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14 de mayo de 2022 por Redacción FNFF

Fernando Suárez

Razón Española nº 230

Uno de los más graves problemas con los que hubo de enfrentarse el Gobierno al que yo pertenecí fue sin duda, el que provocó la «marcha verde», con la que el Rey de Marruecos Hassan II intentó apoderarse del Sahara. La situación del Sahara, ya entonces sumamente compleja, sigue sin resolverse más de cuarenta y cinco años después y en este periodo se han escrito demasiadas tonterías, algunas notoriamente malintencionadas, sobre la actuación en el conflicto del Gobierno que presidía Arias Navarro.

Se ha dicho que Franco entregó el Sahara a Marruecos y también que Arias contravino las órdenes de Franco. Joaquín Prieto y Carlos Gómez se han atrevido a escribir que en su lecho de muerte Franco ordenó a Arias Navarro que declarara la guerra a Marruecos (1). Es completamente falso. Presencié todas las visitas del presidente Arias a la Ciudad sanitaria de La Paz en aquellos días y jamás entró en la habitación del Generalísimo. Nos reuníamos con los médicos en una sala cercana, donde le informaban de la situación. Cualquier despacho era ya imposible y esa tesis es una total fabulación: Las determinaciones adoptadas fueron de la entera responsabilidad del Gobierno.

Se ha escrito que el problema del Sahara es «uno de los lastres generados en los años de la transición política», cuando la transición política hubiera sido mucho más difícil con un ejército implicado en aquel conflicto.

Se ha sostenido que «salimos huyendo del Sahara», cuando anunciamos nuestra salida con bastantes meses de antelación. Se ha publicado que fuimos ingratos con el pueblo saharaui, cuando el Frente Polisario que lo representa o pretende representarlo se comportó con España con manifiesta hostilidad, aunque sus líderes enseñen cuando les conviene el viejo Documento nacional de identidad del que les habían dotado las autoridades españolas y hasta se ha publicado algún libro cuyo título habla de la traición de España, sin explicar en el texto a qué o a quien.

Por sorprendente que pueda ahora parecer, aquel Gobierno actuó de manera irreprochable y consiguió los dos objetivos que a cualquier observador imparcial le tienen que resultar preferentes: Que no se produjera una guerra sin otra motivación que la de un prestigio mal entendido y que el Ejército español saliera del territorio con arreglo a lo previsto, sin una sola baja y con todos los honores. Los juicios que se han emitido contra el Gobierno de 1975 hubieran sido atroces si, en el momento de la instauración de la Monarquía, España hubiera estado implicada en una guerra colonial, o si el conflicto hubiera supuesto la muerte en acciones militares de varios o muchos jóvenes españoles, o si una victoria, que militarmente había que considerar segura, no hubiera supuesto ventaja alguna. «¿Qué clamor —justificado—no hubiera levantado en toda España (se preguntó el embajador Martín Gamero en su comparecencia de 1978) la muerte de los soldados de reemplazo en defensa de un territorio que habíamos anunciado solemnemente que íbamos a abandonar?» Ante la absoluta inoperancia de las Naciones Unidas, que han reconocido con reiteración su responsabilidad en todas las consultas que tengan por objeto lograr la libre expresión de la voluntad de la población (2), la única solución posible era la que se adoptó. 

¿PROVINCIA O TERRITORIO COLONIAL?

Es cierto que resulta sumamente dolorosa la situación en que se encuentra aún el pueblo saharaui y que no fue grato tener que interrumpir el proceso que había de llevar a su autodeterminación, pero es rigurosamente falso que los dirigentes de ese propio pueblo no contribuyeran también a labrarse su incierto des-tino, con su hostilidad, tantas veces expresada de forma agresiva, contra el Ejército de España, que estaba contribuyendo a que el tránsito se produjera en orden y en paz. «Cuando nos hablan a los que estuvimos allí en algún momento… de la falta de apoyo de España a la República Árabe Saharaui Democrática, se olvida la traición del Polisario, sin la que quizás hoy ya serían independientes… Sería un error creer que tenemos alguna deuda contraída con la antigua población del Sahara Occidental. Les dimos todo lo que pudimos y, en un momento complicado para la situación interna española, nos rechazaron. No son creíbles las protestas actuales de amistad, lo que no impide que, ahora como entonces, intentemos mejorar las condiciones de vida del pueblo saharaui.» Son palabras de un testigo tan excepcional como el teniente general Ramos-Izquierdo Zamorano que presidió en su momento la Hermandad de Veteranos de Tropas Nómadas del Sahara (3). También Armas Marcelo recordó que los saharauis en su momento no se comportaron con la lealtad y el beau pestepactados, ni con el Ejército ni con los gobiernos españoles (4).

Prescindiendo de antecedentes que se remontan a más de un siglo (5), el Sahara —como explicó claramente Carro Martínez(6)— ha vivido sucesivamente cinco etapas distintas: La etapa colonial, la asimilista, la autonomista, la independentista y la de la retirada unilateral, pero en los últimos años del régimen de Franco era un territorio en vías de autodeterminación del que España era potencia administradora.

La propia denominación del organismo que administraba el territorio —dirección general de Marruecos y Colonias— demuestra que inicialmente la mentalidad era colonizadora, con presencia fundamentalmente militar. Cuando a mediados de siglo se impone en el mundo la idea descolonizadora, impulsada por la Naciones Unidas, y tanto Francia como Inglaterra van realizando sucesivas descolonizaciones que dan lugar a nuevos Estados independientes en África, España reconoce la independencia de Marruecos, que la alcanza el 2 de mayo de 1956 y va entregando los territorios que tenían consideración de protectorado. Fuera porque los territorios que le quedaban en África eran pequeños y poco conflictivos o porque se consideraba difícil que llegaran a ser independientes, rechazó en cambio la pretensión de ceder el Sahara y discutió la entrega de Ifni.

El secretario general de las Naciones Unidas, en carta del 24 de febrero de 1956 recordó a España su obligación de suministrar información sobre los territorios no autónomos que administraba, entre ellos el Sahara Occidental. España contestó a la carta del secretario general prometiendo una «respuesta oportuna» y es en ese momento cuando empieza la etapa que se puede denominar asimilista. Recuerda Carro que se siguió el equivocado ejemplo de Salazar en Portugal y que el Sahara recibió la consideración jurídica de provincia española, aunque, afortunadamente, con más efecto formal y legal que práctico y real. Es lo cierto que el Decreto de 21 de agosto de 1956 sustituyó a la Dirección General de Marruecos y Colonias por la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas y que el Decreto de 10 de enero de 1958 crea las provincias de Guinea Ecuatorial, Ifni y Sahara, que tres años más tarde reafirma la Ley de 19 de abril de 1961(7).

Como escribió el ya citado teniente general Ramos-Izquierdo Zamorano, «desde 1959, la acción de España tuvo como consecuencia un aumento en general de la calidad de vida de los saharauis, incidiendo principalmente en la educación y en el aspecto sanitario, con una disminución muy significativa de la mortalidad materno-infantil. Esta acción estuvo facilitada por la disminución, a causa de una sequía excepcional, del modo de vida nómada que obligó a una concentración de las personas en los principales núcleos de población, El Aaiún, Smara y Villa Cisneros, y en los puestos cívico-militares Auserd, Daora y Mahbes, entre otros, del interior… La política española se basaba en el apoyo a la sociedad tradicional saharaui, con sus jefes de tribu y de fracción, hombres de cierta edad y de familias de prestigio.»(8) Según muchos testimonios, esta es la fecha en que las escuelas, los hospitales y las carreteras que hay son las que hizo España. En 1975 había en el Sahara dos institutos de enseñanza media, dos escuelas de formación profesional y ciento veintisiete unidades de educación general básica a las que asistían casi seis mil niños saharauis, a la vez que numerosos becarios cursaban enseñanza superior en la Península. Se habían creado el hospital general de El Aaiún, el comarcal de Villa Cisneros y numerosos dispensarios, ambulatorios y puestos sanitarios, sin comparación posible con la mayoría de los países del continente africano. Se habían construido viviendas, carreteras, puertos y dos aeropuertos. Se habían alumbrado aguas, se habían creado zonas regables en pleno desierto y se habían creado fábricas y talleres, todo lo cual permitía suponer que hacía 1980 la comunidad saharaui alcanzaría una renta per cápita sensiblemente análoga a la española.

En este punto, hay que hacer dos observaciones: Primera, que la provincialización tuvo un carácter sui géneris y, como dictaminó el Consejo de Estado(9), fue un medio instrumental de organización administrativa, pero las antiguas colonias nunca formaron parte integrante del territorio nacional. Segunda, que no son pocos los observadores que advierten las diferencias de criterio entre los Ministerios de la Presidencia y de Asuntos Exteriores, en concreto entre Luis Carrero y Fernando María Castiella, pues mientras el primero defendía el statu quo, el segundo consideró siempre al Sahara, no como una provincia, sino como un territorio no autónomo, sobre el que se venía informando a la ONU desde 1960. En diciembre de ese año, el representante permanente español reconoció que el Sahara, Ifni, Fernando Póo y Rio Muni eran territorios no autónomos bajo administración española.

La diferente actitud con que se enfrentaron al problema de la descolonización del Sahara los gobiernos en los que influía decisivamente el almirante Carrero y los que presidió Arias Navarro se refleja con toda claridad en la escasa influencia que tuvieron en la política española las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas anteriores a 1973 y la diligencia con que se intentó cumplir la de 14 de diciembre de ese año.

En efecto, el 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General de la ONU aprobó su resolución 2072 (XX) solicitando de España que celebrara un referéndum de autodeterminación en el Sahara, en la que aparecen citados como partes interesadas Marruecos, Mauritania y Argelia, lo que implicaba una novedad, pues hasta entonces los procesos descolonizadores se desarrollaban exclusivamente entre el territorio no autónomo y la potencia administradora. En su resolución 2929, de 20 de diciembre de 1966, la Asamblea General diferenció el Sahara de Ifni, acordando la autodeterminación del primero a través de un referéndum y la devolución de Ifni a Marruecos, lo que se efectuó en 1969(10).

En 1967, la ONU aprobó su resolución 2354 (XXII), de 19 de diciembre insistiendo en el referéndum, como hicieron también las resoluciones 2428 (XXIII), de 18 de diciembre de 1968, 2591 (XXIV), de 16 de diciembre de 1969 y 2711 (XXV), de 14 de diciembre de 1970. Ninguna de ellas implicó la menor prisa para los gobernantes españoles de la época. Yo mismo estaba en las Cortes cuando, el 7 de febrero de 1979, el procurador saharaui Sella Uld Abeida Uld Si Ahmed, presidente del cabildo provincial del Sahara y también de la Yemáa, pronunció un discurso —elaborado con seguridad de acuerdo con Carrero Blanco— en el que cuestionaba la intervención de las Naciones Unidas, expresaba su hermandad voluntaria con el pueblo, el Gobierno y el Jefe del Estado español, rechazando las tesis de quienes vivían fuera del Sahara. «Queremos a España —dijo—; es nuestra madre y ninguna madre puede abandonar a sus hijos desvalidos e incapaces de alcanzar una vida decorosamente humana.» Seila Uld Abeida dejó terminante-mente claro que no constituían un peligro para la paz y que habían rechazado pública y solemnemente la intervención de las Naciones Unidas. «Nuestros destinos permanecerán ligados a España… —añadió— mientras no seamos capaces de dirigir nuestros propios asuntos por nosotros mismos. Este es el pacto sagrado que tenemos con España y que sellaron nuestros mayores.» (11)

Preguntado Carrero Blanco por el periodista Emilio Romero acerca de las posesiones españolas sometidas a proceso descolonizador, la respuesta del almirante fue la siguiente: «Si el anticolonialismo persigue el objetivo humano de redimir a unos hombres de la explotación de otros más fuertes, este anticolonialismo nada tiene que ver con España. España nunca ha explotado a los naturales de sus territorios africanos. Lejos de sacar de ellos ningún provecho económico, les ha dado cuanto ha podido, a pesar de no ser una nación rica, y a la vista de todos está la obra civilizadora realizada en ellos. Quede bien claro que en nuestras provincias africanas ni hay ninguna injusticia que corregir ni mucho menos ninguna reivindicación que ejercer. Sin embargo, España, como nación católica, suscribe plenamente, en su interpretación cristiana, el texto del punto tercero de la Carta del Atlántico (1941) y la doctrina descolonizadora de las Naciones Unidas y ha proclamado claramente el derecho de autodeterminación. Somos respetuosos, como nadie, con una auténtica autodeterminación. Sobre esta base, y previo referéndum entre los naturales de las provincias de Fernando Poo y Río Muni, la Guinea Ecuatorial disfruta desde hace cuatro años un generoso régimen autónomo y en los momentos actuales una Conferencia Constitucional estudia los deseos de los naturales y las posibilidades de ayuda de España para que puedan alcanzar un estatuto de independencia».

No aludía expresamente al Sahara, que había entrado ya en la fase autonomista. En efecto un Decreto de 11 de mayo de 1967 creó la Yemaá, una especie de Asamblea General integrada por un centenar de notables y otro Decreto de 5 de diciembre de 1969 creó la dirección general de Promoción del Sahara.

El 20 de febrero de 1973, la Yemaá elevó al Jefe del Estado Español una petición en sentido autonomista y Franco respondió con un mensaje el 21 de septiembre siguiente, en el que se ofrecía al pueblo saharaui un estatuto de autonomía, que debería elaborar la Yemaá para ser sancionado posteriormente por la ley. En ese mensaje se afirmaba también que la referida etapa de autonomía era un paso hacia la autodeterminación, que sería reconocida cuando fuese libremente solicitada por el pueblo saharaui. La Yemaá lo aprobó por unanimidad el 13 de noviembre de 1973(13).

El 14 de diciembre de 1973 —pocos días antes del asesinato del Almirante Carrero Blanco— la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó su reiterativa resolución 3162 (XXVIII), en la que «reafirma su adhesión al principio de la libre determinación y su preocupación de que se aplique ese principio en un marco que garantice a los habitantes del Sahara bajo dominación española la expresión libre y auténtica de su voluntad», invitando a la potencia administradora «a determinar, en consulta con los gobiernos de Marruecos y Mauritania y cualquier otra parte interesada, los procedimientos para la celebración de un referéndum con el auspicio de las Naciones Unidas para permitir al pueblo autóctono del Sahara que ejerza sin trabas su derecho a la libre determinación». Con ese fin, la Asamblea General invitaba al gobierno español a «crear un clima político favorable para que el referéndum se desarrolle en forma completamente libre, democrática e imparcial, permitiendo en particular el regreso de los exiliados políticos al territorio y a tomar todas las medidas necesarias para que sólo los habitantes autóctonos ejerzan su derecho a la libre determinación y a la independencia, con miras a la descolonización del territorio».

PLANES MARROQUÍES Y SURGIMIENTO DEL POLISARIO

A partir de esa resolución, todas las acciones de nuestra Administración respondieron a esos propósitos, en tanto que otros países vulneraban la letra y el espíritu de la resolución, cuestionando precisamente el principio de libre determinación con reivindicaciones absolutamente incompatibles con él. Sin perjuicio de buscar la cooperación con Marruecos y con los demás países del norte de África, para España era incuestionable que sólo la población autóctona del Sahara estaba legitimada para decidir su propio destino. De ahí que se fuera completando un primer censo que se había elaborado en 1961 y que en 1974 incluía 74.000 nativos de aquel territorio, que deberían participar en el referéndum tan pronto como la ONU fijara la fecha. Ese censo se aceptó en los años 90, lo que es una prueba de su corrección14.

El mundo árabe votaba todas las resoluciones sobre la autodeterminación porque estaba prácticamente unánime en que España se retirara del Sahara, aunque cada país ocultara sus propias pretensiones. El 25 de abril de 1974, el primer ministro de Libia, comandante Ahmad Yallud, durante una cena oficial que le ofrecía el Presidente Arias, llegó a pedir la retirada de España «en veinticuatro horas». Con más diplomacia, así se manifestaron también los demás dirigentes árabes que visitaron España por entonces y el Gobierno tuvo que evaluar el riesgo que suponía tanta solidaridad.

Francia, por su parte, no sólo no deseaba ayudar mínimamente a España, sino que veía con satisfacción el proyecto anexionista marroquí, hasta el punto de que muchos años después, cuando ya Valéry Giscard d’Estaing había sido sustituido por Jacques Chirac, éste, en un viaje oficial a Marruecos, se refirió al Sahara como «las provincias del sur».

Pero mientras España pensaba preparar a los saharauis para que sustituyeran a la Administración española hacia 1975, llegando incluso a crearse el Partido de Unión Nacional Saharaui, para tener una fuerza propicia en el momento de la independencia (15), en mayo de 1973 apareció en escena el Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Rio de Oro —el Polisario— que con el apoyo de Libia y de Argelia comenzó a provocar diversos incidentes con las fuerzas españolas que patrullaban el territorio, con bajas por ambas partes.

Su primer ataque se produjo el 20 de mayo de 1973 en el puerto de Yangnet Quesat y consistió en el robo de armamento y en el secuestro durante tres días de cuatro nativos, pero no hubo víctimas. El primer muerto fue un saharaui de la policía territorial española, Brahim Alamin, asesinado el 29 de septiembre de ese año. El 21 de noviembre mataron a un cabo saharaui del Ejército español.

El Polisario celebró un congreso en Mauritania en agosto de 1974 y el primer punto del programa que aprobó era la retirada de las tropas españolas. Todo el mundo sabe que en el Frente Polisario había partidarios de Argelia, de Libia, de Marruecos, de Mauritania, del marxismo, del islam: Lo único que de verdad los aglutinaba, digan ahora lo que digan, era el propósito de que se fueran los españoles(16).

Dos informes del Alto Estado Mayor de julio de 1974 advertían de que las autoridades marroquíes habían radicalizado su actitud ante la noticia de la promulgación de un estatuto de autonomía para el Sahara y era muy probable el incremento de los incidentes fronterizos, de modo que llegó a solicitarse de los tres Ejércitos la evaluación operativa de las unidades que podrían intervenir en el territorio en caso de conflicto armado, sin envío de refuerzos desde la península. Se sugería al Presidente del Gobierno que ordenara la evitación a toda costa de incidentes y que acelerara al máximo la autodeterminación del Sahara, quemando etapas si era necesario. Dado que Marruecos rechazaba terminantemente esa solución, habría que llegar a un entendimiento que salvara el prestigio personal de su Rey, con fórmulas que le permitieran salir de la tensa situación actual. La nota para el Presidente del Gobierno del 19 de julio de 1974 —«máximo secreto»— recomendaba una solución política, «evitando a toda costa el conflicto armado».

El 20 de agosto de 1974, España comunicó formalmente al Secretario General de la ONU que el referéndum de autodeterminación en el territorio del Sahara se celebraría en los seis primeros meses de 1975, en fecha que debería naturalmente fijar la ONU. Fue entonces cuando Marruecos solicitó a la ONU —el 17 de septiembre de 1974— que encargara un dictamen consultivo al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre la historia del dominio del Sahara. El 13 de diciembre siguiente, la Asamblea General de la ONU aprobó la solicitud y rogó —encarecidamente— al Gobierno de España que aplazara el referéndum hasta el pronunciamiento de La Haya». Así lo acordó el Gobierno en su reunión del 30 de enero de 1975. La dilación que eso suponía tuvo efectos gravísimos y resultó letal para la autodeterminación del Sahara, que cuarenta y cinco años después sigue sin materializarse.

(1) Vid. por ejemplo el punto 6° de la resolución 3162 (XXVIII), de 14 de diciembre de 1973.

(3) «La traición del Frente Polisario», en Los domingos de ABC, 4 de noviembre de 2001, pág.9, y «Elementos para la solución del Sahara», en ABC, 25 de julio de 2004.

(4) ABC, 13 de junio de 2005, pág. 7.

(5) En el Tratado de Marrakech, firmado en 1867 entre España y el Sultán de Marruecos, este reconocía que su territorio terminaba en el río Draa, hasta el punto de referirse en tono despectivo a las tribus feroces y salvajes que habitaban allí. El 26 de diciembre de 1884, en el contexto de la Conferencia de Berlín, el Sahara Occidental fue proclamado protectorado español y en el Tratado de Fez, de 1912, se adjudicaron a España 300.000 km2. de desierto, divididos en dos partes: Una, desde el río Draa al paralelo 27° 40′ -el protectorado de Marruecos español- y otra hasta el paralelo 26°, donde consta que faenaban pescadores canarios desde tiempo inmemorial y en el que España tendría plena libertad de acción.

(6) La descolonización del Sahara, en Revista de Política Internacional, n° 144, marzo-abril de 1976, págs. 11 y sigs. Carro reiteró su autorizadísima versión en la comparecencia que efectuó el 15 de marzo de 1978 ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.

(7) Una prueba de la equívoca situación del Sahara la constituía el hecho de que, a finales de los años sesenta, estuvieran en las Cortes dos procuradores familiares, un alcalde, un representante de la Diputación y hasta un consejero nacional por la provincia.

(8) «La traición del Frente Polisario» cit.

(9) Dictámenes de 20 de junio y 7 de noviembre de 1968, citados por Carro en loc. cit., pág. 16. Allí se pueden encontrar también muchos otros aspectos de las diferencias entre españoles y saharauis. Era entonces evidente que una provincia no podría tener distintos sellos de correos, ni ser objeto de información ante las Naciones Unidas.

(10) El tratado España—Marruecos sobre retrocesión de Ifni se aprobó por el Pleno de las Cortes Españolas el 22 de abril de 1969. 

(11) Diario de Sesiones, págs. 22443 a 22445.

(12) Pueblo, 7 de febrero 1968, pág. 9.

(13) El Estatuto de autonomía del Sahara como territorio administrado por España, se aprobó verbalmente por Franco en mayo de 1974. Carro Martínez, que fue el Ministro que lo despachó con él, dejo escrito que «Franco, con un excepcional conocimiento de los hábitos del pueblo saharaui, introdujo personalmente varias modificaciones que, incluso jurídicamente, mejoraron el texto». Estudiado por la Yemáa, lo aprobó el 4 de julio de 1974, acordando su envío a Madrid para su sanción por el Jefe del Estado, que utilizaría la prerrogativa de aprobarlo por Ley. La primera enfermedad de Franco, internado el 9 de julio, el hecho de que el Príncipe de España, que ocupó temporalmente la Jefatura del Estado, careciera de tal prerrogativa y la ofensiva de Marruecos, que llegó al riesgo cierto de intervención armada, hicieron que no entrara en vigor el Estatuto que «había envejecido antes de nacer». La descolonización cit. págs. 18-19 y comparecencia citada. 

(14) La realización del censo, ya dificilísima en 1974 por el nomadismo de buena parte de aquélla población, resulta cada vez más ardua por los asentamientos de muchos saharauis en territorios ajenos y es, sin embargo, esencial para que se pueda celebrar el referéndum. Después de los acontecimientos de cuarenta años, el censo de la población saharaui parece ya una quimera. 

(15) En octubre de 1974, un saharaui que trabajaba en la Metalúrgica Santa Ana, donde se ocupaba de sus relaciones comerciales con los países árabes, Han Henna Uld Rachid, fue encargado por la Presidencia del Gobierno de organizar el PUNS y se le designó adjunto a la jefatura de Minería e Industria en El Aaiún. Organizó el partido, pero fracasó en sus intentos de entenderse con el Polisario para que éste abandonara sus ataques y él mismo abandonó el PUNS y el Sahara en mayo de 1975, para rendir pleitesía en Fez a Hassan II. En agosto le siguió el tesorero Jalifa Bayemaa Mohamed, con la mayor parte de los fondos que quedaban, aproximadamente 1,3 millones de pesetas. 

(16) La historiadora Gemma Esteban, especialista en el Sahara español, ha subrayado la traición del Polisario a España e incluso, sin quererlo, a su pueblo. Según ella, los comunicados del Frente terminaban arengando «contra el fascismo opresor español» y no dejaron de hostigar a las tropas españolas.

Fuente

MI INCORPORACIÓN AL CONSEJO DE MINISTROS

El problema del Sahara era, pues, uno de los más serios que tenía sobre la mesa el Gobierno de Arias Navarro cuando yo me incorporé a él.

Ya en marzo de 1975 el Ministro de Marina advirtió en un informe al Gobierno del proyecto de puerto marroquí que el Rey Hassan había confirmado en su discurso del 3 de marzo de 1974, al conmemorar su exaltación al trono, y que iba a construirse en la zona de Nador, en instalaciones colindantes con el puerto de Melilla. Marruecos había contratado las obras con una empresa rumana y el 8 de marzo de 1975 entró en Melilla, debidamente autorizado por la Comandancia de Marina, el buque rumano Calimannesti, procedente de Constanza, que transportaba 1.500 toneladas de maquinaria de construcción, en tránsito para Marruecos. El almirante Pita da Veiga proponía que se definiera la actitud española en un asunto que amenazaba nuestros intereses en el ámbito marítimo y que afectaba directamente a nuestra plaza de Melilla, solicitando sobre todo que se delimitaran formalmente las aguas jurisdiccionales de dicha plaza. El tema se había abordado ya en 1966, cuando los marroquíes instalaron un trampolín para saltos de esquí acuático cuarenta metros al sur del Peñón de Alhucemas y la comisión que se nombró supo que Asuntos Exteriores no era partidario de suscitar ninguna negociación sobre el asunto, porque tenía el convencimiento de que Marruecos no la aceptaría e iniciaría en cambio una campaña oficial reivindicatoria de Ceuta y Melilla, no sólo ante España sino ante Naciones Unidas (18).

También en abril, con ocasión de otro informe sobre la situación de la Armada, insistía Pita da Veiga en la eventualidad de tener que poner freno a las desmedidas reivindicaciones de Marruecos que se habían hecho apremiantes y en que la deficiencia de nuestros medios nos impedía mantener una presencia suficiente en la estrategia mediterránea, máxime cuando se conocían los importantes pedidos marroquíes de material de guerra a Estados Unidos (19). Con carácter general, el informe resultaba desolador: «La Armada —decía— lleva veinticinco años apretándose el cinturón y ha llegado al límite. Durante ese tiempo, las inversiones necesarias para renovar la Fuerza Naval han sido sistemáticamente pospuestas al logro de otros objetivos de política económica y social. Nuestros buques, en su mayoría viejas unidades de procedencia norteamericana, han rebasado el límite normal de vida útil y de eficacia militar; ya no puede retrasarse su desguace el tiempo preciso para una sustitución escalonada. La Armada, que nunca dio la espalda al sacrificio, carece de los medios precisos para cumplir la misión asignada en las condiciones militares de 1975» (página 4). «Como Ministro del Gobierno —decía Pita da Veiga— conozco y comprendo las dificultades del momento económico. Como Ministro de Marina tengo el deber de exponer con sinceridad y realismo una situación que considero grave para la seguridad y defensa nacional y de someter al Gobierno las líneas generales para su superación» (página 11). «No es necesario añadir que el Ministro de Marina solicitaba que se concediera a la Defensa Nacional la calificación de sector prioritario en el programa de inversiones públicas y que, en la cuantía permitida por la situación económica, se arbitraran recursos para financiar la modernización de las Fuerzas Armadas» (página 12).

La propaganda desplegada desde los países filosocialistas árabes (Egipto, Libia o Argelia) fue influyendo progresivamente en la juventud saharaui, utilizada por el Frente Polisario. El 19 de octubre de 1974, un comando en el que participaron empleados de la empresa incendió la cinta transportadora de los fosfatos de Bucraá, inutilizándola. Después secuestraron al empresario canario que contrató sus camiones para el transporte del mineral.

En noviembre de 1974, el soldado gaditano Diego Fernández García fue herido por los rebeldes y opera-do en El Aaiun, antes de ser trasladado a la península. El día 10 de mayo de 1975 fueron capturados y maltratados por el Frente Polisario —con la colaboración de saharauis integrados en la patrulla «Pedro» del Ejército español— los tenientes Lorenzo y Sánchez-Gey, un sargento, un cabo y cuatro soldados miembros de la misma. El siguiente día 11 se produjo un incidente más grave, cuando en otro secuestro del Polisario resultó muerto el soldado español Ángel Moral, heridos el también soldado Antonio Bauza Alemany y el sargento Daniel Fuentes Garrote y hechos prisioneros dos tenientes y un cabo. Estos hechos se produjeron en vísperas de la visita al territorio de una comisión descolonizadora de la ONU, que estuvo en el Sahara entre el 12 y el 20 de mayo y que se sorprendió profundamente ante una manifestación en El Aaiún, en la que, agitándose banderas del Frente Polisario, los gritos eran contra España y las pancartas exigían la retirada total de las fuerzas militares y de cualquier otra presencia española(20).

Tales acontecimientos no dejaron de tener consecuencias. El Gobierno de España, cuya política en aquel momento estaba enteramente dirigida a hacer viable la autodeterminación del pueblo saharaui, anunció el 23 de mayo de 1975 su decisión de poner término a su presencia en el Sahara, advirtiendo de su propósito de abandonar el territorio si las actuaciones de la ONU no hacían posible la prevista descolonización.

El texto de la carta enviada con esa fecha al Secretario general de la ONU era terminantemente claro: Durante la visita de la misión de la ONU, el pueblo saharaui había patentizado su inequívoca voluntad de independencia y ésta se imponía con tanta más urgencia cuanto que se estaban produciendo incidentes, citándose expresamente la captura de las dos patrullas y otros actos de violencia que perturbaban el proceso descolonizador. En esas circunstancias, el aplazamiento del referéndum solicitado por la Asamblea General añadía responsabilidades suplementarias a la potencia administradora, porque la dilación creaba incertidumbre sobre la efectividad de la descolonización y se corría el serio riesgo de generar una situación violenta, de modo que el proceso que debería ser pacífico estaba tomando derivaciones inquietantes «respecto a las que no pueden permanecer indiferentes las Naciones Unidas, en el cumplimiento de su deber de mantener la paz internacional». En consecuencia, el Gobierno de España comunicaba al Secretario general los seis puntos siguientes:

1.- Aplicando las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la descolonización del Sahara Occidental, el Gobierno español había declarado públicamente su decisión de poner término a su presencia en el territorio, por entender que había cumplido su misión.

2.- El Gobierno español deseaba que la terminación de su actuación se llevara a efecto sin provocar un vacío de poder y transfiriéndolo a quien vaya a asumir la administración del territorio como resultado de la des-colonización.

3.- Para no agravar injustificadamente las responsabilidades de España, su Gobierno proponía responsabilizar también a las demás partes interesadas, invitándoles a armonizar sus respectivas aspiraciones y, en su defecto, convocándoles a una Conferencia auspiciada por las Naciones Unidas para hacer posible el desenvolvimiento pacífico del proceso.

4.- Si no fuera posible lo anterior, por no avenirse las partes interesadas, «el Gobierno español se vería en la necesidad de poner término a su presencia y acción administradora, fijando la fecha en que las autoridades españolas habrán de transferir sus poderes, sin que por ello deje de coadyuvar con las Naciones Unidas para arbitrar los medios apropiados que permitan llevar a buen fin, en los mejores términos, su propósito descolonizador»(21).

5.- El Gobierno español solicitaba el envío de nuevos observadores de la ONU para que comprobaran la evolución de la situación y pudieran informar al Secretario general «de cuantos acontecimientos aconsejen la adopción de urgentes medidas para mantener la paz».

6.- El Gobierno español, en cumplimiento de sus responsabilidades como potencia administradora, se reservaba en todo caso el derecho de informar al Consejo de Seguridad, si estimaba, a la vista de la evolución de la situación, que era urgente la convocatoria del mismo para que adoptara las medidas pertinentes.

Aparte de acreditar la doble condición de Pedro Cortina Mauri, diplomático expertísimo y catedrático de Derecho Internacional, el documento revela que las decisiones de aquel Gobierno no se adoptaron —como suele decirse— en función de la «marcha verde» de varios meses después.

La referencia del Consejo de Ministros en el que se aprobó el envío de esa carta y que apareció en la prensa del 24 de mayo anunciaba a la opinión pública que España no pretendía prolongar su presencia en el Sahara, ni obtener provecho alguno político o material, que había cumplido del mejor modo posible sus deberes hacia el territorio y su población autóctona, que había aceptado las resoluciones de Naciones Unidas para aplicar la política de autodeterminación, llegando incluso a señalar un plazo para el referéndum y que había aceptado la petición de Naciones Unidas de solicitar dictamen del Tribunal de La Haya, aún sabiendo que supondría un retraso de sus planes y prolongaría más allá de lo previsto su presencia y responsabilidades en aquel territorio. «Entre tanto —añadía aquella referencia— la situación en el Sahara se ha ido deteriorando progresivamente… Tal situación, que afecta a la población civil española, ha servido al propio tiempo para poner de relieve el alto espíritu de disciplina, la preparación y el patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas allí estacionadas».

Por todo ello, se comunicaba a los españoles lo mismo que se había advertido al secretario general de la ONU: «Que si por circunstancias ajenas a su voluntad se demorase la posibilidad de realizar tal transferencia de soberanía (22), en términos que comprometen gravemente la presencia española en el Sahara, «se reserva el derecho, previa la oportuna advertencia a las Naciones Unidas, de precipitar la transmisión de poderes, poniendo fin definitivamente a su presencia en dicho territorio».

Consta que esa misma tarde el ministro Cortina Mauri se entrevistó en Torrejón de Ardoz, con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, al que informó a de la actitud española.

De nuevo el 27 de mayo, elementos del Frente Polisario secuestraron a otros catorce miembros de la policía territorial del Sahara, utilizando como disfraces los uniformes que habían conseguido en el secuestro anterior. Refiriéndose a esta captura, el teniente general Gómez de Salazar, en su comparecencia del 13 de marzo de 1978 ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y, contestando al diputado del grupo parlamentario Socialista de Cataluña, Lorda Alaia, dijo lo siguiente: «Nuestra indignación, usted se la puede imaginar, porque era una injusticia. Nosotros habíamos trabajado por el Sahara con el mayor interés, con el mayor cariño y con el mayor entusiasmo. Sabíamos que España estaba gastando muchos millones en el Sahara; un sacrificio enorme para España. Nuestros soldados estaban sufriendo allí, sus familias en España estaban destrozadas también, pensando en sus hijos, como es natural, y después de tantos sacrificios nos hacían esta traición. Aquello fue trágico para mí y para todos los compañeros».

Cuarenta y ocho horas después, el Gobierno del Sahara convocó urgentemente a la comisión permanente de la Yemáa, a la que el secretario general de aquel gobierno, Rodríguez de Viguri, leyó el escrito dirigid() a Naciones Unidas, advirtiéndoles de que el pueblo saharaui tenía que ir disponiéndose para una transmisión de poderes en el plazo más breve posible. El 7 de julio fue el propio Gobernador del Sahara, el general Federico Gómez de Salazar, quien reunió a la Yemáa para reiterar que el Gobierno de España seguía firme en su propósito de llegar a la autodeterminación, pero que si la situación seguía deteriorándose por la intervención de otros países y otros intereses, estaba dispuesto a acelerar su salida del territorio.

Este significativo discurso fue tan claro como enérgico. Cuantos califican de precipitada la salida del ejército español del territorio saharaui no han prestado atención suficiente ni a la fecha ni al contenido del discurso del general Gómez de Salazar. «Atravesamos —dijo— un grave momento para este territorio. Piensen muy bien lo que está sucediendo. El poner en peligro el porvenir del Sahara por razones particulares es el crimen más grande que se puede cometer».

Tras hacer una síntesis de los acontecimientos que se habían producido allí desde la visita de la ONU, Gómez de Salazar dijo literalmente lo siguiente: «La postura del Gobierno español no ha cambiado, pero evolucionará si se desvía el sentido de libertad de este pueblo. La autodeterminación se ha tenido que retrasar en más de un año porque Marruecos solicitó la intervención de la ONU. Nuestro Gobierno ha informado al mundo del propósito que tiene de respetar la decisión de las Naciones Unidas, pero advierte también que sí la situación se deteriora por la intervención de otros países y otros intereses, está dispuesto a acelerar la salida de aquí».

El general aludió a las tropas marroquíes que, enmascaradas bajo el nombre de Frente de Liberación y Unidad del Sahara, estaban desplegadas en la frontera norte con actuaciones subversivas (23), que el Frente Polisario se había llevado a otro grupo y que la actuación del PUNS había sido un desastre, por la traición de su secretario general. Para Gómez de Salazar, la situación interior era muy mala, «por culpa de las distintas tendencias políticas y tribus, que no se ponen de acuerdo entre sí y no buscan un camino común que los lleve a la libertad de su patria».

En cuanto a las posibilidades de negociar con el Polisario, la actitud del gobernador general fue terminantemente clara: «Lo he intentado por muchos conductos y a través de importantes personalidades saharauis sin conseguirlo. Les he pedido que vengan a colaborar en el futuro de su país y ofrecido también absoluta libertad de acción y movimiento, sin obtener respuesta. Han de pensar, lógicamente, que si no aceptan es porque tienen compromisos muy grandes con otras naciones, pero tenemos paciencia. Seguiremos esperando. Les daremos una oportunidad de colaboración, porque si ellos tienen interés por este país, nosotros también lo tenemos con 

visita a su futura independencia… El Frente Polisario, en lugar de defender su patria, nos quita hombres y dificul-ta la salvaguarda de su territorio». «¿Quién está ayudan-do a Marruecos? —se preguntó— ¿España, defendiendo las fronteras del Sahara, o el Polisario obstaculizando nuestra labor para evitar que invadan su suelo?» Gómez de Salazar insistió en que España continuaría su políti-ca pro-saharaui, pero que aquel pueblo debía colaborar y sacrificar los intereses particulares al bien general. De lo contrario la postura de España tendría que cambiar y abandonar el Sahara rápidamente. »(24)

LA PERFIDIA DE HASSAN II 

El 30 de julio, el Presidente Arias aseguró a Waldheim que España respetaría la decisión de la ONU sobre el Sahara, mientras el 21 de agosto Hassan II pronunció un discurso anticipando que solo obedecería las resoluciones de la justicia internacional si coincidían con sus intereses. Llegó a decir que si fracasaban los medios políticos y diplomáticos escogería la lucha armada y que antes de que acabara 1975 entraría en el Sahara de uniforme y al frente de sus fuerzas.

Los secuestrados de mayo que habían sido trasladados a Argelia fueron devueltos por el Gobierno argelino tras las gestiones de Cortina Mauri y él mismo viajó a Argel para recogerlos y volver con ellos el 9 de septiembre.

Hassan II practicaba evidentemente un doble juego. Por una parte, en el interior marroquí mantenía su firmeza reivindicativa sobre el Sahara pero, por otra parte, enviaba recados al Gobierno de Madrid, a través de la hija del general español y mariscal marroquí Mohamed ben Mizzián, en el sentido de que deseaba negociar confidencialmente y de conceder toda clase de ventajas a España, a cambio de la cesión de la soberanía, y sin dejar de advertir de que si no lo conseguía tendría que hacer una pequeña guerra —aunque perdiera—, porque ya no podía contener al Ejército.

A mediados del mes de septiembre, tal como estaba la cuestión, España afrontaba en el Sahara dos problemas económicos —la pesca de los canarios en las costas de aquel territorio y en las de Marruecos y la explotación de los fosfatos— y dos temas de gran envergadura política: Ceuta y Melilla y lograr un vecino razonable para Canarias.

Preocupaba al presidente Arias la posibilidad de que no terminara el año sin una confrontación armada y deseaba por ello abrir vías de negociación. Era, sin duda, la tesis del Ministro de la Presidencia Antonio Carro, que estaba convencido de que los Estados Unidos, Francia y Libia estaban a favor de Marruecos y advertía —frente a quienes proponían enfriar el problema— que Hassan con su cinismo había tenido algunos aciertos internacionales y el tema no se podía enfriar, sino que se iría calentando hasta explotarnos en las manos. «Dicho con la crudeza que los temas internacionales exigen —explicaba Carro— el Sahara nos ha dado prestigio, pero nos ha costado mucho dinero hasta la incipiente rentabilidad de los fosfatos. Nuestro verdadero interés actual es el Ejército, ante el cual palidecen todos los demás. La autodeterminación puede producir la miniguerra y aunque lo más desagradable sea entenderse con Marruecos, hay que hacerlo en función de los intereses patrios, para que el Ejército pueda regresar a España con su moral y su dotación íntegra.» Lo que de ninguna manera se contemplaba era la entrega del Sahara a Marruecos, tesis que Gutiérrez Mellado, entonces comandante general y delegado del Gobierno en Ceuta, se atrevió a sugerir al Presidente Arias durante el verano de 1975.

El ministro de Asuntos Exteriores, fiel a sus tesis de jurista y sin haber perdido aún su confianza en las Naciones Unidas, insistía en que cualquier negociación solo podría afrontarse sobre la base de la autodeterminación del Sahara. Él mismo intervino el 30 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, exponiendo con precisión y claridad la postura del Gobierno: se trataba de dar ocasión a la población del Sahara para que se determinara libremente, en estricta aplicación de las resoluciones de aquella Asamblea y «sería un contrasentido que, por una errónea apreciación de los elementos en juego, se diese primacía a pretensiones de terceros sobre los auténticos intereses de la población autóctona que son los que, en toda circunstancia, protege el derecho universal de los pueblos dependientes a decidir su destino». Por encima de tergiversaciones y confusionismos, Cortina Mauri explicó que la población autóctona nunca había tenido más relaciones que con la potencia administradora y que, «llegada la hora de la descolonización, nada debiera interponerse en la relación entre la potencia administradora y la población».

Aunque en determinadas resoluciones de la ONU algunos países hubieran sido calificados como «partes interesadas», esa calificación se hizo exclusivamente en relación con la celebración del referéndum para mayor garantía de la autodeterminación pero, cuando el Gobierno español anunció la celebración del referéndum en los seis primeros meses de 1975, surgieron las iniciativas de Marruecos para invalidar esa decisión o, en todo caso, para aplazar su cumplimiento. De ahí el dictamen solicitado al Tribunal Internacional de Justicia, absolutamente innecesario porque la autodeterminación estaba reiteradamente decidida por la ONU, pero que España aceptó para seguir cumpliendo sus resoluciones.

Aplazada la autodeterminación, se alteraba la paz en el Sahara con repetidos actos de violencia y hostigamiento consentidos desde el exterior e incompatibles con el deber de mantener la paz que tienen los Estados limítrofes, debido a su calificación de partes interesadas. Tras exponer las actuaciones del Gobierno español antes relatadas, el Ministro declaró que España seguiría haciendo frente a sus responsabilidades como potencia administradora hasta el término del proceso descolonizados, «siempre que los demás Estados —especialmente los limítrofes— respeten su desenvolvimiento pacífico y no permitan que se alteren los supuestos en que se basa». De producirse cualquier alteración que ponga en peligro la paz, se reiteraba la advertencia de que se acudiría al Consejo de Seguridad.

La misión de la ONU que había visitado el Sahara en mayo dio a conocer su informe el 14 de octubre. A lo largo de nueve capítulos, mantiene que la mayoría de la población saharaui está a favor de la autodeterminación y no de las reivindicaciones de Marruecos y Mauritania y termina con la clara recomendación a las Naciones Unidas de que apoyen al gobierno de Madrid en la última fase de la descolonización.

El Tribunal Internacional de La Haya emitió su dictamen consultivo el 16 de octubre de 1975, declarando que «no ha comprobado la existencia de vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan modificar la resolución 1514 (XV) en cuanto a la descolonización del Sahara Occidental y en particular a la aplicación del principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio». El dictamen era absolutamente adverso para Marruecos, pero sus alusiones a que algunas tribus del norte, al entrar en los confines de Marruecos en busca de pastos, hacían acto de sumisión al Sultán, bastaron para que Hassan II tergiversara la decisión y anunciara ese mismo día 16 de octubre la «larcha verde», en la que 350.000 personas avanzarían sobre el Sahara con la bandera verde de Marruecos.

La perfidia del rey de Marruecos quedó de manifiesto en las declaraciones que él mismo hizo veinte años después: «Se trataba de un objetivo psicológico sobre el cual se sostenía todo. Yo sabía que Franco y su entorno eran militares. Pero, si se comportaban como auténticos militares, no me los imaginaba disparando contra trescientos cincuenta mil civiles desarmados. En cambio, si se trataba de carniceros… En realidad era un chantaje horroroso, pero un chantaje lícito que ninguna ley castigaba»(25).

(17) La resolución 3292 que lo acordaba, insertó la precisión de que el aplazamiento no afectaba al derecho de libre determinación de las poblaciones del Sahara Occidental.

(18) Informe del 14 de marzo de 1975.

(19) Informe al Gobierno sobre la situación de la Armada ante la revisión de la Ley 32/1971, abril 1975.

(20) La autoridad de Eduardo Blanco Rodríguez, que era director general de Promoción del Sahara, me permite recoger su afirmación de que no hubo posibilidad de que el Polisario se considerara una fuerza colaboradora en un proceso de descolonización normal, como el que España quería (Diario de Sesiones cit. n° 30, pág. 40). La actuación del Frente Polisario durante aquellos años 73 a 75 convierte en grotesca la afirmación que hizo treinta años después su líder Mohamed Abdelaziz, en el sentido de que España no había cumplido con sus obligaciones como potencia administradora (ABC, 11 de julio de 2005, pág. 18).

(21) Esta advertencia de que España podía renunciar unilateralmente a sus obligaciones de potencia administradora se reiteró en tres ocasiones, como explicó Cortina Mauri en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados el 15 de marzo de 1978.

(22) La introducción de la palabra «soberanía» fue un evidente lapsus: España no tenía soberanía sobre el territorio, sino exclusivamente la condición de potencia administradora.

(23) E1 22 de enero de 1975 provocó explosiones en El Aaiún, con nueve soldados heridos graves y veintisiete leves. En abril y mayo colocó bombas en lugares significativos. Y el 7 de junio intentó apoderarse del puesto de Mahbes, a treinta kilómetros hacia el interior del Sahara desde la frontera marroquí, pero se encontró con su muy eficaz guarnición, que detuvo a cuarenta hombres, entre ellos al jefe guerrillero, Abua Chej, que resultó ser un capitán marroquí, aunque Hassan II le negó esa condición. El 24 de junio provocaron la muerte de un teniente, un sargento y tres soldados. Todavía después del discurso de Gómez Salazar, en la noche del 2 al 3 de agosto, un comando del Frente de Liberación y Unidad, notoriamente apoyado por Marruecos, atacó el puesto de Hausa, asesinando al cabo primero Joaquín Ibarz Catalán.

(24) En la misma Asamblea, el secretario general del gobierno, Rodríguez de Viguri reiteró la voluntad del Gobierno español de conseguir la autodeterminación, advirtiendo que algunos visitadores de la ONU eran partidarios de la anexión a Marruecos y que Argelia estaba tratando de conseguir una repartición del territorio.

(25) Declaraciones de Hassan II a Eric Laurent en 1995, reproducidas por Ignace Dalle en Los tres reyes. La monarquía marroquí desde la independencia a nuestros días, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2006, pág. 438.

Fuente

LA ONU DE DESENTIENDE Y MADRID NO QUIERE GUERRA

Al día siguiente de ese anuncio —el 17 de octubre—se celebró en el Palacio del Pardo el Consejo de Ministros sobre el que se ha fantaseado tanto, porque fue el último que presidió el Generalísimo. No nos recibió de pie junto a su asiento en la cabecera de la mesa, como era habitual, sino sentado ya. Luego supimos que, des-de una sala contigua, vigilaban los médicos su estado de salud, inquietante desde el resfriado que le afectó el 12 de octubre cuando asistió a un acto académico en el Instituto de Cultura Hispánica. El presidente Arias dispuso que interviniéramos únicamente los vicepresidentes y el ministro de Asuntos Exteriores y que lo hiciéramos con toda la brevedad posible.

Pedro Cortina le informó del anuncio de Hassan II y de que el Gobierno había solicitado la inmediata convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU. No es verdad, como se ha atrevido a escribir algún «investigador» que, mientras informaba Cortina, el Jefe del Estado sintió un dolor muy fuerte en el pecho y tuvo que retirarse porque saltaron las alarmas en los monitores; tampoco es verdad que los médicos entraran en la sala del Consejo para llevarse a Franco «ante el natural asombro de los Ministros que no sabían quienes podían ser esos señores que interrumpían violentamente las deliberaciones del Gobierno» (26) y es también absolutamente falso que Franco se desplomara cuando intentaba salir del Consejo de Ministros, como relata frívolamente Antonio Oyarzábal (27) y reproduce Peñaranda (28). No es verdad tampoco, de ninguna manera, que hubiera una discusión a cara de perro entre los que pretendían impedir a tiros la invasión y los partidarios de entregar el Sahara a Marruecos y que se decidiera esto último y es una fabulación —como tantísimas otras del libro de Eduardo Navarro (29)— que Franco dijera que había que marcharse de allí al trote y, si era necesario, al galope. Por fin, aunque Rosa Montero contó ese Consejo como si hubiera estado allí, es falso que Franco entrara y nos saludara uno a uno o que yo hiciera «un informe sobre una extraña sentencia que impone el ingreso de un grupo de ancianos en la clínica de la Seguridad Social de Barcelona». Esa no sería una sentencia extraña, sino disparatada, como disparatado es asegurar que, con ese motivo, pronunció Franco sus primeras y últimas palabras en todo el Consejo (30).

La verdad es que el Consejo concluyó con Franco sentado en su sitio, que le saludamos como al llegar y que solo después del Consejo supimos que se había producido la alarma que relató Vicente Pozuelo (31), pero que no llegó a provocar la fabulada entrada de los médicos. La inevitable descoordinación entre quienes nos sentábamos en el Consejo de Ministros y los médicos que observaban el electrocardiograma de Franco desde una habitación vecina me ha impedido siempre satisfacer mi curiosidad sobre el momento en que se produjo aquella alarma. Lo normal ha sido pensar que le alteró el problema del Sahara, pero yo tuve la impresión de que se emocionó mucho cuando yo informé de que, para recibir al Príncipe en los pueblos de La Mancha que habíamos visitado para que conociera la actuación de la Promoción Profesional Obrera (32), a los campesinos no se les ocurría otro grito que el de «¡Franco, Franco, Franco!».

Lo acordado en el Consejo era lo que constataba la comunicación que se hizo pública: El Gobierno español toma nota de la declaración del rey Hassan II en la que anuncia un movimiento de masas marroquíes sobre el territorio del Sahara Occidental, el cual, a pesar de su pretendida apariencia pacífica, entrañaría en su ejecución una grave amenaza para la seguridad y la paz internacional. El Gobierno español declina toda responsabilidad que pueda derivarse de tal acción, pues sería únicamente imputable a los autores de la misma. A fin de evitar una evolución peligrosa de la situación, ha pedido la urgente convocatoria del Consejo de Seguridad para someter el caso a su consideración con objeto de que pueda tomar las medidas pertinentes para mantener la paz. El Gobierno español reitera su propósito de proseguir la descolonización del Sahara Occidental bajo los auspicios de las Naciones Unidas, cuyas resoluciones que sancionan la autodeterminación han sido avaladas por el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia. Con igual propósito mantiene contactos con los países limítrofes interesados para que con su colaboración pueda llevarse ordenadamente a término ese proceso en aras al mantenimiento de la paz en el territorio y en todo el Mogreb.

El mismo día de esa declaración, el representante español permanente ante las Naciones Unidas, Jaime de Piniés, dirigió una carta al presidente del Consejo de Seguridad advirtiendo que la marcha marroquí ponía en peligro la paz y la seguridad internacionales y rogando que se convocara urgentemente el Consejo.

A las nueve de la mañana del lunes 20 de octubre, los vicepresidentes y algunos ministros nos reunimos con Arias Navarro en la Presidencia del Gobierno. En aquel momento, Arias subrayaba el contraste entre las zalemas del Rey Hassan y su recurso a la marcha pacífica que iba a llegar a la frontera de Tarfaya. Después del informe de la Junta de Defensa y, partiendo de que a lo más que llegaría la ONU sería a un llamamiento a Hassan, pero no al envío de cascos azules, Arias creía que se les podía dejar entrar algunos kilómetros, pero que, si seguían avanzando, había que ir a la confrontación militar, mientras varios de nosotros insistíamos en evitarla.

Al margen de cualquier acuerdo del Gobierno, Arias encargó o autorizó al ministro Solís que fuera a ver al Rey de Marruecos. La visita se produjo el martes 21 de octubre. Solís viajó a Rabat, recogió al embajador Martín Gamero y siguieron a Marrakech, donde estaba Hassan II. Según el propio Solís, la entrevista fue sumamente dura. El Rey estaba tenso y muy quejoso de la actitud española: no quería de ninguna manera la autodeterminación y el referéndum y, ante la insistencia del ministro español en que había que evitar cualquier enfrentamiento y cualquier derramamiento de sangre, Hassan II declaró que, anunciada la «marcha verde», no podía volverse atrás, pero que se trataría de una entrada simbólica en el territorio, y que inmediatamente llegaría a España un emisario suyo para iniciar negociaciones con España y Mauritania(33). Ese mismo 21 de octubre, el primer ministro marroquí presidió la iniciación de la gran marcha que debería invadir el Sahara el 6 de noviembre.

Resultó singular la reacción del Frente Polisario que el 21 de octubre organizó una conferencia de prensa en París para calificar aquella marcha de «operación grotesca y deplorable», asegurar que la defensa de la integridad y la seguridad del territorio (que con tanta frecuencia violaban los polisarios) era «de la sola competencia de España», y agregar la bravuconada de que, no teniendo España derecho a entregar el país a la ONU, tenía que entregarlo al pueblo saharaui «y a su legítimo representante el Frente Polisario. Si España nos concede la independencia hoy —dijo textualmente Hakim Abdel—, defenderemos a nuestro país». Con todo, y reconociendo que Hassan II no había hecho caso ni al Tribunal de Justicia de La Haya, ni a las resoluciones de Naciones Unidas, ni a la Organización de la Unidad Africana, el Frente hacía un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU, «para que ponga en juego su responsabilidad en este grave asunto».

El 22 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 377, pidiendo al Secretario General que «entablase consultas inmediatas» con las partes involucradas e interesadas y que informase tan pronto como fuera posible al Consejo de Seguridad sobre los resultados de sus consultas, «a fin de que el Consejo pueda adoptar las medidas apropiadas para ocuparse de la actual situación relativa al Sahara occidental». La resolución hacía también un llamamiento a las partes involucradas e interesadas para que dieran muestras de «prudencia y moderación», pero la resolución quedó en el papel y, desoyéndola, Marruecos continuó los preparativos de la «marcha verde», con indudable apoyo logístico norteamericano.

Algún sector del Gobierno tenía la preocupación por el destino de Fosbucraa. Doce o trece años antes, ingenieros españoles habían descubierto uno de los yacimientos de fosfatos más importantes del mundo, a cien kilómetros de El Aaiún, en Bu Craa. Para explotarlo se barajaron, al parecer, diferentes proyectos y se acabó por construir un pantalón y una cinta transportadora de 110 kilómetros que llevaba a los barcos el material extraído. La explotación nunca llegó a alcanzar verdadera importancia, sea porque a los Estados Unidos, que eran el primer productor de fosfatos del mundo, no les convenía un competidor, sea por la dificultad de proteger la cinta transportadora, que a partir de 1970 era fácilmente inutilizada por los ataques del Polisario.

El Ministerio de Industria había estudiado con toda profundidad la situación de Fosbucraa y en una nota «muy reservada» del 24 de octubre de 1975 examinaba todas las posibilidades —la continuidad, la expropiación por Marruecos, la venta parcial o la venta total— y consideraba preferible la última. La continuidad implicaba condiciones muy duras y podía convertir el negocio en ruinoso a muy corto plazo. La expropiación planteaba el problema de fijar las indemnizaciones, que debía comprender la valoración de activos y las indemnizaciones a los aproximadamente 1.650 trabajadores no saharauis que prestaban allí sus servicios, de modo que la cifra que se podía razonablemente defender era la de 113.473 millones de pesetas. La venta parcial, aparte del mismo problema de valoración, implicaba difíciles acuerdos sobre la forma de pago, necesidad de nuevas y cuantiosas inversiones y la incomodidad de la gestión con Marruecos, que probablemente acabaría en ruptura. Lo más aconsejable resultaba así la venta total a dos compradores distintos, por ejemplo, el 49% a Marruecos y el 51% a otro país árabe como Arabia Saudita, con quien podría concertarse el pago en petróleo.

En la nota citada se aludía a dos problemas periféricos que podían perturbar cualquier operación y que eran Las Palmas y el Polisario. El Ministerio de Industria advertía de que la salida española del Sahara y el cese de nuestra hegemonía sobre Bu Craa iba a causar un gran impacto en Las Palmas (psicológico y político más que económico) y que era aconsejable potenciar el Puerto de Las Palmas y montar en Gran Canaria una fábrica de ácido fosfórico que compensara el efecto desfavorable de la retirada del Sahara.

En cuanto al Polisario, la nota reconocía que había tenido la habilidad de captar a la inmensa mayoría de la juventud del Sahara y que ganaba fuerza día a día. De los 1.100 nativos que trabajaban en Fosbucraa, la inmensa mayoría tenía menos de cuarenta años y participaban en el ideal del Polisario de rechazar la invasión marroquí y luchar por la independencia, conscientes de que tenían el apoyo de Argelia. «Esta masa activa de jóvenes tendrá razones para pensar que ha sido «vendida» por España a Marruecos y los españoles que permanezcan en el territorio —concluía el Ministerio de Industria— pueden ser blanco de sus iras, como podrán serlo las instalaciones de Fosbrucraa que ellos conocen bien porque trabajan en ellas… Si no se actúa en forma práctica y rápida, se corre el riesgo de sabotajes y perturbaciones que pueden hacer muy difícil o imposible la marcha normal de la explotación y que incluso antes de llegar a ningún acuerdo deterioren y en consecuencia desvaloricen la mina y sus instalaciones.(34)»

En cumplimiento del acuerdo a que se había llegado con Solís, el 24 de octubre vino a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos Laraki que compromete que la entrada en el territorio del Sahara sería rigurosamente simbólica. El Consejo de Ministros de ese mismo día aprueba y acuerda enviar a las Cortes el proyecto de ley para la descolonización del Sahara, que autorizaba al gobierno a llevar a buen fin el proceso descolonizador.

El domingo 26 de octubre, el Polisario se manifestó en El Aiún y varios miles de saharauis ocuparon sus calles con banderas y pancartas contra Marruecos y a favor de la independencia, con dos curiosidades: entre los manifestantes, estuvo presente el procurador en Cortes Eduardo Tarragona, y el hijo del alcalde de Smara, liberado de su secuestro por el Polisario, anunció su incorporación al Frente.

El martes 28, estuvo en Madrid, de regreso de una visita a Marruecos el secretario general de Naciones Unidas, Waldheim, y declaró su optimismo sobre una solución pacífica. Sus planes se concretaban exactamente así:

1. España haría una declaración unilateral especificando las fechas de comienzo y fin de su retirada del Sahara.

2. La ONU nombraría un alto comisario, para administrar el territorio durante un período de seis meses.

3. España dejaría provisionalmente en el Sahara fuerzas militares que mantendrían el orden bajo el estatuto de las Naciones Unidas.

y 4. Un grupo consultivo auxiliaría a Waldheim, sobre todo para efectuar el referéndum de autodeterminación.

El 30 de octubre, en aplicación del artículo 11 de la Ley orgánica del Estado, el Príncipe asumió la Jefatura de éste y su primer acto fue presidir al día siguiente su primer Consejo de Ministros, en el pequeño comedor del Palacio de la Zarzuela. En sus palabras aludió al sentido del deber que le imponía hacerse cargo de la Jefatura del Estado, hizo votos por la salud del Generalísimo y nos invitó a trabajar «por encima del dolor de estos momentos y con la serenidad que exigen las circunstancias».

En un determinado momento de aquella reunión, se dispuso que se abrieran las puertas correderas que cerraban el salón en la parte opuesta a la presidencia del Príncipe y allí estaba, con un gran mapa del Sahara apoyado en un caballete, el teniente general Jefe del Estado Mayor Central, Carlos Fernández Vallespín, que ilustró a los presentes sobre las posibilidades militares de hacer frente a la «marcha verde», iniciada ya por aquellos días.

España estaba en perfectas condiciones para defender las fronteras de aquel territorio. Había allí dos banderas de paracaidistas, dos tercios saharianos, tropas nómadas, policía territorial, un material propulsado modernísimo, adquirido precisamente en Estados Unidos, las más selectas unidades de las diferentes armas y servicios, con excelente oficialidad y en marcha el envío de refuerzos, pero su misión era sólo defensiva y, siendo la retirada el objetivo último de aquellas tropas, era inútil que combatieran sin posibilidad de victoria. Se podía rechazar la «marcha verde», se podía evitar disparar a aquella muchedumbre (aún no se sabía que la iban a preceder mujeres y niños), atacando a los batallones marroquíes que estaban al otro lado de la frontera y llegando incluso a Rabat, pero sería una desmesura sin objetivo.

Debo decir que en aquella reunión me enteré yo de dónde estaban Smara, Amgala y otras poblaciones de las que nunca había oído hablar. Cualquiera puede imaginar la situación. Preside D. Juan Carlos su primer Consejo de Ministros y, al otro lado de aquella larga mesa, el teniente general Jefe del Alto Estado Mayor nos habla de las posibilidades de una guerra que se podía ganar, pero sin victoria real ninguna y sin un futuro defendible. ¿Debíamos disparar? ¿Íbamos a llegar hasta Rabat? Las circunstancias eran verdaderamente patéticas, rigurosamente dramáticas. La única conclusión segura era la de evitar la guerra a todo trance. En contraste con el entusiasmo de las masas marroquíes, España no esta psicológicamente preparada para una guerra por un territorio que estaba ya decidida a abandonar; la opinión mundial era en aquel momento adversa a España, aunque fuera por razones bien distintas al problema hispano-marroquí; llegar a una confrontación armada con Marruecos no era aconsejable, ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista militar, y era necesario agotar todos los procedimientos de negociación posibles. El acuerdo podía consistir en permitir la entrada en algunos kilómetros del territorio, para dar la impresión de que Marruecos alcanzaba su éxito, y que la «marcha verde» se disolviera inmediatamente a continuación. Efectivamente, y siguiendo criterios estrictamente militares, siete kilómetros al sur de la frontera se instalaron alambradas y grandes carteles anunciando campos de minas. Más atrás se habían preparado unidades artilleras, pero nadie pasó de las primeras grandes alambradas.

El 2 de noviembre, tomó el Príncipe de España —Jefe del Estado en funciones— la decisión de viajar a El Aaiún. No supe entonces si Arias Navarro conocía el viaje; yo puedo decir que en el primer Consejo de Ministros presidido por D. Juan Carlos, cuarenta y ocho horas antes, no se aludió siquiera a esa posibilidad.

Un testigo presencial cuya credibilidad está fuera de duda ha hecho un fiel relato de esa visita: El Príncipe se reunió con la oficialidad española en el Círculo Cultural y Recreativo de los Ejércitos, conversó sencilla y cordialmente con los jefes, oficiales y suboficiales reunidos allí, dedicó atención especial, como suele hacer, a los de su promoción y pronunció unas palabras, sin papeles ni micrófonos, en las que reiteró que España cumpliría sus compromisos y haría todo lo posible para conservar la paz y para que no se pusiera en peligro ninguna vida humana. «Se están ofreciendo —dijo— soluciones desinteresadas y justas y concluyó diciendo que quería ser el primer soldado de España.»(35) No está en lo cierto el autor cuando asegura que aquel 2 de noviembre el Sahara «ya estaba entregado al Rey hermano» y se engaña también quien, con un desmedido afán de halagar a D. Juan Carlos escribe que «todavía siendo Príncipe, y valiéndose de sus relaciones de amistad con Hassan II, evitó que la «marcha verde» degenerase en guerra abierta»(36).

Es precisamente del 2 de noviembre la resolución 379 del Consejo de Seguridad en la que, «habiendo tomado nota con preocupación de que sigue siendo grave la situación en la región… exhorta a todas las partes involucradas e interesadas a evitar cualquier acción unilateral o de otra índole que pueda intensificar más la tirantez en la región» y sigue pidiendo al Secretario General que «prosiga e intensifique» sus consultas con las partes.

Después de esa resolución 379, supimos oficiosamente que el mismo 2 de noviembre el Secretario general estaba resuelto a hacerse cargo de la administración del territorio y preparaba un proyecto con cuatro puntos:

1.- España anunciaría su retirada y propondría que las Naciones Unidas asumieran la responsabilidad de descolonizar el territorio.

2.- El gobierno marroquí suspendería la «marcha verde».

3.- Todas las partes involucradas e interesadas contraerían el compromiso de abstenerse de toda acción que pudiera agravar la situación. 

Y 4.- El Secretario General sugería la creación de una administración temporal de las Naciones Unidas que supervisara y ayudara la retirada de España. Arias Navarro mostró su conformidad, pero Hassan II negó la suya y Waldheim se resignó una vez más.

Cuatro días después, el 6 de noviembre, la fecha anunciada para la entrada en el Sahara de la «marcha verde», el Consejo de Seguridad se reunió en sesión secreta que concluyó pasadas las tres de la madrugada y autorizó al presidente para enviar un telegrama al Rey Hassan, solicitando que pusiera fin a la marcha. El Rey no hizo ningún caso y a las nueve de la noche se reunió de nuevo el Consejo de Seguridad que aprueba su terminante resolución 380:

«El Consejo de Seguridad, tomando nota con grave preocupación de que la situación relativa al Sahara Occidental se ha deteriorado seriamente,

Tomando nota con pesar de que, pese a sus resoluciones 377 (1975) de 22 de octubre y 379 (1975) de 2 de noviembre, así como del llamamiento que el Presidente del Consejo de Seguridad, en virtud de la autorización de éste, hizo al Rey de Marruecos, con una solicitud urgente de poner fin inmediatamente a la marcha declarada al Sahara Occidental, esa marcha ha tenido lugar,

Actuando sobre la base de las mencionadas resoluciones,

1. Deplora la realización de la marcha;

2. Insta a Marruecos a que retire inmediatamente del territorio del Sahara Occidental a todos los participantes en la marcha;

3. Insta a Marruecos y a todas las demás partes involucradas e interesadas a que, sin perjuicio de cualesquier medidas que pueda adoptar la Asamblea General en virtud de las disposiciones de su resolución 3292 (XXIX) de 13 de diciembre de 1974 y de cualesquier negociaciones que las partes involucradas e interesadas puedan entablar, de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, cooperen plenamente con el Secretario general en el cumplimiento del mandato que le ha confiado el Consejo de Seguridad en sus resoluciones 377 (1975) y 379 (1975).»

La «marcha verde» ha sido abundantemente descrita: A finales de octubre, como he dicho, salieron trenes y camiones desde todos los lugares del país acercando a más de 350.000 personas al desierto, a las órdenes del primer ministro Ahmed Osman. El 6 de noviembre cortaron las alambradas que delimitaban el territorio administrado por España y entraron en él, mientras Hassan II seguía la operación desde Agadir, unos 500 kilómetros al norte.

El coronel del Estado Mayor García de Paadin y Ahumada, que mandaba la III Bandera de Paracaidistas, describió sus impresiones unos años después: «Los soldados españoles que ocupaban la zona avanzada de nuestro despliegue, no daban crédito aquel amanecer a la multitud que se les aproximaba. Marruecos había movilizado a la totalidad del país en una gigantesca y exitosa campaña, mezcla de reivindicación territorial y de apoyo a su Monarquía, a la vez que requisaba toda clase de vehículos, preferentemente de transporte. Tras la penetración de un par de kilómetros en nuestra zona, los componentes de tan multitudinaria marcha acamparon en miles de tiendas perfectamente alineadas… Miles de vehículos y tiendas perfectamente estacionados y alineados, con una organización logística impensable en un país como Marruecos y, en definitiva, con un sabor típicamente americano» (37)

El envite de Hassan partía de la base de que no podía terminar más que en casus belli o en cesión del Sahara por parte de España. España, por su parte, estaba dispuesta a defender a los saharauis, a pesar del Frente Polisario, pero no podía disparar contra aquella multitud, en la que abundaban las mujeres y los niños.

De ahí el viaje que el ministro Carro, acompañado del embajador de Marruecos en Madrid, Filali, realizó a Agadir el 7 y 8 de noviembre para entrevistarse con Hassan II. «La entrevista con el Rey Hassan —ha escrito Carro(38)— resulta fácil, quizá porque él mismo se encuentra en un callejón de difícil salida.» El Rey pretende que se le transfiera la soberanía sobre el Sahara y anexionarse el territorio, pero España no podía transmitir lo que no tenía y la ONU no podía haber estado conforme. Al fin se llegó al conocido acuerdo de un cruce de cartas: La de Carro al Rey marroquí pidiendo la terminación de la «marcha verde» para reemprender las negociaciones tripartitas (España, Marruecos, Mauritania) y la de Hassan II para el Príncipe de España en la que precisaba que para arreglar definitivamente el problema del Sahara, España debería entregar a Marruecos y a Mauritania «todas las responsabilidades y la autoridad civil y militar que ejerce en el Sahara occidental». Con ese cruce de cartas, el Rey Hassan se comprometía a dar orden de que se retirara la «marcha verde» en un discurso a la nación al día siguiente, el domingo 9 de noviembre.

Cumpliendo el compromiso, el 11 de noviembre se reanudaron las negociaciones trilaterales y se llegó a la firma, el día 14, de la Declaración de principios que se ha conocido como los Acuerdos de Madrid, pero cuyo punto primero es una decisión unilateral del Gobierno de España que «ratifica su resolución, reiteradamente manifestada ante la ONU, de descolonizar el territorio del Sahara Occidental, poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como potencia administradora».

Es esa administración —y no la soberanía, que no era de España(39)— la que se decide atribuir a una administración temporal, en la que participarán Marruecos y Mauritania, que propondrían la designación de dos gobernadores adjuntos para que auxiliaran en sus funciones al gobernador general del territorio, en colaboración con la Yemáa.

El documento contiene dos importantes puntualizaciones: «La terminación de la presencia española en el territorio se llevará a efecto definitivamente antes del 28 de febrero de 1976 y será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemáa».

El documento entraría en vigor el mismo día en que se publicara en el Boletín Oficial del Estado la Ley de descolonización del Sahara, a cuya aprobación se condicionaban aquellos compromisos y que efectivamente aprobaron las Cortes el 18 de noviembre de 1975, cuando Franco estaba en sus horas finales. Ese mismo día, el representante de España ante la ONU remitió al Secretario General el texto de la Declaración de Principios.

La conducta de Marruecos, la deslealtad y la equivocación del Frente Polisario y la incapacidad de la ONU —cuyo Consejo de Seguridad consideró imposible o in-conveniente por su parte tomar ninguna medida coactiva— no dejaron a España otra alternativa, si no se quería entrar en un conflicto armado en vísperas de la proclamación del Rey Juan Carlos. Como la ONU «se ha mostrado remisa, tardía e insuficiente en sus respuestas y reacciones ante la perentoriedad, o incluso dramatismo, de unas circunstancias provocadas y peligrosísimas para la paz —dijo Carro el 25 de noviembre—, el Gobierno tuvo que tratar de resolver el problema por la vía de la negociación directa con las partes interesadas. La generosidad y el quijotismo tienen una frontera». 

Aunque el asunto sea ya posterior a mi presencia en el gobierno de España, no puedo ignorar que los llama-dos Acuerdos de Madrid han provocado incansables polémicas, desde el momento en que el 10 de diciembre de aquel año, la Asamblea General de la ONU adoptó —con el voto de España, Marruecos y Mauritania— dos resoluciones de dudosa compatibilidad: La resolución 3458 A, en la que se sigue considerando a España como potencia administradora, cuando casi un mes antes había puesto término a sus responsabilidades y poderes, y mantiene sus tesis tan reiteradas como estériles sobre la autodeterminación del Sahara, y la resolución 3458 B, en la que «toma nota del acuerdo tripartito firmado en Madrid el 14 de noviembre de 1975 y reafirma el derecho inalienable de todas las poblaciones saharianas originarias del territorio a la libre determinación», pide a las partes del acuerdo que velen por el respeto de las aspiraciones libremente expresadas de las poblaciones saharianas y a la administración provisional que asegure el referido derecho inalienable «por medio de una consulta libre organizada con el concurso de un representante de las Naciones Unidas designado por el Secretario General».

Uno de los grandes fiscales acusadores del último gobierno de Franco, que era el número dos de la representación permanente de España ante la ONU durante el episodio de la «marcha verde», Fernando Arias Salgado. No obstante reconocer que aquella marcha era un desafío a las Naciones Unidas y una violación flagrante de la legalidad internacional de la descolonización, ha escrito que, al firmar la declaración del 14 de noviembre de 1975, España incumplió sus obligaciones como potencia administradora y su compromiso de proteger los intereses de la población saharaui y desarrollar sus instituciones políticas para conducirla hacia la «plenitud del gobierno propio». A partir de esa premisa, escribe con toda desenvoltura que ese conflicto «pesa dolorosamente sobre la conciencia histórica de España, que se cedió a la presión marroquí, que en aquellas fechas aciagas en la historia de España… se consumó uno de los mayores errores estratégicos de la política exterior española y que las trágicas consecuencias de esta decisión unilateral son de conocimiento general»(40).

Según Arias Salgado, no se pudo celebrar el referéndum de autodeterminación previsto en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU por «las circunstancias políticas internas españolas y por el contexto inter-nacional de ‘guerra fría’ que prevalecía en esa época en los procesos de descolonización dirigidos por las Naciones Unidas». Ambas razones son absolutamente ficticias y pretenden disimular que las Naciones Unidas evidenciaron su incapacidad para respaldar a un país como España que trataba de cumplir escrupulosamente las propias resoluciones de aquellas(41).

Es muy fácil sostener, a una distancia de treinta años, que «España pudo entregar el Sahara Occidental a las Naciones Unidas para su administración temporal hasta que se hubiera manifestado válidamente la voluntad de la población saharaui; que esa era la legalidad internacional de la época y que el Gobierno español no la respetó»(42). Tales afirmaciones resultan absolutamente gratuitas si se reconoce que la ONU conocía desde el 23 de mayo el propósito español de transferir sus poderes de potencia administradora y que lo único que hizo la ONU fue acreditar su impotencia resolutoria. Da la impresión de que el diplomático no se atreve a sostener abiertamente que debió hacerse uso de las armas para no ceder a la presión marroquí, ni a reconocer que la ONU sigue manteniendo una posición ambigua, con proyecto tras proyecto y sin llegar a lograr su proclamado objetivo de autodeterminación del Sahara(43).

Siguiendo la «operación golondrina», preparada ya con todo detalle durante el verano de 1975 y realizada en el plazo de los dos meses que el Estado Mayor había previsto y que figuraba en la Declaración de Madrid, España puso fin a su presencia en el Sahara el 26 de febrero de 1976. Gómez de Salazar mantuvo con firmeza y habilidad la disciplina, consciente de que algunos de sus jefes querían llegar hasta Rabat y hacer inevitable la guerra.

Al Ministerio de Trabajo le correspondió colaborar en la operación para la evacuación del personal civil del Sahara, unas 5.000 personas. El 7 de noviembre habían llegado a Las Palmas, en transporte aéreo o naval, 2.600, encargándose la organización de trabajos portuarios de la descarga de los buques, en los que las mercancías llegaban, al parecer, muy deficientemente estibadas. Se esperaban después unas seiscientas personas más —funcionarios y trabajadores de los servicios públicos— y quedaban los 1.800 trabajadores de Fosfatos de Bucraa, cuyo destino no se había decidido aún. También se suponía que llegarían muchos saharauis. A todos los evacuados se les atendió moral y económicamente en una operación absolutamente normal, en la que colaboró con gran acierto el delegado de Trabajo, Felipe Armán de la Vega.

El mismo 26 de febrero de 1976, la Yemaá acordó por unanimidad la reincorporación del territorito del Sahara a Marruecos y Mauritania «de conformidad con realidades históricas y con vínculos que han unido siempre a la población sahariana con esos dos países», lo que era manifiestamente contrario al aludido Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia. Por su parte, el Frente Polisario proclamó, dos o tres días después, la creación de la República Árabe Democrática Saharaui, reconocida por más de setenta Estados y el 14 de abril Marruecos y Mauritania acordaron delimitar las fronteras, dividir el territorio en dos zonas y proceder a su anexión.

Mauritania tuvo que renunciar pronto a esa administración y abandonar la zona de Tiris-El Garbia que le había tocado en el reparto y el 5 de agosto de 1969 reconoció al Polisario y retiró sus reivindicaciones territoriales sobre el Sahara. Marruecos ocupó desde ese año la parte mauritana. Las Naciones Unidas no le reconocen siquiera el carácter de autoridad administradora y mucho menos la soberanía que pretende y que sigue sin serle reconocida por la comunidad internacional, porque sigue perteneciendo a los saharauis. Marruecos es únicamente la «potencia ocupante».

UN ATASCO SIN SOLUCIÓN 

La historia posterior no es fácil de resumir: guerra del frente Polisario, apoyado por Argelia, con Marruecos, hasta el alto el fuego del 6 de septiembre de 1991; presencia en el Sahara de miles de marroquíes cuyo Rey pretende incorporar al censo de votantes; envío de tropas de las Naciones Unidas y creación de la MINUR-SO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), cuyo solo nombre acredita el ridículo que ha hecho y a quien muchos reprochan el olvido de la erre del referéndum; Plan Baker I y Plan Baker II… lo único claro es que las Naciones Unidas han sido incapaces de imponer la legalidad internacional, que exige el referéndum de autodeterminación y que es ya prácticamente imposible por invasión de hecho de las etnias del norte, fomentada por Marruecos. Es difícil no recordar que, veinticinco años después de la «marcha verde», el informe del enviado personal de Kofi Annan, James Baker, del 25 de octubre del 2000, reconociera ante la ONU que «no se había avanzado nada en las cuestiones pendientes».

Me queda solo añadir que, según demostró Carrillo Salcedo, entre la declaración de Madrid de 1975 y 1979, no cambió la posición española sobre la cuestión del Sahara Occidental (44). En 1993, el exministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja admitió que, gracias al talento de jurista y a la perspicacia de político de Pedro Cortina, la entrega indiscriminada del Sahara en el acuerdo de 1975 era solo una apariencia (45) y el 15 de febrero de 2011 en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas reiteró que el tema sigue siendo uno de los más controvertidos de los últimos años y después de casi medio siglo continúa sin resolverse. Los hechos han demostrado que España adoptó en 1975 la única medida razonable que podía adoptar.

He anticipado ya que durante los días 13 a 16 de marzo de 1978, la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que presidía Ignacio Camuñas Solís celebró cuatro sesiones informativas sobre el proceso de descolonización del Sahara que son suficientemente reveladoras. Fueron citados Pedro Cortina, Antonio Carro, José Solís y Alfonso Álvarez Miranda que dieron cumplidas explicaciones sobre la patriótica actuación del gobierno del que formaron parte(46). Un funcionario cuyo muy bajo nivel reconoce él mismo, Luis Rodríguez de Viguri, que reiteradamente admite su falta de información, atribuye intenciones y propósitos nunca demostrados y, en el resentimiento de quien no tuvo nunca el protagonismo que le otorgaba su presencia en aquella comisión, atribuye al Gobierno el de-seo de entrega al Sahara a Marruecos y llega a insinuar —sin aportar un solo dato— que alguien allegado a la familia Franco era partidario de ceder el territorio, sin más, a Marruecos, pero cuando el diputado socialista Martínez Martínez le pide que concrete, se tiene que reducir a citar a un abogado del Estado apellidado Juste, cuya vinculación a la familia Franco es puramente imaginaria. «Al cesar en mi cargo —dijo textualmente el declarante— he tomado una actitud de francotirador.»(47) Sus declaraciones de 1978 lo prueban sobradamente.

Las sesiones informativas citadas no concluyeron con el acuerdo de declarar nula la declaración de Madrid, como había solicitado la autoridad académica de Julio González Campos (48), y un editorial de ABC resumió así el resultado de aquellas comparecencias: «Algo ha quedado muy claro después de la investigación: En el complejo asunto de la descolonización del territorio del Sahara no hubo ni conductas turbias ni desaciertos evidentes. España se vio sola y acosada. Agredida por los vecinos del territorio, Marruecos, Argelia y Mauritania, con diversos procedimientos; desamparada en la práctica por las Naciones Unidas; traicionada e insultada por la misma población a la que intentaba dar, con sacrificios innegables, la dignidad de una autodeterminación de su destino. En esos momentos, y al margen de los juicios que a cada uno merezca el régimen político de España en aquellos meses, el país encontró hombres dignos, capaces, honestos y patriotas, que pusieron por encima de cualquier interés, de cualquier ambición y de cualquier criterio, el servicio mejor a la causa española. Es justo y consolador reconocer que no ha quedado manchada —como dijo uno de los informantes— una página limpia de la Historia de España.»(49) Una curiosa prueba de la distinta manera de contemplar la historia que tienen los contemporáneos de los hechos respecto de quienes los analizan años más tarde, está en el editorial del mismo periódico de trece años después, en el que se sostiene que se abandonó a los antiguos súbditos «precipitada e ingratamente»(50).

El hecho cierto es que el diputado socialista Yáñez Barnuevo admitió durante aquellas sesiones informativas que ni el gobierno ni el ejército deseaban la guerra y que, si se le hubiese consultado, tampoco el pueblo español. Nosotros no deseábamos, ni creo que justificaba una guerra, dijo textualmente (51). No puedo dejar de recordar que en su preceptivo antifranquismo el PSOE de los primeros momentos democráticos se identificaba con el Polisario, hasta el punto de que el 14 de noviembre de 1976, primer aniversario de la declaración de Madrid, Felipe González firmaba en Tinduf una declaración conjunta PSOE-Frente Polisario denunciando aquella: «Sabemos —dijo González— que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas, nunca cumplidas; yo quiero, por consiguiente, no prometerles algo, sino comprometerme con la historia: Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final». Un año más tarde, en el congreso del PSOE andaluz de diciembre de 1977, intervino Jacob Said, representante del Polisario, que recibió calurosos aplausos expresivos de la adhesión de los socialistas españoles. Finalmente, me parece muy significativo que —según el testimonio de Tomás Bárbulo— Mariano Rajoy asegurara en 2001, cuando era ministro del Interior, que el asunto del Sahara «no tiene solución»(52). 

(26) Torcuato Luca de Tena, en YA, 31 de diciembre cie 1976.

(27) Recuerdos políticos, Cuadernos del laberinto, Madrid, 2017, pág. 143.

(28) Operación Lucero, Espasa, Madrid, 2017, págs. 313-314.

(29) La sombra de Suárez, Plaza-Janés, 2014, pág. 75.

(30) El País semanal, 19 de noviembre de 1978.

(31) Los últimos 476 días de Franco, Planeta, Barcelona, 1980, págs.. 219-220.

(32) La PPO fue un invento de Torcuato Fernández-Miranda de 1964, cuando fue nombrado Director General de Promoción Social por Romeo Gorría. Los objetivos del programa eran principalmente la promoción social de los trabajadores y la satisfacción de la demanda de mano de obra cualificada. Se trataba de cubrir las nuevas necesidades de formación profesional de los trabajadores y para el mercado, haciendo posible el cambio de modelo productivo desde una mano de obra aún vinculada al sector primario a otra con la cualificación requerida por la expansión de los sectores secundario y de servicios, alentados por el Plan de Desarrollo. Se pretendía conseguir que 800.000 trabajadores pasasen de peones a poseedores de un oficio. Sus resultados fueron espectaculares. El 30 de junio de 1975 teníamos funcionando 14 centros fijos, 35 desmontables y 1.469 centros móviles, que se trasladaban para atender las necesidades de las localidades más minúsculas. Estaba previsto formar a lo largo del año 86.649 alumnos y en la fecha indicada se había formado ya a 47.935, de forma que la previsión se iba a lograr El Príncipe quedó muy impresionado.

(33) El exministro Solís hizo una detallada narración de esta visita en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el 16 de marzo de 1978.

(34) En su comparecencia del 15 de marzo de 1978 ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Alfonso Álvarez Miranda dio excelentes explicaciones sobre el tema de los fosfatos.

(35) MORENO RODRÍGUEZ: Mektub (Estaba escrito…), editorial@becedario, Badajoz, 2003, págs. 11-13. El autor era capitán de Infantería en el Sahara cuando el Ejército se retiró del territorio.

(36) SECO SERRANO, Carlos: «¿Un diálogo entre Reyes?», ABC, 21 de julio de 2002, pág. 3.

(37) «El Aaiún, 1975: La ‘marcha verde’», en La Razón, 8 noviembre 2001, pág. 30. El coronel considera que el abandono del Sahara fue una decisión «tan vergonzante como forzada», pero reconoce que «no nos quedaba otra opción que marcharnos». García de Paadín ha subrayado también que «nuestra colonización había consistido, práctica y exclusivamente, en levantar escuelas, hospitales, construir carreteras y dar trabajo o sufragar un elevado coste de desempleo a una población que, desde luego, no parecía en absoluto sentirse oprimida»; en «Por qué España dejó el Sahara», en ABC, 7 de noviembre de 2005, pág. 59.

(38) Loc. cit. pág. 28.

(39) Incomprensiblemente, Javier Rupérez escribe que el primer gobierno de la Monarquía acertó al interpretar los Acuerdos de Madrid de manera restrictiva, aclarando que en ellos España no había transferido la soberanía sobre el territorio, sino solo su administración (La mirada sin ira, Almuzara, 2016, pág. 134). Su .condición de jefe del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores de aquel primer Gobierno le hace olvidar que in claris non fit interpretatio.

(40) «El Sahara Occidental: Un conflicto que no cesa», en ABC, 25 de julio de 2004, pág. 3; «Un futuro democrático para el Sahara Occidental», en ABC, 26 de noviembre de 2004, pág. 3; «El Sahara Occidental: Dos años después», en ABC, 11 de julio de 2005, pág. 3; y «La ‘marcha verde’ treinta años después», en ABC, 6 de noviembre de 2005, pág. 3.

(41) La argumentación de Arias Salgado que, a falta de mejor explicación al he-cho de que el referéndum siga sin celebrarse, sostiene que el terrorismo islámico «añadió una dificultad más a los esfuerzos de Naciones Unidas para aplicar a este conflicto la legalidad internacional» fue replicada por el representante de la República Saharaui ante la Unión Africana (ABC del 10 de agosto de 2004, pág. 8) que subrayó muy justamente que debe ser la legalidad la que haga frente al terrorismo y no el terrorismo el que impida la aplicación de la legalidad.

(42) Arias Salgado en La «marcha verde» cit.

(43) José Ma Carrascal ha contado que Arias Salgado, sustituto del hospitalizado Piniés, le dijo aquella noche: «He pedido a los argelinos que unan un regimiento a nuestras tropas. Solos, no podemos detener la avalancha». En ABC, 20 de mayo de 2021, tercera página. 

 (44) Revista de política internacional, n° 163, mayo-junio de 1979, págs. 117-126.

(45) ABC, 15 de febrero de 1993, pág. 58.

(46) Todos los demás integrantes de aquel gobierno les expresamos nuestra gratitud en la cena que les ofrecimos en El bodegón el 8 de mayo de 1978. Se disculpó Pita da Veiga, a quien no volvimos a ver desde la legalización del Partido Comunista.

(47) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n° 30, Comisión de Asuntos Exteriores, sesión del lunes 13 de marzo de 1978, pág. 9.

(48) «Los acuerdos nulos de Madrid», en El País, 18 de septiembre de 1977. El eminente catedrático de Derecho Internacional había sido justamente elogiado por el exministro Cortina Mauri por su eficaz defensa de las tesis del Gobierno de España de cara al dictamen del Tribunal Internacional de La Haya.

(49) ABC, 18 de marzo de 1978, pág. 13. 

(50) ABC, 27 de febrero de 2001, pág. 11.

(51) Diario de Sesiones cit. pág. 28. 

(52) El País, 6 de noviembre de 2015, pág. 23.

Fuente