Un informe abrumador, elaborado por el European Center of Law and Justice y hecho público en el día de hoy, pone de manifiesto el dominio que ejerce la red de ONG del especulador George Soros sobre el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, algunos de cuyos jueces, formados o vinculados a las organizaciones del magnate, estarían actuando como correas de transmisión de los planes del financiero para Europa. Soros utiliza todas las armas a su alcance para imponer en Europa su ideología de “sociedad abierta” y sin fronteras, habitada por un nuevo tipo de ser humano, sin apenas identidad nacional y sometido al nuevo Catón del pensamiento único: un extraño conglomerado ideológico formado por el ultrafeminismo, las políticas de género LGTBI, la inmigración libre, la legalización de las drogas y la prostitución, el multiculturalismo, el relativismo, el aborto, la eutanasia, la supresión de los estados nación, etc. Para dominar Europa hay que destruir antes las viejas naciones y deconstruir las sociedades hasta alumbrar un nuevo tipo humano: un nuevo hombre esclavizado, sin grandeza ni superioridad moral, desorientado y fácilmente manipularle. La red Soros está logrando que el TEDH promueva la visión de los derechos humanos sostenida por las ONG ligadas al magnate.

Austria, Grecia e Italia se ven obligados a legalizar las uniones del mismo sexo; se insta a Polonia a promover el derecho al aborto; Francia está obligada a autorizar el cambio de sexo; Hungría se ve obligada a abolir la cadena perpetua; Austria debe legalizar la adopción por parejas del mismo sexo; se valida la aplicación de la sharia en Grecia. Cada vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dice a un país europeo soberano lo que tiene que hacer, una ONG vinculada a la red de Open Society Foundations participa en el caso y alguno de los magistrados que dicta la sentencia es un ex colaborador de la malla Soros.

El European Center of Law and Justice ha elaborado un riguroso informe donde se ponen negro sobre blanco las estrategias y alcances de George Soros y de sus organizaciones transaccionales, que habrían colocado jueces afines dentro del TEDH para impulsar esa labor de ingeniería social en Europa.

El informe señala que al menos 22 de los 100 jueces permanentes que han trabajado entre 2009 y 2019 en el TEDH son colaboradores o ex colaboradores de siete ONG tremendamente activas ante el Tribunal con la finalidad de impregnar sus decisiones de sus postulados ideológicos y antropológicos. Doce jueces están vinculados a la red de la Open Society Foundation, siete a los Comités Helsinki, cinco a la Comisión Internacional de Juristas, tres a Amnistía Internacional y uno al Observatorio de Derechos Humanos, Centro Internacional para la Protección Jurídica de los Derechos Humanos (Interights) y el Centro A.I.R.E. La red de la Open Society de Soros se distingue no solo por la cantidad de jueces vinculados a ella sino también por el hecho de que financia a las otras seis organizaciones mencionadas en el informe. Desde 2009, ha habido al menos 185 casos en los que al menos una de estas siete ONG está oficialmente involucrada en los procedimientos. De estos, en 88 casos, los jueces tomaron decisiones en un caso en el que estaba involucrada la ONG con la que estaban vinculados, pudiendo haber incurrido en claro conflicto de interés. Por ejemplo, en el caso de Big Brother Watch vs. Reino Unido, 10 de los 16 solicitantes son ONG’s financiadas por Soros, al igual que 6 de las ONG que actúan como terceros. De los 17 jueces que se han sentado en la Gran Cámara, 6 están vinculados con el solicitante y las ONG que intervienen. Dicha situación pone en tela de juicio la independencia del Tribunal, el papel que realmente está jugando en materia de derechos y libertades y la imparcialidad de algunos de los jueces, y es contraria a las normas que el propio TEDH impone a los Estados en esta área.

¿Quienes son los jueces y cuáles son las ONG con las que están o estuvieron vinculados? El informe señala claramente unos y otras y los pone en relación.

Con respecto al Centro A.I.R.E, el juez Eicke fue miembro de su Junta Directiva de 2000 a 2008.

Con respecto a Amnistía Internacional, hay tres jueces vinculados a ella. El juez Pinto de Albuquerque fue miembro de la Junta de Administración Nacional de Amnistía Internacional-Portugal de 2008 a 2012. El juez Felici participó en la sección de protección de los derechos humanos de Amnistía Internacional de 1993 a 1995. El juez Šikuta también estuvo vinculado a Amnistía Internacional.

Con respecto a los Comités de Helsinki, siete jueces colaboraron en diversos grados con las ramas nacionales de esta red. El juez Grozev fundó el comité búlgaro, el juez Kalaydjieva fue uno de sus miembros. Otros jueces han organizado o facilitado diversos programas y grupos de trabajo. Son los jueces Garlicki, Shukking y Šikuta. El juez Karakaş era miembro de la Asamblea de Ciudadanos de Helsinki. El juez Yudkviska colaboró en menor medida: asistió a capacitaciones del Comité de Helsinki y lo representó ante el tribunal.

Con respecto a la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), cinco jueces ejercieron funciones allí:

• El juez Motoc fue miembro del Consejo de la Comisión hasta 2013.

• El juez Tggr Schukking fue un experto allí en 2014 y 2016.

• El juez Ziemele fundó en 1995 la sección letona de la CIJ de la que ha sido miembro desde entonces.

• El juez Cabral-Barreto es miembro del grupo “Ley y justicia” de la sección portuguesa de la CIJ.

• El juez Kucsko-Stadlmayer ha sido miembro permanente de la CIJ austriaca desde 2000.

Con respecto a Observatorio de Derechos Humanos, el juez Pavli fue investigador en esta organización desde 2001 hasta 2003.

Con respecto a Interights, el juez Eicke fue miembro de su junta directiva de 2004 a 2015.

Con respecto a la Open Society Foundation (OSF), 12 jueces han colaborado en diversos grados con esta organización:

• El juez Garlicki ha sido miembro de un programa de “individuo contra el Estado” en la Universidad de Europa Central desde 1997, y ha participado en varios programas educativos en cooperación con el Open Society Institute en Budapest y la Universidad de Europa Central en Budapest, universidad fundada y financiada por la OSF.

• El juez Grozev fue miembro de la Junta del Open Society Institute de Bulgaria de 2001 a 2004, así como de la Junta de la Open Society Justice Initiative (OSJI, NuevaYork), de 2011 a 2015.

• El juez Kūris fue miembro de la Junta de la Open Society Foundation de Lituania de1993 a 1995, miembro de la junta de coordinación de 1994 a 1998, experto en el programa de publicaciones de 1999 a 2003 y miembro de otro consejo de 1999 hasta2003. Por lo tanto, estuvo activo allí desde 1993 hasta 2003.

• El juez Laffranque fue, entre 2000 y 2004, miembro del Consejo Ejecutivo del Centro de Estudios Políticos – PRAXIS, una organización fundada en 2000 y financiada desde entonces por el Open Society Institute

• El juez Mijović fue miembro del Consejo Ejecutivo de la Open Society Foundation de Bosnia y Herzegovina de 2001 a 2004, así como miembro del equipo del proyecto bosnio OSF en 2001.

• El juez Mits ha estado enseñando desde 1999 en la Facultad de Derecho de Riga,14 de los cuales se convirtió en vicerrector, así como en el Centro de Capacitación Judicial en Letonia, ambos fundados y cofinanciados por la Sociedad Abierta de Letonia.

• El juez Pavli, un ex alumno de la Universidad de Europa Central, fue abogado de la Open Society Justice Initiative de 2003 a 2015 y luego director de programas de la OSF para Albania de 2016 a 2017.

• El juez Sajó fue miembro de la Junta de la Open Society Justice Initiative (OSJI, Nueva York) de 2001 a 2007, y profesor de la Universidad de Europa Central en Budapest de 1992 a 2008.

• El juez Šikuta fue miembro de los comités de expertos de la Open Society Foundation de Eslovaquia entre 2000 y 2003. No fue remunerado por esta función.

• El juez Turković fue miembro de la Junta del Open Society Institute of Croatia de 2005 a 2006 y miembro del equipo de investigación de esta misma organización de 1994 a 1998.

• El juez Vučinić escribió varios artículos para el Open Society Institute y contribuyó a sus informes en 2005 y 2008; también es miembro de la junta de dos ONG financiadas por la OSF.

• La jueza Ineta Ziemele ha estado enseñando desde 2001 en la Facultad de Derecho de Riga, fundada y cofinanciada por la Sociedad Abierta de Letonia.

La mayoría de los jueces vinculados a las organizaciones ligadas a Soros son originarios de pequeños estados, sin tradición institucional propia o con altos indices de corrupción, surgidos de la desintegración de la Unión Soviética. No aparecen jueces de este tipo originarios de viejas naciones europeas, como Francia, Alemania, España o el Reino Unido. La estrategia de Soros, pues, podría consistir en introducirse en el Tribunal para imponer modelos antropológicos en las viejas naciones europeas mediante su creciente influencia a través de miembros de pequeños países sin tradición democrática ni de derechos de ciudadanía. La influencia de poderosas ONG, con mucho dinero, en “pequeños” países es indudable. La mayoría de los jueces que vinculados a las ONG’s provienen de Albania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Letonia y Rumania. Nils Muižnieks, Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2012 a 2018, que también fue director de programas de la Open Society de Letonia hasta 2012, explicó que la Open Society deseaba crear un nuevo hombre: homo sorosensus [en referencia a Soros] -hombre de sociedad abierta. Dentro del alcance de sus actividades oficiales, condenó varias iniciativas del gobierno húngaro, en particular el llamado proyecto de ley “anti-Soros”. En Albania, dos de los tres candidatos para elección de jueces en 2018 eran líderes de la Open Society Foundation. La Open Society Foundation ha invertido más de $ 131 millones en este país desde 1992. Asimismo, los últimos dos jueces elegidos con respecto a Letonia son colaboradores de la Facultad de Derecho de Riga, fundada por la Fundación Soros de Letonia, que invirtió más de $ 90 millones en este país entre 1992 y 2014. Los dos últimos jueces búlgaros también provienen de ONG apoyadas por Soros. En países tan pequeños, la Open Society y sus fundaciones se han vuelto ineludibles para cualquier persona involucrada en asuntos sociales y de medios de comunicación. Son los principales empleadores y financiadores.

No solo eso. El 51 de los 100 jueces del TEDH en los últimos diez años no son magistrados de profesión. Y de los 22 jueces que tienen vínculos con estas ONG, 14 no eran magistrados antes de acceder al tribunal. Es evidente que las ONG financiadas por Soros promueven a simples activistas profundamente ideologizados pero sin origen profesional en la judicatura.

Las ONG se han convertido en los principales actores en la regulación global de los derechos humanos, hasta el punto de que son políticamente más poderosas que muchos Estados. También tienen mayores recursos que el presupuesto operativo de algunos organismos públicos de protección de los derechos humanos, incluido el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Tanto las siete ONG con las que los jueces mantienen vínculos en origen, como lo propios jueces, han actuado ante el Tribunal en casos relacionados con el derecho de asilo, cuestiones de género y LGBTI, condiciones de detención y derechos de las minorías. La actuación de estas ONG tiene muchas veces carácter estratégico: plantean un asunto, se personan e interactúan con los jueces para lograr una sentencia favorable a sus ideologías, pero con la finalidad de lograr un objetivo más general de carácter político: a partir de un caso concreto, obtener la condena de las prácticas nacionales o leyes contrarias a los intereses o valores de la organización. Aunque, en teoría, tiene un alcance limitado solo al caso en cuestión, la jurisprudencia del TEDH tiene auctoritas política indudable ante los medios de comunicación y los 47 Estados miembros. Esta acción estratégica ha sido particularmente efectiva en la promoción de las políticas LGBTI.

A través de su política de fundación y financiación de otras organizaciones, la Open Society Foundation se ha colocado en la cima de una importante red de ONG. Además de sus acciones geopolíticas, milita y financia iniciativas a favor de la liberalización de las drogas, de la prostitución, del aborto, de políticas de género y LGBTI, de los derechos de los refugiados y de las minorías. Dentro de la red de la Open Foundation, la Open Society Justice Initiative se especializa en litigios estratégicos. Esta organización actúa simultáneamente ante todos los organismos internacionales donde se dirime una determinada regulación y, por lo tanto, puede implementar estrategias globales para la aprobación de nuevas normas internacionales.

El modo de acción favorito de las ONG ante el Tribunal es a través de intervenciones de terceros, también llamados amicus curiae (amigo del Tribunal): una ONG presenta al Tribunal elementos de evaluación sobre un caso en el que no es parte. El autor se convierte de esta manera lateral en un “tercero” en el caso. Las ONG consiguen actuar como “expertos”, como organismo intermediario y como auténtico lobby ideológico. Al intervenir en un caso, las ONG aportan datos, estudios, posiciones e ideas para que adopte su propia posición y, por lo tanto, contribuir al desarrollo de su jurisprudencia y, a través de ella, de la legislación de la Unión Europea.

Es frecuente que varias de las ONG ligadas a Soros actúen juntas o coordinadamente, una como representante de los solicitantes y las otras como terceros. En el caso de Al Nashiri vs. Polonia, los solicitantes estuvieron representados por la Open Society Justice Initiative, y fueron apoyados por la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas y Amnistía Internacional, los tres financiados por la red Soros . La sala fue presidida por la juez Ineta Ziemele, miembro fundador de la sección letona de la Comisión Internacional de Juristas y profesora de la Facultad de Derecho de Riga, fundada y cofinanciada por la OSF.

De los 185 casos en los que las 7 ONG han actuado desde 2009, en 88 ocasiones los jueces dictaminaron a pesar de que tenían vínculos con una ONG claramente involucrada en el caso. Con respecto al Centro AIRE, el juez Eicke ejerció en un caso en el que esa ONG era un tercero. Con respecto a Amnistía Internacional, dos jueces, Pinto de Albuquerque y Šikuta, con vínculos con esta organización, actuaron en dos casos en los que era tercer interviniente. Con respecto a los Comités de Helsinki, seis de los siete jueces vinculados a estas organizaciones han participado en casos en los que estos comités han actuado como solicitantes o como terceros. Los jueces Yudkivska, Grozev, Garlicki, Karakaş y Kalaydjieva se han sentado respectivamente en cuatro, seis, once, siete y doce casos, en los que un Comité ha actuado como un tercero, y en cuatro, dos, ocho, tres y nueve casos en los que un comité era un solicitante. Para el juez Grozev, fue el comité búlgaro del que fue fundador y miembro de 1993 a 2013. El juez Šikuta se sentó en dos casos en los que un comité actuó como un tercero. Con respecto a la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), tres de los cinco jueces vinculados a 15 de esta ONG se han sentado en casos en los que intervino como tercero: el juez Motoc en dos casos, juez Ziemele en seis casos y juez Kuckso-Stadlmayer en tres casos. Con respecto a la Open Society Foundation (OSF) y sus afiliados, ocho de los doce jueces que tenían fuertes vínculos con esta organización, juzgaron los casos en los que estuvo involucrada. Los jueces Turković y Šikuta participaron en un caso en el que la OSF intervino como un tercero. El juez Mijović actuó en cuatro casos donde el OSF era un tercero. Los jueces Sajó y Vučinić participaron en tres casos en los que el OSF era un tercero y el juez Garlicki en dos de esos casos. El juez Ziemele intervino en dos casos donde Open Society era un tercero y en un caso donde Open Society representaba al solicitante. El juez Laffranque actuó en dos casos en los que intervino la Open Society.

Entre los cientos de organizaciones que rotan en la órbita de la red Soros, algunas están activas ante el Tribunal y se benefician de importantes fondos de la red Soros. Este es el caso del Observatorio de Derechos Humanos que ha recibido US $ 100 millones desde 2010, o de los comités de Helsinki que recibieron más de dos millones y medio de dólares en 2016. La Comisión Internacional de Juristas recibió US $ 650,000 en 2017, Amnistía Internacional recibió aproximadamente US $ 300,000 en 2016. Otras organizaciones activas ante el CEDH en casos estratégicos, como la ILGA y el Centro de Derechos Reproductivos también recibieron US $ 650,000 y US $ 365,000 respectivamente en 2016. Algunas de estas ONG dependen financieramente tanto del OSF que es bastante artificial distinguirlas de él. Los jueces que tenían responsabilidades dentro de estas ONG no pueden ignorar estos vínculos.

Dada su posición, el TEDH es una jurisdicción extraordinaria. Además, debido a la brevedad de la Convención y sus protocolos, solo unos veinte artículos que garantizan derechos y libertades, los jueces de Estrasburgo disfrutan de un amplio poder discrecional, en comparación con el de los jueces nacionales.

Como señala el demoledor informe, estas ONG llenan el “vacío democrático” de la gobernanza supranacional. Pero las ONG no tienen otra legitimidad democrática que la que les confieren sus bases y sus miembros, pero estos no pueden reemplazar la legitimidad popular. El poder de estas ONG depende menos de su representatividad que de su financiación y proximidad con los organismos que se proponen influir. El poder financiero es suficiente para dar la ilusión de legitimidad. Estas organizaciones, incluso muy activas y visibles en la sociedad, realmente solo representan los intereses e ideas de sus fundadores y financiadores, en este caso, de un especulador de oscura trayectoria.

El poder de la red Soros es tan grande que simultanea campañas de comunicación con cuestiones pendientes de decisión en el TEDH. Esta sincronización se esta produciendo actualmente respecto a Polonia, en términos de “LGBTI y derechos reproductivos”.

El TEDH ya ha adoptado en gran medida el sistema de valores de estas ONG. Solo cuando el juez no se ajusta a la ideología dominante es cuando su perfil impacta. Esto explica el escándalo reciente provocado por la elección de un juez debido a sus convicciones religiosas católicas. Varios movimientos progresistas y liberales le reprocharon que fueran incompatibles con el cargo de juez, hasta el punto de que el grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo exigió públicamente la cancelación de su elección.

Atreverse a criticar sus objetivos, su ideología, su ingeniería social, combatir su estrategia para convertir la sociedad en un siniestro laboratorio de hombres desvinculados de sí mismos, de su naturaleza, de su cultura, de su historia, es convertirse en un monstruo fascista, racista, xenófobo, machista, reaccionario o antisemita. Ahora bien, este multimillonario especulador sin escrúpulos ha conformado frente a sí mismo un frente de oposición que va desde Viktor Orbán hasta Donald Trump pasando por Vladimir Putin o el mismísimo Netanyahu. ¿Como es posible que haya puesto de acuerdo a tan diversa oposición? Quizás la respuesta resida en el empeño de Soros de terminar con las soberanías nacionales, sustituir sus instituciones democráticas y alterar el actual estatus de ciudadano por el de un cliente global para su red ideológica y económica. Si no fuera porque no se trata de ninguna fantasía, a alguien podría recordarle a la cinematográfica SPECTRA, la temible organización transnacional que, con su ambición ilimitada y despiadada de poder absoluto, pretendía dominar el mundo, destruir las naciones y terminar con las democracias.

El escándalo de los 22 jueces del TEDH vinculados a la ‘red Soros’