La tolerancia republicana: ¿qué hacemos con el cura? – Javier Paredes

La Constitución de 1931 expulsó y robó a los jesuitas, al tiempo que dinamitó la enseñanza católica en España. Pero la pregunta es: ¿cuántos católicos de 2020 están dispuesto a dar su vida por su fe?

Llegada del Gobierno Provisional, para la apertura de las Cortes Constituyentes, 14 de julio 1931 

«La pobre y querida España ha visto, en los últimos tiempos, arrancadas, una a una, muchas de las mejores páginas de su historia de fe y de heroísmo, incluso se podría decir, de civilización y de prestigio civil en todo el mundo. España ha visto desconsagrada la familia, desconsagrada la escuela: una verdadera desolación». En estos términos se expresaba el papa Pío XI el 24 de diciembre de 1931 en una alocución dirigida al colegio cardenalicio.

Se quejaba entonces el Papa, con toda la razón, de los resultados del período constituyente de España que había concluido con la promulgación de la Constitución de la Segunda República el 9 de diciembre de 1931. Y por aquello de que si no quieres caldo, ahí te van dos tazas, el actual ministro de Justicia nos ha servido esta semana un par de cuencos de sopa en el Congreso de los Diputados, anunciando que ya estamos en un proceso, “crisis”, constituyente. Y como el personal ni se lo olía, porque la apertura de un período constituyente en las democracias hay que anunciarlo previamente en una campaña electoral y aquí en su momento no se dijo nada, para que sepamos a qué atenernos, el ministro de Justicia ha anunciado la orden con tono impositivo, marca “señorito andaluz”.

Y por aquello de que si no quieres caldo, ahí te van dos tazas, el actual ministro de Justicia nos ha servido esta semana un par de cuencos de sopa en el Congreso de los Diputados, anunciando que ya estamos en “crisis constituyente”

 

Y si he citado las palabras de Pío XI referidas al proceso constituyente de la Segunda República es porque, precisamente, ese es el modelo en el que se ha fijado el Gobierno, para llevar a cabo el cambio de régimen. Y nada me extrañaría que este Gobierno de socialistas y comunistas pudiera conseguir este objetivo, ya que ha logrado colar patrañas más gordas, como lo de hacer creer a un sector de la población que el sistema político de la Segunda República fue el non plus ultra de la democracia y que la izquierda es la vanguardia de la cultura.

Pocos mitos tan fáciles de desmontar como el de la tolerancia de los republicanos y la superioridad cultural de la izquierda. Durante este confinamiento asisto a misa en Pareja, un pequeño pueblo de la Alcarria que tiene una iglesia parroquial con porte de catedral y construida en el siglo XVI, pero que durante laGuerra Civil fue devastada y convertida en cuadra de vacas y mulos por los vanguardistas de la cultura. Algún domingo me ocuparé de la barbarie cultural de los socialistas y de los comunistas, quemando archivos y destrozando obras de arte, porque hoy lo que toca…, y toca mucho las narices es lo del período constituyente.

Algún domingo me ocuparé de la barbarie cultural de los socialistas y de los comunistas, quemando archivos y destrozando obras de arte

 

Llegaba la Segunda República preñada de revanchismo y de sectarismo antirreligioso, del que da cuentas candorosamente Miguel Maura, ministro de la Gobernación del Gobierno provisional desde que se proclamó la republica, el 14 de abril de 1931, hasta el mes de octubre de ese mismo año. Cuenta Miguel Maura que tan solo llevaba unas horas en el cargo, cuando recibió un telegrama de un alcalde que decía: «Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. Madrid. Proclamada la República. Diga qué hacemos con el cura».

Con tal refinado programa político se entiende que la Segunda República se manchara de sangre desde el primer día para que pocas jornadas después, los días 11, 12 y 13 de mayo ardieran los primeros conventos e iglesias en Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Málaga y Cádiz. Y todo aquello fue tan consentido por el Gobierno que hasta el 20 de octubre de 1932 no se celebró el primer proceso contra un incendiario, que había sido sorprendido rociando con gasolina las puertas del convento de las Comendadoras de Santiago de Madrid el 11 de mayo de 1931. Y a pesar de las pruebas en su contra, el juez no le declaró culpable y le dejó en libertad, lo que equivalía a convertir la quema de iglesias en un pasatiempo de exaltación republicana sin consecuencias para los incendiarios.

El Gobierno provisional convocó elecciones para el verano, de las que debían salir unas Cortes Constituyentes. El PSOE obtuvo la mayoría relativa con sus 117 diputados de un total de 470. A excepción de un puñado de unos cien diputados que eran profesionales y unos pocos prestigiosos intelectuales, el especialista en este período, Vicente Cárcel Ortí, afirma que hasta un total de 370 diputados tenían un nivel cultural bajo y, lo que es peor, una catadura moral inferior a su cultura.

Estaba presente en aquel Parlamento el sectarismo antirreligioso burgués, el de los partidos liberales del siglo XIX que había expulsado a los frailes y a las monjas de sus conventos, les había arrebatado sus pertenencias mediante las leyes de desamortización y había asesinado a unos cuantos en distintos años del siglo XIX. Los herederos de este sectarismo antirreligioso burgués eran los diputados de Acción Republicana y la Agrupación al Servicio de la República, cuyo dirigente más representativo era Azaña.

Los socialistas participaban también en tan singular concurso para ganar la competición del sectarismo antirreligioso, y en su recreación marxista de la vida identificaron a la Iglesia con las clase explotadora, por lo que cuando tuvieron oportunidad en 1934 y durante la guerra civil asesinaron a curas, frailes y monjas a pesar de que eran el fiel reflejo sociológico de una España agrícola y pobre, muchas de cuyas víctimas eran bastante más pobres y más de la clase proletaria que los socialistas que se sentaban en el Congreso de los Diputados.

Y tanto unos como otros, los sectarios burgueses y los sectarios del PSOE, estuvieron tutelados por las logias masónicas. Ya escribí en otro artículo que casi un tercio de los diputados de las Cortes Constituyentes de 1931 perteneció a la masonería.  Al menos que sepamos documentalmente pertenecían a la Masonería 151 diputados, concretamente 135 al Gran Oriente Español y 16 a la Gran Logia Española. De los 30 diputados de Esquerra once eran masones. Por su parte, casi la mitad de los diputados del Partido Radical eran masones, exactamente 43 de un total de 90 diputados. Sin embargo, la representación más nutrida de la Masonería se encontraba en las filas del socialismo, pues entre el PSOE y el Partido Radical Socialista sumaban 65 diputados masones.

El modelo de sectarismo antirreligioso que quiere copiar nuestro Gobierno actual quedó esculpido en forma de ley en dos disposiciones importantes: los artículos 26 y 27 de la Constitución de 1931 y la menos conocida pero todavía más radicalmente antirreligiosa Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que aprobada el 2 de junio de 1933 fue calificada por sus autores como “la obra maestra de la República”.

El artículo 26 de la Constitución de 1931 condenaba a vivir de la mendicidad a los eclesiásticos puesto que declaraba extinguido en un plazo no superior a dos años el presupuesto del clero y se les prohibía ejercer cualquier actividad con la que poder mantenerse; por tener el cuarto voto de obediencia al Papa, el Gobierno expulsaba a los jesuitas de España y nacionalizaba todos sus bienes; y, de remate, entregaba a la arbitrariedad del Gobierno al resto de las órdenes religiosas, por cuanto un punto del artículo 26 establecía que sería suspendida cualquier institución religiosa que fuese considerada “un peligro para la seguridad del Estado”,  todo un coladero como las actuales leyes españolas según las cuales si ellos consideran que uno odia lo que los socialistas y los comunistas aman te cae la del pulpo.

¿Piensan ustedes que se puede repetir lo de la Segunda República? Pues desgraciadamente yo no lo creo, porque nos encontramos en una situación muy distinta y peor que la de entonces, porque al enemigo ahora lo tenemos dentro

 

En cuanto a la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas de 1933, por ser la “obra maestra” del sectarismo antirreligioso nada tendría de extraño ver copiados en el BOE alguno de sus artículos, pues también en lo de plagiar tesis doctorales o leyes se cumple el refrán de que el que “hace un cesto hace ciento, si le dan mimbres y tiempo”.

Pueden leer los artículos de la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas en este enlace del BOE. Lógicamente, protestaron por ello los obispos españoles y hasta el papa de modo solemne mediante una encíclica, pero nada detuvo a los enemigos de Cristo y de su Iglesia. Por mi parte, cedo el comentario de dicha ley al papa Pío XI, que el 3 de junio de 1933 publicó la encíclica Dilectissima nobis para salir en defensa de los atropellos que sufría la Iglesia en España. En uno de sus párrafos se podía leer lo siguiente: «La Constitución reconoce a todos los ciudadanos la legítima facultad de poseer, y, como es propio de todas las legislaciones en países civilizados, garantiza y tutela el ejercicio de tan importante derecho emanado de la misma naturaleza. Pues aún en este punto se ha querido crear una excepción en daño de la Iglesia Católica, despojándola con patente injusticia de todos sus bienes. No se ha tomado en consideración la voluntad de los donantes, no se ha tenido en cuenta el fin espiritual y santo al que estaban destinados esos bienes, ni se han querido respetar en modo alguno, derechos antiquísimos y fundados sobre indiscutibles títulos jurídicos. No solo dejan ya de ser reconocidos corno libre propiedad de la Iglesia Católica todos los edificios, palacios episcopales, casas rectorales, seminarios, monasterios, sino que son declarados, -con palabras que encubren mal la naturaleza del despojo- «propiedad pública nacional ». Más aún, mientras los edificios que fueron siempre legítima propiedad de las diversas entidades eclesiásticas, los deja la ley en uso a la Iglesia Católica y a sus ministros, a fin de que se empleen, conforme a su destino, para el culto, se llega a establecer que los tales edificios estarán sometidos a las tributaciones inherentes al uso de los mismos, obligando así a la Iglesia Católica a pagar tributos por los bienes que le han sido quitados violentamente. De este modo el poder civil se ha preparado un arma para hacer imposible a la Iglesia Católica aun el uso precario de sus bienes; porque, una vez despojada de todo, privada de todo subsidio, coartada en todas sus actividades, ¿cómo podrá pagar los tributos que se le impongan?».

Cierto que los sectarios antirreligiosos actuales de este Gobierno de socialistas y comunistas están dispuestos a hacer lo mismo que sus antepasados de la Segunda República, pero en el otro bando no veo prácticamente a nadie dispuesto a ir al martirio

 

¿Piensan ustedes que se puede repetir lo de la Segunda República? Pues desgraciadamente yo no lo creo, porque nos encontramos en una situación muy distinta y peor que la de entonces, porque al enemigo ahora lo tenemos dentro. Cierto que los sectarios antirreligiosos actuales de este Gobierno de socialistas y comunistas están dispuestos a hacer lo mismo que sus antepasados de la Segunda República, pero en el otro bando no veo prácticamente a nadie dispuesto a defender la fe con firmeza sin concesiones ni al mundo, ni a la carne ni al demonio, y no digamos a dar la vida por ella, a ir al martirio, como sí lo aceptaron muchos obispos, y miles de sacerdotes, religiosos y laicos en la persecución religiosa desatada en España hace ochenta y cuatro años, durante el Golpe de Estado socialista de 1934 y la Guerra Civil de 1936.

Javier Paredes

Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá

Un comentario en “La tolerancia republicana: ¿qué hacemos con el cura? – Javier Paredes

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