en los negocios, para ir extendiendo las esferas de influencia de la iniciativa de Alba en otros países, específicamente en Guatemala, donde él presentó Albaquetzal (AQ), una empresa espejo de Alba Petróleos, con la ayuda del grupo de Rais.

El 7 de diciembre de 2009, fue registrada Albaquetzal en Guatemala. La sede de la compañía se estableció en la calle 2, 15-18, zona 13 de Ciudad de Guatemala. El dueño de Albaquetzal es Lifi Consulting Group, una compañía basada en Panamá que en el 2013 le dio poder legal a Enrique Rais.

AQ tenía autorización para realizar todo tipo de transacciones comerciales, importaciones y exportaciones, especialmente en los sectores agrícola, de hidrocarburos y aviación, incluidos los negocios con Alba Petróleos. Y, al igual que la compañía dirigida por José Luis Merino, AQ usó abogados establecidos en Panamá tocados por los llamados “Panama papers” para la creación de empresas offshore.

Cuando Albaquetzal fue asentada en Guatemala, los socios eran José Ismael Soto Orantes y Rony Armando Martínez Iboy, guatemaltecos mencionados en los Panamá Papers, a quienes Rais conoció a través del comandante Ramiro, según dijo a InSight Crime un investigador salvadoreño que ha indagado las actividades del empresario salvadoreño.

En el caso de Alba Petróleos, según una investigación publicada por el periódico digital El Faro, fue a través del bufete Infante & Pérez Almillano que crearon varias empresas off shore en Panamá, entre ellas Alba Petróleos de El Salvador (APES) y Atlantic Pacific Logistic, S. A. de C.V. En la primera tiene relación Sigfredo Merino, el hermano de José Luis. Y entre ambas y la filial salvadoreña ha habido préstamos relacionados por unos 460 millones de dólares.

Protección política

A pesar de todos estos señalamientos, ni el FMLN ni su gobierno han dudado nunca en proteger a Merino y apoyar públicamente a Alba Petróleos. Cuando, a finales de octubre de 2016, al comandante Ramiro estaba por terminársele el fuero constitucional que le otorgaba su calidad de diputado al Parlamento Centroamericano, el presidente Sánchez Cerén le pidió a su canciller, Hugo Martínez, que creara un puesto ad-hoc a Merino. Nació así el viceministerio de Inversión Extranjera.

Fue un nombramiento bien calculado que brindó protección al hombre fuerte de Alba Petróleos contra enjuiciamientos en alguna investigación criminal. Merino asumió su cargo poco después de que la Fiscalía General actuar contra Rais, el socio de Merino, como respuesta a declaraciones del senador estadounidense Rubio, y luego de que el fiscal Douglas Meléndez anunciara que se reabriría la investigación por las armas de las FARC.

Además, el FMLN hizo expreso su apoyo a Merino luego de las acusaciones de Rubio. En un comunicado, el partido expresó “su enérgica condena y rechazo a las declaraciones difamatorias y sin fundamento contra uno de nuestros mayores líderes, miembro de la comisión política de nuestro partido y reconocido combatiente histórico por nuestro pueblo”.

Antes de eso, el FMLN envió incluso a uno de sus delegados más influyentes, Roger Blanding Nerio, a Washington a visitar varias oficinas de congresistas para hacer presión a favor de Merino y expresar su inconformidad con lo que llamó interferencia de Jean Manes, embajador estadounidense en San Salvador.

Manes no se refirió públicamente a Merino, sino que hizo explícito su apoyo a las investigaciones del fiscal Meléndez contra funcionarios del FMLN. En privado, como lo confirmaron una fuente diplomática en San Salvador y las dos fuentes legislativas en Washington, la embajada en San Salvador apoyó la investigación contra Merino.

El 21 de junio de 2017, 14 miembros del Congreso de Estados Unidos, de los dos principales partidos políticos, firmaron una carta solicitando al Departamento del Tesoro abrir una investigación en contra de Merino por “las asociaciones a largo plazo con redes criminales que están bajo investigación en los Estados Unidos”.

Los congresistas creen que las actividades criminales asociadas a Merino podrían plantear una “amenaza importante” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Es muy posible que las investigaciones contra Merino se amplíen, y la imposición de sanciones en su contra es una posibilidad aparte. Pero aunque Estados Unidos promete seguir hurgando en sus actividades pasadas en casa, en El Salvador, Ramiro sigue bien protegido por su autoridad y su influencia.

Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí 

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