Los últimos hombres valientes – Marta González Isidoro

Un intelectual controvertido y atípico como fue Antonio García-Trevijano, partidario de una República Constitucional basada en la separación de los poderes del Estado, al tiempo que firme detractor de la Constitución de 1978 y de la monarquía de Felipe VI como símbolo de unidad, señaló en un momento dado que los últimos hombres valientes eran los que habían luchado en la Guerra Civil. 

 
Es una verdad inapelable en España, donde las generaciones que vivieron la contienda sellaron la reconciliación y la paz mucho antes de que la Transición finiquitara la dictadura y sellara con un pacto oficial la senda política que ya la sociedad había iniciado desde finales de los años sesenta. La prueba es el propio García-Trevijano, cuyas actividades a favor de la apertura política en pleno régimen y su papel de árbitro fueron posibles en una España que finalmente se decidió por la opción reformista frente a la rupturista. La posición crítica de este opositor que había colaborado durante años con Don Juan de Borbón, se basaba en la creencia de que la monarquía había quedado ligada a Franco en el momento en que se puenteó la línea de sucesión a favor del príncipe heredero, Don Juan Carlos. Este pensador complejo, que no fue capaz de ver que Don Juan Carlos heredó todos los poderes del Estado y los entregó a unas Cortes que voluntariamente se suicidaron para dar paso a un proceso constituyente que legitimó la Jefatura del Estado en un sistema de monarquía parlamentaria mediante referéndum popular, tuvo el acierto de denunciar aquello que él llamó ya entonces el consenso totalitario, y que no era sino el control político y mediático que trató de imponer el Gobierno socialista presidido por Felipe González para tapar los casos de nepotismo y corrupción en los que se vio envuelto su partido. De hecho, la imposición de un régimen oligárquico de partidos y un sistema autonómico desequilibrado e ineficiente fue el pecado capital de una joven democracia que nacía condicionada por el miedo de los franquistas a la revancha de los vencidos, solamente  superado  – como apuntaba este intelectual en una de sus conferencias – por la ambición de los vencidos de ocupar el lugar de los vencedores para impugnar la realidad del pasado reciente.

La mentira forma parte de la historia de la humanidad, pero la mentira especializada requiere, además de sistemas para ocultar la verdad y la realidad, de práctica. La obsesión de la izquierda por el control y la patrimonialización de la Historia no les impiden incurrir en contradicciones obscenas. Desde su admiración por dictadores que emprendieron – y emprenden – violentas campañas de represión bajo el barniz de la revolución, el progresismo y la defensa de la libertad y los derechos humanos, a autodefinirse como pacíficos cuando practican constantemente la violencia callejera y la subversión y no dudan en utilizar la violencia política para lograr fines políticos y llegar al poder, ya sea mediante golpes de Estado, fraude electoral, huelgas salvajes, boicots o revoluciones. Desde mostrar unas simpatías patológicas por grupos terroristas – como ETA, los GRAPO, el FRAP o las FARC entre otros – a la obsesión enfermiza por una memoria que llaman democrática y que no es sino la imposición de un relato tan sectario como errático de los acontecimientos que dieron lugar a la guerra civil en España y el régimen que vino después. Luchar contra Franco, pero trabajar a favor del dictador guineano Macías Nguema; levantar monumentos al Che Guevara y a Largo Caballero, pero retirar del temario académico a Víctor Pradera, Ramiro de Maeztu, Sánchez Mazas (padre de los Sánchez Ferlosio), Agustín de Foxá, Luis Rosales o César González Ruano.

Andrés Trapiello, en su fantástica obra Las armas y las letras (Destino, 2010, reeditada en 2019) nos muestra ese difícil encaje en una Tercera España, la no identificada con los programas sectarios de cada bando, de una intelectualidad mayormente defensora de la República que se exilia por su repudio a los crímenes que se estaban cometiendo, por desconfianza ante los líderes comunistas o, simplemente, para salvar la vida. Esa creencia falsa de que la mayoría de los intelectuales apoyaron una República ya inexistente es un triunfo inexorable de la propaganda de izquierdas. Porque ni todos los que apoyaron la República combatían por una democracia que es imaginaria, ni todos los que apoyaron el bando sublevado eran fascistas. Ya nos lo decía Juan de Mairena en 1937, que no hay guerra sin retórica. Historia propagandística, que no historiográfica, que oculta el terror directamente organizado por los organismos oficiales del gobierno en colaboración con los partidos políticos y los sindicatos del Frente Popular. Un terror con raíces propias en un odio entendido como virtud revolucionaria. Una violencia previa que desembocó en una limpieza mutua azuzada por un Largo Caballero que decía que la revolución exige actos que repugnan pero que después justifica la Historia.

Y es la justificación de una reinterpretación oportunista del pasado la que empuja hoy a esos nietos y biznietos de verdugos convertidos en víctimas por el arte de una Ley que en nada contribuye al olvido pacificador del que hablaba Nietzsche, a explotar los sentimientos de un pasado que ya se superó. España no es el único país donde los malos sentimientos envenenan el discurso político y los agravios entre territorios y corrientes ideológicas se exacerban, pero sí el único democrático en el que el propio Gobierno es el que cultiva el odio y la crispación. Lo vemos en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, donde el enfrentamiento político llevado al terreno de lo personal nos retrotrae a ese tiempo no tan lejano en el que la amenaza de un parlamentario a otro se traducía en una sentencia de eliminación física.

Hoy, de nuevo, y en medio de una pandemia mal gestionada y convenientemente manipulada, nos enfrentamos a la imposición de una agenda ideológica cada vez más alejada de la realidad. Desde pretender legislar hasta nuestras miradas y poner fuera de la ley los pensamientos políticamente incorrectos, a la amenaza de ilegalizar las opiniones contrarias; desde los discursos basados en la victimización hasta la confusión entre ejecutivo, legislativo y judicial. A partir de la dialéctica hueca de la transversalidad, la justicia social y la sostenibilidad, estos incompetentes iluminados, que desde el Gobierno y las instituciones convierten la desinformación en un arma para conseguir rédito político, amenazan los cimientos de una libertad colectiva que no debería tener ideología.

 

Asistimos a una manipulación prodigiosa de la realidad sin que nos demos cuenta de que hemos entrado en el bucle de no pensar. Dibujar escenarios es complejo, depende de muchos parámetros y elementos pero, sobre todo, del equilibrio entre lo plausible y lo real. Y son, precisamente estas generaciones que se informan en la Wikipedia y en apenas ciento veinte caracteres, las que han comprado entusiastas aquello que William Penn expresó con tantísimo acierto: “haced que el pueblo crea que él gobierna y se dejará gobernar”. Necesitamos, entre todos, encontrar el modo en el que España recupere su dignidad. Porque hoy, los últimos hombres valientes no deberían ser los que juegan a ser chamanes en la arena de un circo televisivo o con retos de Guiness en Instagram.   
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