Los Treinta Tiranos – Lee Smith / Fundacion Disenso

El acuerdo que la élite norteamericana suscribió con China tiene un precedente en la historia de Atenas y Esparta.

Lee Smith

4 DE FEBRERO 2021

En el capítulo 5 de El príncipe, Nicolás Maquiavelo describe cómo una potencia vencedora puede gobernar a los que ha derrotado en la guerra. La primera forma es arruinar- los; la segunda es dedicarse, simple y llanamente, a gobernar; la tercera es establecer “un gobierno compuesto por un número reducido de personas que se encargue de velar por la conquista”.

El ejemplo que ofrece Maquiavelo del último modelo es el gobierno amistoso que Esparta estableció en Atenas al derrotarla después de 27 años de guerra en el 404 a.C. Para la casta superior de una élite ateniense que, ya de por sí, despreciaba la democracia, la derrota de la ciudad en la Guerra del Peloponeso confirmaba que el régimen de Esparta era el mejor. Se trataba de una aristocracia militar potente que gobernaba a una clase de sirvientes permanentes, los ilotas, que eran masacrados periódicamente para obligarlos a aceptar su estatus infrahumano. La democracia ateniense, por el contrario, otorgaba demasiado poder a los humildes. La oligarquía pro-Esparta utilizó la victoria de sus socios para rescindir los derechos de los ciudadanos y ajustar cuentas con sus enemigos internos, exiliándolos, ejecutándolos y confiscando sus bienes.

Ese gobierno ateniense, que no respetaba las leyes de Atenas y despreciaba sus tradiciones, pasó a la historia con el nombre de los Treinta Tiranos. Entender su papel y su funcionamiento nos ayuda a explicar lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos.

Para escribir mi última columna hablé con Thomas Friedman, del New York Times, sobre un artículo que había escrito hace más de una década, durante el primer año de la presidencia de Barack Obama. En aquel importante artículo, documentaba el momento exacto en el que la élite norteamericana decidió que la democracia no estaba funcionando a su favor. Habían venido responsabilizando al Partido Republicano de no dejarles prescindir del pueblo norteamericano y se pasaron al Partido Demócrata con la esperanza de fortalecer unas relaciones que los estaban haciendo ricos.

Un consultor en comercio internacional le dijo a Friedman: “La necesidad de competir en un mundo globalizado ha impuesto la meritocracia y ha obligado al directivo de una empresa multinacional, al financiero oriental y al emprendedor tecnológico a reconsiderar lo que el Partido Republicano puede ofrecerles. En principio, se han ido del partido como si dejaran atrás no una coalición pragmática, sino un grupo de detractores ideológicos, retranqueados en posiciones negativas”.

Diez años después de que se publicara la columna de Friedman, la élite desencantada que señalaba el columnista del New York Times ha empobrecido aún más a los trabajadores norteamericanos mientras ellos se han enriquecido. Hicieron suyo un lema: globalismo, es decir, la libertad de poner en marcha relaciones comerciales e iniciativas sociales sin tener en cuenta el bienestar de la sociedad en la que se habían ganado la vida y criado a sus hijos.

Los cimientos de la iniciativa globalista están en la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Durante décadas, los políticos norteamericanos y su clase empresarial afirmaron que consideraban a China como un rival, pero la élite que describió Friedman veía en la autocracia ilustrada china un amigo, e incluso un modelo, lo que no resulta sorprendente si se recuerda que el Partido Comunista Chino se convirtió en su fuente de poder, riqueza y prestigio. ¿Por qué comerciaron con un régimen autoritario y trasladaron millones de puestos de trabajo manufactureros norteamericanos a China, empobreciendo así a los trabajadores norteamericanos? Porque los hizo ricos. Acallaron su mala conciencia diciéndose que no tenían más remedio que lidiar con China porque era grande, productiva y eficiente y su ascenso era imparable. Además, los trabajadores norteamericanos perjudicados por el acuerdo merecían ser castigados. ¿Quién iba a defender a una clase de detractores ideológicos reaccionarios y racistas que querían obstaculizar lo que era mejor para el progreso?

La recuperación de esos puestos de trabajo para devolverlos a Estados Unidos, junto con el final de las guerras en el extranjero y la inmigración ilegal, fue la promesa política clave de la presidencia de Donald Trump y la semilla de su victoria por sorpresa en 2016. Trump no fue el primero en argumentar que la relación comercial del establishment político y corporativo con China había vendido a los ciudadanos corrientes de Estados Unidos. Richard Gephardt, excongresista demócrata y candidato a la presidencia en 1988, estuvo a la cabeza de un grupo importante, pero poco influyente, de cargos electos -del Partido Demócrata– y expertos en políticas públicas que lo advirtió: comerciar con un Estado que empleaba mano de obra esclava costaría puestos de trabajo norteamericanos y humillaría a Estados Unidos. Las únicas personas que se tomaron en serio a Trump fueron los más de 60 millones de votantes norteamericanos que le creyeron cuando dijo que lucharía contra las élites para recuperar esos puestos de trabajo.

Al principio, lo que él llamó The Swamp (“La Ciénaga”) parecía ser solo una serie aleatoria de industrias, instituciones y personalidades que aparentaban no tener nada en común, aparte de ser el blanco de las críticas del presidente recién elegido.

Sin embargo, los incesantes ataques de Trump a esa élite propiciaron que surgiera una conciencia colectiva de su estatus, así como un poderoso motivo de solidaridad entre ellos. Juntos, vieron que representaban una comunidad de intereses del sector público y privado que compartía no solo los mismos prejuicios y aversiones, gustos culturales y hábitos de consumo, sino también el mismo centro de gravedad: la relación entre Estados Unidos y China. Y así fue cómo nació la China Class en Estados Unidos.

Estas conexiones que, en algún momento, parecían débiles o inexistentes quedaron en evidencia a la luz del desprecio de Trump y del desprecio recíproco que le dedicaba la élite que lo aborrecía.

Hace una década, nadie hubiera colocado a la superestrella de la NBA, LeBron James y al CEO de Apple, Tim Cook, en el mismo álbum familiar. Ahora están juntos, unidos por su descomunal riqueza que les proporciona la mano de obra barata china (zapatillas Nike, iPhones, etc.) y un creciente mercado de consumidores chinos. El contrato de 1.500 millones de dólares de la NBA con el proveedor de servicios digitales Tencent convirtió a la empresa china en el mayor socio de la liga de baloncesto fuera de Estados Unidos. Como agradecimiento, estos embajadores bidireccionales se dignaban a compartir las enseñanzas del Partido Comunista Chino con sus ignorantes compatriotas. Después de que un ejecutivo de la NBA publicara un tweet en defensa de los disidentes de Hong Kong, el activista por la justicia social, LeBron James, instó a los norteamericanos a que moderaran su lenguaje: “Es cierto que tenemos libertad de expresión, pero eso conlleva grandes efectos negativos”.

Debido a la presión ejercida por Trump sobre los norteamericanos que se beneficiaron de forma desorbitada de la relación entre Estados Unidos y China, estos extraños compañeros de cama adquirieron lo que los marxistas llaman conciencia de clase y se unieron para contraatacar. Así es como fortalecieron aún más sus relaciones con sus patronos chinos. Una vez unidas, esas muy dispares instituciones norteamericanas abandonaron cualquier sentido de la prudencia o del decoro con el fin de ingresar los cheques del Partido Comunista Chino, sin importarles los horrores que el PCCh infligiera a los prisioneros de sus campos de trabajo esclavo y sin pensar ni por un momento la clase de amenaza que suponían los servicios de espionaje de China y del Ejército de Liberación Popular para la seguridad nacional. Think tanks e instituciones de investigación como el Atlantic Council, el Center for American Progress, el East West Institute, el Carter Center, el Carnegie Endowment for International Peace, la Johns Hopkins School of Advanced International Studies y otros se forraron con el dinero chino. La Brookings Institution, conocida en todo el mundo, no tuvo escrúpulos en publicar un informe financiado por la empresa china de telecomunicaciones Huawei que elogiaba su tecnología.

Los miles de millones que China entregó a los grandes centros de investigación de las universidades norteamericanas, como por ejemplo los 58 millones de dólares donados a Stanford, hicieron saltar las alarmas en los cuerpos policiales, que advirtieron de los intentos de la contrainteligencia china para robar investigaciones sensibles. No importó, porque escuelas y facultades ya estaban comprometidas en el negocio de vender esas investigaciones… financiadas en gran parte, y de forma directa, por el gobierno de Estados Unidos. Por eso, Harvard y Yale, entre otras universidades de prestigio, se han mostrado reticentes a declarar en su totalidad y de forma sistemática las ingentes cantidades de dinero que China les había donado.

De hecho, muchos de los acuerdos académicos pay-for-play (derecho a participar a cambio de dinero) con el PCCh distan de la menor sutileza. En junio de 2020, un profesor de Harvard que recibió una subvención de 15 millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos para sus investigaciones fue acusado de mentir, ya que también estaba recibiendo, de una institución que actuaba en nombre del PCCh, 50.000 dólares al mes para “contratar y apoyar talentos científicos de alto nivel con el fin de promover el desarrollo científico, la prosperidad económica y la seguridad nacional de China”.

Aunque Donald Trump vio en el distanciamiento de Estados Unidos con China una forma de desmantelar a la oligarquía que lo detestaba y que transfería puestos de trabajo norteamericanos al extranjero, no consiguió cumplir su objetivo hasta el final. Habiendo identificado correctamente las fuentes de corrupción de nuestras élites, las razones del empobrecimiento de las clases medias y las amenazas extranjeras y domésticas a la estabilidad de nuestro país, no consiguió dotarse de personal, ni realizar los preparativos necesarios para ganar esa guerra para la que había pedido el voto a los norteamericanos.

Y como China está en el origen del poder de la China Class, el nuevo coronavirus aparecido en Wuhan se convirtió en la plataforma que iba a transformar esa guerra en una derrota. Así es como los norteamericanos se convirtieron en presa de una élite antidemocrática que utilizó este virus para desmoralizarlos; causar estragos en las pequeñas empresas; dejarlos a la merced de agitadores que tienen total libertad para robar, quemar y matar; cerrar las escuelas e impedir que los moribundos reciban el último abrazo de sus seres queridos; profanar la historia, la cultura y la sociedad norteamericanas, y difamar al país tachándolo de racista sistémico para hacer creer a los ciudadanos norteamericanos que merecían el infierno que los representantes de los sectores público y privado de la élite les habían preparado.

Durante casi un año, los funcionarios norteamericanos han destruido deliberadamente nuestra economía y nuestra sociedad con el único propósito de arrogarse más poder, mientras que la economía china ha superado a la norteamericana. Los confinamientos llevados a cabo en China no tienen nada que ver con la diferencia en los resultados obtenidos en uno y otro país. Los confinamientos no son medidas de salud pública para reducir la propagación de un virus. Son instrumentos políticos y, por esa razón, los cargos del Partido Demócrata que someten a sus electores a repetidos y prolongados confinamientos, como es el caso del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, proclaman ahora a los cuatro vientos que es imprescindible que se les permita reabrir ya, de inmediato, ahora que Trump se ha ido para no volver.

Que los funcionarios demócratas destruyeran vidas intencionadamente y acabaran con miles de ellas enviando a los enfermos a infectar ancianos en las residencias es un detalle irrelevante para esta versión norteamericana de los Treinta Tiranos. La misión consistía en multiplicar el número de víctimas del coronavirus para derrotar a Trump y lo cierto es que lo lograron. Al igual que sucedió con la facción antidemocrática de Atenas, el grupo más brillante de Estados Unidos perdió el rumbo hace mucho tiempo. A la cabeza de los Treinta Tiranos estaba Critias, uno de los mejores alumnos de Sócrates, poeta y dramaturgo. Pudo haber ayudado a salvarlo de la ira del régimen y, sin embargo, el filósofo parece haber lamentado que su método, que consistía en cuestionarlo todo, alimentara el desdén de Critias por la tradición. Una vez en el poder, Critias volcó su ni- hilismo en Atenas y destruyó la ciudad.

Aprovechando el tsunami mediático del odio a Trump, la China Class cimentó su poder dentro de las instituciones estatales y las burocracias de seguridad que durante mucho tiempo han sido cotos demócratas.

El abrazo envenenado entre las élites norteamericanas y China empezó hace casi 50 años, cuando Henry Kissinger vio que la apertura de relaciones entre los que, hasta entonces, habían sido enemigos ensancharía la creciente brecha entre China y la Unión Soviética, más peligrosa por entonces. La principal discrepancia entre los dos gigantes comunistas residía en el rechazo de los líderes soviéticos a Stalin, que los chinos consideraban el principio del fin del sistema comunista soviético: un error que ellos no estaban dispuestos a cometer.

Mientras tanto, la maniobra geopolítica de Kissinger se convirtió en la piedra angular de su legado histórico. También lo convirtió en un hombre rico, un conseguidor que abría puertas a los funcionarios chinos. A su vez, Kissinger abrió el camino para que otros exlegisladores de alto rango llevaran a cabo sus propias operaciones de tráfico de influencia extranjeras, como es el caso de William Cohen, secretario de Defensa en la administración Clinton, que allanó el camino para que China obtuviera el tratamiento comercial de “nación más favorecida” y se convirtiera en una piedra angular de la Organización Mundial del Comercio. Dos de las cuatro oficinas del Grupo Cohen en el extranjero están en China, e incluyen a varios ex altos funcionarios, incluido el exsecretario de Defensa de Trump, James Mattis, que se abstuvo de revelar su colaboración con el Grupo Cohen cuando criticó en un editorial el enfoque “con nosotros o contra nosotros” de la administración Trump hacia China. “La prosperidad económica de los aliados y socios de Estados Unidos depende de unas sólidas relaciones comerciales y de inversión con Beijing”, escribió Mattis, a quien China pagaba -literalmente- por asumir justo esa precisa posición.

Sin embargo, resulta poco probable que Kissinger previera que China pudiera convertirse en la gallina de los huevos de oro para los exfuncionarios norteamericanos cuando él y el presidente Richard M. Nixon viajaron en 1972 a la capital que por aquel entones los occidentales llamaban Pekín. “Los chinos presentían que la apertura del país sería posible tras la muerte de Mao”, dice un exfuncionario de la administración Trump. “Mao todavía vivía cuando Nixon y Kissinger viajaron a China, así que resulta poco probable que pudieran haber imaginado el tipo de reformas que se iniciaron en 1979, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping. En la década de los 80, China no competía todavía con Estados Unidos. Hubo que esperar a los años 90, con los debates anuales sobre la concesión del tratamiento de comercial de ‘nación más favorecida’ para que China se convirtiera en un rival comercial” y en un socio lucrativo.

El máximo divulgador del orden posterior a la Guerra Fría fue Francis Fukuyama. En su libro de 1992 El fin de la historia, argumentó que con la caída del Muro de Berlín la democracia liberal occidental representaba el modelo de gobierno definitivo. Tras la caída del Muro, Fukuyama no se equivocó en su evaluación de la fuerza de las formas políticas, sino en la profundidad de su modelo filosófico. Además creía que, con el final del enfrentamiento entre superpotencias que había durado casi casi medio siglo, la dialéctica histórica que enfrentaba a los modelos políticos en conflicto se había resuelto. De hecho, la dialéctica tomó otro rumbo.

Justo después de la derrota del comunismo en la Unión Soviética, Estados Unidos insufló nueva vida al Partido Comunista que había logrado sobrevivir. Y en lugar de conseguir que los principios democráticos occidentales transformaran al PCCh, el establishment norteamericano se aficionó a la tecno-autocracia oriental. La tecnología se convirtió en el pilar de la relación entre Estados Unidos y China a través de la la financiación por parte del PCCh de las startups de Silicon Valley y gracias, en gran parte, a los esfuerzos de Dianne Feinstein, quien, después de Kissinger, se convirtió en el segundo funcionario más influyente a la hora de impulsar la relación entre Estados Unidos y el PCCh durante los siguientes veinte años.

En 1978, recién elegida alcaldesa de San Francisco, Feinstein logró la amistad de Jiang Zemin, entonces alcalde de Shanghai y luego presidente de China. Como alcaldesa del epicentro tecnológico de Estados Unidos, sus vínculos con el gigante asiático ayudaron a este sector en pleno crecimiento a atraer inversiones chinas y convirtieron al Estado de California en la tercera economía más grande del mundo. Su alianza con Jiang contribuyó también a convertir a su marido, Richard Blum, experto en inversiones, en un hombre extraordinariamente rico. Como senadora, presionó para que se concediese a China el tratamiento comercial de “nación más favorecida” justificando sus violaciones en materia de derechos humanos, mientras que su amigo Jiang consolidaba su poder y se convertía en secretario general del Partido Comunista con el envío de los tanques a la Plaza de Tiananmen. Feinstein lo defendió y afirmó que Jiang le había dicho que “China no tenía policía local”. “De ahí los tanques”, explicó la senadora por California para quitar hierro al asunto. “Pero eso forma parte del pasado. Uno aprende del pasado. No lo repite. Y creo que China ha aprendido una lección”.

Sin embargo, el pasado debería haberle contado al público de Feinstein en Washington una historia muy distinta. Estados Unidos no tenía relaciones comerciales con Moscú ni permitía que los rusos hicieran grandes donaciones a las campañas electorales ni tuvieran vínculos comerciales con los cónyuges de sus políticos. Durante la Guerra Fría, los líderes norteamericanos comprendieron que esas prácticas habrían abierto la puerta a Moscú y le habrían permitido influir directa y peligrosamente en la política y la sociedad norteamericanas. Fabricar nuestros productos en sus fábricas o permitirles comprar los nuestros y enviarlos al extranjero habría hecho vulnerables a la tecnología y a la propiedad intelectual.

Pero no se trataba solo de poner en peligro la seguridad nacional. También se trataba de exponer a Estados Unidos a un sistema que contradecía los valores norteamericanos. A lo largo de ese período, Estados Unidos se definía a sí mismo en oposición a la forma en que concebíamos a los soviéticos. Se dijo que Ronald Reagan no demostró gran sutileza al referirse a la Unión Soviética como el “Imperio del Mal”, pero la política comercial y exterior desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990 reflejaba que esa era una posición de consenso: los líderes norteamericanos de la Guerra Fría no querían que el país tuviera nada que ver con un Estado autoritario de partido único.

El empresario Armand Hammer era famoso por ser el norteamericano que hacía negocios con Moscú. Su perspectiva fue útil no por sus excelentes conocimientos sobre la sociedad, la política y la cultura empresarial soviéticas que a menudo compartía con los medios norteamericanos, sino porque se creía que representaba las opiniones que el politburó quería difundir a la ciudadanía norteamericana. Hoy, Estados Unidos tiene miles de Armand Hammer, y todos defienden la fuente de su propia riqueza, su prestigio y su poder.

Todo comenzó en 1994 con la decisión de Bill Clinton de desvincular los derechos humanos del estatus comercial. Clinton había llegado a la Casa Blanca con la promesa de centrarse en los DDHH, a diferencia de la administración de George H.W. Bush. Tras dos años en el cargo cambió de opinión. “Necesitamos que nuestra relación se sitúe en un marco más amplio y productivo”, declaró Clinton. Los grupos en defensa de los derechos humanos y los sindicatos norteamericanos quedaron consternados. La decisión de Clinton enviaba un mensaje claro, dijo el entonces presidente de AFL-CIO, Lane Kirkland: “no importa lo que Estados Unidos diga sobre democracia y derechos humanos, en el análisis final lo que importan son los beneficios y no la gente”. Algunos demócratas, como el entonces líder de la mayoría en el Senado, George Mitchell, se opusieron, mientras que republicanos como John McCain apoyaron la medida de Clinton. El jefe del Consejo Económico Nacional de Clinton, Robert E. Rubin, predijo que China “se convertirá en un socio comercial cada vez más grande e importante”.

Más de dos décadas después, el asombroso número de industrias y empresas norteamericanas que hicieron lobby contra las medidas de la administración Trump para intentar desligar la tecnología china de sus competidores norteamericanos da la medida de hasta qué punto se han integrado dos sistemas rivales que afirman representar valores y prácticas opuestas. Empresas como Ford, FedEx y Honeywell, así como Qualcomm y otros fabricantes de semiconductores que lucharon por seguir vendiendo chips a Huawei, viven y prosperan con un pie en Estados Unidos y el otro firmemente anclado en su principal rival geopolítico. Con el fin de proteger las dos partes del negocio, disimulan el problema hablando de China como de un competidor y así oscurecer su papel a la hora de impulsar a un rival peligroso.

Casi todas las grandes industrias norteamericanas tienen intereses en China, desde Wall Street Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley hasta el sector hotelero. Un empleado del hotel Marriott fue despedido cuando los funcionarios chinos objetaron que había dado un like a un tuit sobre el Tíbet. Todos han aprendido a jugar según las reglas del PCCh.

“Es tan omnipresente, que resulta más fácil preguntar quién no está vinculado a China”, afirma el ex funcionario de la administración Trump, el general (retirado) Robert Spalding.

Como era de esperar, la republicana Cámara de Comercio de EE.UU., que gozó en otro tiempo de gran prestigio, encabezó la oposición a las políticas de Trump en China, y no solo contra los aranceles propuestos, sino también contra su llamamiento para que las empresas norteamericanas trasladaran cadenas de suministro esenciales a otros lugares, incluso durante la pandemia. La Asociación Industrial de Defensa Nacional se quejó recientemente de una ley que prohíbe a los contratistas de defensa utilizar determinadas tecnologías chinas. “Casi todos los contratistas que trabajan con el Gobierno federal”, declaró un portavoz del grupo comercial, “tendrían que dejar de hacerlo”.

De hecho, la administración Trump también se dividió entre halcones y acomodaticios, a los que los primeros denominaban sarcásticamente como “Panda Huggers” (los “Abraza Pandas”). La mayoría de los funcionarios de Trump estaban en el segundo equipo, sobre todo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, un exproductor de Hollywood. Aunque la industria cinematográfica fue la primera y la más ruidosa en quejarse de que China les estaba robando la propiedad intelectual, acabó asociándose con ella y apaciguó a Beijing. Los estudios cinematográficos no pueden acceder al gigantesco mercado chino si rebasan las líneas rojas que marca el PCCh. Por ejemplo, en la próxima secuela de Top Gun, Paramount ofreció difuminar las insignias de Taiwán y Japón en la chaqueta “Maverick” de Tom Cruise para el estreno chino de la película, pero los censores del PCCh insistieron en que esas insignias no debían figurar en ninguna versión y en ningún lugar del mundo.

Según Spalding, exasesor del presidente, durante la administración Trump “se produce un gran impulso para seguir avanzando en una cooperación incuestionable con China. Del otro lado, se alzaba un grupo más pequeño empeñado en que la situación retrocediera”.

Apple, Nike y Coca Cola llegaron a hacer lobby contra la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur. En el penúltimo día de Trump en el cargo, su secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que Estados Unidos ha “determinado que la República Popular China está cometiendo un genocidio y crímenes de lesa humanidad en Xinjiang, contra musulmanes uigures y miembros de otras minorías étnicas y religiosas”. Eso convierte en cómplices del genocidio a varias de las grandes marcas norteamericanos que utilizan mano de obra forzosa uigur, incluidas, según un estudio australiano de 2020, Nike, Adidas, Gap, Tommy Hilfiger, Apple, Google, Microsoft y General Motors.

La idea de que los países que desprecian los derechos humanos y democráticos básicos no deben estar financiados por la industria norteamericana y gozar de un acceso privilegiado a los frutos de la investigación y la tecnología financiadas por el gobierno de EE.UU. que pertenecen de pleno derecho al pueblo norteamericano no es un motivo partidista, y debería tener poco que ver con Donald Trump. Sin embargo, los archivos históricos demostrarán que la fusión de las élites norteamericanas y chinas alcanzó su apogeo durante la administración Trump, quien, al acceder a la presidencia se convirtió en el principal chivo expiatorio de la China Class, que había hecho del Partido Demócrata su principal instrumento político. Eso no quiere decir que los republicanos del establishment estén excluidos de la oligarquía pro China: el suegro multimillonario del líder republicano del Senado Mitch McConnell, James Chao, es un constructor naval que se ha beneficiado de forma muy importante de su relación con el PCCh, incluido su compañero de universidad Jiang Zemin. Gracias a los obsequios de la familia Chao, McConnell está a pocos puestos por debajo de Feinstein en la lista de los senadores más ricos del país.

Aprovechando el tsunami mediático del odio a Trump, la China Class cimentó su poder dentro de las instituciones estatales y las burocracias de seguridad que durante mucho tiempo han sido cotos demócratas y cuyos asalariados no querían de ninguna manera que se les etiquetasen de “colaboradores” del presidente al que supuestamente servían. Desde finales de los 90, se aceleró el proceso de adaptación a los aspectos más peligrosos del régimen comunista. Hablar de cómo Nike fabricaba sus zapatillas en los campos de trabajo forzoso chinos ya no estaba de moda. Se silenciaron, y se despreciaron como propaganda pro-Trump, las noticias de que China estaba robando secretos científicos y militares norteamericanos, que estaba dirigiendo grandes redes de espías en Silicon Valley que comprometían a congresistas como Eric Swalwell, pagando cuantiosos adelantos a los mejores profesores de las universidades de la Ivy League en un programa bien organizado de robo intelectual, que podía representar algún peligro para su propio pueblo, sus conciudadanos o para la forma de vida norteamericana.

La Agencia Central de Inteligencia protegió abiertamente los intentos chinos de socavar las instituciones norteamericanas. La dirección de la CIA presionó a los analistas de inteligencia para que modificaran su valoración de la influencia y las interferencias de China en las elecciones estadounidenses, de tal modo que no sirvieran de munición para apoyar políticas con las que no estaban de acuerdo: las políticas de Trump. No es de extrañar que proteger a Estados Unidos haya dejado de ser la tarea prioritaria de la dirección de la CIA: la tecnología que almacena la información de la agencia la administra Amazon Web Services, propiedad de Jeff Bezos, el distribuidor norteamericano no1 de productos chinos.

Para los que comprendían perfectamente lo que estaban haciendo los chinos, la cuestión partidista pasaba a ser un asunto muy secundario. El comportamiento chino era extraordinariamente alarmante, al igual que la aparente incapacidad de las principales instituciones de seguridad norteamericanas para tomárselo en serio. “En los años 80, las personas que defendían intereses de potencias extranjeras cuyas ideas eran contrarias a la forma republicana de gobierno acababan condenadas al ostracismo”, dice un exfuncionario de inteligencia de la administración Obama. “Ahora bien, con la llegada del globalismo, inventaron excusas para excluir a China y llegaron incluso a doblegarse ante ella para adaptarse a sus preferencias. Durante los años de Bush y Obama, la valoración habitual era que los chinos no tenían la más mínima intención de construir una marina de guerra. Era una idea que les venía bien. Ahora China está construyendo un tercer portaaviones”.

Odiar a Trump les proporcionó una excusa política, pero el sistema de seguridad y defensa norteamericano tenía sus propias razones para hacer la vista gorda ante China. Veinte años de despilfarro de hombres, dinero y prestigio en operaciones militares que comenzaron con la “Guerra contra el terrorismo” de George W. Bush han demostrado tener un escaso valor estratégico para Estados Unidos. Sin embargo, el despliegue de norteamericanos que proporcionan seguridad en los campos de exterminio de Oriente Medio sí que ha beneficiado a Beijing. El mes pasado, el gigante energético chino Zen Hua aprovechó la debilidad de la economía iraquí pagando 2.000 millones de dólares por un suministro de petróleo de 130.000 barriles al día durante cinco años. Si los precios suben, el acuerdo permite a China revender el petróleo.

En Afganistán, las grandes minas de cobre, metales y minerales cuya seguridad siguen garantizando las tropas norteamericanas son propiedad de empresas chinas. Y como Afganistán limita con Xinjiang, a Xi Jinping le preocupa que “cuando Estados Unidos retire sus tropas de Afganistán, las organizaciones terroristas ubicadas en las fronteras de Afganistán y Pakistán se infiltren rápidamente en Asia Central”. En otras palabras, las tropas norteamericanas se despliegan en el extranjero en lugares como Afganistán no para proteger intereses norteamericanos, sino para proporcionar seguridad a la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China.

“Existe la creencia de que con China no estamos ante el mismo tipo de conflicto que mantuvimos con la URSS”, afirma un exfuncionario del gobierno Obama. “Pero sí que lo estamos”. El problema es que la práctica totalidad del establishment norteamericano, dominado por el Partido Demócrata, se encuentra, y muy firmemente, del otro lado.

Hasta el verano de 2019, parecía que Trump iba a lograr un segundo mandato en la Casa Blanca. La economía se había disparado y el desempleo se situó en mínimos históricos. Además, Trump estaba avanzando en su ofensiva contra sus oponentes. La guerra comercial de Trump con Beijing demostró que se tomaba en serio el hecho de obligar a las empresas norteamericanas a trasladar sus cadenas de suministro. En julio, las grandes compañías tecnológicas norteamericanas como Dell y HP anunciaron que iban a trasladar gran parte de su producción fuera de China. Amazon, Microsoft y Alphabet dijeron que también planeaban trasladar parte de su fabricación a otro lugar.

Fue exactamente en ese momento, entre finales de junio y principios de julio de 2019, cuando los habitantes de Wuhan comenzaron a salir a las calles para manifestar su ira contra los funcionarios responsables de la salud y la prosperidad de los 11 millones de habitantes de la ciudad. Estaban enfermos y temían enfermar aún más. Los ancianos se quedaban sin aliento. Los manifestantes llevaban pancartas que decían: “No queremos que nos envenenen, solo necesitamos un soplo de aire fresco”. Se veían padres preocupados por la vida de sus hijos. Se temía que los enfermos hubieran su- frido daños permanentes en sus sistemas inmunológico y nervioso.

Las autoridades censuraron las cuentas en redes sociales, las fotos y los videos de las protestas. Los policías de paisano vigilaron a los alborotadores y detuvieron a los más ruidosos. Con el cierre de los negocios, no había ningún lugar donde los manifestantes pudieran esconderse. Algunos fueron transportados en camionetas. Las autoridades les habían advertido: “Las Fuerzas de seguridad pública tomarán medidas enérgicas contra los actos delictivos ilegales, como la incitación y la provocación ma- lintencionadas”.

Lo que había llevado a los habitantes de Wuhan a echarse a la calle no fue la COVID-19, que no empezó a propagarse hasta el invierno. A principios del verano de 2019, lo que amenazaba la salud pública en Wuhan era la plaga de la contaminación del aire. Esto es lo que no se ha contado hasta ahora de la historia del espantoso año 2020.

Para hacer frente a las montañas de basura que envenenan la atmósfera, las autoridades planearon construir una planta de incineración de desechos, un plan que alarmó, con razón, a los habitantes de la zona. En 2013, se descubrió que cinco plantas de incineración de Wuhan emitían contaminantes peligrosos. Otras ciudades también se habían manifestado en la calle para protestar contra la contaminación del aire (Xiamen en 2007, Shanghai en 2015, Chengdu en 2016, Qingyuan en 2017). Estas protestas sembraron el pánico en los líderes del PCCh, que temblaban ante la idea de que se reprodujeran las manifestaciones a favor de la democracia de la Plaza de Tiananmen, en 1989. También temían que las protestas de los rebeldes pro democracia en Hong Kong llegaran al continente y provocaran un estallido popular. ¿Qué pasaría si no lograban controlar la situación y los disturbios se extendían de una ciudad a otra y por ende a todo el país, es decir, a 1.400 millones de personas?

El PCCh había aprendido que la forma de evitar que los disturbios se volvieran virales era ponerlos en cuarentena. El partido ha demostrado ser un gran experto en neutralizar a las poblaciones minoritarias del país, primero a los tibetanos y, más recientemente, a la minoría uigur de etnia musulmana túrquica, mediante cuarentenas y encarcelamientos masivos, gestionados a través de redes de vigilancia electrónica que allanan el camino a las cárceles y los campos de trabajo esclavo. En 2019, el sombrío destino de los uigures chinos se había convertido en un motivo de preocupación, ya fuera sincero o como consecuencia del deterioro de las relaciones públicas que les suponía, incluso entre muchos de los que se beneficiaron de esa misma mano de obra esclava.

Los 13,5 millones de uigures del país se concentran entre Xinjiang y el Turkestán Oriental, una región del noroeste de China con un tamaño similar a Irán, rica en carbón, petróleo y gas natural. En la frontera con Pakistán, Xinjiang es un punto final para las rutas de suministro fundamental de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative – BRI), el proyecto de 1 billón de dólares de Xi para crear un espacio chino de influencia global. Cualquier posible obstáculo a la BRI constituye una amenaza para los intereses estratégicos de China. En abril de 2014, rebeldes uigures apuñalaron a más de 150 personas en una estación de tren y Xi lo aprovechó para tomar medidas enérgicas.

Prepárense para una “ofensiva aplastante y devastadora”, anunció Xi a los oficiales de policía y a las tropas. Sus representantes emitieron órdenes radicales: “Acorralen a todos los que deban ser rodeados”. Los funcionarios que mostraron algo de compasión fueron detenidos, humillados y exhibidos como un mal ejemplo por desobedecer “la estrategia de la dirección central del partido para Xinjiang”.

Según un Informe del New York Times de noviembre de 2019, a las autoridades chinas les preocupaban los estudiantes uigures que regresaban a casa desde los colegios ubica- dos fuera de la provincia. Dichos estudiantes tenían “vínculos sociales que cubrían todo el país” y utilizaban unas redes sociales cuyo “impacto”, temían los funcionarios, tendría “un gran alcance y sería difícil de erradicar”. La tarea era poner en cuarentena las noticias de lo que realmente estaba sucediendo dentro de los campos de detención. Cuando los estudiantes preguntaban dónde estaban sus familiares y qué les había sucedido, se recomendaba a los funcionarios que dijeran a los estudiantes “que se habían ‘infectado’ con el ‘virus’ del radicalismo islámico y debían pasar una cuarentena y curarse”.

Pero no sólo los hombres jóvenes -que supuestamente tenían más probabilidades de llevar a cabo ataques terroristas- fueron objeto de la política de confinamiento china. Según los documentos, se instruyó a los funcionarios que “tampoco había que salvar a abuelos y miembros de la familia que parecían demasiado mayores para cometer actos violentos”.

Cuando surgió un virus de verdad en el otoño de 2019, las autoridades chinas siguieron el mismo protocolo y pusieron en cuarentena no solo a los posibles alborotadores, sino a todos los habitantes de Wuhan con la esperanza de evitar una protesta pública aún mayor que la que habían sofocado en la misma ciudad unos meses antes.

Hay una buena razón por la que los confinamientos, es decir la puesta en cuarentena de aquellos que no están enfermos, no se habían empleado nunca como medida de salud pública. Los gobernantes de una ciudad, un Estado o una nación no encarcelan a los suyos a menos que quieran hacer ver que están imponiendo un castigo colectivo al conjunto de la población. El confinamiento no se había utilizado nunca como medida de salud pública porque es un instrumento evidente de represión política.

A finales de diciembre de 2019, las autoridades chinas comenzaron a bloquear cuentas de redes sociales que mencionaban el nuevo virus. Los médicos que lo advirtieron o hablaron al respecto con sus colegas fueron amonestados y, otro médico, presuntamente infectado por el COVID-19, falleció. Se anularon todos los viajes nacionales dentro y fuera de Wuhan. Si el verdadero propósito de los confinamientos era evitar la propagación de los contagios, sería imprescindible recordar que los vuelos internacionales no se interrumpieron. Por el contrario, parece que la prohibición de desplazarse dentro del país, al igual que la censura de las redes sociales, tenía como finalidad evitar que las noticias sobre el error del gobierno se propagasen por toda China y provocaran disturbios masivos y potencialmente incontrolables.

Si la gente había invadido las calles de Wuhan en los meses de junio y julio para protestar contra la incompetencia letal de las autoridades cuando ocultaron los planes para la construcción de un incinerador que enfermaría a la población de una ciudad, ¿cómo respondería el pueblo chino al descubrir que la fuente de una enfermedad respiratoria destinada a infectar todo el país no era un extraño accidente de la naturaleza que ocurrió en un mercado húmedo, como afirmaron los funcionarios, sino que procedía del propio Instituto de Virología de Wuhan, propiedad del PCCh?

En enero, Matt Pottinger, exasesor adjunto de Seguridad Nacional de la administración Trump, declaró a unos funcionarios británicos que los últimos hallazgos de la inteligencia norteamericana mostraban que la fuente más probable de la COVID-19 era el Instituto de Virología de Wuhan (WIV). Pottinger, según The Daily Mail -una publica- ción británica que se convirtió en uno de los escasos medios de prensa occidentales que reprodujo las declaraciones de Pottinger— afirmó que el patógeno pudo haber escapado por una fuga o un accidente.

Según un informe del Departamento de Estado publicado en enero, Estados Unidos “tiene motivos para creer que varios investigadores del laboratorio de Wuhan en- fermaron en otoño de 2019, antes de que se identificase el primer caso del brote”. La hoja informativa explica además que el laboratorio del gobierno chino lleva realizando desde 2016 una investigación sobre un coronavirus de murciélago muy similar a la COVID-19. Desde 2017, como mínimo, el WIV ha realizado investigaciones clasificadas por encargo del ejército chino. “Durante muchos años, Estados Unidos ha expresado públicamente su preocupación por los trabajos sobre armas biológicas que China ha- bía realizado en el pasado y que Beijing no ha documentado ni eliminado de manera demostrable, a pesar de estar obligado a ello en virtud de la Convención sobre Armas Biológicas”.

La evidencia de que la pandemia no arrancó en un mercado húmedo de Wuhan se publicó en enero de 2020, días después de que Beijing decidiera el confinamiento el 23 de enero. Según la revista médica británica The Lancet, 13 de los primeros 41 casos, incluido el primero, no tenían vínculos con el mercado húmedo. En mayo, el director del centro chino para el control y la prevención de enfermedades confirmó que no existía ningún vínculo entre la COVID-19 y el mercado húmedo. “El nuevo coronavirus existió mucho antes” de que lo encontraran en el mercado, declara el funcionario chino.

Después del informe de The Lancet, funcionarios republicanos cercanos a la administración Trump pusieron en cuestión la versión oficial de Beijing. “No sabemos dónde se originó y tenemos que llegar al fondo del problema”, afirmó el senador Tom Cotton en febrero. “También sabemos que a pocos kilómetros de ese mercado de alimentos se encuentra el único super laboratorio de nivel 4 de bioseguridad de China que investiga enfermedades infecciosas en seres humanos”. Cotton afirmó que los chinos habían mentido y engañado. “Necesitamos al menos plantear la pregunta para ver qué dicen las pruebas”, dijo Cotton. “Y, por ahora, China no está ofreciendo absolutamente ninguna prueba como respuesta”.

La prensa corporativa norteamericana menospreció la investigación de Cotton. El Washington Post de Jeff Bezos protestó argumentando que Cotton estaba “avivando las brasas de una teoría de la conspiración que los expertos han desacreditado repetidas veces”. Trump fue ridiculizado por contradecir a los servicios de espionaje norteamericanos cuando el presidente afirmó que creía firmemente en la posibilidad de que el coronavirus se hubiera originado en un laboratorio de Wuhan. El senador Ted Cruz dijo que al rechazar preguntas obvias sobre los orígenes de la pandemia, la prensa estaba “abandonando la auténtica misión del periodismo para producir propaganda del PCCh”.

La publicación en enero de un artículo en The New York Magazine escrito por Nicholson Baker que utilizó el mismo argumento que Trump y los funcionarios republicanos habían defendido desde el invierno pasado plantea preguntas útiles. ¿Por qué los periodistas se empeñaron en desacreditar automáticamente el escepticismo de la administración Trump con respecto al relato que Beijing ofrece sobre el origen del coro- navirus? ¿Por qué esperar hasta después de las elecciones para permitir la publicación de pruebas que demuestran que el relato del PCCh era falso? Está claro que los medios preferían a Biden y que deseaban que Trump desapareciera. Si se les contaba a los norteamericanos la verdad sobre China y la COVID-19, ¿cómo afectaría eso a las posibilidades electorales de los demócratas?

Para entonces, China se había creado muchas amistades en la prensa norteamericana. Por esa razón, los medios publican las estadísticas del gobierno chino sin que les tiemble la mano. Por ejemplo, que China, con un tamaño cuatro veces mayor que Estados Unidos, ha sufrido una centésima parte del número de muertes por COVID-19… Aun así, el hecho clave es el siguiente: al dar legitimidad a los relatos del PCCh, los medios no están encubriendo solo a China sino, más bien, a la clase norteamericana que obtiene de China su poder, sus riquezas y su prestigio: No, Beijing no es el malo de la película, es un actor internacional responsable. De hecho, deberíamos seguir el ejemplo de China. Y en marzo, con la aquiescencia inicial de Trump, los funcionarios norteamericanos impusieron las mismas medidas represivas contra los norteamericanos que han utilizado los poderes dictatoriales a lo largo de la historia para silenciar a su propio pueblo.

Al final, la oligarquía pro-China alcanzó a ver toda la gama de beneficios que le proporcionaban los confinamientos. Enriquecieron a los grandes oligarcas —85.000 millones de dólares más solo en el caso de Bezos— al tiempo que empobrecían a las pequeñas empresas que defendía Trump. Al imponer regulaciones inconstitucionales por decreto, las autoridades municipales y estatales normalizaron la autocracia. Y eso sin olvidar que los confinamientos ofrecieron al establishment norteamericano una razón plausible para proporcionar la nominación al candidato escogido, aunque apenas un tercio de los delegados lo hubieran respaldado, para después tenerlo escondido en su sótano durante la campaña presidencial. Sin embargo, en cierto sentido, Joe Biden representaba un verdadero regreso a la normalidad en las relaciones entabladas entre Estados Unidos y China desde hace décadas.

La nueva oligarquía norteamericana cree que los fracasos de la democracia son la prueba de que ellos tienen el derecho exclusivo para acceder al poder.

Después de la elección de Biden, el ministro de Asuntos Exteriores de China pidió un reinicio de las relaciones entre ambos países, pero los activistas chinos dijeron que la política de Biden con China ya está definida. “Soy muy escéptico con la administración Biden. Me preocupa que permita a China volver a la normalidad. Esa normalidad supone el genocidio de los uigures del siglo XXI”, declaró al New York Times un activista en favor de los derechos humanos después de la elección. Otro activista declaró que “Tener a Biden como presidente es como tener a Xi Jinping sentado en la Casa Blanca”.

En noviembre, un vídeo que circulaba por las redes sociales pretendía documentar un discurso público pronunciado por el director de un grupo de expertos chino cercano al gobierno de Beijing. “Trump libró una guerra comercial contra nosotros”, decía dirigiéndose a una audiencia china. “¿Por qué no pudimos pararla? ¿Por qué siempre re- solvimos nuestros problemas con Estados Unidos entre 1992 y 2016? Porque teníamos gente en los puestos altos. Ahora tenemos algunos viejos amigos en las altas esferas del poder norteamericano”. El público que lo escuchaba lo comprendió perfectamente y se rio con él. “Durante los últimos 30 o 40 años”, continuó diciendo, “hemos utilizado muy bien nuestras conexiones con las altas esferas de Estados Unidos. Como dije antes, Wall Street tiene una influencia muy profunda… Solíamos apoyarnos mucho en ellos. El problema es que su influencia ha ido disminuyendo desde 2008. De hecho, después de 2016, Wall Street no logró controlar a Trump… En la guerra comercial entre Estados Unidos y China intentaron ayudar. Mis amigos de Estados Unidos me dijeron que intentaron ayudar, pero no pudieron. Ahora que Biden ha ganado las elecciones, las élites tradicionales, las élites políticas, el establishment, vuelven a tener una relación muy estrecha con Wall Street”.

¿Es eso cierto? La pequeña fortuna que ha amasado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, por el mero hecho de hablar ante los miembros de Wall Street es un asunto de dominio público. Ahora bien, Yellen pronunció palabras muy duras contra Beijing en su acto de confirmación del mes pasado. Llegó incluso a criticar al PCCh por “sus horrendos abusos contra los derechos humanos” de los uigures. Sin embargo, los currículums de las personas que ha elegido Biden para los principales puestos en la seguridad nacional cuentan una historia bien distinta. La directora entrante de Inteligencia Nacional, Avril Haines ,y el secretario de Estado, Antony Blinken, trabajaron en una compañía de Washington DC llamada WestExec, que borró su trabajo para el PCCh en su página web poco antes de las elecciones.

Colin Kahl, asesor de seguridad de Biden desde hace mucho tiempo, elegido para el puesto número 3 del Pentágono, trabajó en un instituto de la Universidad de Stanford que está hermanado con la Universidad de Pekín, una escuela dirigida por un exjefe del servicio de inteligencia del PCCh y considerada durante mucho tiempo como un riesgo para la seguridad por los servicios de inteligencia occidentales.

Para el puesto de directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, Biden ha elegido a Neera Tanden, la jefa del think tank Center for American Progress que está asociado a una organización de intercambio entre Estados Unidos y China creada como un frente “para identificar y neutralizar las fuentes de oposición potencial a las políticas y a la autoridad del PCCh” e “influir en las comunidades chinas en el extranjero, en los gobiernos extranjeros así como para que otros actores tomen medidas o adopten posi- ciones que apoyen a Beijing”.

El asesor especial de Biden para el personal presidencial, Thomas Zimmerman, fue profesor visitante en la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai, que las agencias de inteligencia occidentales destacan por sus vínculos con el Ministerio de Seguridad del Estado de China.

La embajadora en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, pronunció un discurso en 2019 en un Instituto Confucio financiado por el gobierno chino en Savannah, Georgia, donde elogió el papel de China en la promoción de la buena gobernanza, la igualdad de género y el estado de derecho en África. “No veo ninguna razón por la que China no pueda compartir esos valores”, dijo. “De hecho, China se encuentra en una posición privilegiada para difundir esos ideales teniendo en cuenta su gran presencia en el continente”.

Según los informes, la familia del comandante en jefe entrante recibió un préstamo sin intereses de 5 millones de dólares por parte de empresarios con vínculos con el ejército chino, mientras que el hijo de Biden, Hunter, llamaba a su socio comercial chino, el “jefe de los espías chinos”. La razón por la que la prensa y las redes sociales censuraron antes de las elecciones los informes sobre los supuestos vínculos de Hunter Biden con el PCCh no fue para protegerlo: cinco millones de dólares es menos de lo que Bezos ha ganado cada hora durante la pandemia. No, para la oligarquía pro-China, el objetivo de que Joe Biden fuera elegido era protegerse.

Los informes que afirman que la administración Biden continuará los agresivos intentos de la administración Trump para poner obstáculos a la industria tecnológica china están mal encaminados. La nueva administración está repleta de lobbistas de la industria tecnológica norteamericana, decididos a volver a encarrilar la relación entre Estados Unidos y China. El Jefe de Gabinete de Biden, Ron Klain, estuvo anteriormente en el consejo directivo de TechNet, el lobby que defiende los intereses de Silicon Valley en Washington. El consejero de Biden en la Casa Blanca es Steve Ricchetti, cuyo hermano, Jeff, fue contratado para hacer lobby en defensa de Amazon poco después de las elecciones.

Yellen afirma que “China es sin lugar a dudas nuestro competidor estratégico más importante”. Ahora bien, la oligarquía pro-China no compite con el país del que obtiene su riqueza, poder y prestigio. Al revés, la autocracia china es su modelo. Así lo muestra el despliegue de más de 20.000 miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas en Washington, DC., para garantizar la seguridad durante la toma de posesión de un presidente que ha aparecido en público en raras ocasiones, a raíz de una marcha de protesta esporádicamente violenta que se tachó de insurrección o golpe de Estado; la eliminación de las voces de la oposición en las redes sociales, junto con la supresión de las plataformas de redes sociales competidoras; el incipiente intento para evitar que la mitad de Estados Unidos que apoya a Trump tenga acceso a atención médica, al crédito, a la representación legal, a la educación y al empleo, con el objetivo final de declarar cualquier protesta contra las políticas de la actual administración como “terrorismo interno”.

Lo que parece claro es que la toma de posesión de Biden marca un punto de inflexión en hegemonía de una oligarquía norteamericana que ve su relación con China como un escudo y una espada contra sus propios compatriotas. Al igual que los Treinta Tiranos de Atenas, no solo desprecian un sistema político que reconoce los derechos naturales de todos sus ciudadanos otorgados por nuestro Creador, sobre todo desprecian la idea de que quienes gobiernan tienen los mismos derechos que ellos. Su nuevo ideario consiste en respetar la libertad de expresión, pero siempre que la ejerzan unos pocos ilustrados que saben cómo hacerlo correctamente. Como Critias y la facción pro-Esparta, la nueva oligarquía norteamericana cree que los fracasos de la democracia son la prueba de que ella tiene el derecho exclusivo a la hora de acceder al poder. Están encantados de gobernar asociándose a una potencia extranjera que les ayudará a destruir a sus propios compatriotas.

¿Qué nos enseña la historia sobre este momento? La mala noticia es que los Treinta Tiranos enviaron al exilio a importantes demócratas atenienses y confiscaron sus propiedades mientras asesinaban a cerca de 5% de la población ateniense. La buena noticia es que su gobierno duró menos de un año.

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