“Ábalos Real Estate”, la inmobiliaria del IBEX 35

Quiero explicarles con detenimiento los efectos del “Plan Ábalos” (Orden del Ministerio de Transportes TMA/336/2020, de 9 de abril) para que el Estado pague las rentas derivadas de los arriendos de “soluciones habitacionales” de titularidad privada a determinados colectivos. 

Lo relevante del mismo no es que permita expropiar viviendas (interpretación absurda de muchos medios de comunicación e incluso del gremio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) sino que gracias a su Orden se ha perpetrado un fabuloso trasvase de dinero público a los bancos y entidades que controlan SAREB, es decir, lo más selecto del IBEX 35; y a los mal llamados “fondos buitre”, entre otros.  

SAREB tiene problemas para alquilar sus viviendas

Los grandes tenedores de vivienda ya le habían ofrecido públicamente al ministro Ábalos en enero de 2020 que el Estado comprase SAREB para poner su ingente parque inmobiliario en el mercado de alquiler.

En el consejo de SAREB celebrado el 9 de marzo ya habían diseñado hasta los cambios en la regulación contable que eran precisos para que esa venta fuera posible sin disolver la sociedad.

Casualmente, al día siguiente, el 10 de marzo, ya en fase COVID 19, el Gobierno modifica por medio de un Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito económico, la normativa en los términos requeridos por SAREB para evitar que la reducción de su patrimonio neto fuese una causa de disolución de la citada entidad. 

El Gobierno se limitó a trasladar al BOE la propuesta de la institución controlada por las instituciones financieras.

Llama la atención que SAREB solicitase el día 9 de marzo una modificación en la normativa legal para que el Estado pudiese comprar sus activos sin que SAREB tuviera que disolverse, y que al día siguiente el Gobierno se lo concediera, estando ya el COVID 19 haciendo estragos en la ciudadanía.  
Cabe preguntarse cómo es posible que el Gobierno permitiese el 8 de marzo, entre otros eventos, la manifestación feminista; y el día 10 ya supiese que SAREB necesitaba protección urgente bien para evitar que se depreciaran sus activos hasta el punto de poder entrar en causa de disolución, bien para hacer posible que el Estado pudiese adquirir la entidad y así arrendar sus inmuebles a grupos sociales vulnerables. ¿Desde cuándo conocía el Gobierno los efectos que iba a provocar el COVID 19 para verse obligado a aprobar con carácter de urgencia por el Consejo de Ministros un cambio legislativo con la única finalidad de salvar o comprar a SAREB? ¿Mera coincidencia? ¿Un lapsus, que diría Marlaska?

Dejemos esto aquí y volvamos al interés de SAREB en que el Estado comprase la entidad para luego arrendar sus activos inmobiliarios.

Las preguntas surgen inmediatas: ¿por qué no alquilaban ellos las viviendas? 

Si tan buen negocio era arrendarlas, ¿por qué querían renunciar a él vendiéndoselo al Estado para que fuera éste quien las alquilase? 

La respuesta es sencilla. 

Las entidades financieras y los fondos de inversión querían deshacerse de su gran stock inmobiliario porque todo alquiler plantea dos graves problemas:
a) La solvencia de los inquilinos.

b) Los costes de gestión asociados al arriendo masivo de inmuebles, dado que cada alquiler exige un trato individualizado.

     Ábalos le soluciona a los bancos su problema

Pues bien, la collera Sánchez-Ábalos, con la excusa de la pandemia, les soluciona el dolor de cab dolor de cabeza a los bancos dueños de SAREB SIN TENER QUE VENDER LA EMPRESA, es decir los inmuebles; haciendo que el Estado, la institución solvente por excelencia, sea su único inquilino; y endosando a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y Ayuntamientos el costoso y molesto trabajo de gestionar cada contrato de arrendamiento.
Gracias al Gobierno de Progreso (?) el Estado se convierte en la perfecta inmobiliaria: alquila por cuenta de grandes propietarios (sobre todo los bancos que integran SAREB y otras entidades financieras) todos los inmuebles que no podían arrendar, y les garantiza el cobro de unas jugosas rentas.
“Ábalos Real Estate”.
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se ocupan de firmar los convenios con SAREB y de distribuir las viviendas entre los potenciales inquilinos, y el Estado se convierte en el pagador real de las rentas mediante un sistema que ha denominado “ayudas”, que abona a las Comunidades Autónomas para que éstas se las entregan a los inquilinos o a los entes locales al efecto de que paguen las rentas a los propietarios de las viviendas, esto es, SAREB, entre otros. Ver artículo 4.6 de la Orden TMA 336/2020.

¡Qué gran negocio para los, según Iglesias y sus troncos, “carroñeros fondos buitre”!
Utilizando palabras de la pedante Irene Montero podíamos decir que el Gobierno Sánchez “cuida” al IBEX 35. 
Todo perfecto. Pero aún no hemos llegado al clímax de la indignación.  

Recuerden que los dueños de los inmuebles proponían que el Estado adquiriese sus propiedades vía compra de SAREB. Con las informaciones de que dispongo no sé si llegaron a establecer un precio y una forma de pago. 

No obstante, el procedimiento de compraventa de los inmuebles hubiera sido muy sencillo y sin apenas daño al erario público: el Estado podría pagar las rentas que generasen los alquileres de las viviendas a los bancos durante un número determinado de años (8, 10, 12) y al final de ese periodo los inmuebles pasarían a formar parte del patrimonio del Estado. 
Esto es, el Gobierno sólo habría tenido que negociar con SAREB que las rentas se convirtiesen en la amortización de un préstamo hipotecario. 

Pues no. 

El Gobierno obliga al Estado a pagar rentas sin opción de compra 
La solución “Ábalos” ni la podían imaginar los “fondos buitre”, pues el Estado les va a rentar los inmuebles durante años ¡y los actuales dueños van a seguir manteniendo su propiedad

A esta propuesta ni siquiera se le puede oponer que con la minúscula renta que se va a cobrar a los inquilinos beneficiados por la “Orden Ábalos”, los bancos tendrían que esperar decenas y decenas de años hasta ver pagados los precios en los que se fijasen sus inmuebles.  

Respecto a ésta objeción, recuerden lo que manifiestó el pasado enero el consejero delegado de Merlin Properties (puro IBEX 35), Ismael Clemente: “hay una leyenda urbana que dice que SAREB tiene activos en sitios que nadie quiere. Eso no es verdad, tiene activos en todos sitios y la MAYORÍA EN ZONAS TENSIONADAS DONDE EL ALQUILER HA SUBIDO DE FORMA ARTIFICIAL”. 
Es decir, los inmuebles de SAREB están en las grandes ciudades y en buenas ubicaciones, por tanto, las rentas que se podrían obtener por ellos no tienen que ser necesariamente bajas en todos los casos.  

Sea como fuere, a día de la fecha desconocemos las cuantías de las rentas de cada futuro contrato y si cada inquilino va a sufragar parte o nada, pero lo relevante es que ¡el Gobierno ha decidido que el Estado, mediante su sistema de ayudas, pueda pagar a los bancos rentas de mercado! 

Así, la ayuda del Estado podrá alcanzar “hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble, establecido”. “En supuestos debidamente justificados podrá alcanzar hasta 900 euros al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación, establecido”. Ver artículo 4.4 de la Orden TMA/336/2020.Además, se entregarán “hasta 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos”. ¡Cómo se iba a olvidar el “Gobierno de los pobres”, de los queridísimos amigos del IBEX 35, sector eléctrico y gasístico! 

Estas “ayudas” para el pago de las rentas tienen un límite de hasta cinco años, aunque nada impide que puedan prorrogarse teniendo en cuenta que el Gobierno del que es ministro Ábalos pretende continuar en el cargo hasta 2030 y ya sabemos que él está aquí para quedarse y no le echa nadie.

Por tanto, se produce el increíble suceso de que es el propio Gobierno el que marca los límites de las rentas al fijar las cuantías máximas de las ayudas que por éste concepto se compromete a abonar; y lo hace estableciendo unas cantidades (600€, 900€, más suministros) que previsiblemente van a estar por encima de las rentas del mercado después del desplome del sector inmobiliario como consecuencia del Covid 19.

¿Por qué esta especulación al alza? ¿Por qué esta obscena manifestación de “socialismo de amiguetes”? 

Pero lo realmente extraño es que el Gobierno incentive que los convenios entre SAREB y las instituciones públicas puedan pactar rentas superiores a las de mercado, y sin embargo el Estado ¡NO SE HAYA RESERVADO UNA OPCIÓN DE COMPRA SOBRE LAS VIVIENDAS PARA QUE PUEDA ADQUIRIRLAS Y SE INCORPOREN AL PATRIMONIO DEL ESTADO CUANDO HAYA TRANSCURRIDO UN PERIODO DETERMINADO DE AÑOS DE ALQUILER! 
Es decir, el “Gobierno de Progreso” renuncia en beneficio de la flor y nata del IBEX 35, a que el Estado pueda hacer suyo un magnífico stock inmobiliario ofreciendo como precio o como parte del precio de la compraventa, las rentas que por alquiler va a pagar durante años.
Resulta incomprensible que la “Orden Ábalos” 336/2020, de 9 de abril, no contemple esta posibilidad, cuando los dueños de SAREB ya hemos visto al principio del artículo le habían propuesto al Estado la enajenación y el Gobierno había realizado el 10 de marzo los cambios legales necesarios para que tal circunstancia ocurriese. 

¿Qué pasó entre el día 10 de marzo y el 9 de abril entre “el papá Gobierno y la madre que alumbró a los bancos” para que todo cambiase?

Además, si el propio Ábalos en 2018 quería comprar viviendas a SAREB ¿por qué no lo ha hecho ahora adquiriéndolas sin perjuicio para las arcas del Estado bajo la fórmula que aquí hemos señalado de convertir las rentas en precio de compraventa? 

Al no exigir, al menos, una opción de compra sobre los inmuebles, el Gobierno ha desechado la posibilidad de que hasta los futuros inquilinos puedan adquirirlos, imputando como parte del precio la cantidad que los bancos hayan recibido del Estado en concepto de renta. 

Es decir, el “Gobierno de la gente” actúa en contra de la base social que asegura defender, pues rechaza que puedan mejorar su patrimonio convirtiéndose en propietarios, y les prefiere dependientes de la beneficencia estatal.  
Falta un último detalle. Sin duda el que produce mayor escarnio a los contribuyentes.  

“Socialismo de amiguetes” con dinero público a fondo perdido 

¿Quién paga la diferencia entre la renta que abone el Estado a la aristocracia del IBEX 35, y la que efectivamente lleguen a cobrar (si es que cobran alguna) las instituciones públicas a los inquilinos-clientes que ya han sido designados en la Orden TMA/336/2020? 

¿Quién va a sufragar esa disparidad de rentas a fondo perdido dado que los receptores de las mismas (los bancos) seguirán siendo los dueños de los inmuebles cuando finalice el alquiler, gracias al Gobierno Sánchez?

Naturalmente usted, querido lector. Usted y los millones de españoles que abonen sus impuestos al Estado pagador de sabrosas rentas a los bancos para que éstos puedan rentabilizar su enorme depósito de “soluciones habitacionales”, sin que ni siquiera el Estado se los adjudique; o al menos se guarde una opción de compra que le hubiera permitido en cualquier momento la posibilidad de transmitir los inmuebles, y así recuperar en todo o en parte el monumental gasto público que ahora va a transferir, entre otras, a las grandes empresas del IBEX 35 dueñas de SAREB.

El hecho de que el Gobierno Sánchez obligue al Estado a arrendar centenares de miles de viviendas a las entidades financieras, incentivando que por esos alquileres se pacten rentas de mercado, sin garantizar que ese dinero de todos los españoles sea recuperado de alguna manera (imputando las rentas que se abonen a los bancos como precio de compra de los inmuebles, reservándose una opción de compra para tener el derecho de transmitir las viviendas a terceros al precio que libremente considere, o al menos pactando con los bancos que en el momento en que enajenen los inmuebles que ahora se van a arrendar, todo el dinero que hayan recibido en concepto de rentas deberá ser reembolsado al Estado) supone un monumental perjuicio a la Hacienda Pública que ni los mismos banqueros beneficiados osaron pedir al Estado, pues recordemos que lo único que solicitaban era que le comprase las viviendas. 

¿A cambio de qué favores el Gobierno Sánchez inyecta semejante cantidad de dinero público no recuperable a las mejores empresas del IBEX 35?

¿Cómo se puede ir a Bruselas a pedir que el resto de países de la Unión Europea nos otorguen subvenciones cuando el Gobierno dilapida el gasto con este regalo a las instituciones financieras? 

¿Cómo ha conseguido el Gobierno hacer pasar por una medida “progresista” lo que en realidad es una gigantesca desviación de fondos públicos en beneficio de los bancos que no sabían cómo sacar provecho a su bien nutrido inventario de inmuebles?
Pues lo ha hecho por el simple procedimiento de introducir en la Orden 336/2020 la palabra “ocupación” y frases como “personas especialmente vulnerables”. 
Con la propaganda le ha bastado a Ábalos y al Gobierno Sánchez-Iglesias para que el expolio del dinero de los contribuyentes se haya vendido como medida “socialista”, “comunista” o “popular”.  

A la luz de lo expuesto supongo que cualquier socialista o comunista abjurará del Gobierno Sánchez y de los partidos que lo sostienen. 
¿Decreto expropiatorio la “Orden Ábalos”? 
Sí, pero no para los grandes propietarios de viviendas que se frotan las manos, ¡sino para el pueblo! con excepción de un ramillete de beneficiarios damnificados o no del COVID 19, esto es, víctimas de violencia de género, gente sin hogar, desahuciados de su vivienda o “personas especialmente vulnerables” (?) que así consideren los políticos. 
El pueblo es engañado o se deja engañar. Oye bellas palabras como “desfavorecido”, “renta mínima” y cree que su Gobierno es bondadoso y le va a proporcionar “cuidados”, pero lo único que obtiene son peores servicios y crecientes impuestos para financiar los intereses clientelares de la clase política. 

Vean si no, cómo la “altruista” SAREB, en pleno confinamiento corre para poner “a disposición de los Ayuntamientos” decenas, centenares de miles de viviendas para que el Estado le abone cuanto antes rentas con dinero público que no recuperaremos gracias a la inconfesable concesión del Gobierno Sánchez. 

El tramposo socialismo-moralismo es la táctica de la oligarquía que nos desgobierna para conseguir vivir a costa del pueblo y que éste consienta que le roben en su cara y aplauda.

El caso que les he contado es un buen ejemplo. 

Seguro que ahora entienden por qué se ríe tanto Ábalos.

twitter: @elunicparaiso http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com/2020/04/abalos-el-amigo-de-los-fondos-buitre.html?m=1

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