España ha dejado de ser católica – Anticlericalismo y República – José Luis Guerrero

En la mañana del lunes, algunos grupos se dirigieron a la residencia de jesuitas de la calle de la Flor, y después de derribar las puertas, penetraron en el edificio, le rociaron de gasolina y le prendieron fuego, arrojando a una hoguera que se hizo en la calle cuantos objetos hallaron a mano. (Ahora. 12/05/1931. Pág.15)

El mismo día de la proclamación de la II República, el nuevo gobierno provisional hizo público un “Estatuto Jurídico”, en cuyo tercer artículo anunciaba “respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos.”

Bien.

El comité revolucionario había sido llevado a hombros por el pueblo madrileño hasta el Poder y hacía público su primer decreto de intenciones políticas.Todo sonaba políticamente correcto…

Sin embargo, sin Parlamento y sin Jefe del Estado, el nuevo gobierno se atribuyó todos los poderes, inclusive la facultad de suspender los derechos ciudadanos y “someterlos a un régimen de fiscalización gubernativa”.

Y añadía que “incurriría en verdadero delito si abandonase la República naciente” amenazando a “quienes desde fuertes posiciones seculares y prevalidos de sus medios, pueden dificultar su consolidación…” [art. 6º]

La mención no era explícita, pero quedaba claro contra quien iban los tiros.

Un Estado laico por decreto.

El Estatuto Jurídico era la base programática sobre la que el Gobierno Provisional promulgó los primeros días una serie de decretos de marcado carácter anticlerical.Leyes y decretos que rescindían unilateralmente los acuerdos que habían vinculado tradicionalmente a España con el Vaticano.

Los decretos dictaban normas de marcado carácter laicista, actuando como si las relaciones Iglesia-Estado de los últimos 500 años nunca hubieran existido.

La jerarquía eclesiástica se opuso a estas medidas y encontró el apoyo de sus fieles, ciudadanos que querían que sus creencias y su fe fueran respetadas.

A pocos hubiera molestado un Estado aconfesional, pero los políticos republicanos eran laicistas y pretendieron que despojar de un plumazo la vertiente religiosa de la sociedad española.

Prohibieron dar clase a los religiosos y promulgaron nuevas leyes que obligaban a derribar las tapias que separaban las tumbas católicas de las paganas. Según numerosos testimonios, la ley de cementerios levantó más ampollas que la que obligaba a quitar los crucifijos de las escuelas.

¿Qué necesidad había de paganizar un campo santo?

Los abuelos no entendían que se prohibiera el paso de los cortejos fúnebres por las calles, las nuevas leyes sólo permitían que los actos religiosos se celebraran a pie de tumba.

¿Qué necesidad había de prohibir la llamada a misa de las campanas.?

La Monarquía permitía la celebración de entierros civiles, en 1925 se enterrró multitudinariamente a Pablo Iglesias en Madrid, pero ahora la República exigía una autorización administrativa para celebrar entierros religiosos.

Vale.

Los católicos no entendían la obsesión por acabar con romerías y procesiones, tampoco las leyes que obligaban a declarar en vida y por escrito el deseo de ser enterrado como católico.
Entre el 30 y el 40% de la población seguía siendo analfabeta, negocio redondo para los notarios.

¿Que le importaba a un analfabeto que la República permitiera el divorcio?

En aquella época era asunto de señoritos:
los escasos divorcios celebrados en España eran de gente guapa, llevados por abogados con escaño en las Cortes.
Mientras se promulgaban pomposas leyes “progresistas” en medio de grandes debates Parlamentos, el Código Civil seguía siendo el de siempre y las mujeres seguían necesitando permiso paterno o del marido para viajar al extranjero.

A los nuevos políticos laicos no les bastaba con atraer votantes por convencimiento y absurdamente se empeñaron en perseguir al creyente, al religioso.

Uno de los más graves errores de la II República, fue soliviantar (sin necesidad ni motivo), la espiritualidad religiosa de la sociedad española.
*   *   *

La coalición republicano-socialista consiguió el 85% de los escaños en las nuevas Cortes Constituyentes y gracias a la abrumadora mayoría parlamentaria redactaron una nueva Constitución que por su extremismo, defraudó a buena parte de los ciudadanos: masas de ciudadanos apolíticos que habían apoyado con sus votos el advenimiento de la República.

España ha dejado de ser católica.

La aprobación del artículo 26 de la nueva Constitución.

El 13 de Octubre de 1931, Azaña pronunció una de las frases más petulantes jamás escuchadas en el Parlamento: “España ha dejado de ser católica.”

La mera pretensión de cambiar por decreto el sentimiento religioso de un pueblo era un disparate, sin embargo la engreída afirmación de D. Manuel Azaña recibió el aplauso enfervorecido del nuevo Parlamento.

Dos días después, los mismos aplausos aupaban a Manuel Azaña a la Presidencia del Gobierno en una de las carreras políticas más fulgurantes de la historia de España.

No merece la pena explicar que es imposible legislar sobre el alma de un pueblo, bastan los hechos: mientras en el Parlamento se discutía el famoso artículo 26, en los cementerios de Madrid recibían cristiana sepultura 7.859 cadáveres, contra 134 por lo civil [datos del segundo semestre de 1931.]

Así era la sociedad española y ningún discurso político iba a cambiarla de la noche a la mañana.
*   *   *
Había quedado aprobado el artículo 26 de la nueva Constitución, el marco legal en el que habría de desenvolverse en el futuro la actividad de la Iglesia Católica.

El artículo tenía por objetivo triturar la institución: además de cerrarle el grifo del presupuesto estatal, dejaba la puerta abierta a la expropiación de sus bienes y le prohibía el ejercicio de la industria, el comercio y la enseñanza.
En definitiva: vivir de la limosna.
Los nuevos dirigentes pretendían que la Iglesia abandonara de un plumazo las actividades educativas, sociales y administrativas que había venido desarrollando en los últimos siglos.

Tras un siglo XIX repleto de pronunciamientos y guerras civiles, los políticos apenas habían tenido tiempo para dedicarse a los servicios sociales.
Actividades como la educación, la sanidad y el auxilio social habían sido sistemáticamente abandonadas en manos de la Iglesia.

Ahora, la nueva casta republicana se proponía borrar todo de un plumazo.

“Veinticuatro religiosos agustinos han llegado de España a la abadía de Atchison (Kansas), a consecuencia de los disturbios de carácter religioso. Les acompañan en la foto religiosos norteamericanos, que les ofrecieron aquel refugio.” (Ahora, 14/10/1931, pág.27)
*   *   *
Pero la aprobación del artículo 26 no estuvo exenta de polémica.
Resulta que entre los ministros del Gobierno provisional había uno de misa diaria y, gracias a la magia de la política española, acabó convirtiéndose en Presidente de la II República.

El mismo día que se aprobó el artículo 26, Don Niceto Alcalá-Zamora dimitió como de Jefe del Gobierno, alegando que su condición de creyente le impedía aceptar el denigrante trato que la Constitución daba a la Iglesia Católica.

Su dimisión fue aceptada y la zancadilla permitió a D. Manuel Azaña lo reemplazarlo con el apoyo de republicanos de izquierda y socialistas.

En sólo dos años, Azaña había pasado de aspirante a Presidente del Ateneo a Presidente del Gobierno. Sin duda, una meteórica carrera para el lider de un partido con sólo 25 escaños.

Pero tampoco le iba a la zaga el beato don Niceto Alcalá-Zamora que, dos meses después de dimitir, no tuvo ascos en jurar la Constitución que tanto repugnaba a su alma cristiana.

Pasó a la historia como primer presidente de la II República.

Aspecto del Balcón de la Plaza de Oriente el día de la Proclamación de Alcalá-Zamora como Presidente de la República. 

Con aquellos dos nombramientos, sus señorias quedaron satisfechas en el Parlamento, pero cabrearon a los padres que habían visto arder las escuelas de sus hijos durante la campaña electoral.

Padres a los que no les quedaba otro remedio que confiar en los modernizadores planes educativos del nuevo Gobierno. Planes consistentes en fabricar —deprisa y corriendo— unas nuevas escuelas sin crucifijos en la pared.

La guinda del pastel: La ley de Congregaciones y Confesiones religiosas.

El momento de mayor confrontación entre el Gobierno y los católicos se produjo año y medio después, con la aprobación de la Ley de Congregaciones y Confesiones religiosas, el 17 de mayo de 1933.

Esta ley ponía en marcha el art. 26 de la Constitución y supuso la culminación de la política persecutoria y anticlerical del bienio “progre” Azañista.Colegio del Convento de las Maravillas de Cuatro Caminos destruido por las llamas durante la campaña electoral a Cortes Cosntituyentes. (Ahora. 13/05/1931. Pág. 11)
El Gobierno sacó adelante la versión más sectaria de todas las propuestas presentadas en el Parlamento:

  • Suprimía la dotación presupuestaria que el Estado otorgaba a la Iglesia.
  • Nacionalizaba templos, monasterios y seminarios. 
  • Ordenaba el cierre obligatorio de los centros de enseñanza católicos.

Las medidas suponían dejar sin colegio a unos 400.000 niños.
El cierre quedó pospuesto hasta poderlos alojar en 7.000 nuevas escuelas, formar 10.000 nuevos maestros deprisa y corriendo, y seguir luego creando escuelas a un ritmo de 4.000 por año.
Casi na.

Una promesa electoral más, que al igual que el reparto de tierras, fue imposible de cumplir por el clima de permanente de inestabilidad política: en todo el periodo republicano sólo se aprobaron unos presupuestos generales del Estado que tuvieron que ser prorrogados sistemáticamente.

En un clima de creciente crisis económica y violencia social el pueblo sólo quería que se solucionaran sus problemas, pero sus señorías preferían sostener acalorados debates parlamentarios para sacar adelante una ley de secularización de cementerios.

El terrible dilema si un cadáver sin identificar debía enterrarse por lo civil o por lo católico, despertaba los más encendidos debates parlamentarios.

*   *   *

La ley incumplía la propia Constitución, porque en su artículo 2º garantizaba la igualdad de todos los españoles ante la ley, y por sus creencias religiosas, se estaban recortando derechos a los ciudadanos católicos.

Pocos estaban en contra de quitar a los curas el privilegio de dar clase por el mero hecho de vestir sotana, era lógico que se les exigiera el mismo título habilitante que a los maestros, pero… 

¿por qué había que echar a la calle a los capellanes de hospitales y penitenciarías? ¿Acaso no eran tan funcionarios como el que más.?¿Puro sectarismo? o ¿se trataba de crear redes clientelares enchufando nuevos funcionarios en las plazas vacantes.?
No se, no se.

Los nuevos gobernantes se pusieron a perseguir la religión y lo único que consiguieron fue que hasta los católicos más tibios, la mayoría no practicante, volvieron a llenar los templos.En España los ideales siempre se han reforzado con la persecución, pero cuando Azaña quiso darse cuenta ya era demasiado tarde.

El despeñadero hacia la guerra civil.

El vuelco electoral de 1933

El propio Azaña reconoció que el asunto religioso había sido el principal causante de la debacle electoral de las izquierdas en las elecciones de Noviembre del 33.
“El alcalde accidental socialista de Campo de Criptana notificó esta mañana la imposición de un centenar de multas de 5 pesetas por dar vivas a la Virgen Patrona del pueblo, el pasado Domingo, durante una procesión. Los multados están dispuestos a no pagar y sufrir el arresto supletorio en la cárcel.” (El Siglo Futuro, 20/04/1932. Pág.2)

La coalición de derechas que venció en las urnas, traía la promesa electoral de rectificar la política laica del gobierno anterior.

Sin embargo, Don Niceto Alcalá Zamora prefirió entregar el poder al partido de Alejandro Lerroux, que había sacado el 21% de los escaños.Gil Robles era el portavoz de la coalición de partidos monárquicos y de derechas que habían ganado ampliamente las elecciones, sin embargo, en vez de votar en contra y forzar unas nuevas elecciones, eligió colaborar con el Gobierno de Lerroux.

La “táctica” de pasteleo practicada por Gil Robles, siendo a la vez oposición y apoyo del un Gobierno minoritario, acabó defraudando a sus propios votantes.Con todo, el cambalache ministerial de Lerroux y Gil Robles aguantó dos años muy complejos, en los que se sucedieron 14 gobiernos con sus correspondientes crisis ministeriales.
Por si fuera poco, hay que sumar un intento de golpe de Estado con proclamación de independencia en Cataluña y 1.200 muertos en Asturias, incluida la destrucción del casco histórico de Oviedo.

Resultó imposible modificar la legislación anticlerical que hubiera necesitado de una previa reforma Constitucional.

Aspecto del centro de Oviedo después de la “Revolución” de Asturias.

Los mismos historiadores que llaman “bienio progresista” a la obra de Azaña, no dudan en calificar como “bienio negro” la labor del gobierno salido de las elecciones del 33.Un gobierno que se conformó con no hacer efectiva la legislación anticlerical vigente, al tiempo que amnistiaba a los principales cabecillas del golpe de Estado.

Después de varios intentos, el chiringuito de Gil Robles y Lerroux fue torpedeado por el propio Presidente de la República, cuando filtró a la prensa unos documentos que implicaban a éste ultimo en un caso de corrupción que escandalizó a la opinión pública de la época.

Incendio de la iglesia de los vascos en la calle Principe 31 de Madrid, tras la victoria del Frente Popular, los bomberos tratan de recuperar la imagen de San Ignacio de Loyola (13/03/1936.) 

La maniobra de Alcalá Zamora iba dirigida a formar un nuevo partido a su servicio que ganara las elecciones. La jugada le salió mal y acabó costándole la propia presidencia de la República.

Esta vez, las derechas no se fiaban porque Gil Robles porque les había hecho la cama durante la legislatura, no se habían cumplido las promesas electorales prometidas y en 1936 faltó unión para repetir la coalición de 1933.

En cambio si lo hicieron las izquierdas y como la ley electoral favorecía las coaliciones, se tradujo en el tradicional desfase entre el reparto de escaños y el número de votos, que caracterizó todas las elecciones de la II RepúblicaEl gobernador de Segovia multa a un párroco por “celebrar un entierro religioso sin su autorización.”
(La Nación – 26/02/932, pág 6)

Epílogo: El Frente Popular.

La victoria del Frente Popular significó el triste epílogo de la política sectaria en materia religiosa.
Las primeras actuaciones del nuevo gobierno consistieron en derogar las tímidas leyes que habían promulgado Lerroux y Gil-Robles para mitigar el laicismo.

Para entonces, la discordia estaba ya sembrada y era irreversible. El pueblo estaba inmerso en una guerra civil espiritual entre los que pretendían salir en procesión y los que trataban de impedirlo.

En vez de actuar sin rencores, en vez de buscar la mutua tolerancia, los políticos se dedicaron a sembrar cizaña y sacar a la luz antiguas rencillas en una España que tenía mucha sarna que rascar.

Adoptaron la táctica de dividir en dos a los españoles: vencedores republicanos y vencidos monárquicos, creyentes contra laicos, derechas e izquierdas, terratenientes y jornaleros.Política funesta que dejó el campo abonado para lo que vendría después.

Las iglesias continuaron ardiendo y acabó muriendo mucha gente.

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