Nuevo caso de prostitución de una menor tutelada en un centro en Mallorca – Mayte Amorós

Una madre denuncia su calvario: «Se escapa día sí y día también del centro de menores y nadie hace nada. Ha caído en una red de explotación. La han captado y va drogada»

Mayte AmorósMayte AmorósSEGUIRActualizado:01/09/2021 01:59hGUARDAR88

«Desde que mi hija entró en el IMAS [el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales] en 2019, apenas la he podido ver. Sé que lleva un año prostituyéndose y atracando. Se escapa constantemente; no hay autoridad alguna ni disciplina en el centro de menores. Allí [los niños] hacen lo que les da la gana. Lo he denunciado y no me dan ninguna solución. Solamente me dicen que la niña pertenece a una mafia de trata de blancas, que prostituye a las chicas». Rocío –nombre ficticio para preservar el anonimato de su hija– muestra en su móvil la foto de su pequeña. Una niña angelical, de ojos limpios, con una sonrisa franca. «Si la vieras ahora, es otra persona: va drogada, con la cara desencajada y ha empezado a delinquir», cuenta a ABC esta madre desesperada que ha decidido denunciar su caso ante la justicia por la pasividad de las instituciones.

Rocío perdió la tutela de su hija cuando tenía 14 años –ahora tiene 16– por una supuesta denuncia falsa de la niña. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la institución que gestiona la tutela de los menores en la isla, ingresó a la niña en uno de sus centros. Después de un tiempo, la cambiaron a un centro de adolescentes en Palma. «Y ahí empezó el tormento». Allí conoce a una menor receptora que la capta a ella y a otra niña: «Les come el coco para que se prostituyan a cambio de ropa bonita», denuncia Rocío.

Las fugas del centro de menores empiezan a ser constantes. El 20 de diciembre de 2020 recibe el primer aviso. «‘La niña se ha escapado y no sabemos dónde está’, dicen los monitores». A los pocos días, la cría se pone en contacto con la madre porque no quiere volver al piso tutelado. Ella le ruega que regrese allí, pero no le hace caso. «Ahí me di cuenta de que mi niña ya no era mi niña». Días después vuelve a sonar el móvil. Es la madre de otra menor del centro. «Me dice que su hija y la mía llevaban un mes prostituyéndose». 

Cuando la cambian de centro para apartarla de las malas compañías, de Palma a Santa Margalida, «la cosa fue a peor». Un día la vio en un parque. «La niña no podía ni caminar. Había cogido una infección en los genitales y tenía la cara destrozada, con una especie de acné severo», recuerda mientras muestra el parte médico del hospital Son Espases. Poco después descubre el anuncio donde su hija ofrece un ‘servicio’: «Chica virgen de 15 años. Lo hago sin condón». Entonces le corta el teléfono para evitar que siga prostituyéndose.

Consienten desde los centros

La última fuga fue reciente. Un mes y una semana desaparecida. El teléfono volvió a sonar. «El inspector de Policía fue muy sincero; me dijo que mi hija se estaba prostituyendo: ‘No ayudes a tu hija, que está chupando pollas’. La coordinadora, tampoco lo oculta. ¡Lo saben y lo consienten!», se asombra ante la pasividad generalizada. 

Angustiada por saber dónde está la niña, Rocío contrató un detective, que la localizó en una casa abandonada en la calle Manacor de Palma, «okupada por argelinos que venden anfetaminas», precisa. «Busqué la dirección y avisé al inspector para que fueran a por ella». Ahora la niña ha sido trasladada a un nuevo centro de menores, interna, «porque la pobre ya no es solo prostituta, también es una delincuente que atracó a un turista con gas pimienta». Por ese delito, ahora mismo está encerrada. Su amiga y quien las captó siguen fugadas.

Impotente ante esta situación, Rocío ha decidido denunciar su caso en los juzgados, a través de la asociación sin ánimo de lucro Ardip. «Me separaron de la niña porque supuestamente mi hija tenía malos tratos continuados y no es cierto, yo pedí ayuda para que me asesoraran para no volver a levantar la mano a mi hija, y ella aprovechó la situación para hacer una denuncia falsa. Ahora mi hija pertenece al IMAS y a la trata de prostitución. ¿Y ahora quién me devuelve a mi hija? ¿Nadie va a pedir responsabilidades al IMAS?», llora, y opina que lo único que importa es el dinero que cobran por niño tutelado. 

Desde la asociación Ardip llevan tiempo advirtiendo de que menores tuteladas eran violadas y se prostituían pero sus denuncias nunca prosperaron. Su presidente, Antonio Estela, se queja de que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) como de la Fiscalía de Menores respondieron que no tenían competencias. «Le pedimos que revisara a los trabajadores y sus expedientes uno por uno, que no están formados ni están colegiados pero hicieron caso omiso, mientras los responsables del IMAS lo negaron todo. Sólo por eso se tienen que largar todos», señala este activista, que ha pedido sin éxito una auditoría.

El IMAS, presidido por el cargo electo del PSOE, Javier de Juan, no ha querido dar «información puntual» de nuevos casos de explotación sexual y remite a este diario al próximo balance anual de la institución. Su último informe de 2020 habla sólo de dos casos. A Rocío ya no le importa si su hija está en esa lista: «Mi único miedo es que suene el móvil y me digan que mi niña está muerta en cualquier descampado». 

Armengol da ayudas para luchar contra la prostitución mientras los casos siguen saliendo

La violación grupal a una niña tutelada de 14 años en Palma en 2019 destapó lo que era un secreto a voces y venían denunciando monitores, policías y expertos. Poco después, el IMAS reconocía que tenía constancia de 16 casos de explotación sexual de menores a su cargo. Un año y medio después de que saltara el escándalo, el Gobierno balear de la socialista Francina Armengol y sus socios de Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca sigue negándose a hacer una investigación en profundidad. A cambio, montó una comisión política que concluyó que no había responsables políticos y trasladaba la culpa a la sociedad. Nadie ha dejado el cargo. Precisamente este lunes el Govern balear y los cuatros Consells Insulares anunciaban un convenio de 270.000 euros para luchar «contra una de las peores formas de machismo» como es la prostitución y la explotación sexual. Mientras tanto, los casos no cesan.

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