PREPARADOS PARA CUANDO LA OCASIÓN SE PRESENTE”: LOS SOCIALISTAS Y LA REVOLUCIÓN – Santos Juliá

A José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros, que le recriminaba no estar en diciembre de 1910 en aquel equilibrio de su voluntad y de su conciencia de los tiempos en que era director de los elementos socialistas, y haberse convertido en propagandista, agitador y perturbador revolucionario del país, Pablo Iglesias respondió que cuando él pretendía convencer a las organizaciones obreras de que debían tener interés en derribar la Monarquía, no las excitaba al crimen ni a la perturbación, sino a que se preparasen “para cuando la ocasión se presente”.

Dos años después, en otro debate sobre política general del Gobierno, Canalejas parecía reprochar a Iglesias que no era revolucionario, sino evolucionista y que su partido, el socialista, no era un partido revolucionario sino que lo esperaba todo de la evolución. Iglesias se sintió entonces herido en lo más vivo: cómo que no era revolucionario su partido: “en cuanto a las ideas, claro está que el partido socialista es revolucionario”. Si la historia enseñaba algo, añadió, era que una vez efectuada la evolución, “la revolución hay que hacerla porque la impone la fuerza de los hechos”1.

Una ocasión que se presenta, una revolución que llega por la fuerza de los hechos, una clase obrera que debe prepararse para tan transcendental evento: resumen estos dos debates de Iglesias con Canalejas la sustancia de lo que el Partido Obrero había establecido como doctrina oficial desde que dio a conocer su programa en unos artículos publicados en su órgano oficial en 1886. Los socialistas partían de un axioma que no admitía discusión: el capitalismo y el régimen político que le servía para mantener su sistema de dominación representaban el mal absoluto. En consecuencia, capital y Estado monárquico debían ser derribados y sustituidos por otro orden social y por otro sistema político. El sujeto de esa transformación no podía ser otro que el proletariado o la clase desposeída, un concepto que incluía a los obreros pero también a los profesionales que vendían su fuerza de trabajo a un patrono. Lo que esa clase explotada tenía que hacer era, desde luego, apoderarse del poder político, paso imprescindible para llevar después a término la transformación del orden social. Pero la tarea no resultaba fácil: antes de lanzarse a la conquista del poder político era necesario que aquella clase explotada se convirtiera en un ejército perfectamente organizado y dispuesto a librarse del yugo de la explotación2.

* Publicado en Santos Juliá, dir., Violencia política en la España del siglo XX, Madrid, Taurus, 2000, pp. 145-190.

1 Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados [en adelante DSC], 6 de diciembre de 1910, pp. 2701-2702, y 20 de enero de 1912, pp. 1826-1827

Convertir a una clase social dispersa, atomizada, carente de educación, en un ejército organizado, consciente de su fuerza, conocedor de sus fines, requería tiempo y dirección. Que las cosas no podían realizarse de un día para otro era sencillamente una exigencia de la historia, de la evolución económica, del desarrollo del sistema burgués; pero que, a largo plazo, irían fraguando las condiciones que posibilitarían la alborada de la nueva sociedad constituía también una necesidad histórica. El desarrollo del capitalismo trabajaba, por así decir, a favor de su derrumbe; la evolución venía preñada de revolución: la relación de clase se simplificaba y el mismo desarrollo del capitalismo suprimía obstáculos para la formación de ese ejército de obreros conscientes. La visión ideal de la marcha del tiempo, dejada a sí mismo, al desarrollo puro y simple de una especie de historia o evolución natural, implicaba la lenta pero inexorable desaparición del capitalismo.

A partir de la seguridad en el triunfo final y de la lenta preparación para cuando la ocasión del triunfo se presentara, los socialistas defendieron la necesidad de reformas como paso previo a la emancipación obrera. Indudablemente, los trabajadores serían esclavos mientras no fuera un hecho su emancipación económica, pero de ahí no podía deducirse que tal emancipación hubiera de conseguirse “de golpe y porrazo”. Realizar un cambio tan grande era de todo punto imposible si antes no se introducían las mejoras que pusieran a la clase obrera en condiciones de vencer a los que la oprimían. De manera que, por muchos motivos que la clase dominante diera a los trabajadores para que, justamente indignados, recurrieran a la violencia, y por más que en determinadas ocasiones los actos violentos fueran disculpables, los socialistas no se cansaron de advertir que tal conducta, ni antes ni ahora, daría los resultados obtenidos por medio de las reformas legales. No, decía un editorial de su periódico en abril de 1898, el camino de la violencia no debemos recorrerlo nunca, ni jamás debemos abandonar el ejercicio de nuestros derechos. A la violencia solo se podría recurrir el día que la clase obrera hubiera acumulado suficiente fuerza y hubiera encontrado cerradas por completo las vías legales3.

Pues tan seguro e inexorable como todo lo anterior era que la clase explotadora no se avendría de buen grado a dejar al tiempo cumplir su tarea y llegaría un momento en que se opondría con todas sus fuerzas a la ley del derrumbe del capital. En ese momento, la clase explotadora, auxiliada por el aparato represivo del Estado, rompería la legalidad y recurriría a todos los medios a su alcance para detener la marcha del tiempo. Era ese el momento en que, forzados por la previa ruptura de la legalidad por parte de la burguesía, el proletariado tendría que recurrir a la violencia y, al defender sus anteriores conquistas, daría el salto hacia la nueva sociedad. De modo que la ocasión tantas veces evocada se presentaría por fin cuando, en su decisión de resistir al avance de la nueva sociedad, la clase explotadora y sus representantes políticos decidieran suprimir los derechos individuales de los trabajadores, conquistados tras una dura lucha, y situarse ellos mismos fuera de la legalidad.

2 “El programa de nuestro partido. V” y “El programa de nuestro partido. VII”, El Socialista, 9 y 23 de abril de 1886.

3 “Las reformas son indispensables” y “El único camino”, El Socialista, 8 de noviembre de 1895 y 8 de abril de 1898.

Lamentablemente, ante esta iniciativa de la clase explotadora y de su Estado, la clase obrera organizada no tendría más remedio que acudir a “toda clase de luchas”, pues si se “nos priva de esos derechos… que nos son tan necesarios como el oxígeno ¿qué vamos a hacer?”4.

Ese momento debía pillarles preparados: esta era la tarea central de los socialistas; no hacer la revolución sino prepararse para cuando el día de la revolución llegase; preparar a la clase obrera para cuando la ocasión de presentara, en la seguridad de que tal vez esa ocasión no se iba a presentar en el transcurso de sus vidas. La meta estaba alejada y nada hacia presagiar su inminencia; es más, quienes así esperaban la revolución futura daban por cierto que ellos no la verían: el triunfo total, yo no he de verlo, confesaba Iglesias en su debate de enero de 1912 con Canalejas; pero que no lo fuera a ver no disminuía un ápice la fuerza de su creencia. Sin rechazar, por tanto, la inevitable perspectiva de que un gramo de violencia sería necesaria, los socialistas sencillamente esperaban. A nadie se le ocurría suscitar la cuestión de la necesidad de acopiar armas para el momento decisivo. Lo revolucionario no se definía por la violencia sino por “dar un ideal a la masa y organizarla para la conquista de ese ideal”, como repetía un editorial de El Socialista de 1900, cuando de nuevo rechazaba la acusación de que los socialistas no eran revolucionarios porque no entonaban cada día un himno a la violencia. Hagamos cada día un poco de revolución, escribía también un compañero de Iglesias de la primera hora. “Avancemos cada día un paso, y en esta marcha vayamos acostumbrándonos a los nuevos paisajes y el nuevo horizonte para no quedar deslumbrados al llegar a nuestra tierra prometida. Y entonces entraremos en ella pacíficamente, porque nadie se atreverá a cortarnos el paso; sosegadamente, porque no pueden sentir impaciencia los que saben pasar años enteros de lucha; alegremente, porque será el momento de recibir el premio y la gloria y de experimentar un gozo indefinible por haber hecho un bien tan grande a todos los hermanos”: ir a la revolución era como el tránsito pacífico, sosegado, alegre, a la otra vida5.

Con esas ideas y la práctica de ellas derivada o, más exactamente, que a ellas legitimaba, pasaron los socialistas los primeros treinta años de sus existencia como partido y sindicato, dedicados a la tarea de educar y organizar a la clase obrera con objeto de dotarla de fuerza suficiente para ir arrancando reformas legales. La España de la Restauración ofrecía una mezcla de Estado constitucional, con libertades garantizadas para que los partidos antisistema, republicanos y obreros, pudieran organizarse, abrir centros, publicar periódicos, presentarse a elecciones, sentarse en el parlamento; y de Estado no democrático, con la soberanía compartida por la corona y el parlamento, con un fuerte componente autoritario y represivo y con una clase política distribuida en dos partidos -liberal y conservador- pero comprometida por un pacto que la obligaba a turnar pacíficamente en el poder, excluyendo a terceros competidores por medio del recurso masivo al fraude electoral. Lo primero permitía y hasta exigía una táctica reformista, de paulatina penetración en el sistema político; lo segundo exigía una ideología del rechazo, un discurso de la revolución; táctica reformista, retórica revolucionaria que conformarán las actitudes políticas dominantes en los medios socialistas durante más de treinta años.

4 Iglesias, DSC, 20 de enero de 1912. Dos años después un editorial de El Socialista preguntaba: “Si no se hace la revolución ¿qué se ha de hacer?”, 20 de julio de 1914.

5 “Somos revolucionarios”, El Socialista, 18 de mayo de 1900; Juan A. Meliá, “La revolución”, El Socialista, 8 de marzo de 1912.

LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA

En esta perspectiva de un partido que proclama la revolución pero que se dedica a la reforma se introdujo una decisiva novedad cuando en 1909 los socialistas decidieron salir de su orgulloso aislamiento y sellar con los republicanos una conjunción electoral. Eran los tiempos del Bloque de Izquierda, de la campaña del “Maura, no”, de la represión por los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona. En vista de aquella represión cruelísima, dijo Pablo Iglesias en su primer discurso parlamentario, y del fusilamiento de un hombre por sus ideas, el partido socialista declaró que estaba dispuesto a unirse con todos los elementos que quisieran defender la libertad. Reacio hasta entonces a cualquier coalición electoral, Iglesias cedió finalmente ante quienes la venían propugnando de años atrás y accedió a presentar una candidatura conjunta en las elecciones de mayo de 1910. Coligados con los republicanos, los socialistas añadieron a su visión de la marcha hacia el socialismo un nuevo elemento llamado a perdurar: era posible participar en una revolución política -derribar la monarquía- a la que no estuviera necesariamente unida la emancipación social -implantar el socialismo-. La república, afirmaba Iglesias, no emancipará a los trabajadores, pero “nos dará las condiciones de derecho y libertad precisas para que el proletariado pueda tranquilamente, sin provocar innecesarias perturbaciones, realizar su obra de educación y organización”. La república adquiría un valor, por así decir, instrumental: valía no en sí misma sino porque favorecía la educación y la organización de los trabajadores, condición necesaria para avanzar hacia el socialismo. Era preciso, en consecuencia, forzarla, traerla, no limitarse a esperarla en la mera preparación de hombres educados y organizados. “Yo no solamente creo que debo realizar aquella obra que corresponde a mi partido”, explicaba Iglesias a Canalejas, sino “aquella otra a que me he comprometido en unión de otros elementos, y cuando voy a un meeting, hablo de la prisa que deben tener todos para realizar una solución política que yo creo superior a la que nos rige”6.

Fue entonces, en el marco del trabajo por derribar la monarquía e instaurar la república, cuando Pablo Iglesias mostró por vez primera cierta prisa, un sentimiento insólito en su carácter y del todo ajeno a su anterior estrategia de marchar lentamente hacia el socialismo. Y no es sorprendente que Iglesias, con esas nuevas prisas por realizar esa superior solución política, no dudara en evocar el recurso a la violencia en su dos formas, individual y colectiva. La primera aparece pronto en sus discursos como diputado y traerá de cabeza a sus correligionarios, siempre enemigos del atentado personal. Pero lo cierto es que Iglesias, recordando la indignación que había producido entre los elementos proletarios la política del gobierno presidido por Maura, dijo desde la tribuna del Congreso: “nosotros hemos llegado al extremo de considerar que antes de que Su Señoría suba al poder debemos llegar hasta el atentado personal”.

6 Las palabras de Iglesias, en “El mitin de ayer”, El País, 14 de febrero de 1910; y DSC, 6 de diciembre de 1910, pp. 1910 y 2701.

Gran conmoción produjeron en la Cámara estas palabras, aunque no fuera esa la primera vez que Iglesias las decía en público. Meses antes, en un mitin celebrado en el Teatro Barbieri, de Madrid, Iglesias había reafirmado la cordura de un artículo suyo en el que había escrito que Maura se había hecho acreedor al atentado y reiteró su firme creencia de que “Maura se merece el atentado… Su desaparición sería un gran bien para España y para la humanidad”7. A esas intervenciones se refería en el Congreso de los diputados y al negarse a rectificar sus palabras, pese a las insistentes peticiones formuladas desde la presidencia de la Cámara, Iglesias puso en bandeja a sus adversarios la acusación por el atentado que sufriría pocos días después el ex presidente del Consejo, campaña reiterada dos años después por las huestes católicas con motivo del asesinato de Canalejas8.

De más alcance sería, sin embargo, la introducción en el discurso socialista del recurso a la violencia colectiva no ya con carácter meramente defensivo sino en el marco de una estrategia para la formación de un gobierno provisional y el cambio de régimen político. La circunstancia en la que esta nueva perspectiva teórica se llevó parcialmente a la práctica fue la huelga general de agosto de 1917. Los socialistas habían firmado meses antes con su sindicato rival, la CNT, un acuerdo para convocar una huelga general de 24 horas contra el aumento del precio de las subsistencias y por la solución de la crisis de trabajo. El éxito de la convocatoria de diciembre de 1916, con la experiencia de la acción común y la tendencia de los sindicatos a intervenir en la política, amplió a partir del nuevo año los contenidos de las reivindicaciones obreras. Una nueva huelga, si era general, tendría que ser por tiempo indefinido, según la tradición del sindicalismo revolucionario. Y, en efecto, al reanudarse las reuniones de los delegados de la CNT con el comité nacional de la UGT en marzo de 1917 se acordó recurrir a la huelga general “sin plazo definido de terminación, como el arma más poderosa que [el proletariado] posee para reivindicar sus derechos”9. Ahora bien, no hay huelga indefinida que no se viva como antesala de una revolución, si no como revolución en acto, y así ocurrió también en este caso: de lo que se trataba era nada menos que de conseguir “una transformación completa de la estructura económica del país y de la estructura política también”.

Eso era, evidentemente, la revolución. Y así se entendió y así fue denunciado: se nos ha llamado profesionales de la revolución, exclamará Besteiro en el mitin convocado para dar cuenta del acuerdo, tras afirmar que “en el proletariado hay ya una conciencia revolucionaria y con ella tiene que actuar en lo sucesivo”. No lo rechazamos y nos honramos con ello, continuó el profesor: “Yo me proclamo y me honro con ser profesional del proletariado revolucionario”. Palabras mayores, aunque coherentes con la teoría de la lucha por la democracia contra el despotismo que había sido el argumento reiterado por esos mismos dirigentes socialistas para justificar su aliadofilia.

7 Iglesias en el Congreso, DSC, 7 de julio de 1910, p. 439; “El mitin de ayer”, cit;

8 “Indignación de cocodrilo” y “En el Teatro de la Gran Vía. El mitin de ayer”, El Debate , 18 de noviembre de 1912; “Solidaridad con Iglesias. Mitin en el Lux-Eden”, El Socialista, 29 de noviembre de 1912.

9 “A los trabajadores españoles y al país en general”, El Socialista, 27 de marzo de 1917.

Besteiro sacaba así la última consecuencia de la teoría dominante en los medios socialistas sobre la guerra mundial, en la que se había visto una batalla de la revolución contra el imperialismo; ahora, “el imperialismo ha sido derrotado por la revolución” y aunque España no haya participado en la contienda, “a los países neutrales tiene que llegarles también su hora”10. Al cabo, el régimen español de poder personal, sostenido en el militarismo y el clericalismo, se asemejaba a la autocracia rusa y le esperaba idéntico destino.

Revolución anunciada desde la prensa socialista, acordada con un sindicato que propugnaba no ya un cambio de régimen sino la destrucción del Estado, defendida conjuntamente por el partido y la Unión: por unas semanas pareció como si los socialistas hubieran abandonado su compromiso por la República para sustituirlo por una lucha por el socialismo de la mano del sindicalismo revolucionario. Pero muy pronto comenzaron también los contactos con dirigentes republicanos en la común convicción de que la situación del país exigía la transformación del régimen monárquico por el republicano burgués. La ocasión para este nuevo entendimiento la proporcionaron las Juntas de defensa cuando el 1 de junio de 1917 entregaron su manifiesto al capitán general Marina. Las coincidencias esenciales entre la clase obrera organizada y los jefes y oficiales del ejército, apreciadas por la comisión ejecutiva del PSOE, fueron de tal enjundia que consideraron el manifiesto como la ocasión esperada para “iniciar la inteligencia con los partidos políticos antimonárquicos y concertar la actuación”. Una comisión de los comités nacionales de la UGT y del PSOE mantuvo una entrevista con el líder del Partido Reformista, Melquíades Álvarez, en la que se llegó al acuerdo de “constituir un Gobierno provisional que, representando la soberanía nacional, convocase Cortes constituyentes”, lo que implicaba abandonar cualquier solución “de significación monárquica”11. La proclamación de un gobierno provisional, sin exclusión de los representantes de la clase obrera organizada, apoyado en una intervención militar y en una huelga general indefinida, como instrumento de transición de la monarquía a la república, irrumpía así por vez primera en las estrategias socialistas.

La formación de Juntas de Defensa y el malestar dentro de la clase política parecían indicar que las condiciones de la revolución política habían madurado. El acto del 1 de junio, recordará Julián Besteiro, fue de tal gravedad que “las gentes de todas las clases sociales, menos las más altas, estaban llenas de júbilo porque habían creído que esto se acababa, que la revolución estaba hecha sin esfuerzo de nadie”. Una iniciativa militar había sido suficiente para reavivar el viejo sueño de las revoluciones del siglo XIX: con militares en la calle y obreros en huelga general era suficiente para acabar con esto. Los socialistas también lo creyeron: desde el 1 de junio “consideramos que la sazón había llegado para declarar en un momento, el más oportuno, la huelga general de plazo indefinido, y no hicimos otra cosa que prepararnos del mejor modo que pudimos para ella”12.

10 “El mitin de anoche”, El Socialista, 28 de marzo de 1917.

11 Memoria que la comisión ejecutiva presentó al XI congreso del PSOE, El Socialista, 16-24 de octubre de 1918. Largo Caballero explicó en parecidos términos la gestión del comité ante el XIII Congreso de la UGT, celebrado unos días antes, El Socialista, 6 de octubre de 1918.

12 Discurso de Julián Besteiro en el debate parlamentario sobre “Suspensión y restablecimiento de las garantías constitucionales”, DSC, 28 de mayo de 1918, pp. 1230-1252.

Parecía, en efecto, que la ocasión, tantas veces evocada como una cierta pero indefinida posibilidad de futuro, se había presentado. Y la creencia bien afincada entre los socialistas decía que cuando la ocasión se presentara, la clase obrera debía estar preparada.

¿Para hacer qué cosas y con qué medios? El propósito último de la prevista acción consistía en proclamar la república. “¡Abajo el régimen monárquico! ¡Paso al régimen republicano que a la vez que permitirá a la burguesía alcanzar su pleno desarrollo, dará facilidades al proletariado para constituirse en poderosa fuerza, influir notablemente en los asuntos nacionales y acelerar el feliz momento de poner remate a los antagonismos sociales!”13. Ese era el programa máximo de la anunciada acción. No se trataba, esta vez, de un anuncio cualquiera: eran tiempos de grandes expectativas, “se ve, se palpa en todas partes una inmensa transformación renovadora”, escribía el líder principal de la revolución, Julián Besteiro. Los nuevos tiempos se anuncian, abundan los signos, en China, en Australia, en México. Hay algo que agita las entrañas mismas de la tierra. Las ideas motrices, que estaban en su infancia, han entrado en vigorosa y ardiente juventud. Las utopías consideradas irrealizables están más próximas de lo que se podía creer. Todo, en el lenguaje del profesor, evoca esa imagen de la revolución tan propia de la imaginación anarquista: una tierra fecundada por el ideal, que se remueve, se agita, grávida de la sociedad del mañana. La consigna es: preparémonos para el gran advenimiento. Una expectativa mesiánica, un nuevo mundo que nace y que confirma todas las predicciones durantes tantos años contempladas por los maestros del socialismo14.

No es un exaltado dirigente obrero quien así se manifiesta: es un catedrático de lógica caracterizado por sus modales de perfecto gentleman. Y no se expresa así en cualquier circunstancia sino en el editorial que sirve de consigna para el inicio de la revolución. Ha llegado el momento, anuncian dos días después los comités nacionales de la UGT y del PSOE: como remedio de los males que padece España es preciso un cambio fundamental de régimen político. Las Juntas de Defensa y la Asamblea de Parlamentarios dan al público el testimonio de sus ansias de renovación. Ahora le toca al proletariado que después de haber dado pruebas de serenidad y reflexión se decide a no asistir, ni un momento más pasivamente, a este intolerable estado de cosas. En consecuencia, el proletariado inicia una huelga general indefinida hasta que se constituya un gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador y prepare la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes constituyentes que aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales de constitución política del país15.

13 El Socialista, 2 de agosto de 1917.

14 “Cosas veredes”, El Socialista, 10 de agosto de 1917.

15 El manifiesto de los comités nacionales “A los obreros y a la opinión pública” puede verse en Francisco Largo Caballero, Presente y futuro de la Unión General de Trabajadores, Madrid, 1925, pp. 85-89.

Todo está decidido el 12 de agosto de 1917: las Juntas y la Asamblea han abierto el camino; a ellas se une el proletariado con su huelga. Lo que se pretende es el inicio de un proceso constituyente dirigido por un gobierno provisional. Por ir de la mano de republicanos y por esperar la complicidad de militares, los socialistas no exigen en su llamada a la huelga el fin del régimen monárquico, pero la anunciada reivindicación de un gobierno provisional y de apertura de proceso constituyente se sitúa en esa dirección. Sabían que era la oportunidad largo tiempo esperada porque, por una parte, existía un órgano de la burguesía capaz de ocupar el poder y, por otra, los elementos del ejército aparecían desunidos. Contra una burguesía firme en el poder y contra un ejército unánime habría sido una quimera intentarlo, pero con aquellas dos condiciones, los socialistas votaron las huelga general indefinida porque creyeron en su victoria. Esto fue al menos lo que luego dijeron y no hay motivo alguno para no creerles.

Victoria que, en aquellas circunstancias, se conseguiría por medios pacíficos. Este es el último de los elementos que conforman aquella primera espera de la revolución que tuvo lugar en 1917. La orden fue de huelga pacífica, con lo que se quería decir que los trabajadores no debían recurrir al uso de las armas. Algunos de los dirigentes del PSOE, que se habían afanado previamente en el trasiego de armas y municiones, no pudieron ocultar su perplejidad: se mandaba a los obreros a una revolución y se les conminaba a que lo hicieran sin medios de defensa. Indalecio Prieto no lo podía comprender: había llevado algunas armas a Bilbao y cuando supo que se trataba de una huelga pacífica no quiso tener participación alguna en el asunto; no podía concebir que se pudiera derribar a un régimen con una huelga pacífica: era como “dejar asomar la cabeza a la revolución y atarla de manos”. Por disciplina, los que habían transportado armas y municiones cuidaron de depositarlas en sitios diferentes, de manera que “las municiones no estuviesen donde estuviesen las armas y que las armas no estuvieran donde estuviesen las municiones”16.

La intención original, según reconoció Besteiro, había sido la de proporcionar armas “no a todos los obreros innominados, desconocidos, [sino] aquellos obreros que por el tiempo de su permanencia en las organizaciones tenían un espíritu cultivado”. Organización obrera educada y armada: a la altura del verano de 1917, en eso consistía estar preparados para cuando la ocasión se presentara. “Yo hubiese querido que al llegar la huelga los trabajadores organizados tuviesen armas”, dijo Besteiro en el Congreso, y como los diputados expresaran sus protestas, remachó: “sí, por honradez hubiese querido que tuviesen armas”, no porque deseara que los obreros atacaran a la fuerza pública, sino porque aspiraba a que “si eran injustamente tratados por la fuerza pública, estuvieran en las mejores condiciones posibles para defenderse”17. Para eso, para defender con armas una huelga general que condujera al derrumbe del régimen monárquico, se enviaron a todas la agrupaciones socialistas una serie de instrucciones que ordenaban formar juntas provinciales y locales, integradas por tres individuos obligados a guardar la más absoluta reserva, observar la más escrupulosa disciplina, prevenir a todos contra los rumores y falsas noticias y garantizar el sostén de cada pueblo a la insurrección sin ocuparse de lo que ocurriera en los demás18.

16 Indalecio Prieto, DSC, 24 de mayo de 1918, p. 1200.

17 Julián Besteiro, DSC, cit. Estos discursos han sido editados por Fermín Solana, Julián Besteiro, 1818-1920, Madrid, 1975.

 18 En el verano de 1934, Francisco Largo Caballero dio a leer a Juan Simeón Vidarte unas instrucciones para la huelga revolucionaria que entonces se preparaba diciéndole que eran “más o menos las instrucciones de la huelga de 1917”: Francisco Largo Caballero, Escritos de la República. Edición, estudio preliminar y notas de Santos Juliá, Madrid, 1985, pp. 93-110.

Al final, como dirá también Besteiro, la huelga “se nos impuso cuando no creíamos que era su propia sazón”: tanto prepararse para cuando la ocasión se presentara y resultó que convocaron una huelga general revolucionaria como si hubieran ido forzados, como si no hubieran tenido más remedio. En todo caso, ni las Juntas de Defensa se pusieron al frente de la insurrección armada ni la Asamblea de parlamentarios hizo nada por tomar el poder político. Los socialistas se quedaron solos, los huelguistas duramente reprimidos y los dirigentes de la huelga -Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Andrés Saborit y Daniel Anguiano- encarcelados y obligados, en la onda de la revolución bolchevique, a aclarar sus posiciones. Tardaron unos años en conseguirlo pero al final sacaron la lección de no comprometer nunca más a la organización obrera con partidos republicanos ni conspiradores militares en ningún movimiento dirigido a establecer una democracia republicana. Se reafirmó así la estrategia tradicional que exigía alejarse de cualquier contacto con los partidos políticos de la burguesía. A este retorno al aislamiento político se añadió la negativa de la UGT a apoyar una huelga general que la CNT había convocado para someter a prueba la determinación de su aliado con motivo de la huelga minera de Riotinto.

La vuelta a la estrategia de aislamiento político y de acción obrera desligada de la CNT se teorizó en una visión de la revolución muy alejada de la que había servido para justificar la alianza con los sindicalistas y la conjunción con los republicanos, pero muy próxima a la doctrina tradicional. La revolución no será, como nunca había sido, un acto de violencia para implantar la nueva sociedad, pero no será tampoco, como sí había sido en 1917, el auxilio de los socialistas a los partidos avanzados de la burguesía para instaurar una república que permitiría el fortalecimiento de la clase obrera organizada. Una vez experimentada sucesivamente la alianza con el sindicalismo revolucionario y la coalición con los elementos republicanos, la revolución volverá a ser cada acto que la misma clase obrera organizada emprende con vistas a su emancipación. Revolución es la empresa que se desarrolla todos los días, el lento pero firme crecimiento de la organización, el trabajo callado y constante de sus secciones y las conquistas de mejoras parciales para el conjunto de la clase trabajadora.

Además de rechazar la estrategia de pacto con los republicanos, este discurso de la revolución negaba, dentro del socialismo, la existencia de un “bando evolucionista” frente a un “bando revolucionario”. Pablo Iglesias afirmaba que “todos, absolutamente todos los socialistas han reconocido que la evolución social crea la condiciones vitales del régimen que ha de sustituir al capitalismo, pero todos también han afirmado que sin la acción revolucionaria, sin la conquista del poder político violentamente por el proletariado es imposible tal sustitución”. No había por tanto divergencia en el teoría, no podía haberla en la táctica; no había una táctica evolucionista y otra revolucionaria19. La táctica era una: revolución en la evolución. “La diferencia entre revolución y evolución no existe en el socialismo”, aseguraba Besteiro, para quien era revolucionario “todo instante del desarrollo de la lucha de clases frente al régimen capitalista”20. La revolución la hace el proletariado en todos sus actos, afirmaba también Besteiro, con lo que rechazaba la posibilidad misma de un acto revolucionario, esto es, que los socialistas tuvieran que emplearse en preparar una revolución, fuera la proletaria, como pretendían los terceristas, fuera la democrática, como había pretendido él mismo en 1917 al apoyar a reformistas y republicanos.

El socialismo aparecía de nuevo como la culminación orgánica de un largo proceso de evolución más que como fase superior de un desarrollo democrático. Entre la actual sociedad capitalista y la futura emancipación obrera todo lo que se percibe es un largo periodo de lucha de clases que, según escribía Largo Caballero, sólo por la “evidente locura” burguesa al esforzarse por detener el proceso histórico podrá tomar forma violenta. La auténtica lucha de clases, la que propaga este socialismo nuevamente obrerista, pero asentado ahora no en una pequeña secta sino en una organización obrera muy crecida en sus efectivos, es “humana” y podrá desarrollarse dentro de la legalidad e independientemente de la forma de Estado. Es tal la seguridad en el resultado final, tan firme la creencia en “el progreso de la Humanidad”, que los medios legales de la dominación burguesa se convierten en medios legales al servicio del crecimiento de la organización obrera y, en consecuencia, de la implantación del socialismo. De ahí que sea revolucionario todo lo que empuje a la historia en dirección del progreso que es decir en dirección del socialismo.

Creció así entre los dirigentes socialistas, que en los años veinte eran sobre todo dirigentes de un gran sindicato, la convicción de que cuando se hubieran cumplido “ciertas condiciones históricas, económicas y morales” y cuando, por la labor revolucionaria de todos los días, los trabajadores hubieran “alcanzado el grado de capacidad suficiente para impedir un retroceso en la obra realizada”, sonaría la hora de “la revolución proletaria, o sea, la socialización de los medios de producción”. Sin duda, la revolución proletaria no será pacífica, será violenta, pero lo significativo de la nueva actitud consistía en negar a la violencia su necesidad histórica y su suficiencia “para hacer la revolución”. Al contrario, la acción revolucionaria violenta será únicamente la respuesta obligada a una acción anterior de los reaccionarios que, al oponerse a ese inevitable progreso, serán “sus verdaderos provocadores”. La clase obrera sólo recurrirá a la revolución violenta cuando sea provocada por los elementos reaccionarios. Pero si esa provocación, muestra de la locura burguesa, no tuviera lugar, tampoco habría que pensar en una acción violenta, que los socialistas consideraba “una desgracia”21.

19 Pablo Iglesias, “Ni escisión ni cambio fundamental de táctica”, El Socialista, 8 de julio de 1920.

20 Intervención en el tercero de los congresos extraordinarios convocados por el PSOE para resolver sobre la adhesión a la Internacional Comunista, El Socialista, 11 de abril de 1921.

21 Largo Caballero escribió varios artículos sobre lucha de clases y revolución en El Socialista, 22 y 25 de octubre de 1920 y 25 de mayo, 24 de junio y 1 de julio de 1921.

De esta manera, después de la experiencia de 1917, dos tesis sostenidas entonces perdieron su prestigio: primero, que la república abría nuevas avenidas en la marcha hacia el socialismo; segundo, que alguna violencia era necesaria cuando la ocasión se presentase. De la república, los socialistas podían pasar; y la violencia, no sería más que una desgracia producida por la locura de la burguesía. Los dirigentes de la UGT aprendieron a confiar en sus propias fuerzas, en la capacidad de crecimiento y acción de su organización obrera y en las oportunidades que la Organización Corporativa Nacional, implantada por la Dictadura de Primo de Rivera les ofrecía para robustecer su Unión General de Trabajadores y obtener reformas sin límite por medios legales. El carácter subordinado y dependiente de la acción política, característico del primer socialismo, se reforzó al aparecer, tras la defección republicana, como el terreno de la traición Desconfiaron, sobre todo, de quienes llamándose republicanos se mostraron incapaces de agrupar sus fuerzas para cumplir su compromiso de una acción decidida por la República. Y como por el lado de las alianzas con el sindicalismo tampoco había mucho que esperar después del pacto y la ruptura de 1920, los dirigentes sindicales reforzaron su aislamiento y sus convicciones tradicionales adaptándolas al discurso de la revolución como resultado final de una evolución en la que el elemento fundamental era el crecimiento de la UGT.

LA CONSPIRACIÓN POR LA REPÚBLICA

Al contenido de las lecciones extraídas de la huelga general de 1917 permanecieron fieles los socialistas durante toda la década de 1920 y a ellas se debe su favorable predisposición a colaborar en la política laboral de la Dictadura. Si la experiencia de 1917 había sido frustrante desde todos los puntos de vista, la de 1923 colmaba todas las expectativas. Los dirigentes de la UGT, que eran también los del PSOE, se acomodaron perfectamente a la nueva situación en la seguridad de que la vía corporativa y legal, no la revolucionaria y violenta, era la que conducía con toda seguridad al socialismo. Su participación en los comités paritarios, en los que se sentaban junto a los representantes de las organizaciones patronales para discutir las bases de trabajo, presididas ambas partes por los representantes del Ministerio, se adecuaba perfectamente al tipo de trabajador cultivado que podía esperar sin prisas el advenimiento de la nueva sociedad. Nada invitaba a la ya poderosa Unión General a emprender ningún camino hacia el socialismo que no pasara por la Organización Corporativa Nacional.

De modo que de revolución, en el sentido de participar con otros elementos para traer una república, no volvió a hablarse hasta que la caída de Primo de Rivera en enero de 1930 disparó de nuevo la expectativa de apertura de un proceso constituyente. Como en 1917, la movilización contra la monarquía que se extendió entre estudiantes universitarios, intelectuales y profesionales, contagió a los líderes obreros que muy pronto se declararon a favor de la república y contra cualquier intento de encontrar una salida a la dictadura como la que pregonaban los constitucionalistas monárquicos. Largo Caballero, el máximo responsable de la política de colaboración con la Dictadura, dejó muy claro, en un homenaje a Pablo Iglesias celebrado dos meses después de la caída del dictador, que su opción política rebasaba los límites de una reforma constitucional: “si alguien me pregunta si quiero Cortes constituyentes, le respondo que república; si alguien me pregunta que si quiero Cortes ordinarias, le respondo que república; y si alguien me pregunta usted qué quiere, contesto: República”. Quiero la República, añadía Largo, “para después naturalmente cumplir con nuestra obligación haciéndola derivar hacia la tendencia socialista”22.

La renovada opción republicana de los dirigentes de la organización obrera no se presentaba, pues, como una defensa del parlamentarismo o la democracia -cosas ambas que habían desdeñado durante los años de dictadura- sino como creciente convicción de que la república era la fórmula que permitiría a la organización obrera no perder las posiciones conquistadas y avanzar hacia metas superiores. Largo era muy sensible a las inquietudes de las agrupaciones locales de la UGT y pudo percibir durante 1930 los problemas con que tropezaban las sociedades obreras para hacer cumplir la legislación laboral. La resistencia creciente de los patronos que, desaparecido el dictador, pretendían tener las manos libres de ataduras corporativas, obligaba a las sociedades locales de la UGT a preocuparse de problemas políticos. Hoy – escribía en junio de 1930- en muchos pueblos de España interesa más a las sociedades obreras la lucha política que el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Y al preguntarse por la razón de este fenómeno no encontraba más respuesta que la actuación indigna del clásico caciquismo, “que no respeta las leyes”23.

El estado de inquietud obrera que movió a Largo a expresar con tanta claridad su opción por la república le obligó a plantear con renovada fuerza una tesis que los recientes éxitos políticos del laborismo británico habían traído al debate público: “nuestro organismo obrero nacional no puede excusarse de actuar en política”. Pero al reivindicar para la Unión la capacidad de actuar políticamente, la empujaba hacia el encuentro con los republicanos, que por su parte salían de la pasividad e indolencia que les embargó durante la Dictadura y se disponían a buscar fórmulas de unión para garantizar en el inmediato futuro una acción contra la monarquía. Parecía repetirse, pues, la misma situación que en 1917, aunque ahora sin la unanimidad de entonces. Un sector de la UGT, con Julián Besteiro como cabeza más destacada, se mantuvo fiel a las lecciones aprendidas en aquella ocasión y se negó a avanzar ni un milímetro en las conversaciones con los republicanos que Indalecio Prieto había establecido con motivo del encuentro de varios partidos y grupos republicanos a mediados de agosto en San Sebastián24. La presencia de Prieto en la reunión había sido, sin embargo, “a título personal y sin representación alguna”. Prieto no tenía capacidad para comprometer al PSOE y, menos aún, a la UGT en la conspiración republicana y observó, no sin desaliento, que las comisiones ejecutivas de ambas organizaciones respondían, como dirá Besteiro, “con una verdadera reserva, una verdadera displicencia, una verdadera frialdad” a las “excitaciones constantes” de los republicanos para participar en actos comunes contra la dictadura25.

22 El Socialista, 8 de abril de 1930.

23 “Hay que unificar más la acción política de la clase obrera”, Boletín de la Unión General de Trabajadores, junio 1930, p. 2

24 Indalecio Prieto, “Reminiscencias. El Pacto de San Sebastián”, en Convulsiones de España, México, 1967, vol. I, pp. 59-62.

25 Actas de la sesiones del XIII Congreso ordinario, Madrid, 1932, p. 50.

Tres dirigentes que habían pasado trece años antes por la experiencia de una frustrada revolución por la República se encontraban de nuevo en el centro de la toma de decisión del PSOE y de la UGT ante el empeño de los partidos republicanos de asociarles a su nueva conspiración y la exigencia de los militares implicados en la operación de contar con el apoyo obrero. Prieto, el más político y el más confesadamente republicano, no tenía dudas, y se metió en la conspiración como si fuera un republicano más; Largo, que había proclamado su opción por la república, mantenía sus reticencias y, sobre todo, necesitaba pruebas tangibles para convencerse de la seriedad y solvencia de los republicanos con objeto de no tener que lamentar un nuevo intento fallido; Besteiro, el más corporativista de todos, no quería de ninguna manera embarcar a las organizaciones obreras en una aventura cuyo fin no veía claro y que, además, le resultaba indiferente, curado como estaba de sus primeros entusiasmos por la república.

Los debates fueron duros hasta que la comisión ejecutiva del PSOE decidió, por una mínima diferencia de ocho votos contra seis, aceptar los puestos que se les ofrecía en el comité revolucionario y acceder a lo que de ellos esperaban los republicanos: que cuando los militares salieran de los cuarteles y se echaran a la calle, “el pueblo les ayudase, ya que no querían que apareciera como una cuartelada”; o sea, que declarasen “la huelga general donde haya elementos comprometidos, para que estos, tan pronto se encuentren en la calle, se vean asistidos por el pueblo que los anima”. Se diría que el modelo de 1917 revivía en los acuerdos de 1930: insurrección militar a cargo de los generales, jefes y oficiales comprometidos, y huelga general decretada por la UGT para que los dirigentes republicanos encabezasen un gobierno provisional. Las novedades más notables eran que, en esta ocasión y debido a la mayor fuerza de la organización obrera, en el previsto gobierno provisional habría tres puestos reservados para los socialistas, dos por el partido y uno por la Unión General; además, y como no existía constitución alguna a consecuencia del golpe militar de 1923, el proceso constituyente se pondría en marcha únicamente tras la proclamación de la República26.

Los acuerdos finalmente alcanzados en octubre de 1930 implicaban la incorporación formal del PSOE y de la UGT, como entidades diferenciadas, al comité revolucionario surgido del Pacto de San Sebastián. Prieto y Largo, además de Fernando de los Ríos, se encontraron junto a los republicanos en los organismos encargados de derrocar la monarquía. El sector obrerista dirigido por Largo Caballero recuperaba para un movimiento revolucionario la misma justificación política esgrimida por Pablo Iglesias para sellar la coalición electoral con los republicanos: la república sería la gran oportunidad de consolidar el lugar conquistado por la UGT como gestora de los intereses obreros y de seguir avanzando hacia el socialismo de manera pacífica y legal. De acuerdo con su arraigada ideología organicista y evolutiva, los dirigentes obreros creían que con unas sociedades de oficio y unos sindicatos de industria bien asentados en la producción y distribución de bienes, fuertes en los organismos corporativos y paritarios, organizando a un número siempre creciente de afiliados y gozando del respaldo activo de los poderes públicos y de las leyes, se daba un sustancial paso adelante en la paulatina marcha hacia la nueva sociedad.

26 Apuntamiento de actas del Comité Ejecutivo e intervenciones de Besteiro y Largo Caballero recogidas en Actas de las sesiones del XIII Congreso Ordinario. Madrid, 1932, pp. 50-64. Según Emilio Mola, el número de generales, jefes y oficiales comprometidos en octubre de 1930 “excedía algo de los doscientos”: Lo que yo supe… Memorias de mi paso por la Dirección General de Seguridad, Madrid, s.f., p. 223.

Por su parte, el sector más político del socialismo, liderado por Prieto, iba a la República guiado por su liberalismo y por su fe en la democracia como instrumento de transformación social. Para Largo y los obreristas, la República tendría que ser, como ya lo había sido la Dictadura, un medio para la consolidación de la UGT y un paso adelante en la marcha al socialismo; para Prieto, y los políticos, el establecimiento de la democracia era una conquista que permitía transformar pacíficamente la sociedad.

La decisión de incorporar al partido socialista y a la Unión General en la conspiración por la república se tomó en medio de la creciente movilización de las clases medias y de la clase obrera contra la monarquía. Buena muestra de esa imparable alienación fue la coincidencia en Madrid, a mediados de noviembre de 1930, del resonante artículo de Ortega desde las páginas de El Sol, preconizando la destrucción de la monarquía y llamando a los españoles a la construcción de un nuevo estado que necesariamente habría de ser republicano, con la manifestación obrera en protesta por las muertes de cuatro trabajadores a consecuencia del derrumbe de una casa en construcción en la calle Alonso Cano. Durante el entierro, al que acudieron más de cien mil manifestantes, se produjeron graves incidentes cuando la cabeza del cortejo fúnebre, subiendo desde Atocha y llegada a la plaza de Neptuno, intentó desviar la marcha de las cuatro carrozas hacia la Puerta del Sol, con objeto de llevar al corazón mismo del viejo Madrid la expresión de su protesta. Guardias de seguridad a caballo cerraron el paso en la Carrera de San Jerónimo, a la altura del Congreso, y descargaron sus sables y sus fusiles sobre los manifestantes provocando dos muertos y numeroso heridos. La huelga general que siguió a estos incidentes marcó en Madrid el comienzo de una movilización contra la monarquía que no cesará ya hasta que los obreros puedan volver a la Puerta del Sol para proclamar desde allí la República27.

Pero fue una proclamación festiva, resultado de unas elecciones municipales, no de una huelga general arropando a una insurrección militar, como en principio se había programado para el día 15 de diciembre de 1930. Después del frustrado intento insurreccional en Jaca, el día señalado para la huelga general que habría de derribar a la monarquía las cosas sucedieron al revés de lo programado: en lugar de salir a la calle, los militares permanecieron en los cuarteles, mientras los obreros, que debían permanecer en casa, salieron a la calle para dirigirse a sus respectivos trabajos. No hubo insurrección militar y no hubo huelga general: al desdichado apresuramiento de Galán -según escribió Pedro Salinas- se sumó “la defección de Saborit y la actitud reservona del ejército”28: todo falló: los militares comprometidos; los dirigentes obreros de los que debían salir las órdenes de huelga; los políticos republicanos, que se escondieron o fueron a caer en manos de la policía. Pero que no hubiera huelga general ni revolución política no quiere decir que, a los pocos meses, no hubiera República.

27 El artículo de Ortega, el entierro y la huelga, en El Sol, 15 y 18 de noviembre de 1930. Hay un relato de esta huelga en Emilio Mola, Lo que yo supe… pp. 225-237

28 Pedro Salinas a Jorge Guillén, 11 de enero de 1931, Correspondencia (1923-1951), edición, introducción y notas de Andrés Soria, Barcelona, 1992, pp. 121-123.

Contra todas las expectativas acariciadas y todos los programas elaborados desde los tiempos de la conjunción, la República vendría sin revolución, aunque como una revolución fuera saludada y vivida, por los republicanos como por los socialistas, que habían definido su alianza con aquellos como una “inteligencia revolucionaria y electoral a los solos efectos de imponer un cambio de régimen en el país” y que veían realizada por fin aquella soñada república que abriría las puertas a la marcha evolutiva hacia el socialismo29.

De esa arraigada convicción sacaron dos consecuencias políticas cargadas de consecuencias. La primera ratificaba en cierto modo lo que ya Primo de Rivera se había encargado de probar: que un cambio de régimen, una revolución política, además de gozar de una legitimidad extensible también al recurso a la violencia30, no era en España un asunto excesivamente complicado; bastaba decisión y poner manos a la obra para obtener, como fruta madura, el resultado apetecido. La segunda confirmaba lo que siempre había dicho Pablo Iglesias, que la República era como una estación de paso en un largo recorrido, de la que sólo se podía salir hacia adelante, para seguir camino, nunca para retroceder. No había prisa en abandonarla, sus salas de espera resultaban confortables y permitían proceder a todo clase de reformas. Por propia decisión, los socialistas jamás la abandonarían, pues permaneciendo en ella se pondrían en condiciones de avanzar hacia su meta final. Procedía, pues, consolidar la República, moderar la marcha, llamar a la labor constructiva, garantizar las reformas.

Esta manera de situarse en la República, como si una revolución les hubiera llevado al gobierno, implicaba un riesgo: convencidos de haber conquistado para siempre una posición sólida en el Estado, de que la República en cierto sentido les pertenecía, si alguien cerraba el camino de su eterna marcha hacia adelante y, peor aún, si les obligaba a perder las posiciones conquistadas, a retroceder en el camino recorrido, entonces tendrían que defender por todos los medios a su alcance las conquistas que tantas penalidades había costado. De modo que el momento tradicionalmente previsto para el inevitable e indeseado ejercicio de la violencia cambió muy significativamente de contenido: ahora ya no se trataba de responder con todos los medios posibles a alguien que, saliéndose de la legalidad en un régimen ajeno, pretendiera abolir las reformas legales; sino de responder con las armas a quien les negara su derecho a gobernar o pretendiera expulsarles de la posición conseguida en un régimen al que consideraban su obra. Si eso ocurría, la única respuesta posible era, como siempre, la huelga general; pero esa huelga general, después de haber ejercido una responsabilidad compartida de gobierno, sólo podía desembocar en la revolución social.

No era una construcción puramente teórica. Los socialistas fueron parte insustituible del gobierno desde abril de 1931 hasta septiembre de 1933. Durante ese periodo habían sido los responsables de un considerable número de reformas que miraban sobre todo a la legislación laboral y al lugar que la

29 Partido Socialista y Unión General de Trabajadores, “A las Secciones y Agrupaciones”, hoja multicopiada, Madrid, 21 de marzo de 1931.

30 De “sacra insurgencia española” calificó el penalista Luis Jiménez de Asúa la intentona insurreccional de diciembre en su Defensa de una rebelión, Madrid, 1931.

 

UGT se había reservado en los organismos paritarios, aunque también al progreso de la instrucción pública y al fomento de grandes obras públicas que acercasen el campo a la ciudad y remediasen la crisis de trabajo. Esa era la obra de la revolución y esas eran sus conquistas irrenunciables. La promesa de mejoras en la condición de vida que anunciaba esa revolución atrajeron hacia las agrupaciones y los sindicatos de la Unión General decenas de miles de nuevos afiliados en las ciudades y cientos de miles en los campos. Eran trabajadores sin experiencia organizativa, nuevos en las tareas sindicales, sin educación societaria, pero muy movilizados por la expectativas de mejoras rápidas, por la identificación entre el nuevo régimen y una sociedad más justa e igualitaria, por aquella “gran promesa histórica” que era la República española31.

Las reformas emprendidas tropezaron, sin embargo, con obstáculos más fuertes de lo previsto, procedentes unas del gran sindicato rival, la CNT, con la que menudearon desde el primer día los conflictos; otras, de las diferentes organizaciones patronales, que veían en el socialismo una desnaturalización de la república; otras, en fin, de un variado elenco de partidos políticos, que iba desde el Republicano Radical de Lerroux a los católicos de la CEDA y a los monárquicos, tradicionalistas o alfonsinos. La fiesta de las primeras semanas se trocó en conflicto y lucha social, las frustraciones por la distancia entre lo esperado y lo conseguido se multiplicaron, y las protestas comenzaron a elevar el tono. Aunque siempre se mantuvieron fieles a la coalición de gobierno, y aunque nunca le faltara a su presidente, Manuel Azaña, el apoyo socialista, los síntomas que anunciaban el fin de la coalición se agudizaron cuando, después de la primera crisis motivada por la aprobación de la Ley de Congregaciones Religiosas, el Partido Radical-Socialista expresó su propósito de abandonar el Gobierno si los socialistas seguían en él. Cuando se acercaba el verano de 1933, los socialistas comenzaron a sentirse dominados por la impresión de que los republicanos de nuevo los traicionaban y una vez más, como en 1917, se replegaron sobre sí mismos, pero esta vez no para reafirmase en su tradicional doctrina de las reformas legales como vía al socialismo, tampoco para defender, como los competentes corporativistas que habían sido desde 1923, la legislación laboral y los jurados mixtos, sino con la intención de emprender un nuevo camino que les llevaría a la conquista de todo el poder.

LA CONQUISTA DEL PODER

Así lo entendió una mayoría de los delegados regionales del comité nacional poco después de que el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, retirara por segunda y última vez su confianza al presidente del Gobierno, Manuel Azaña, y encargara la formación de un nuevo gobierno a Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical y adversario declarado de la participación ministerial socialista. El 19 de septiembre de 1933, en la reunión del comité nacional del PSOE, los delegados regionales manifestaron una sensación de alivio por la ruptura de un pacto que en los planos locales y regionales, por el incremento de conflictos sociales y las protestas contra la escasez de trabajo, era más difícil de mantener que en el gobierno o en las Cortes. El temor a que el gobierno radical vaciara de contenido social la República; la urgencia de recuperar la identidad propia y de actuar “tal como somos”; la irritación porque la República “ha matado muchas esperanzas”: todo eso es perceptible en esa reunión y en las intervenciones de unos delegados deseosos de volver a sus agrupaciones con una nueva estrategia que, a pesar de la oposición manifestada por Prieto y de los Ríos, condujera “al asalto del poder por los medios que sean”32.

31 Como la habían calificado Ortega, Marañón y Pérez de Ayala en el manifiesto de la Agrupación al Servicio de la República publicado en El Sol, 10 de febrero de 1931.

32 Acta del comité nacional del PSOE, 19 de septiembre de 1933, Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, AH 24-1; “Una llamada al combate”, El Socialista, 20 de septiembre de 1933.

Estas eran palabras similares a las que Largo Caballero había pronunciado en julio, cuando todavía desempeñaba la cartera de Trabajo, sólo que entonces los medios no eran cualesquiera, sino los legales: “nosotros vamos a la conquista del poder según la Constitución nos lo permite”. La insistencia en el nuevo objetivo de conquistar todo el poder no implicaba todavía en el lenguaje socialista una estrategia de revolución como toma del poder por la fuerza. El ministro Largo Caballero todavía estaba convencido en el mes de julio que la Constitución republicana permitía a “un partido revolucionario como el nuestro, que quiere hacer una transformación de la sociedad en absoluto, socializando los medios de producción”, hacer la revolución por medios legales: es de nuevo la república como vía al socialismo que había justificado la coalición con los republicanos desde 1909. En esta primera hipótesis conquistar el poder en solitario para hacer la revolución significaba que los socialistas romperían su coalición electoral con los republicanos, se presentarían en candidatura propia a la elecciones, formarían un gobierno exclusivamente socialista, comenzarían a socializar los medios de producción y, al tropezar con la intransigencia del capital, tendrían “que dar el pecho para dominar a aquella”. Era una revolución desde un gobierno alcanzado por la vía democrática y declarada como respuesta a la reacción lo que estaba contemplando Largo Caballero cuando forzó en septiembre de 1933 la ruptura de la coalición con los republicanos33.

Pero cabía pensar en otra senda para la conquista del poder, vislumbrada también antes de la disolución de las Constituyentes, y resumida en la coletilla que Largo Caballero añadía a su deseo de lograr el poder legalmente… si era posible. No descartaba, pues, si esa vía quedaba bloqueada, una conquista situada fuera de la legalidad. Cierto, tal eventualidad iría contra su voluntad porque esperaba que la República, un régimen por el que tanto habían luchado los socialistas, no les situaría nunca en la necesidad de “ir por esos caminos”. Pero si alguien les decía que “por ser obreros, por ser socialistas, por ser un partido de clase, no podemos gobernar”, entonces habría que conquistar el poder “de otra manera”. Alguien podía situar a los socialistas ante el intento de instaurar una “dictadura burguesa”, “un fascismo” o una “restauración”. En tal caso, los socialistas responderían pero no ya para compartir el poder con otros partidos políticos, sino para implantar una dictadura socialista. “Entre la dictadura burguesa o el fascismo -dijo Largo- nosotros preferimos la dictadura socialista”. Era requisito imprescindible de esta segunda vía que el adversario de clase se hubiera salido previamente de la legalidad e intentara instaurar un régimen de fuerza34.

33 Discursos de Largo Caballero en los cines Pardiñas y Europa, El Socialista, 25 de julio y 3 de octubre de 1933.

34 Discurso en cine Europa, cit. y declaraciones recogidas por Santiago Carrillo, El Socialista, 24 de septiembre de 1933.

El avance de la derecha católica, evidente en la primera vuelta de las elecciones celebrada el 19 de noviembre de 1933, alarmó a los dirigentes socialistas que convocaron una reunión urgente para debatir si se encontraban ya ante la prevista provocación de la derecha que exigía, en la doctrina, una respuesta en forma de revolución. Largo Caballero así lo creía y propugnó el compromiso de “realizar un movimiento revolucionario a fin de impedir el establecimiento de un régimen fascista”. Prieto y de los Ríos se mostraron algo más dilatorios pero finalmente las ejecutivas anunciaron que las organizaciones obreras “habrían de alzarse vigorosamente” para impedir el “logro siniestro de los propósitos acariciados por las derechas españolas”. Reunido en sesión extraordinaria el 26 de noviembre, el comité nacional del PSOE ratificó, tras un debate en el que no faltaron delegados dispuestos a “realizar una acción ofensiva en contra de los elementos de la derecha”, esperar a que partiera de ella la provocación “para justificar ante el país las razones de nuestra acción defensiva”. Antes, por tanto, de conocer los definitivos resultados electorales, los socialistas se habían comprometido a impedir con una acción conjunta de partido y sindicato que “las amenazas más o menos encubiertas de un fascismo vergonzante” acabaran en una “restauración de la monarquía o la implantación de un régimen fascista”. Eran las primeras manifestaciones de una identificación, que luego se convertirá en lugar común, entre derecha católica, restauración monárquica e implantación del fascismo y los primeros anuncios de una acción, de contenido todavía impreciso, que los órganos directivos del PSOE y la UGT intentaban legitimar como defensa de la República ante “una posible provocación por parte de la derecha”35.

A partir de la segunda vuelta electoral, que confirmó el triunfo del Partido Radical y de la CEDA, los socialistas anunciaron, como en los viejos tiempos de Pablo Iglesias, que irían a la revolución si a ella eran provocados por la derecha. Y a una provocación debió de creer Prieto que se enfrentaba cuando, en el debate sobre la declaración ministerial, Gil Robles prometió su apoyo al Partido Radical y reclamó el derecho a gobernar “cuando el instante llegue”. Para Prieto, esa declaración equivalía a una “amenaza dictatorial” que encubría el propósito de un golpe de Estado. Y sin más, “con sobriedad, con plena lealtad” dijo a Lerroux que encubrir “desde el poder esos propósitos es una deslealtad; que consentirlos… es suicida; que cooperar a ellos es una traición” y en consecuencia “decimos, Sr. Lerroux y Sres. diputados, desde aquí al país entero, que públicamente contrae el partido socialista el compromiso de desencadenar, en este caso, la revolución”36.

35 “Lo que no quieren que se sepa. Unas declaraciones de Largo Caballero”, Archivo Histórico Militar, arm. 49, leg. 69. Acta de la reunión extraordinaria del comité nacional del PSOE, 26 de noviembre de 1933, Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, AH 24-1, ff. 98-100.

36 DSC, 19 y 20 diciembre 1933, pp. 74-79 para el discurso de Gil Robles, y p. 125 para el anuncio de Prieto.

Identificada la provocación y solemnemente anunciada la revolución, el problema político consistía en definir cuáles serían los contenidos y límites de la acción prevista y cuál la política de alianzas que sería preciso establecer: qué hacer exactamente y con quién hacerlo en el caso de que la CEDA exigiera entrar en el gobierno. Y en este punto, se podía temer que resurgieran las discrepancias y luchas internas entre unos dirigentes políticos y sindicales enfrentados por cuestiones similares durante los últimos meses de la Dictadura. Besteiro, ahora presidente de la ejecutiva de la UGT, no se recataba de afirmar que en el socialismo no había capacidad, disciplina ni autoridad para acometer la revolución de la que tanto se hablaba. Tampoco existía, en opinión de Besteiro, que reiteraba la tradicional concepción de la revolución socialista como respuesta a una amenaza de la reacción, ningún motivo sólido para llamar a una acción de este tipo: las derechas, por “colocarse en actitud de respeto a la Constitución” gozaban de una posición firme37.

La ejecutiva del PSOE, controlada de nuevo por Largo Caballero, pensaba, sin embargo, que algo era preciso hacer aunque no existiera un acuerdo sobre la finalidad de la acción prevista. Indalecio Prieto rechazó la posibilidad de “realizar un programa totalitario de tipo exclusivamente socialista” y propuso como objetivo de la acción “radicalizar la República”. Con este objetivo, elaboró un proyecto de bases de diez puntos, entre los que destacaban la declaración como propiedad del Estado de toda la tierra pero no de la industria, diversas actuaciones en favor de los agricultores, la reforma radical de la enseñanza pública, la disolución de las órdenes religiosas con la incautación de sus bienes, la disolución y reorganización del ejército y de las fuerzas de seguridad sobre nuevas bases y la reforma de la administración y del sistema tributario. Largo Caballero, por su parte, añadió a ese programa cinco puntos concretos de acción en los que se postulaba la organización de un movimiento “francamente revolucionario”, su declaración en el momento que se juzgase oportuno, el establecimiento de relaciones con los elementos que se comprometieran a colaborar y “hacerse cargo del poder político el Partido Socialista y la Unión General si la revolución triunfase”. No se trataba, por tanto, de un programa de defensa de la República contra una temida agresión de la derecha, fuera católica o fascista, o ambas cosas a la vez: Lo que tenían en mente los socialistas no era, como la definirá después Luis Araquistain para los lectores de Foreign Affairs, una “revolución preventiva”, sino un proyecto de responder a una supuesta provocación con el propósito de conquistar todo el poder para el partido y el sindicato socialista que actuarían de consuno en el empeño38.

La comisión ejecutiva de la UGT respondió, a iniciativa de Besteiro, con un programa de lucha contra el paro y de paulatina socialización de los medios de producción por medio de una asamblea corporativa. Había ahora, pues, dos programas entre los que tendría que decidir un organismo superior. El comité nacional de la UGT se inclinó por amplia mayoría a favor del texto presentado por el PSOE y contra el de su propia comisión ejecutiva que se quedó sola en la votación.

37 Resumo aquí lo escrito en Santos Juliá, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997, cap. 6, pp. 197-238.

38 La expresión ha tenido gran fortuna entre no pocos historiadores que limitan el alcance de los sucesos de octubre de 1934 a una “revolución defensiva”. Para el posterior razonamiento de Luis Araquistain, “The october revolution in Spain”, Foreign Affairs, XIII (1935), pp. 247-261.

Al conocer el resultado, Besteiro y los dirigentes que le venían apoyando desde 1930, dimitieron sus cargos y dejaron vía libre a Largo Caballero para que añadiese a su sólida posición en la ejecutiva del PSOE el control de la UGT. Se inició así el periodo de máximo poder de Largo Caballero al frente del conjunto del socialismo español pues reunió en sus manos la presidencia del PSOE, la secretaría general de la UGT y un indiscutible liderazgo sobre las Juventudes, que comenzaban a llamarle el Lenin español. Recibió además el líder sindical el espaldarazo de los intelectuales que por esas fechas lanzaban la revista Leviatán negando que el dilema político estuviera planteado entre monarquía y república, desechando por quimérico el Estado liberal y democrático, y afirmando que la clase obrera debía reservar todas sus energías para su propia revolución. De acuerdo con Leviatán, la Constitución de la República, aunque todavía flamante era ya, en junio de 1934, inútil39: la República había perdido para un importante sector del socialismo su valor instrumental, único que justificaba el apoyo de un partido y de una sindicato cuyas metas se situaban más allá.

Terminadas las luchas por el control de los órganos dirigentes, era preciso pasar a los hechos. Para ello, los socialistas procedieron a crear una organización revolucionaria propia con elementos del Partido, la Unión y las Juventudes y buscar aliados para el momento decisivo en otros partidos o sindicatos obreros. Para garantizar los progresos en la primera dirección, se nombró un comité que asegurase el enlace entre las diversas organizaciones comprometidas en la acción y que, bajo la presidencia de Largo, estaba formado por dos representantes del PSOE, otros dos de la UGT y dos más de las Juventudes. Su primera misión consistió en asegurar que todas las agrupaciones constituyeran comités locales de idénticas características, disponer los recursos financieros para sufragar todos los gastos y establecer relaciones con los posibles elementos colaboradores, que sería preciso buscar, no ciertamente entre políticos republicanos, como en 1917 y 1930, sino en elementos militares adictos a la causa del socialismo. Los contactos con jefes y oficiales se dejaron a la iniciativa de Prieto, que debía dar cuenta de sus progresos a Largo Caballero. Además de Prieto, varios dirigentes de las Juventudes se relacionaron con militares para encomendarles el entrenamiento de sus milicias mientras otros socialistas vinculados a la masonería no desaprovecharon la ocasión para intercambiar en esos círculos experiencias e informaciones.

Lo más original del comité mixto consistió en incorporar a las Juventudes a un organismo insurreccional, reconociendo así su creciente importancia en el conjunto del movimiento socialista, consecuencia del sustancial incremento de jóvenes en las ciudades durante los años veinte y de su rápida politización en los treinta. La presencia de las Juventudes en la dirección de los preparativos revolucionarios tuvo una inmediata consecuencia teórica y otra práctica. Largo Caballero y los dirigentes mayores de la UGT y del PSOE estaban acostumbrados a pensar la revolución como huelga general, cuyas metas políticas y tácticas insurreccionales quedaban al cuidado de sus aliados, los republicanos y los militares comprometidos en la acción. Fueron los jóvenes los que añadieron a la huelga general la teoría de la toma del poder por el partido del proletariado.

39 “Glosas del mes”, Leviatán, 1 y 2, mayo y junio de 1934, pp. 5 y 1.

En el V Congreso de las Juventudes, celebrado a mediados de abril, se aprobó una resolución que reafirmaba “su firme creencia en los principios de la revolución proletaria y en que los momentos actuales no permiten otra salida que la insurrección armada de la clase trabajadora para adueñarse del Poder político íntegramente, instaurando la dictadura del proletariado”. Este era un lenguaje poco habitual en los medios socialistas, acostumbrados a contemplar el socialismo como una meta lejana a la que se llegaría tras un periodo de largas y sacrificadas luchas por la mejora de la condición obrera.

Pero los jóvenes no estaban por la espera y trataban de repetir en España el modelo bolchevique, con un dirigente que guía a un partido, y un partido que actúa como vanguardia de una clase y que en su nombre toma por las armas el poder. Donde los bolcheviques situaban a Lenin, los jóvenes socialistas pusieron a Largo, “jefe de la revolución española que conducirá al proletariado a la victoria”, como lo saludaba Santiago Carrillo, líder entonces de las Juventudes Socialistas; y donde Lenin ponía al partido bolchevique los jóvenes socialistas colocaban al PSOE, al que pretendían bolchevizar para situarlo a la altura de su nueva misión. Añadían los jóvenes, además, su propósito de llegar a “una inteligencia con otras organizaciones obreras políticas de clase”, entre las que incluían al Bloque Obrero y Campesino, a Izquierda Comunista y al Partido Comunista. A diferencia de los mayores, los jóvenes socialistas mantuvieron contactos con los comunistas, que habían comenzado a formar sus propias Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, sumándose así al movimiento general de paramilitarización de la política, tan evidente desde 193340.

A la afirmación teórica de la revolución como toma del poder por el partido del proletariado, los jóvenes socialistas añadieron la aportación práctica de desarrollar una organización militar propia. Si había que tomar el poder de forma insurreccional era preciso acopiar armas y encuadrar a militantes dispuestos a usarlas. Largo Caballero expresó ante el congreso de las Juventudes la necesidad de crear “un ejército revolucionario con hombres que hagan promesa de obediencia” y les atribuyó la principal responsabilidad en la creación de milicias armadas para las que contaron con la colaboración que pudieran prestarle los militantes de la UGT. De esta forma se elaboraron listas de individuos que decían estar dispuestos a “salir a la calle” cuando se lo mandaran. Esos individuos se agrupaban según un sistema decimal: cada diez milicianos formaban una escuadra, con un jefe y un subjefe; cada diez escuadras constituían una compañía que se repartía luego de diez en diez los distintos sectores en que se dividía una ciudad. Se rellenaban con sus nombres unas fichas que Largo Caballero guardaba, se distribuían instrucciones para el momento decisivo y, sobre todo, se les recomendaba que no se dejaran llevar por ninguna llamada a huelgas parciales, abundantes en aquellos meses: había que estar atentos y vigilantes a la consigna de huelga general y reservar todas las energías para cuando llegara la orden de iniciar la revolución.

40 Hay un relato muy vívido de estos encuentros, con manejo de armas, ejercicios de instrucción y adopción de uniformes, en Manuel Tagüeña Lacorte, Testimonio de dos guerras, Barcelona, 1978, pp. 41-53.

En la mayoría de las agrupaciones socialistas, esa fue toda la actividad organizativa con la que se preparó el movimiento. A veces, se daba un paso adelante, procurando a los responsables de la acción algunas armas cuyo tráfico dio lugar a varios episodios pintorescos. Los habituales de la Casa del Pueblo de Madrid presenciaron atónitos un registro policial que dio como resultado el descubrimiento de un pequeño arsenal escondido tras unas paredes. También fue descubierta la más ambiciosa operación de compra de armas realizada por los socialistas, cuando se estaba procediendo a su alijo desde el vapor “Turquesa”. Prieto había sido el último comprador del cargamento, con dinero procedente del Sindicato Minero Asturiano, y asistía a su desembarco en las playas de San Esteban de Pravia cuando una pareja de carabineros descubrió movimientos sospechosos y se acercó al lugar, provocando una huida nada gloriosa del ex ministro y en aquel momento diputado socialista. Así, más o menos, se preparó la organización militar de la proyectada insurrección: escuadras que solo existían en unas fichas de papel y armas que caían en manos de una policía que nunca había sobresalido por su eficacia41.

Hubo también varios intentos de pactos con otras fuerzas políticas, que pusieron de manifiesto algunas discrepancias de fondo entre los responsables del movimiento. Indalecio Prieto, que compartía con Besteiro la duda sobre la capacidad socialista para llevar a buen puerto la anunciada revolución, invitó a sus correligionarios a considerar la posibilidad de restablecer una alianza con los republicanos similar a la de 1930, aunque con un programa “más hondo y más extenso que el candoroso de entonces”. El 2 de julio de 1934, cuando más fuertes corrían los rumores sobre la renuncia de Alcalá Zamora, Prieto transmitió a las ejecutivas del PSOE y de la UGT el deseo de Azaña de conocer la decisión que los socialistas estarían dispuestos a adoptar ante tal eventualidad. Su criterio era que el movimiento debía realizarse de acuerdo con los republicanos para formar un gobierno socialista-republicano. La propuesta no obtuvo ninguna adhesión más. Definitivamente, los socialistas habían dejado de tener por la República aquel interés que llevó a Pablo Iglesias a la coalición de 1909 y a Largo Caballero y a Prieto a la conspiración de 1930: a El Socialista, hacia finales de julio de 1934, la República “ni vestida ni desnuda” le interesaba, arrumbada como ya la veía, perdida, con “el daño en el tuétano”. En ese trance de morir de suciedad, de enfermedad contagiosa, ¿qué decir, qué hacer?, se preguntaba; y respondía: Nosotros decimos esto, que se muera. Y hacemos esto otro: prepararnos para la nueva conquista.

La nueva conquista era asunto exclusivo del proletariado. Entraba, pues, en la lógica de la revolución que los socialistas rechazaran los pactos con los republicanos y que establecieran algún tipo de alianzas con otros partidos y sindicatos obreros. El problema consistía en que cada partido tenía su propia estrategia, y hasta sus propias milicias, y ninguno carecía de propuestas unitarias, aunque al final acabó abriéndose paso una variante de la Alianza Obrera defendida por los comunistas catalanes del Bloque Obrero y Campesino, aunque reducida a mero comité de enlace entre dirigentes.

41 Los debates en las comisiones ejecutivas, las instrucciones para la revolución, la compra de armas y la formación de comités revolucionarios están publicados íntegramente en Francisco Largo Caballero, Escritos de la República, pp. 39-158. Una importante colección documental puede encontrarse también en Amaro del Rosal, 1934: El movimiento revolucionario de octubre, Madrid, 1983.

Los comunistas del PCE no habían abandonado todavía la política de clase contra clase, que les había conducido a calificar a los socialistas de socialfascistas y a definir la Alianza Obrera como “la Santa Alianza de los agentes de los explotadores contra el frente único… la Santa Alianza contra el comunismo, contra los Soviets”. Su cambio de actitud solo llegó gracias al gran viraje de los comunistas franceses y de la Internacional. A la política de frente único por la base sucedió en Francia a mediados de 1934 la de unidad de acción por medio de acuerdos entre los dirigentes que dio como resultado la firma de un pacto entre socialistas y comunistas, sobre el que se edificaría luego el frente popular. Los comunistas españoles, abandonando sus infructuosas tentativas de constituir frentes únicos por la base, propusieron al PSOE la firma de un pacto de unidad de acción en términos calcados literalmente de los que en Paris habían firmado el PCF y la SFIO. En España, sin embargo, la relación de fuerza entre ambos partidos era muy diferente y los socialistas no tenían nada que ganar con un acuerdo exclusivo con los comunistas. Respondieron, pues, con otra propuesta: nada de unidad de acción sino ingreso de los comunistas en las ya existentes alianzas obreras. Rechazada con gran iracundia esta eventualidad, el PCE acabó por atender los consejos del delegado de la Internacional y por acordar su ingreso en la Alianza en el pleno del comité central celebrado a mediados de septiembre de 1934.

La única excepción en esta política de pactos entre partidos procedió de Asturias y tuvo como protagonista a la Regional asturiana de la CNT que, a pesar de la oposición del Pleno nacional de regionales celebrado en Barcelona, recibió con interés una propuesta de alianza presentada por la UGT. Desvinculándose de los acuerdos adoptados por el Pleno, la Regional cenetista de Asturias aceptó la propuesta y firmó una peculiar alianza con la UGT el 31 de marzo de 1934. Peculiar, ante todo, porque quienes suscribieron el pacto fueron únicamente los dos sindicatos y porque su comité ejecutivo estaría integrado por dos militantes de la UGT y otros dos de la CNT, sin la presencia de ningún partido político; además, porque se sustituyó la expresión alianza obrera por Alianza Revolucionaria, más acorde con la tradición sindicalista; en fin, porque el objetivo proclamado de la revolución consistía en establecer “un régimen de igualdad económica, política y social fundado sobre los principios socialistas federalistas”, con lo que se amalgamaban diversos contenidos de la tradición socialista y sindicalista sin definirse sobre la forma de Estado o de poder político.

Tales eran los avances y los límites de la estrategia de revolución enunciada por el partido, la Unión y las Juventudes en el invierno y en la primavera de 1934. Habían logrado recomponer la unidad orgánica del socialismo; habían iniciado los preparativos del movimiento, que se concebía como una mezcla de huelga general e insurrección armada; habían establecido una política de alianzas que rechazaba cualquier acercamiento a los republicanos y no arriesgaba la hegemonía socialista. Quedaba por determinar el momento decisivo, el día de la revolución. Y en este punto se produjo una gran ambigüedad y no pocas indecisiones. Es cierto que Prieto había anunciado en las Cortes la circunstancia que determinaría el movimiento revolucionario, pero de momento nadie lo había tomado en serio. Resuelta la lucha faccional, se hizo necesario señalar un día, una ocasión, un motivo concreto con objeto de justificar los preparativos, mantener los ánimos vigilantes y contener los movimientos de huelga. Razones todas que movieron a señalar taxativamente la entrada de la CEDA en el gobierno como la provocación que determinaría el movimiento “en toda su intensidad”.

Esta decisión se vio reforzada por los acontecimientos de febrero de 1934 en Austria, cuando la tardía rebelión de los socialistas austriacos y su aplastamiento por el canciller socialcristiano Dollfuss fue interpretada por los socialistas españoles como una advertencia de lo que podría esperarles si Gil Robles, emparentado ideológicamente con el canciller austriaco, llegaba al poder. España, se repetía con énfasis, no será Austria.

Es posible, sin embargo, que esta amenaza de revolución para el caso de que la CEDA entrase en el gobierno se efectuase porque los dirigentes socialistas confiaban en que el presidente de la República nunca entregaría el poder a la CEDA. Habían conocido a Alcalá Zamora en los trabajos preparatorios del movimiento insurreccional de diciembre de 1930 y sabían, o al menos, sabía Largo Caballero, que “la más alta representación del Estado ofrecerá resistencia o negativa a dar el poder a quienes no se declaren resueltamente republicanos”. “El presidente no entregará el poder a la CEDA”, dijo Largo Caballero a Vidarte muy poco antes de que el presidente entregara efectivamente el poder a la CEDA. Los socialistas no creían, no podían creer, que Alcalá Zamora, pocos años antes presidente del comité revolucionario y del gobierno provisional de la República, aprobara la presencia en el gobierno de quienes llevaban a gala no haber aceptado el régimen republicano. Toda la estrategia en torno al momento decisivo estaba montada sobre un supuesto que el principal dirigente de la anunciada revolución daba por improbable, si no por imposible: que la CEDA entrara en el gobierno.

En esa doble decisión de preparar un movimiento insurreccional y condicionar su realización a un acontecimiento que no dependía de su voluntad y que, además, se daba por imposible, radican todas las contradicciones de la revolución de 1934. Por una parte, la seguridad de que se declararía algún día exigía mantener los espíritus vigilantes y estar dispuestos a la acción. Por otra, a la vez que se calentaban los ánimos con continuos anuncios de revolución se apagaban con llamadas a no gastar energías, a esperar el momento decisivo. Pero tales llamadas se producían en el periodo de mayor movilización obrera y de más conflictividad política de los hasta entonces conocidos por la República. En efecto, aunque las grandes huelgas venían del verano de 1933, el avance electoral de las derechas, la llegada del invierno, con su secuela de aumento de paro y hambre, y la combatividad sindical extendieron el movimiento huelguístico que en los meses de la primavera y verano de 1934 llegó a su punto más alto, con huelgas generales de oficios enteros como el de la construcción, o de ciudades como Zaragoza. En todos estos casos, la ejecutiva de la UGT se vio desbordada por los acontecimientos e intentó, sin conseguirlo, contener ese gran movimiento de huelgas. En ocasiones, sus agrupaciones locales o sus secciones de industrias se veían arrastradas por los hechos y a remolque de los sindicatos de la CNT, como fue el caso en Madrid y en Zaragoza, o de la comisión ejecutiva de la Federación de Trabajadores de la Tierra, de la misma UGT, que declaró una huelga general de campesinos contra el parecer de la ejecutiva nacional.

La expectativa de revolución quedó así desvinculada de las luchas obreras. Pero esa desvinculación se extendió también a los conflictos de tipo político que alumbraron, numerosos, en el verano de 1934. Indalecio Prieto, que tenía más agilidad política que sus compañeros de la dirección socialista, participó en la protesta de los ayuntamientos vascos contra el gobierno central y percibió claramente el potencial revolucionario que se escondía tras el conflicto de competencias con la Generalitat catalana. Pero al haber quedado cortadas las relaciones con los republicanos y al dar por superado todo este tipo de conflictos tildados de burgueses, los socialistas no se hicieron presentes en ellos ni pudieron imprimirles su dirección. Se dio así la paradójica situación de que en el momento en que más lejos estaban de poder dirigir hacia objetivos políticos la movilización obrera y más ausentes se veían de las luchas políticas entre los partidos nacionalistas y de izquierda republicana y el gobierno de la República, los socialistas se encontraron en la necesidad de declarar una revolución.

Pues, sorprendido y sin dar crédito a las fidedignas noticias que le llegaban, Largo Caballero tuvo que rendirse a la evidencia: el presidente de la República había accedido a la solicitud de la CEDA de entrar en el gobierno. Estaba el partido preparándose para la lucha que las nuevas circunstancias imponían -recordará Prieto- cuando sobrevino la crisis en los primeros días de octubre. Las masas se encontraron colocadas ante una situación de fuerza, ante el “golpe de mano fascista que supone la entrada de la CEDA en el gobierno”42. Preparándose estaba el partido cuando por fin se encendió el disco rojo: había llegado el momento decisivo y no quedaba más remedio que declarar la huelga general revolucionaria. La entrada de la CEDA en el gobierno hizo inevitable que tales órdenes se cursaran: habría, por tanto, huelga general. Pero por lo que respecta a la revolución, las cosas no dependían tanto de las órdenes como de factores que en la noche del 4 al 5 de octubre de 1934 quedaban fueran del control de quienes las cursaban. En efecto, una organización sindical disciplinada puede estar segura de que una orden de huelga sea cumplida por sus secciones con la única condición de que llegue de manera inequívoca a los dirigentes locales. Así ocurrió en esa noche no tanto porque el sistema de comunicación entre los dirigentes centrales y los locales funcionara a la perfección sino porque todos sabían, desde mucho antes, que la entrada de la CEDA en el gobierno equivalía por sí sola a una orden de huelga general. Los trabajadores afiliados a la UGT, y muchos otros que se les sumaron fueron, pues, a la huelga.

Pero, cabalgando sobre ella, la estrategia socialista consistía en avanzar hacia la conquista del poder: “no he negar yo -añadió Prieto en el informe citado- que de haber triunfado no hubiésemos hecho un esfuerzo legítimo para superar las posiciones adquiridas al advenimiento de la República y tratar de implantar un régimen socialista”. Para conseguirlo disponían de dos instrumentos: la actuación de las milicias y el armamento acopiado por las organizaciones obreras. Lo primero fue, como podía preverse, un fiasco. Madrid, por ejemplo, se había dividido sobre el papel en cinco distritos con sus respectivos jefes que mandaban, también sobre el papel, a diez compañías de diez escuadras cada una. Como dijo uno de los milicianos al instructor militar que le interrogaba, los jefes ordenaron a sus hombres que se dirigiesen a los aledaños de los cuarteles, con o sin armas, y que esperasen allí “hasta que los soldados abriesen las puertas de los cuarteles y se incorporasen al movimiento revolucionario”.

42 Intervención de Indalecio Prieto ante la comisión ejecutiva de la Internacional Socialista, según informe enviado por Julio Álvarez del Vayo a la comisión ejecutiva del PSOE el 8 de enero de 1935, Archivo del Partido Comunista de España, film X, f. 4.

Espera inútil: el modelo soviético de incorporación de los soldados a la revolución no funcionó. A pesar de que la propaganda revolucionaria había “trabajado” desde hacía varios meses a las clases de tropa y de que varios regimientos “estaban enteramente comprometidos”, el ejército “no se movió”43. Quienes se acercaron aquella noche del 4 de octubre a los cuarteles acabaron por salir huyendo cuando no ya soldados en mal de revolución sino agentes de Seguridad con ánimo de liquidarla se les acercaron para cachearles. En la huida, nadie quiso saber nada de las armas que habían afanado. Puertas de cuarteles que no se abrían, jefes de escuadra que carecían de hombres a los que mandar, armas tiradas a toda prisa en basureros y solares o abandonadas sin más en cualquier esquina, intentos de asalto por diez o doce individuos que cruzaban veloces delante de edificios oficiales disparando sobre sus muros, desconexión entre los mandos, ignorancia de los objetivos concretos que debía alcanzar cada sector, carencia de una dirección central, tiroteos más bien suicidas desde el interior de algunos centros de reunión socialistas y, en fin, paqueos durante algunos días desde ventanas y tejados: en tal desbarajuste se disolvió la flamante organización militar del movimiento44.

Hubo, sin embargo, algunas zonas en las que los acontecimientos discurrieron de modo bien diferente. El caso más notable fue el de Asturias, donde la huelga general se convirtió en una insurrección armada protagonizada por los mismos huelguistas que, cuando fueron capaces de liquidar la resistencia ofrecida por la guardia civil, proclamaron el comienzo de un nuevo orden social. Fue una huelga general que continuó en una insurrección armada y que desembocó durante unos días en una revolución social. El agente de estos hechos fue la Alianza Revolucionaria firmada entre la UGT y la CNT a la que se sumaron los partidos políticos marxistas. Dicho de otro modo, fue una revolución protagonizada por dos grandes sindicatos, una revolución sindical; la única en la historia europea que haya estado dirigida por una alianza sindical. Y es que los sindicatos españoles habían mantenido muy profunda la expectativa de una revolución obrera cuyo objetivo no sería la conquista del poder sino su destrucción y la implantación de una sociedad igualitaria. De acuerdo con estas convicciones, el agente de la verdadera revolución era la clase obrera sindicalmente organizada. Para que la expectativa de revolución pasara a revolución en los hechos se requería únicamente la unidad obrera y alguna iniciativa exterior que los trabajadores entendieran como una provocación, como un ataque en el que encontraban la legitimación de su recurso a la violencia. La segunda condición estaba dada con el nombramiento del nuevo gobierno. Y la primera se había logrado con la firma de la alianza. Faltaba por ver cómo funcionaba la unidad en la práctica.

43 Margarita Nelken, Por qué hicimos la revolución, Barcelona, 1936, pp. 148-149, atribuye parcialmente el fracaso a las traiciones o defecciones de “aquellos militares con cuyo concurso era lícito contar”.

44 Declaraciones contenidas en “Causa por supuesto delito de rebelión militar contra los dirigentes de las llamadas milicias socialistas”, Archivo de la Guerra Civil, Salamanca, Sección Militar, carp. 342. De la actuación de las milicias en Madrid me he ocupado en “Fracaso de una insurrección y derrota de una huelga: los hechos de octubre en Madrid”, Estudios de Historia Social, 31 (octubre-diciembre de 1984), pp. 37-48.

Y funcionó según una pauta que había sido ya la de otras insurrecciones sindicales dirigidas en exclusiva por la CNT. Su primer elemento es el rumor. Se dice que hay orden de huelga general; se comenta que los socialistas además de ir a la huelga están preparando las armas; se asegura que se lanzan ya al movimiento. Cuando a los anarcosindicalistas llegan los rumores de que el movimiento está en marcha, buscan sus armas y se unen al combate, que se interpreta como acto final de la lucha de clases más que como un intento de conquista del poder para nombrar un nuevo gobierno. De acuerdo con esta visión, allí donde triunfan sobre la guardia civil o mantienen a raya al ejército, los revolucionarios crean comités unitarios que organizan todo lo relacionado con la continuidad de la lucha armada y con la represión de los enemigos de la revolución, pero también con la nueva ordenación de la sociedad. El comité proclama en un manifiesto leído en la plaza del pueblo o en los lugares de trabajo el triunfo de la revolución y el comienzo de un nuevo orden social. Se destruyen por el fuego los símbolos del poder derrocado, se queman los registros de la propiedad y se rocía de gasolina la iglesia; se da muerte en ocasiones y por los procedimientos más sumarios a quienes se consideran enemigos de la clase obrera, propietarios, clérigos, guardias civiles aunque no falten testimonios de la tradicional magnanimidad revolucionaria; se abole el dinero y se establece un aprovisionamiento comunitario por medio de la distribución de bonos.

Entre la huelga de Madrid y la revolución de Asturias se sitúa lo acontecido en el País Vasco, donde toda la zona minera de Vizcaya quedó paralizada y en manos de los trabajadores ante la previa retirada de la guardia civil, mientras que en la zona fabril de la margen izquierda del Nervión se produjeron violentos enfrentamientos entre los huelguistas y las fuerzas del orden. Hubo también huelga general y no faltaron tiroteos en Bilbao durante varios días, pero la huelga general adquirió una dimensión insurreccional en las localidades guipuzcoanas de Eibar y Mondragón donde, tras intensos tiroteos, los huelguistas ocuparon calles y edificios públicos y llegaron a proclamar también la revolución social y el comienzo de un nuevo orden socialista o comunista libertario. Podría decirse, pues, que en el País Vasco se dieron todos la fenómenos posibles: desde la huelga general que afectó prácticamente a toda Vizcaya y Guipuzcoa, donde eran fuertes los sindicatos socialistas pero también los nacionalistas, hasta la proclamación de la nueva sociedad en Eibar, pasando por la huelga con tiroteos esporádicos de Bilbao y la ocupación temporal de zonas fabriles.

Una revolución a fecha fija, pendiente de una provocación que el adversario podía administrar a su gusto y desligada de la anterior movilización obrera y campesina, basada en una deplorable organización armada, sin objetivos políticos precisos, con la abstención de un numeroso sector de la clase obrera sindicalmente organizada, proyectada como mezcla de conspiración de militares presuntamente adictos y de huelga general del gran día, frente a una Estado que mantenía intacta su capacidad de respuesta, no tenía ninguna posibilidad de triunfar. Así lo pensaban también sus propios dirigentes, que en medio del desconcierto general que siguió a su decisión no fueron siquiera capaces de ordenar un digna retirada. “Yo fui a mi casa, y no es cierto que yo estuviera fuera de mi casa. Yo estuve en mi casa… Yo estuve en mi casa”, repitió el líder de la revolución ante la Comisión de Suplicatorios del Congreso el 7 de noviembre de 1934. Largo Caballero encerrándose en casa, como “en otras ocasiones en que habían declarado o se pensaban declarar huelgas generales” a esperar tranquilamente la llegada de la policía, “porque no tenía nada que ver con lo que pudiera ocurrir” y “no quería ponerse en contacto con nadie, absolutamente con nadie”45 es la viva imagen de un Lenin español excesivamente casero para dirigir una revolución.

Al terminar los combates de octubre, los dirigentes del PSOE y de la UGT habían acumulado experiencias de tres intentos insurreccionales: agosto de 1917, diciembre de 1930 y octubre de 1934. A los dos primeros habían acudido como fuerza subalterna de militares y de partidos republicanos, con el cometido de organizar una huelga general que sirviera de apoyo para la conquista del poder por sus aliados. En ambos, la previsión del curso de la revolución exigía que la clase obrera organizada prestara su asistencia a una insurrección armada acompañada de la formación de un gobierno provisional que abriera un proceso constituyente; en ambos, los militares faltaron a su cita en la calle, frustraron las expectativas de insurrección y los políticos o habían dado marcha atrás o se habían fugado. La lección era que, si la ocasión se presentaba de nuevo, la revolución no sería ya política sino social, de tal modo que todo el poder vendría a manos socialistas, únicos o principales agentes de la huelga general y de la insurrección armada. Pero por lo que respecta a la iniciativa para emitir la orden de revolución, las cosas estaban como en los tiempos de Pablo Iglesias: un socialista iba a la revolución sólo cuando la derecha le provocase.

Fueron, pues, a esta revolución cuando el presidente de la República accedió a la entrada de la CEDA en el Gobierno. También fracasaron, y ahora de manera definitiva: no habría más insurrecciones. Esa fue al menos la lección que sacaron algunos de los dirigentes que habían participado también en las intentonas anteriores, entre ellos, notablemente, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos. Pero Largo Caballero, que había acumulado en materia insurreccional exactamente la misma experiencia que Prieto, recuperó la doctrina tradicional: la revolución era una exigencia de la historia y a los socialistas no les quedaría más remedio que responder con una huelga general a cualquier intento de la derecha por hacerse con el poder. Los ecos de esa doctrina tradicional llenaron sus discursos en la primavera de 1936: los militares podían dar todos los golpes que quisieran, pero si los daban, que tuvieran muchísimo cuidado, porque la clase obrera respondería como un sólo hombre cuando la ocasión se presentara. Eso fue lo que no se cansó de repetir hasta el mismo día en que los militares dieron efectivamente su golpe y la clase obrera respondió, como estaba previsto, con una huelga general. Y entonces se cumplió al fin lo tantas veces anunciado: la rebelión militar fue como la señal para una revolución obrera, sólo que con el inesperado acompañamiento de una guerra civil.

CONCLUSIÓN: VÍA PACÍFICA A LA DEMOCRACIA

La derrota de la República y la implacable represión que se abatió sobre quienes habían tomado las armas en su defensa puso fin, entre los socialistas, a una tradición que tenía la revolución como una inevitable necesidad histórica para la que era preciso preparar a la clase obrera. Los dirigentes más destacados de la revolución de Octubre, uno de ellos presidente del Consejo y otro ministro de la República en guerra, no sólo no volvieron a pensar en las armas para recuperar el poder sino que confesaron su culpa por haber tomado parte en aquellos hechos.

45 Archivo del Congreso de Diputados, leg. 596, exp. 50.

Ese fue el caso, sobre todo, de Indalecio Prieto, muy activo entre los exiliados de México, cuando en 1942 se declaró culpable ante su “conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera de (su) participación en aquel movimiento revolucionario”. Exento como se sentía de responsabilidad en la génesis de la revolución, admitió tenerla “plena en su preparación y desarrollo” y reconoció que “de aquel movimiento que pudo y debió evitarse manteniendo por medio del sufragio las anteriores posiciones políticas y parlamentarias, nacen los daños que padecemos a la hora presente”47. Todo el interés de Prieto consistía en moderar la política socialista en el exilio, desvincularla del Partido Comunista y del legitimismo republicano, con objeto de presentar a las potencias aliadas una alternativa plausible al régimen de Franco que pudiera llevarse a cabo sin quiebra del orden público bajo el patrocinio de las democracias occidentales.

Sin necesidad, ni ocasión, para expresar una rectificación similar, Largo Caballero se encontró por vez primera en posiciones muy cercanas a las de Prieto cuando tras su regreso a París, después de dos años de deportación en el campo de concentración nazi de Orianenburg, entró en contacto con su antiguo adversario. Eran momentos propicios a la exaltación republicana y no faltaban declaraciones y resoluciones del Partido Socialista que proponían “combatir a sangre y fuego a Franco, la Falange y su régimen y restaurar en España la legalidad republicana”. En octubre de 1944, y bajo la dirección del Partido Comunista, se había llevado a cabo la “invasión” por los Pirineos de varios grupos guerrilleros, muchos de ellos antiguos combatientes de la Resistencia francesa, con el propósito de establecer una zona liberada con la esperanza de que se produjera en España un movimiento de oposición a la Dictadura que permitiera intervenir a los aliados. Aunque la dirección y la mayoría de los guerrilleros eran comunistas, habían participado también en las operaciones guerrilleros socialistas, anarquistas y nacionalistas48. Quedaban, además, algunos grupos de guerrilleros en acciones más bien defensivas que intermitentemente alimentaban las crónicas de los enfrentamientos de la Guardia Civil con los “bandoleros, autores de asesinatos, secuestros, atracos, sabotajes, peticiones de dinero con la amenaza de muerte y demás actos de terrorismo”. De estos, esperando su evacuación, permanecía en Asturias un grupo socialista bajo la dirección de José Mata, huidos al monte desde el mismo fin de la guerra civil49 .

En tales circunstancias, la política propugnada por Prieto consistió en prestar atención a los acuerdos sobre España adoptados por los aliados y las Naciones Unidas y “colaborar en soluciones que pudieran surgir en el campo internacional encaminadas a resolver de manera incruenta el problema español”. Al propugnar esta fórmula, Prieto se encontró por vez primera desde 1912 en acuerdo completo con Largo Caballero que había abandonado también el legalismo republicano y propuesto la entrega del poder a un gobierno neutro, no político, formado por “elementos civiles, magistrados, funcionarios que no hubieran tomado parte en la represión” y que se encargaría de expatriar a Franco, disolver la Falange, restablecer las libertades y conceder una amnistía general por lo sucedido en la guerra civil.

47 Indalecio Prieto, Confesiones y rectificaciones. Conferencia pronunciada en el Círculo Cultural Pablo Iglesias de México, 1o de Mayo de 1942.

48 Harmut Heine, La oposición política al franquismo, Barcelona, 1983, p. 208-214.

49 Ver, para lo citado, Adolfo Fernández Pérez, Comandante Mata. El socialismo asturiano a través de su biografía, Madrid y Oviedo, 1990, p. 154.

 

Este gobierno técnico entregaría luego pacíficamente el poder a un gobierno político que sería el encargado de convocar un plebiscito “para saber si el pueblo desea un régimen republicano o monárquico”50. Con algunas variantes, ya que nunca propuso una transición a base de dos gobiernos sucesivos, este era un plan muy cercano al que Indalecio Prieto lograría imponer poco tiempo después a la dirección del PSOE, establecida en Toulouse, y que negociaría desde 1947 con elementos monárquicos para garantizar un proceso de transición pacífica a la democracia.

Los planes socialistas de transición elaborados en la segunda mitad de los años cuarenta podrían entenderse como la protohistoria de los puestos en práctica a partir de 1976. No contemplaban en ningún caso el recurso a una insurrección ni a una huelga general revolucionaria para restablecer la democracia, sino un acuerdo y un acción conjunta de la oposición del interior y del exilio, tutelada por el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Fue una expectativa frustrada: la pasividad de la democracias occidentales en los primeros años de la posguerra, y la inmediata negociación por la diplomacia de Estados Unidos de nuevos acuerdos con Franco en el marco de la guerra fría, abrió la perspectiva de un largo periodo en el que sería necesario recomponer alianzas con fuerzas políticas del interior con objeto de echar las bases para un periodo de transición, que se temía lejano. A esa percepción obedeció la política de coaliciones con grupos liberales, democratacristianos, socialdemócratas y nacionalistas vascos y catalanes, con exclusión de los comunistas, propugnada por Rodolfo Llopis desde Toulouse. El Partido Comunista, por su parte, puso fin definitivamente a la acción de las agrupaciones de guerrilleros desde 1950 y emprendió en la crisis de 1956 un nuevo rumbo político con su propuesta de reconciliación nacional, una mano tendida a todos los grupos de oposición sin distinción de procedencia. En el PSOE como en el PCE, desaparecía el lenguaje de revolución para dejar sitio al de democracia contra dictadura, términos en los que se entendió la política, por socialistas como por comunistas, desde mediados de los años cincuenta.

Lo cual no fue óbice para que desde España se solicitase en algunas ocasiones a la comisión ejecutiva del exilio el envío de armas para acciones esporádicas. “Oficialmente, Asturias y Euzkadi, os pedimos que nos proporcionéis los antibióticos”, escribía en junio de 1954 a la comisión ejecutiva del PSOE Antonio Amat, nuevo responsable del interior desde la muerte de Tomás Centeno, torturado en una comisaría de policía. Rodolfo Llopis le dio la callada por respuesta, lo que no desanimó al incansable “Guridi”, que repitió con cierta insistencia su petición con objeto de contrarrestar la competencia que el PCE hacía a los socialistas para atraer a las nuevas generaciones. Todavía en febrero de 1958, Amat reprochaba a Llopis que si el dinamismo del PSOE en el interior no había dado más de sí se debía a que no le habían proporcionado los famosos “antibióticos”51.

50 Carta de Largo Caballero a Indalecio Prieto, 6 de diciembre de 1945, Fundación Pablo Iglesias, Archivo Francisco Largo Caballero, 195-32 y 20.

  51 Cartas de Antonio Amat a Rodolfo Llopis, 2 de junio de 1954 y 16 febrero 1958, Fundación Pablo Iglesias, Archivo del Exilio, 610-10 y 12.

La caída de Amat y de varias decenas de sus compañeros, a finales de ese mismo años, con la larga travesía por el desierto que experimentó el socialismo español a partir de esas detenciones, fue la última expresión del intento de recurrir a las armas para cambiar situaciones políticas. Cuando una nueva generación de dirigentes se haga cargo del PSOE entre 1972 y 1974, el lenguaje de la revolución como insurrección armada arropada por una huelga general había caído ya de tiempo atrás en el olvido.

En el Partido Comunista, la nueva política de reconciliación nacional obligó a poner sordina a las declaraciones revolucionarias. Incluso la huelga general, que nunca dejó de estar presente en la estrategia comunista hasta la convocada en noviembre de 1976, se calificaba invariablemente de pacífica o política, nunca de revolucionaria, por más que algunos pudieran pensar que si la clase obrera se ponía realmente en huelga, la revolución estaría más cerca. Sin duda, el guión previsto por los comunistas para la transición a la democracia consistía en declarar una huelga general de la que saldría un gobierno provisional formado por la coalición de todas las fuerzas de la oposición a la dictadura. Pero esa mezcla de huelga general y gobierno provisional, en la que es perceptible el eco de lo ocurrido en 1930-1931, nunca se entendió como una revolución sino como una pacífica apertura de un proceso constituyente que acabaría en la instauración de una democracia. Por eso, cuando desde el gobierno de Adolfo Suárez se dieron pasos decisivos en la dirección de abrir el camino a las urnas, comunistas y, si falta hubiera hecho, socialistas, no tuvieron reparo alguno en renunciar a la huelga general y al gobierno provisional con tal de participar en el proceso constituyente, aunque fuera bajo la dirección de un gobierno salido directamente del régimen de Franco.

Esa opción fue de todo punto consistente. Nunca, ni siquiera en los peores momentos de la transición, volvieron socialistas ni comunistas a hablar el lenguaje de la revolución. Por eso, su posición ante el renovado recurso a las armas por parte de algunos grupos aislados, sin base social, procedentes de antiguas escisiones, como el Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP) o los Grupos Revolucionarios Armados Primero de Octubre (GRAPO), fue siempre de inequívoca condena: a la democracia se llegaba por vía pacífica, no por la fuerza de las armas. Con la transición se liquidaba, en efecto, una arraigada creencia de los partidos políticos procedentes del tronco de la Internacional Obrera: que la revolución había que hacerla porque, como decía Iglesias, la impone la fuerza de los hechos.

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