Alcalá-Zamora (y III): Amnistía y hundimiento – Jesús Laínz

Alcalá-Zamora relata en sus diario cómo las izquierdas degeneraron en estado totalitario la Segunda República. Cuando desempolvar el pasado conduce al desprestigio de la izquierda, la memoria histórica deja de ser interesante.

Alcalá-Zamora relata en sus diario cómo las izquierdas degeneraron en estado totalitario la Segunda República. Cuando desempolvar el pasado conduce al desprestigio de la izquierda, la memoria histórica deja de ser interesante.Cordon Press

El primer punto del programa electoral del Frente Popular había sido la amnistía de los condenados por la revolución del 34, incluidos quienes habían manchado sus manos de sangre. El 26 de febrero, pocos días después de las elecciones, Alcalá-Zamora constató alarmado las ansias de guerra de la izquierda, que reclamaba la impunidad para los revolucionarios e incluso para los presos comunes con el pretexto de ser conexos, mientras pretendía castigar a los dirigentes derechistas por haber dirigido la represión gubernamental, incluidos quienes no tuvieron responsabilidad ministerial en aquellas fechas, como Gil Robles. “La prensa de izquierda muestra con insensato rencor que la amnistía no la concibe como tregua, y sí como una fase más de la guerra civil”, anotó en su diario.

Efectivamente, el día siguiente el asturiano Ramón González Peña, futuro presidente del PSOE y la UGT, pronunció un discurso radiado a toda España:

“La revolución de octubre no fue ineficaz, porque evitó que se implantara el fascismo en España. A pesar de que fuéramos vencidos, no decidimos recluirnos en nuestras casas. Hay que seguir luchando por el triunfo definitivo del socialismo. Seríamos hipócritas si no dijéramos que no nos satisface el programa del Frente Popular. Aún no se ha aplicado la amnistía a algunos condenados por tenencia de explosivos y armas. Para una nueva revolución deben constituirse grupos de personas que no entiendan nada de juricidad y puedan realizar una labor depuradora quitando malas hierbas”.

El Gobierno de Azaña –al que Alcalá-Zamora calificó como “el más gastado y odiado en pocos días de cuantos ha padecido este país”– se parapetó tras la excusa de la presión popular para poner en libertad, reincorporándolos a sus puestos de trabajo, a miles de personas condenadas por graves crímenes. Así lo anotó, escandalizado:

“En posesión el Gobierno de tal decreto y de la ley de amnistía, pedidos con urgencia para pacificar el país, dejó que los sindicalistas anárquicos pusieran en la calle a autores de crímenes horribles y comunes, y toleró algo más grave. Hubo pequeños patronos de talleres domésticos llevados en familia, donde ésta se vio obligada a convivir con los asesinos del padre o del hermano. En algunas tiendas propusieron a los dependientes que cobraran sin trabajar, pero aquéllos exigieron estar en los mostradores para dañar a los comerciantes, alejando a la clientela, a la que espantaba tal presencia. En el Banco de España, según me refirió su exgobernador Zavala, se exigió por el Gobierno la readmisión de quien había disparado siete tiros de pistola contra un subgobernador, que se libró de la muerte mediante maniobras violentas y peligrosas del automóvil en que iba; y también la de otro empleado, reo de muerte por robo con homicidio”.

Paralelamente, la UGT, la CNT y el Partido Comunista convocaron una huelga general, una de cuyas demandas era “la disolución de las organizaciones fascistas, el desarme y la destitución de sus jefes y la expulsión de los elementos fascistas de los cuerpos de seguridad”.

Debido a la violencia creciente, Alcalá-Zamora consideró que no se daban las condiciones necesarias para que se pudiesen celebrar en condiciones de paz y libertad las elecciones municipales que se avecinaban:

“En las terribles circunstancias de orden público actuales, las elecciones, faltas en la inmensa mayoría de España, no ya de las garantías políticas, sino de las humanas del Derecho Natural, adolecerían de nulidad colosal, de inexistencia moral y jurídica, constituyendo sólo en grado gigantesco modalidades de los dos típicos delitos electorales: la falsedad y la coacción”.

Por eso recomendó insistentemente al Gobierno que cancelara las elecciones “mientras él y la ley no vuelvan a ser dueños del orden, el campo y la calle, amparando el derecho de todos”. Y subrayó la intención de los partidos izquierdistas de enterrar el régimen republicano por considerarlo un mero paso intermedio hacia la revolución socialista según el modelo bolchevique:

“Les previne, además, contra el anuncio hecho por los extremistas de que una vez ganadas por ellos, incluso contra los republicanos de izquierda, esas votaciones por medio del terror, izarían la bandera roja sobre los ayuntamientos y exigirían la capitulación de los poderes de la República, alegando que ésta debía caer como subió, en virtud de unas elecciones municipales”.

El Gobierno hizo caso del consejo presidencial y el 3 de abril Azaña anunció que el Gobierno había suspendido indefinidamente las elecciones municipales, lo que alegró mucho a Alcalá-Zamora ya que consideró que con dicha suspensión se podría avanzar más fácilmente hacia el restablecimiento de la paz y el orden.

Pero no fue así. Lejos de atenuarse, la violencia política no hizo sino aumentar. Además, cuatro días después, el 7 de abril, Alcalá-Zamora fue destituido mediante la tenaza parlamentaria de Azaña y Prieto. Tras una breve presidencia interina de Diego Martínez Barrio, Azaña fue nombrado nuevo presidente el 11 de mayo. Largo Caballero recordaría así el peso de la egolatría de Azaña en aquella trascendental destitución:

“Era halagador para él obtener una revancha completa ocupando el puesto de su enemigo vencido y destituido. ¡Todos tenemos nuestras debilidades! Destronar de la presidencia a su contrario, ocupar su puesto era el logro completo de sus anhelos”.

El ya expresidente escribiría indignados párrafos sobre la corrupción de su sustituto, dedicado, mientras España ardía, a inventarse cargos para los amigos:

“Seguí leyendo a diario la Gaceta, que daba un espectáculo desolador. Se hacía interminable el índice de los nombramientos; era el apoderamiento por toda la mesocracia izquierdista del presupuesto, creando cargos por legiones”.

Pero no se trataba solamente de nepotismo, sino de una concepción totalitaria del Estado, todos cuyos puestos pretendía acaparar:

“En la propia Gaceta aparecieron los nuevos golpes de Estado para adueñarse de todos los poderes y de paso satisfacer ambiciones. Se asaltó la independencia constitucional tan cuidadosa de la presidencia del Tribunal Supremo y desapareció airadamente la de todo el Tribunal de Garantías. Creían ir sin obstáculos al goce pleno del mando e iban a la perdición de todo y de todos”.

Otros asuntos ocupaban el tiempo del flamante presidente Azaña, entre ellos lo que él mismo llamaba “elegantizar la República”. Ya había comenzado a conocerlo Alcalá-Zamora en sus primeros meses de presidencia, cuando en 1932 ocupó por primera vez el palacio de La Granja de San Ildefonso, residencia veraniega del presidente de la República. Quedó atónito al hallar desmantelado el palacio, cuyo riquísimo mobiliario había sido llevado por instrucciones de Azaña a su residencia oficial de presidente del Gobierno y al ministerio de la Guerra, “cuyo mobiliario –anotó el perplejo Alcalá-Zamora– que había bastado a los jefes de gobierno y ministros de la Monarquía, encontró pobre el representante como jefe de gobierno de un régimen republicano”.

Valle-Inclán fue testigo de este saqueo cuando aquel mismo año fue nombrado conservador del Patrimonio Artístico Nacional. No tardó ni tres meses en denunciar que muchos tesoros artísticos estaban siendo dilapidados por unos gobernantes republicanos que los malvendían a anticuarios extranjeros en su propio beneficio. Dimitió de su cargo y denunció que “España está sufriendo la dictadura socialista”.

Cuatro años más tarde, con Valle-Inclán recién fallecido y Alcalá-Zamora recien destituido, Azaña retomaba su afición, así anotada por su predecesor:

“Hubo plantaciones cuidadosas y seleccionadas de geranios en las dependencias de El Pardo. Eleváronse los carruajes, que en mi tiempo fueron dos y con uno solo hubiera tenido bastante, hasta el número de doce, según me refirieron. El pabellón que dentro del piso bajo de palacio me había señalado Azaña para una familia de nueve personas, lo encontró insuficiente para un matrimonio sin hijos, y pareciéndole también poco la parte del piso principal que había servido a los reyes, encargó con dudoso gusto artístico y pésimo de otro orden, que se le destinara parte de la del edificio destinado al culto. Me había parecido suntuaria la escolta; se aumentó hasta cerca del séxtuplo con una guardia especial (…) Cuando vino la República, mi familia siguió en un modesto apartamento y no creímos que se había destronado una dinastía Borbón Habsburgo-Lorena para sustituirla por otra Alcalá-Zamora Castillo. Por lo visto estábamos equivocados y el nuevo poder que paseara presos a mis parientes entronizaba la nueva dinastía Azañas-Rivas Cherif”.

Tras su cese como presidente, Alcalá-Zamora decidió embarcarse con su familia en el cruceroveraniego por las costas árticas que siempre habían deseado. Pero, ante la violencia creciente, no salieron de España sin antes poner a buen recaudo en la agencia de Crédit Lyonnais dinero, objetos valiosos y las anotaciones que había tomado a lo largo de su mandato.

El 7 de julio embarcaron en Santander, última tierra española que pisaría el expresidente. En Hamburgo se enteró del asesinato de Calvo Sotelo el día 13, y en Islandia, del alzamiento militar. Pocos días después supo del saqueo de su casa por orden del Gobierno del régimen que había presidido hasta tres meses antes:

“Luego me enteré de que de mi casa, tras otros tanteos más tímidos o menos audaces, se incautaron un vendedor de periódicos extremista del puente de Vallecas, conocido por el Andaluz, y una mujer, más atrevida que él, llamada Gloria”.

Tras su domicilio le llegó el turno a sus demás bienes: el ministro de Gobernación, el socialista Galarza, “por inspiración sin duda emanada de Azaña”, no paró hasta dar con sus cajas de seguridad en el Banco Hispano Americano y el Crédit Lyonnais.

Alcalá-Zamora comenzó a escribir sus memorias para reconstituir el diario robado. Tras la invasión alemana de 1940, el expresidente, junto con su familia, abandonó su domicilio francés para comenzar un periplo que le llevó a África, México, Cuba y finalmente a Argentina, donde residió hasta su muerte en 1949.

Si el régimen republicano saqueó su casa, tierras y otras propiedades, los vencedores no se quedaron cortos al incautarle sus menguadas cuentas corrientes y sus propiedades en Priego, además de imponerle una cuantiosa multa y las penas de extrañamiento e inhabilitación durante quince años. Aquélla fue la factura que tuvo que pagar don Niceto por pretender dotar de moderación a un régimen que nació con la vocación contraria y cuya difícil presidencia probablemente le quedase demasiado grande. No fueron pocos los que le consideraron cándido, imprudente y cizañero, un mediocre sin personalidad y con demasiadas ansias de notoriedad. Su compañero republicano Pérez de Ayala, por ejemplo, escribió sobre él que “con su facundia mazorral y su sonrisa satisfecha, [era una] reminiscencia del bobo de nuestras comedias antiguas”. Azaña, que no se distinguió precisamente por valiente y viril, le despreció por cobarde y le humilló a menudo en los consejos ministros. Por no hablar del cruel soneto que a su muerte le dedicó Alberti:

“Yace el tonto, repito, el Presidente,

aquel que en vida sólo fue Niceto,

risa del hambre de la pobre gente.

Con orín en su mármol firma ahora

este epitafio noble y de respeto:

Fue tonto en Priego, en Alcalá y Zamora”.

Su cadáver fue repatriado en 1979 y enterrado en el cementerio de la Almudena. Y sus diarios fueron recuperados en 2008, tras setenta años en poder de un particular que se hizo con ellos en el caos final del gobierno republicano en Valencia. Los herederos de Alcalá-Zamora tuvieron que vencer la oposición del gobierno de Zapatero a publicar un documento de tan extraordinaria importancia: cuando desempolvar el pasado conduce al desprestigio de la izquierda, la memoria histórica deja de ser interesante.

Hasta este momento se han editado tres volúmenes: el correspondiente a 1877-1930, los años de la Monarquía; el de 1930-31, que incluye el cambio de régimen; y la parte final del diario, la correspondiente a los últimos cuatro meses de su presidencia, tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones que provocaron el triunfo fraudulento del Frente Popular, la destitución anticonstitucional del jefe del Estado, la revolución y la guerra civil.

www.jesuslainz.es

Fuente

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